Expertos y asociaciones reclaman la necesidad de formar al profesorado para detectar y atender a estos alumnos tras la queja de una madre de Córdoba.
Ana Esther Galán recuerda cuando su hija Carla le comentó que quería
diseñar una línea de moda unisex.
“El maestro le dijo que no se juntara tanto con los niños y ella dedujo que si creaba ropa que sirviera para ambos sexos el profesor no sabría con quién estaba.
Desde pequeña sabíamos que tenía altas capacidades”, afirma.
Esta madre de Córdoba ha denunciado las supuestas trabas que sufre para que los servicios educativos de la Junta de Andalucía reconozcan el nivel de inteligencia de su hija de seis años.
Expertos y asociaciones critican la invisibilidad de este colectivo, pese a las leyes de algunas Administraciones.
“Son medidas de apariencia.
El problema es la falta de formación del profesorado para detectar a estos niños”, asegura Margarita Colondrón, presidenta de la Confederación Española de Altas Capacidades Intelectuales (Confines).
El periplo de Galán comenzó en marzo de 2017, cuando pidió al centro que tomara medidas preventivas.
"No quería que a ella le pasara como a su hermano mayor, Pedro es superdotado y sufrió depresión por no ser atendido a tiempo”, afirma.
Según su relato, su insistencia hizo que el colegio accediera a valorarla el pasado abril, pero determinó que no presentaba características diferenciadoras.
“El informe está eminentemente falseado”, denuncia la madre. Tras esto, los padres acudieron al pediatra y este les derivó a Salud Mental.
“Esta especialista sí determinó que Carla tiene altas capacidades”, apunta la madre, quien señala que la niña ha comenzado primaria en un colegio privado hasta que se encuentre una solución.
Este periódico no ha logrado conocer la versión de Educación.
Entre las consecuencias por no ser diagnosticados, Colondrón hace hincapié en el fracaso escolar: “Son niños desmotivados, que se aburren en clase al no recibir la atención necesaria y que pueden desarrollar un sentimiento de frustración grande. También pueden sufrir depresión, ansiedad… Tener más inseguridad y una autoestima baja”.
Esta situación los puede conducir a ser personas más agresivas o que se aíslen del mundo.
Colondrón asegura que uno de cada dos de estos niños sufre acoso en clase.
En España hay detectados 27.000 estudiantes con altas capacidades y faltarían otros 135.000 por diagnosticar, según la presidenta de la fundación
El mundo del superdotado, Carmen Sanz.
La situación para identificar a estos niños es diferente en cada comunidad. "Las hay como Andalucía, Murcia, Madrid y Aragón que cuentan con protocolos específicos [con legislación o a nivel interno] para identificarlos; algunas como Valencia o Castilla y León que están trabajando en ello; y otras como Cataluña o Extremadura que no tienen nada”, expone Colondrón.
"Es primordial que se unifiquen criterios, un niño no puede ser superdotado en Andalucía y en Cataluña, no.
Hay que unificar cómo identificarlos, cómo evaluarlos, cuáles son sus características,...", afirma el pediatra y neurólogo Javier Berché.
De los protocolos existentes, Colondrón califica el andaluz como “el menos malo”.
"En Andalucía, la normativa marca que los centros deben realizar dos cuestionarios a padres y profesores sobre el alumno.
Uno al finalizar Infantil y otro cuando se termina primaria.
Si se sospecha que el niño puede tener altas capacidades, entonces se le hace las pruebas de nivel de inteligencia.
También se puede iniciar el protocolo en cualquier momento de Infantil”, explica la presidenta de la Federación Andaluza de Altas Capacidades Intelectuales (FASI), Carmen Trillo.
En Baleares, sin embargo, la aplicación del protocolo no es obligatoria.
"Se deja a la voluntad de cada centro, pero ya está en casi todos", señala Rosabel Rodríguez., responsable del grupo de investigación de altas capacidades de la Universitat de les Illes Balears.
El “principal obstáculo” para detectar a estos niños es la falta de formación del profesorado.
“El maestro le dijo que no se juntara tanto con los niños y ella dedujo que si creaba ropa que sirviera para ambos sexos el profesor no sabría con quién estaba.
Desde pequeña sabíamos que tenía altas capacidades”, afirma.
Esta madre de Córdoba ha denunciado las supuestas trabas que sufre para que los servicios educativos de la Junta de Andalucía reconozcan el nivel de inteligencia de su hija de seis años.
Expertos y asociaciones critican la invisibilidad de este colectivo, pese a las leyes de algunas Administraciones.
“Son medidas de apariencia.
El problema es la falta de formación del profesorado para detectar a estos niños”, asegura Margarita Colondrón, presidenta de la Confederación Española de Altas Capacidades Intelectuales (Confines).
El periplo de Galán comenzó en marzo de 2017, cuando pidió al centro que tomara medidas preventivas.
"No quería que a ella le pasara como a su hermano mayor, Pedro es superdotado y sufrió depresión por no ser atendido a tiempo”, afirma.
Según su relato, su insistencia hizo que el colegio accediera a valorarla el pasado abril, pero determinó que no presentaba características diferenciadoras.
“El informe está eminentemente falseado”, denuncia la madre. Tras esto, los padres acudieron al pediatra y este les derivó a Salud Mental.
“Esta especialista sí determinó que Carla tiene altas capacidades”, apunta la madre, quien señala que la niña ha comenzado primaria en un colegio privado hasta que se encuentre una solución.
Este periódico no ha logrado conocer la versión de Educación.
