El comisario jubilado José Manuel Villarejo investigó las supuestas cuentas en Suiza del rey emérito y su relación con Corinna Larsen
pese a que se lo prohibieron expresamente sus superiores en la Policía. El agente encubierto, preso hace un año por pertenencia a organización
criminal, blanqueo de capitales y cohecho, solicitó el permiso para
realizar esta investigación a su jefe inmediato Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO), el número dos de la Policía entre 2012 y 2016, y el mando se lo negó por escrito, según ha confirmado este último a El PAÍS.
Don Juan Carlos de Borbón.getty / ATLAS
Desde su regreso a la Policía en 1993, Villarejo dependió siempre de
los subdirectores generales operativos y en su última etapa del DAO. Todos sus superiores conocieron y autorizaron que el agente compatibilizara sus actividades de detective privado con las misiones policiales que él mismo proponía o le encomendaban. Desde su regreso a la Policía en 1993, Villarejo dependió siempre de
los subdirectores generales operativos y en su última etapa del DAO. Todos sus superiores conocieron y autorizaron que el agente compatibilizara sus actividades de detective privado con las misiones policiales que él mismo proponía o le encomendaban. Según
ha explicado el propio Villarejo en su declaración ante el juez Diego
de Egea, los fiscales anticorrupción y su abogado, él elaboraba “notas
de inteligencia” en las que planteaba a sus superiores asuntos a
investigar. Unas veces sus sugerencias se aceptaban y otras se
rechazaban, según el interés, la importancia u operatividad de cada
caso. Villarejo no tenía despacho, coche oficial, ordenador o
subordinados a su cargo. Era un electrón libre que trabajaba con, al
menos, tres identidades falsas facilitadas por el Ministerio del
Interior. En 2015, el agente encubierto solicitó a Eugenio Pino, entonces
responsable de la Dirección Adjunta Operativa, investigar el supuesto
allanamiento del apartamento en Mónaco de Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I,
por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para recuperar
una supuesta documentación privada que el rey emérito había confiado a
esta sobre sus presuntos negocios y cuentas en Suiza. Villarejo aseguró a Pino que Corinna
se había dirigido a “abogados de su familia” (la de Villarejo) para que
se hicieran cargo del caso y le prestaran ayuda. Entre los servicios
que ofrecía Cenyt, el grupo de empresas que dirigía el policía, figuraba
la asesoría jurídica. El agente encubierto se definía, también, como
abogado. Pino declinó la petición con el argumento de que la Policía española no
es una policía universal, que el rey gozaba de inviolabilidad y que
Mónaco era una democracia con sus propios jueces. El responsable del DAO
sugirió que Larsen denunciara en su propio país. Villarejo le respondió
que le diera su respuesta por escrito, una petición nada habitual
cuando su superior rechazaba sus peticiones de investigación. El
comisario Eugenio Pino atendió su petición y le expuso su negativa por
escrito, según varias fuentes consultadas. Pino reconoce a este
periódico el episodio y los argumentos que esgrimió ante la solicitud
del agente encubierto. “Se lo di por escrito”, afirma.
Pese a la negativa de su superior, Villarejo desobedeció a su superior jerárquico. Siguió en contacto con Corinna Larsen,
se encontró con ella en varias ocasiones, le grabó todos sus encuentros
e indagó en las supuestas cuentas suizas que, según la examiga del rey
emérito, este ocultaba fuera de España. Su socio y amigo Rafael Redondo,
también detenido en la misma causa que el policía, asistió a alguna de
esas reuniones. El agente encubierto argumenta en su defensa que solo
pretendía localizar la supuesta documentación comprometida del monarca
cuya custodia atribuye a Larsen. La petición de Villarejo de investigar al rey llegó a oídos de responsables del Palacio de la Zarzuela y del general Félix Sanz Roldán,
director del CNI, con el que el agente encubierto mantenía una disputa. El policía había elaborado una nota de inteligencia en la que acusaba a
agentes de ese centro de haberse quedado con una parte del rescate que
el Gobierno pagó para liberar a varios periodistas españoles secuestrados por el Estado Islámico en Siria. El Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP no destituyó al comisario Villarejo
pese a las peticiones de sus superiores. Una de ellas, partió
precisamente del DAO Eugenio Pino. El agente encubierto hacia gala ante
sus jefes de sus relaciones con María Dolores de Cospedal y con su
marido. Cospedal acaba de cesar en sus cargos y renunciar a su escaño en el Congreso tras divulgarse sus conversaciones con el policía en la sede del PP. La Fiscalía Anticorrupción pidió, también, el archivo de la pieza porque los indicios esgrimidos contra el rey emérito “son extraordinariamente débiles y no son susceptibles
de investigación en sede penal”. Esgrimió, igualmente, que los hechos
se remiten a fechas en las que Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad
que reconoce la Constitución. El pasado mes de septiembre el juez De Egea acordó el sobreseimiento
provisional de la pieza que afecta al padre de Felipe VI. Su decisión
tuvo lugar un mes y medio después de que arrancaran las pesquisas tras
hacerse públicas las grabaciones de Villarejo a Corinna Larsen en una de
sus reuniones en la casa de esta en 2015 en Londres. El instructor
considera que no hay pruebas suficientes en esos audios y que Juan
Carlos I era inviolable cuando ocurrieron los supuestos hechos. La
antigua amiga del exjefe del Estado atribuía, sin pruebas, al monarca el
cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta
fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech.
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