Tres ONG suspenden el rescate de inmigrantes tras la decisión de Libia de alejar a los buques humanitarios a 150 kilómetros de su costa.
Desde que el pasado jueves el general Abdelhakim Buhaliya, comandante
de la base naval de Trípoli, anunciara la creación de “una zona de
búsqueda y rescate en la cual ningún buque extranjero puede entrar” sin
permiso de las autoridades libias, tres ONG han suspendido su misión de salvamento
en el Mediteráneo central: Médicos Sin Fronteras, la alemana Sea Eye y
Save the Children. Para que no quedase duda, un portavoz de la Armada
libia precisó que la medida se dirigía contra las ONG “que pretenden
salvar a los migrantes ilegales y realizar acciones humanitarias.
Deseamos enviar un mensaje claro a todos los que atentan contra la soberanía libia y faltan al respeto a los guardacostas y la Marina”, subrayó.
Sus palabras no deben tomarse a la ligera.
El martes pasado un buque de la ONG española Proactiva Open Arms recibió dos ráfagas de aviso de una patrullera libia que le amenazó con tirar a dar si se atrevía a regresar.
El incidente se produjo a poco más de 12 millas náuticas (22,2 kilómetros) de Libia, en el límite de sus aguas territoriales, el punto más próximo al que podían acercarse para recoger a los inmigrantes que zarpan de sus costas.
El anuncio del general Buhaliya supone desplazar la línea que no pueden traspasar las ONG hasta unas 80 millas (150 kilómetros) mar adentro, una distancia que muy pocas de las frágiles embarcaciones en las que viajan hacinados los inmigrantes pueden recorrer.
Lo que ha hecho Trípoli no es ampliar sus aguas territoriales, sino declararse en condiciones de gestionar su propia zona de búsqueda y rescate, de acuerdo con el Convenio SAR de 1979 de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Deseamos enviar un mensaje claro a todos los que atentan contra la soberanía libia y faltan al respeto a los guardacostas y la Marina”, subrayó.
Sus palabras no deben tomarse a la ligera.
El martes pasado un buque de la ONG española Proactiva Open Arms recibió dos ráfagas de aviso de una patrullera libia que le amenazó con tirar a dar si se atrevía a regresar.
El incidente se produjo a poco más de 12 millas náuticas (22,2 kilómetros) de Libia, en el límite de sus aguas territoriales, el punto más próximo al que podían acercarse para recoger a los inmigrantes que zarpan de sus costas.
El anuncio del general Buhaliya supone desplazar la línea que no pueden traspasar las ONG hasta unas 80 millas (150 kilómetros) mar adentro, una distancia que muy pocas de las frágiles embarcaciones en las que viajan hacinados los inmigrantes pueden recorrer.
Lo que ha hecho Trípoli no es ampliar sus aguas territoriales, sino declararse en condiciones de gestionar su propia zona de búsqueda y rescate, de acuerdo con el Convenio SAR de 1979 de la Organización Marítima Internacional (OMI).
La zona SAR libia, con una extensión de unos 350.000 kilómetros cuadrados, quedó vacante tras la caída de Gadafi en 2011, que hundió al país en un caos del que aún no ha logrado salir. Italia asumió la responsabilidad de esta zona y las ONG que operaban allí lo hacían hasta ahora en coordinación con el centro de rescate marítimo de Roma.
El Gobierno italiano ha sido el primero en felicitarse del “papel cada vez mayor de Libia” en la contención del flujo de inmigrantes y considera que la retirada de las ONG es un “bienvenido signo del reequilibrio en curso en el Mediterráneo”, en palabras de su ministro de Asuntos Exteriores, Angelino Alfano.
Roma ha sido la principal patrocinadora de la Guardia Costera libia, a la que ha prestado asistencia e instrucción, incluso con el envío de buques, tras la petición que el primer ministro libio, Fayez Serraj, hizo en julio a su homólogo Paolo Gentiloni.
En teoría, las ONG podrían seguir rescantando a inmigrantes en la nueva zona SAR libia, pero deberían hacerlo con autorización de Trípoli, que ha mostrado escasa simpatía por ellas, y entregando a los rescatados a los guardacostas libios.
Esta opción es inaceptable para las ONG, pues implicaría impedir a quienes tienen derecho al asilo la posibilidad de solicitarlo y condenarles al internamiento en los campos de refugiados de Libia, donde son objeto de privaciones y abusos y no se respetan los derechos humanos, según las organizaciones humanitarias.
“Si los buques de las ONG son expulsados del Mediterráneo, habrá menos preparados para socorrer a los inmigrantes antes de que se hundan y quien no se ahogue será interceptado y devuelto a Libia, un lugar sin ley, con detenciones arbitrarias y violencia extrema”, ha advertido Médicos Sin Fronteras.
El anuncio del Gobierno de Trípoli no es sino la gota que ha colmado el vaso.
Las ONG han sido objeto en los últimos meses de una intensa campaña en la que se les ha acusado de connivencia con los traficantes de inmigrantes, a quienes avisarían de su presencia en las proximidades de la costa libia para que salieran las embarcaciones.
Hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba sobre esta presunta complicidad, pero el Gobierno italiano le ha dado pábulo al obligar a las ONG a firmar un código de conducta que permite a policías armados subir a bordo de los buques humanitarios, por lo que varias lo han rechazado.
La campaña contra las ONG arreció después de que España y Francia se negaran a abrir sus puertos para desembarcar a los rescatados en el Mediterráneo, ante la desesperación de Roma, desbordada por el incremento de las llegadas.
La alternativa es devolverlos a Libia y, para ello, los buques humanitarios son testigos incómodos.
En lo que va de año, 117.000 inmigrantes han llegado a las costas europeas y 2.400 se han ahogado, según la agencia de la ONU para las migraciones.
A partir de ahora probablemente lleguen menos.
Pero nadie sabrá cuántos se ahogan.
