José Ortega Cano,en Sevilla. / GTRESONLINE
El silencio rodea al que fuera famoso matador de toros José María
Ortega Cano.
Un hombre hecho a sí mismo, que pasó de vender melones en
la madrileña Puerta del Sol a hacerse un sitio entre la élite del toreo
en los años ochenta y noventa.
Sus allegados no hablan; el novillero
que apadrina, Rafael Cerro, se excusa por teléfono, y su popular cuñada
Rosa Benito deja sin contestar los mensajes de EL PAÍS.
“No es momento
de entrevistas”, dice el abogado de Ortega, Enrique Trebolle, con
despacho en Zaragoza, cuando se le pide un contacto con su cliente.
Y es
que la situación del extorero, de 58 años de edad, que se enfrenta a
una petición fiscal de cuatro años de cárcel en el juicio por homicidio
imprudente que se celebrará en Sevilla el próximo marzo, es bastante
delicada.
Hace ahora un año, la noche del sábado 28 de mayo de 2011, el
empresario y ganadero regresaba a su finca Dehesa Yerbabuena al volante
de su nuevo coche por la A-8002, la carretera que une Castilblanco de
los Arroyos con Sevilla.
Su monovolumen Mercedes R320 CDI, una máquina
poderosa que pesa más de dos toneladas y alcanza una velocidad de 250
kilómetros por hora, invadió de pronto el carril contrario y se estrelló
casi de frente contra un Seat Altea, conducido por Carlos Parra
Castillo, un vecino de Castilblanco de 48 años de edad, que se dirigía a
Sevilla.
El impacto fue brutal. Parra falleció en el acto, y el
extorero resultó con heridas muy graves que le mantuvieron mes y medio
en el hospital Virgen Macarena de Sevilla.
La Guardia Civil de Tráfico
determinaría más tarde que en el momento del choque el vehículo del
extorero iba a unos 125 kilómetros por hora, en una carretera con límite
de 90.
La familia del fallecido pensó que el caso estaba resuelto.
Y la
Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA pidió que el juicio
fuera ejemplar.
El propio diestro tuvo palabras que hicieron pensar que
asumía su responsabilidad y estaba realmente abatido.
“Las primeras
manifestaciones fueron muy correctas, pero luego ha cambiado”, cuenta
Manuel Ruiz Lucas, exalcalde de Castilblanco por el partido Nueva
Izquierda Verde Andaluza (Niva) e íntimo amigo del fallecido.
Fuentes
próximas a la familia Parra aseguran que el extorero no les ha visitado
para pedirles perdón, algo que su amigo el periodista Tico Medina dijo
que haría con seguridad.
Y sus escasas declaraciones se han ido
ajustando cada vez más a la línea de defensa marcada por su abogado,
quien considera que su cliente no debe ser tomado como chivo expiatorio.
“No me parece correcto que se pida una sentencia ejemplar.
Tendrá que
ser una sentencia que se ajuste a los hechos, a las pruebas y a los
testimonios”, dice. Trebolle lamenta que los resultados de la prueba de
alcoholemia y el informe de la Guardia Civil se hayan filtrado a la
prensa, sin dar tiempo a que se establezca la verdad.
En su última aparición televisiva, Ortega Cano dijo que hubiera
preferido morir él en el choque, para reconocer después que la idea de
ir a la cárcel le pone “los vellos de punta”
Ortega Cano y Jurado, en su boda en Yerbabuena, en febrero de 2005. / JOSÉ MANUEL PÉREZ CABO
Ante
el juez de instrucción, en septiembre pasado, el diestro había
atribuido el accidente a un supuesto desvanecimiento, debido quizá a la
medicación contra la arritmia cardiaca que estaba tomando. Negó que su
conducción la noche del suceso fuera peligrosa y errática, pese al
testimonio de varias personas.
Al contrario, dijo que se encontraba bien
y conocía a fondo la carretera.
Y si se olvidó de apagar las luces del
coche al aparcar frente a un hotel fue porque este era nuevo y no
estaba familiarizado con él.
El abogado Trebolle presentó informes de expertos universitarios en los
que se demuestra supuestamente, con elaboradas fórmulas matemáticas,
que el diestro conducía despacio y puso en duda la validez de las
pruebas toxicológicas a que fue sometido su cliente, aduciendo que no se
atuvieron a un protocolo que garantice la fiabilidad de las mismas.
Ya
lo había dicho el extorero. El alcohol en sangre era el que empapaba
los algodones que se usaron al tratar de encontrarle una vena para
extraerle la sangre.
“Pero si se rechazan los análisis de sangre efectuados a Ortega Cano,
entonces habría que rechazar también las miles de pruebas de este tipo
que se realizan en España en casos similares”, dice Francisco Canes,
presidente de DIA, muy crítico con la conducta del torero.
“La justicia
debe ser contundente con casos así. Todo el mundo sabía que bebía y
seguía conduciendo”.
Y no es igual que el suceso se debiera al consumo
de alcohol, lo que constituye un delito, que al efecto de los
medicamentos, que sería una falta.
Los abogados de la familia Parra, Andrés Avelino Romero y Luis Romero,
del bufete Luis Romero y Asociados, cuentan con testigos que vieron
supuestamente a Ortega Cano adelantar en prohibido y vomitar al detener
su coche en un hotel de la localidad de Burguillos, próxima a
Castilblanco.
Una pareja llamó incluso a la policía para alertar sobre
la peligrosidad del conductor de un Mercedes negro, el que guiaba el
extorero.
“Hemos solicitado más pruebas al Juzgado de lo Penal número 6, donde se celebrará el juicio”, dicen los letrados.
En Castilblanco, un pueblo de 5.000 vecinos, el ambiente está cargado.
“La gente quiere que se haga justicia, pero justicia con sentido común,
que les parezca justa”, dice el exalcalde Ruiz Lucas. Carlos Parra, la
víctima, era un vecino conocido, aunque hubiera pasado años en el
extranjero.
Ortega Cano es solo uno de los latifundistas de la zona,
donde abundan las propiedades en torno a las 600 hectáreas, como las
que tienen Mario Conde o el expresidente del Sevilla CF José María
González de Caldas.
“Aunque Ortega Cano es de los pocos que vive en su
finca”, cuenta Ruiz Lucas, “por el pueblo se le ve poco.
Va a la
farmacia o al médico.
Sus hijos vienen más. La niña estudió la
secundaria aquí, y los dos tenían sus pandillas”.
Por lo demás, la fama
del extorero no impresiona. “Otra cosa era Rocío Jurado, que levantaba
pasiones”, añade el exalcalde.