Una mujer adelanta su muerte para cumplir la ley de eutanasia de Canadá

La afectada quería vivir hasta Navidad, pero no pudo porque la norma obliga a estar consciente y con lucidez en el momento de dar el consentimiento final.

Jaime Porras Ferreyra  

 

Administración de morfina en un hospital en cuidados paliativos. Getty Images

Audrey Parker, una maquilladora profesional de 57 años de edad, falleció el pasado 1 de noviembre en su casa de Halifax (Nueva Escocia) por medio de una inyección administrada por un médico. El cáncer de mama, que le fue diagnosticado en 2016, se había propagado ya a otras partes de su cuerpo, provocándole dolores insoportables. 
Unas horas antes de su deceso, Parker dijo que debió recurrir a la muerte asistida antes de la fecha que habría deseado, en razón de lo estipulado en la ley canadiense.
“No puedo predecir en qué momento el cáncer afectará a mi cerebro o qué otra cosa me pondrá más enferma.
 Yo quería llegar a Navidad y Año Nuevo, mi época preferida del año, pero perdí esta posibilidad por culpa de una ley federal mal concebida”, escribió Parker en su portal de Facebook.
 La ley canadiense de ayuda a morir, que entró en vigor en junio de 2016, establece que las peticiones deben ser aprobadas primero por dos médicos.
 Posteriormente, la persona que recibirá esta asistencia tiene que estar consciente y con lucidez en el momento de dar su consentimiento final. 
“Quienes ya hayan pasado la evaluación y recibido la aprobación deberían tener la posibilidad de escoger el momento propicio para morir por medio de una petición anticipada”, manifestó Parker en la red social. 

El caso de Audrey Parker incrementa el debate en Canadá sobre la necesidad de reformar la ley. 
Unos 3.800 canadienses han puesto fin a sus días desde su entrada en vigor. 
En su forma actual, la reglamentación obliga a varios individuos —como sucedió con Parker— a elegir entre un fallecimiento prematuro y periodos de intenso dolor físico y emocional. 
Cabe señalar que Bélgica y Holanda permiten las peticiones de muerte asistida con antelación.
El mismo día de la muerte de Parker, Ginette Petitpas Taylor, ministra federal de Salud, dijo en Ottawa: “Es una situación muy triste. Estoy de todo corazón con la señora Parker y su familia.
 Si yo hubiera tenido la autoridad y el poder de acordar una excepción para este caso particular, habría estado encantada de hacerlo. 
Pero tenemos una ley para todos los canadienses”. Petitpas Taylor precisó que los elementos relacionados con el caso de Parker y otros temas más aparecerán en un informe que prepara un grupo de expertos —a solicitud del Gobierno— y que se hará público a finales de este año.
 Además de las peticiones de muerte asistida con antelación, diversos organismos han pedido a este grupo que tome en cuenta las limitaciones en la ley impuestas a menores de edad y enfermos mentales.
 En declaraciones a la agencia The Canadian Press, el presidente de la asociación quebequesa por el derecho a una muerte digna, Georges L’Espérance, calificó la respuesta de Wilson-Raybourd como “ridícula” y subrayó que es el reflejo de una ley que contiene errores de envergadura.
 La opinión de Shanaaz Gokool apunta en la misma dirección: “La declaración de la ministra de Justicia no es alentadora.
 Estamos recibiendo testimonios de otras personas muy preocupadas porque no pueden hacer sus peticiones con antelación. Pensemos también en un joven de 15 años que esté sufriendo terriblemente por el cáncer.
 ¿Qué puede hacer? ¿Esperar a que cumpla 18 años? Las cosas tienen que cambiar.
 Es un asunto de compasión y de respeto a los derechos”.
Sin embargo, los liberales de Justin Trudeau no han precisado qué impacto tendrá el informe sobre posibles modificaciones al marco actual. El 2 de noviembre, las palabras de Jody Wilson-Rayboud, ministra federal de Justicia, mostraron que los cambios difícilmente llegarán. “No estamos considerando hacer modificaciones a la ley. El Gobierno piensa que es adecuada en su forma actual”, indicó.

Shanaaz Gokool dirige la organización canadiense de Dying With Dignity. Cuenta a EL PAÍS que habló con Audrey Parker dos semanas antes de su muerte. “Nos ayudó a comprender la situación de estas personas que no fueron tomadas en cuenta en la ley. Es una violación contra sus derechos y que se está tolerando”, afirma vía telefónica desde Toronto.

 

Villarejo investigó al rey emérito pese a que se lo prohibió el ‘número dos’ de la Policía

El comisario pidió indagar el supuesto allanamiento en Mónaco del apartamento de Corinna Larsen.

José María Irujo

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Periodista de investigación de El PAÍS

El comisario jubilado José Manuel Villarejo investigó las supuestas cuentas en Suiza del rey emérito y su relación con Corinna Larsen pese a que se lo prohibieron expresamente sus superiores en la Policía. 
 El agente encubierto, preso hace un año por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho, solicitó el permiso para realizar esta investigación a su jefe inmediato Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO), el número dos de la Policía entre 2012 y 2016, y el mando se lo negó por escrito, según ha confirmado este último a El PAÍS.

