Los obstáculos de Italia para identificar a los autores de los bombardeos de la Guerra Civil, que dejaron en Cataluña 4.700 muertos, llevan la causa judicial al archivo.
Como en un parte de
guerra, el secretario judicial da cuenta de los últimos avances.
Son
escasos.
El tono de su escrito, casi un desahogo personal, es
apesadumbrado.
Han pasado más de 14 meses y no hay noticias de Roma. “La
actitud italiana es bastante triste, tratándose de países amigos”.
Arturo Saforcada recuerda que España atiende sin pestañear las
comisiones rogatorias de Italia sobre crimen organizado.
Y lamenta que
la escasa ayuda “impide avanzar” en la investigación abierta para hallar
a los responsables de los bombardeos indiscriminados contra población civil que la Aviazione Legionaria de Benito Mussolini lanzó sobre Barcelona entre 1937 y 1939.
Italia torpedea una causa judicial que dura ya más que la contienda que la suscitó: cinco años y medio desde que se admitió la querella de la asociación Altraitalia por delitos de lesa humanidad
y crímenes de guerra contra 21 oficiales de la aviación asentada en
Baleares durante la Guerra Civil al mando del general Vincenzo Velardi.
En diciembre vence una nueva prórroga.
La juez de Barcelona tendrá que
decidir si la amplía, mientras la posibilidad de hallar a supervivientes
se aleja.
“Eso es lo que buscan: no contestan hasta que todos estén
muertos”, afirma el abogado de Altraitalia, Newton Bozzi.
Bozzi logró dar con dos
víctimas de los bombardeos. Anna Raya fue herida en la cabeza el 1 de
octubre del 1937, en la primera incursión de la Aviazione, que llegó a
reunir a 6.000 combatientes. “Tenía ocho años.
Estaba en el colegio del
barrio de la Barceloneta.
Una bomba cayó sobre el colegio. Los aviones
nos ametrallaron”. Con su relato, Bozzi se presentó en 2011 en la
Audiencia Nacional, que rechazó investigar por falta de competencia y
trasladó el caso a un juzgado de Barcelona, que lo archivó de plano. Hasta que la Audiencia de Barcelona obligó a indagar “una de las páginas más negras de nuestra historia”.
La primera petición de
auxilio judicial salió rumbo a la Corte de Apelación de Roma en marzo de
2013.
La juez pidió al Ministerio de Defensa que escarbase en su
archivo central para averiguar la identidad de “todos los militares y
civiles” que participaron en los bombardeos, que dejaron en Cataluña más
de 4.700 muertos; solo en Barcelona, según los historiadores, cayeron
más de un millón de kilos de bombas y más de 1.800 edificios fueron
destruidos.
La juez exigió saber si seguían vivos y, en tal caso, que se
les tomase declaración como investigados.
El secretario Saforcada
empieza a inquietarse.
Es septiembre y la información no llega.
Mueve
hilos.
Contacta con el magistrado de enlace español en Roma, a quien los
italianos trasladan que “la información no es fácil de obtener”, aunque
“están en ello”.
La respuesta llega al fin, pero incompleta.
El
Ministerio de Defensa dice que solo ha podido identificar a cuatro
aviadores del cuerpo expedicionario —alega que no consta nombre ni fecha
de nacimiento del resto— y augura que “con toda probabilidad estarán
muertos”.
Son los oficiales Luise Guglielmo, Riccardo Emo Seidil, Paolo
Moci y Gennaro Giordani, nacidos entre 1899 y 1911.
El magistrado que debe responder la petición de la justicia española fue senador de Alianza Nacional
Italia consultó la
dirección de personal, pero no rebuscó en sus archivos —como había
solicitado la juez— ni hizo “verdaderas diligencias de investigación”,
lamenta Saforcada.
El juzgado envía una segunda comisión rogatoria, a
modo de recordatorio.
Descontento ante la “muy negativa actitud de la
justicia italiana”, el secretario escribe al Ministerio de Justicia para
que haga “gestiones bilaterales” y contacta con Eurojust.
La magistrada
María Poza le comunica que “se ha suspendido” la tramitación porque el
Ministerio de Justicia italiano debe “aclarar determinadas cuestiones”.
En otro correo, añade que son “órdenes del presidente del tribunal de
apelación de Roma”.
