La líder de ERC huye y no acude este viernes al Tribunal Supremo, donde había sido citada por el juez.
“Hoy emprendo un camino duro, un camino que,
desgraciadamente, tantos otros que nos preceden han tenido que coger. El
camino del exilio”.
Así comienza la carta que este viernes ha hecho pública Marta Rovira, secretaria general de ERC e imputada por el procés, que hoy no ha acudido al Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena la había citado a declarar.
Rovira miente: no se exilia, se fuga.
La líder de ERC intenta en su misiva presentar a España como un país en el que “la libertad de expresión es censurada” y donde “los tribunales intimidan y aplican descaradamente criterios políticos”. Sin embargo, Rovira, a la que la Guardia Civil sitúa en el “comité estratégico” del intento de secesión, no está siendo procesada por defender políticamente la independencia de Cataluña sino como presunta culpable de un delito de rebelión por su papel en la celebración del referéndum ilegal del 1-0 y la posterior declaración unilateral de independencia, un delito para cuyos líderes el Código Penal estipula penas de prisión de entre 15 y 25 años.
Aunque el exilio puede interpretarse literalmente como la
simple “separación de una persona de la tierra en que vive”, Rovira
alude en su carta a una “expatriación por motivos políticos” encaminada a
presentarla como víctima de un sistema dictatorial que reprime a
quienes mantienen posiciones políticas distintas a las del Gobierno.
Los nueve diputados de ERC en el Congreso desmienten tal interpretación: todos ellos defienden la independencia de Cataluña sin el menor riesgo de ser procesados por los tribunales, puesto que España, firmante de todas las convenciones sobre Derechos Humanos y libertades de Naciones Unidas y de la Unión Europea, garantizan la libertad de expresión.
Por lo tanto, Marta Rovira no se exilia para poder ejercer libremente su libertad de expresión —“no me sentía libre, no me reconocía”, afirma en su carta— sino que huye para eludir las posibles consecuencias judiciales de sus actos.
Y se suma así a la lista de huidos que encabeza el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de la que también forman parte los exconsejeros Meritxel Serret, Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel.
Así comienza la carta que este viernes ha hecho pública Marta Rovira, secretaria general de ERC e imputada por el procés, que hoy no ha acudido al Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena la había citado a declarar.
Rovira miente: no se exilia, se fuga.
La líder de ERC intenta en su misiva presentar a España como un país en el que “la libertad de expresión es censurada” y donde “los tribunales intimidan y aplican descaradamente criterios políticos”. Sin embargo, Rovira, a la que la Guardia Civil sitúa en el “comité estratégico” del intento de secesión, no está siendo procesada por defender políticamente la independencia de Cataluña sino como presunta culpable de un delito de rebelión por su papel en la celebración del referéndum ilegal del 1-0 y la posterior declaración unilateral de independencia, un delito para cuyos líderes el Código Penal estipula penas de prisión de entre 15 y 25 años.
Los nueve diputados de ERC en el Congreso desmienten tal interpretación: todos ellos defienden la independencia de Cataluña sin el menor riesgo de ser procesados por los tribunales, puesto que España, firmante de todas las convenciones sobre Derechos Humanos y libertades de Naciones Unidas y de la Unión Europea, garantizan la libertad de expresión.
Por lo tanto, Marta Rovira no se exilia para poder ejercer libremente su libertad de expresión —“no me sentía libre, no me reconocía”, afirma en su carta— sino que huye para eludir las posibles consecuencias judiciales de sus actos.
Y se suma así a la lista de huidos que encabeza el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de la que también forman parte los exconsejeros Meritxel Serret, Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel.