Don Juan Carlos de Borbón. getty / ATLAS

Desde su regreso a la Policía en 1993, Villarejo dependió siempre de los subdirectores generales operativos y en su última etapa del DAO. 
Todos sus superiores conocieron y autorizaron que el agente compatibilizara sus actividades de detective privado con las misiones policiales que él mismo proponía o le encomendaban.
Desde su regreso a la Policía en 1993, Villarejo dependió siempre de los subdirectores generales operativos y en su última etapa del DAO. 
Todos sus superiores conocieron y autorizaron que el agente compatibilizara sus actividades de detective privado con las misiones policiales que él mismo proponía o le encomendaban.
Según ha explicado el propio Villarejo en su declaración ante el juez Diego de Egea, los fiscales anticorrupción y su abogado, él elaboraba “notas de inteligencia” en las que planteaba a sus superiores asuntos a investigar.
 Unas veces sus sugerencias se aceptaban y otras se rechazaban, según el interés, la importancia u operatividad de cada caso. Villarejo no tenía despacho, coche oficial, ordenador o subordinados a su cargo. 
Era un electrón libre que trabajaba con, al menos, tres identidades falsas facilitadas por el Ministerio del Interior.
 En 2015, el agente encubierto solicitó a Eugenio Pino, entonces responsable de la Dirección Adjunta Operativa, investigar el supuesto allanamiento del apartamento en Mónaco de Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I, por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para recuperar una supuesta documentación privada que el rey emérito había confiado a esta sobre sus presuntos negocios y cuentas en Suiza. Villarejo aseguró a Pino que Corinna se había dirigido a “abogados de su familia” (la de Villarejo) para que se hicieran cargo del caso y le prestaran ayuda. 
Entre los servicios que ofrecía Cenyt, el grupo de empresas que dirigía el policía, figuraba la asesoría jurídica.
 El agente encubierto se definía, también, como abogado.
Pino declinó la petición con el argumento de que la Policía española no es una policía universal, que el rey gozaba de inviolabilidad y que Mónaco era una democracia con sus propios jueces.
 El responsable del DAO sugirió que Larsen denunciara en su propio país. 
Villarejo le respondió que le diera su respuesta por escrito, una petición nada habitual cuando su superior rechazaba sus peticiones de investigación.
 El comisario Eugenio Pino atendió su petición y le expuso su negativa por escrito, según varias fuentes consultadas. 
Pino reconoce a este periódico el episodio y los argumentos que esgrimió ante la solicitud del agente encubierto. 
“Se lo di por escrito”, afirma. 

Pese a la negativa de su superior, Villarejo desobedeció a su superior jerárquico.
 Siguió en contacto con Corinna Larsen, se encontró con ella en varias ocasiones, le grabó todos sus encuentros e indagó en las supuestas cuentas suizas que, según la examiga del rey emérito, este ocultaba fuera de España. 
Su socio y amigo Rafael Redondo, también detenido en la misma causa que el policía, asistió a alguna de esas reuniones. 
El agente encubierto argumenta en su defensa que solo pretendía localizar la supuesta documentación comprometida del monarca cuya custodia atribuye a Larsen.
La petición de Villarejo de investigar al rey llegó a oídos de responsables del Palacio de la Zarzuela y del general Félix Sanz Roldán, director del CNI, con el que el agente encubierto mantenía una disputa. 
 El policía había elaborado una nota de inteligencia en la que acusaba a agentes de ese centro de haberse quedado con una parte del rescate que el Gobierno pagó para liberar a varios periodistas españoles secuestrados por el Estado Islámico en Siria.
El Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP no destituyó al comisario Villarejo pese a las peticiones de sus superiores.
 Una de ellas, partió precisamente del DAO Eugenio Pino. 
El agente encubierto hacia gala ante sus jefes de sus relaciones con María Dolores de Cospedal y con su marido. 
Cospedal acaba de cesar en sus cargos y renunciar a su escaño en el Congreso tras divulgarse sus conversaciones con el policía en la sede del PP.
La Fiscalía Anticorrupción pidió, también, el archivo de la pieza porque los indicios esgrimidos contra el rey emérito “son extraordinariamente débiles y no son susceptibles de investigación en sede penal”.
 Esgrimió, igualmente, que los hechos se remiten a fechas en las que Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad que reconoce la Constitución.
 
El pasado mes de septiembre el juez De Egea acordó el sobreseimiento provisional de la pieza que afecta al padre de Felipe VI. Su decisión tuvo lugar un mes y medio después de que arrancaran las pesquisas tras hacerse públicas las grabaciones de Villarejo a Corinna Larsen en una de sus reuniones en la casa de esta en 2015 en Londres. El instructor considera que no hay pruebas suficientes en esos audios y que Juan Carlos I era inviolable cuando ocurrieron los supuestos hechos. La antigua amiga del exjefe del Estado atribuía, sin pruebas, al monarca el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech.

“En España no estáis consumidos por las tonterías: coméis, bebéis, fumáis”

Amiga de Madonna, de Basquiat y de Sinatra, la actriz neoyorquina Debi Mazar busca piso en Madrid después de quedar maravillada al rodar 'Arde Madrid', la serie de Paco León.

Juan Sanguino

La protagonista de 'Arde Madrid', Debi Mazar, recibe el beso del director de la serie, Paco León. Ella lleva vestido Self-Portrait para Mytheresa y tocado Betto García. 

Él viste camisa y chaqueta Dries Van Noten y sello Bárcena. Chus Antón / Ángela Esteban Librero

 

A Debi Mazar (Nueva York, 1964) la sesión de fotos en Casa Salvador, uno de los restaurantes favoritos de la Ava Gardner que quemó Madrid en los sesenta, le ha puesto a tono. En las paredes siguen colgadas fotos de la estrella con Luis Miguel Dominguín, Sofía Loren o Manolete, justo antes de morir. 

Los fantasmas de aquellas noches en las que el Hollywood dorado tumbaba a carajillos al folclore español despiertan en la carne de Mazar y de su director, Paco León. “Queríamos ironizar con los símbolos nacionales trayéndolos a lo moderno, que es también lo que buscamos con Arde Madrid”, explica León al respecto de la elección de este restaurante para la sesión de fotos. 

 

 

 

Una Mujer