Entre las consecuencias por no ser diagnosticados, Colondrón hace hincapié en el fracaso escolar: “Son niños desmotivados, que se aburren en clase al no recibir la atención necesaria y que pueden desarrollar un sentimiento de frustración grande. También pueden sufrir depresión, ansiedad… Tener más inseguridad y una autoestima baja”.
Esta situación los puede conducir a ser personas más agresivas o que se aíslen del mundo.
Colondrón asegura que uno de cada dos de estos niños sufre acoso en clase.
En España hay detectados 27.000 estudiantes con altas capacidades y faltarían otros 135.000 por diagnosticar, según la presidenta de la fundación
El mundo del superdotado, Carmen Sanz.
La situación para identificar a estos niños es diferente en cada comunidad. "Las hay como Andalucía, Murcia, Madrid y Aragón que cuentan con protocolos específicos [con legislación o a nivel interno] para identificarlos; algunas como Valencia o Castilla y León que están trabajando en ello; y otras como Cataluña o Extremadura que no tienen nada”, expone Colondrón.
"Es primordial que se unifiquen criterios, un niño no puede ser superdotado en Andalucía y en Cataluña, no.
Hay que unificar cómo identificarlos, cómo evaluarlos, cuáles son sus características,...", afirma el pediatra y neurólogo Javier Berché.
De los protocolos existentes, Colondrón califica el andaluz como “el menos malo”.
"En Andalucía, la normativa marca que los centros deben realizar dos cuestionarios a padres y profesores sobre el alumno.
Uno al finalizar Infantil y otro cuando se termina primaria.
Si se sospecha que el niño puede tener altas capacidades, entonces se le hace las pruebas de nivel de inteligencia.
También se puede iniciar el protocolo en cualquier momento de Infantil”, explica la presidenta de la Federación Andaluza de Altas Capacidades Intelectuales (FASI), Carmen Trillo.
En Baleares, sin embargo, la aplicación del protocolo no es obligatoria.
"Se deja a la voluntad de cada centro, pero ya está en casi todos", señala Rosabel Rodríguez., responsable del grupo de investigación de altas capacidades de la Universitat de les Illes Balears.
El “principal obstáculo” para detectar a estos niños es la falta de formación del profesorado.
“Piensan que son niños brillantes,...”,
apunta Trillo. "Aún hoy escucho a profesores que dudan de que su alumno sea superdotado porque no saca 10 en todo", añade Berché.
"Tanto los docentes como los orientadores se quejan de la falta de
preparación", apunta el secretario estatal de acción sindical de ANPE,
Ramón Izquierdo.
"Es muy fácil cuestionar la capacidad de los
profesores, pero creemos que el 99% está preparado para identificar a
estos niños. Lo que existe es un aluvión de padres que piden estas
valoraciones mientras que la Administración intenta ocultar sus
vergüenzas con estos casos", denuncia Javier Herrera, miembro de la
Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía.
La formación de los
docentes es "fundamental" si se tiene en cuenta que, en la mayoría de
los protocolos, son los que tienen la llave para que los evalúen.
"A esto se suma que el equipo que realiza estas pruebas está formado
para detectar casos de trastorno por déficit de atención e
hiperactividad, pero no a estos alumnos", dice Colondrón.
Sin embargo, las Administraciones sacan pecho de su labor en este
aspecto.
Andalucía asegura que cuenta con profesorado de pedagogía terapéutica y que otorga subvenciones a los docentes para la elaboración de materiales curriculares; Murcia habla de 30 cursos y 10 jornadas sobre esta materia en la última década y Aragón defiende la "formación integral" de sus profesores con más de 3.000 actividades al año.
"En Baleares, el primer punto del protocolo es la formación del profesorado a través de cursos y talleres", explica Rodríguez.
Pero los expertos y las asociaciones lo tienen claro. “No hay interés ni en la Administración ni en la comunidad educativa”, critica Carmen Sanz.
Como ejemplo, José Luis Sánchez, padre de dos alumnos con altas capacidades, señala la última medida tomada por el Gobierno de Murcia. "Han subido las puntuaciones que deben alcanzar estos niños para que sean valorados como de altas capacidades.
En Madrid ya se hizo y lo único que se buscaba era ahorrarse plazas en las extraescolares", denuncia Sánchez.
La consejería murciana asegura que la revisión del protocolo solo busca "mejorar, con las últimas aportaciones de varios autores", la detección de estos escolares.
Andalucía asegura que cuenta con profesorado de pedagogía terapéutica y que otorga subvenciones a los docentes para la elaboración de materiales curriculares; Murcia habla de 30 cursos y 10 jornadas sobre esta materia en la última década y Aragón defiende la "formación integral" de sus profesores con más de 3.000 actividades al año.
"En Baleares, el primer punto del protocolo es la formación del profesorado a través de cursos y talleres", explica Rodríguez.
Pero los expertos y las asociaciones lo tienen claro. “No hay interés ni en la Administración ni en la comunidad educativa”, critica Carmen Sanz.
Como ejemplo, José Luis Sánchez, padre de dos alumnos con altas capacidades, señala la última medida tomada por el Gobierno de Murcia. "Han subido las puntuaciones que deben alcanzar estos niños para que sean valorados como de altas capacidades.
En Madrid ya se hizo y lo único que se buscaba era ahorrarse plazas en las extraescolares", denuncia Sánchez.
La consejería murciana asegura que la revisión del protocolo solo busca "mejorar, con las últimas aportaciones de varios autores", la detección de estos escolares.