Tras alegar que la investigación de unos “hechos trágicos de hace 80
años” resulta difícil y que los archivos de la época están en papel,
Defensa señala que ha hallado a “un único sujeto identificado con
seguridad como posible partícipe de aquellos hechos bélicos”.
Curiosamente, ése no es otro que Gnecchi, que había aparecido en los
medios de comunicación por el polémico homenaje.
Los médicos examinaron
su estado de salud y los Carabinieri le interrogaron en Lecco
(Lombardía).
El aviador admitió que fue enviado a España en 1937 y que
formó parte de una patrulla de “reconocimiento del territorio”, pero
afirmó que nunca participó en los bombardeos de Barcelona y que ni
siquiera sobrevoló la ciudad.
Tras la Segunda Guerra Mundial, añadió, le
licenciaron y se dedicó a ejercer de perito industrial.
Agotada la vía Gnecchi
—que murió en 2016— y a la espera de novedades italianas, las
acusaciones pidieron acudir a los archivos militares españoles.
Solo uno
dio resultado.
Un coronel del Ejército del Aire afirma que en su
archivo hay un listado con los integrantes de la Aviazione Legionaria,
aunque no se detalla quién pudo participar en los bombardeos de
Barcelona.
Esa información, advierte, podría estar en los “diarios de
operaciones” del contingente de la aviación, ubicado en el edificio
histórico de Aeronáutica Militar, en Roma.
Además del 1 de octubre
de 1937 —cuando fue herida Anna Vinyals— Barcelona sufrió bombardeos
especialmente virulentos en 1938, ya como capital de la Segunda
República y cada vez más cercana a los escenarios bélicos.
Una bomba
mató a más de 40 niños que se habían intentado proteger en el refugio
bajo la iglesia Sant Felip Neri.
Entre el 16 y el 18 de marzo se
produjeron las acciones más devastadoras: durante 41 horas hubo 21
incursiones en las que se arrojaron 44 toneladas de bombas para
aterrorizar a la población.
El historiador admite que es difícil dar con
los autores porque a menudo no se escribían los diarios de operaciones.
A los militares destinados en la Guerra Civil española, además, se les
daba “identidades falsas”: se mantenía el nombre, pero se cambiaba el
apellido.
Aun así, a partir de los registros de vuelo y cotejando datos,
el historiador ha ofrecido un listado de oficiales que participaron en
el bombardeo naval desde el buque de guerra Savoia.
Ya en 2016, la juez pidió a Italia que certifique si esas personas siguen vivas.
El tiempo pasa y el secretario sigue a lo suyo.
Nadie dijo que fuera
fácil, pero la actitud italiana le irrita.
Los escritos se espacian en
el tiempo.
A finales de 2017 logra enviar una carta a Alfredo Mantovano:
“Estamos seriamente preocupados por la falta de progresos.
Es preciso
seguir adelante por el gran número de víctimas”, escribe Saforcada, que
invita al juez a superar “cualquier resistencia o reticencia” del
Ministerio de Defensa.
No recibe respuesta, pero vuelve a la carga con
el nuevo magistrado de enlace español en Italia.
Éste logra hablar con
Mantovano, que le traslada malas noticias. “[Mantovano] resalta la
dificultad de hacer la búsqeuda en los archivos de Defensa por
antigüedad y escasez de los datos, o el hecho de que fueran tropas
voluntarias y no regulares”.
Mantovano, además, explicita al
intermediario que la ley italiana rechaza extradiciones por salud o edad
si pueden poner en riesgo al investigado.
La última comunicación del
juez de enlace al secretario es del pasado junio.
“Ayer hablé con
Mantovano y le volví a insistir (…) Quedamos en que iba a agilizar la
tramitación.
En cuanto tenga nuevas noticias te informaré”.
Como la montaña no iba a Mahoma, hasta allí se desplazó, por encargo del Ayuntamiento de Barcelona —que también ejerce la acusación en la causa— un
historiador.
Prefiere no revelar su nombre, pero ha elaborado un
voluminoso estudio sobre la operación militar España, aportado al juez,
que detalla cómo la Aviazione estaba a las órdenes directas de
Mussolini.
El dictador envió en 1937 un telegrama en el que avisaba de
que la escuadra debía “aterrorizar la retaguardia roja y especialmente
los centros urbanos”, además de destruir el tejido industrial y las vías
de comunicación.
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