La juez rechaza los últimos recursos a los que se aferraba la viuda de Cela y abre juicio oral por hechos ocurridos en la gestión de la fundación del Nobel en Padrón (A Coruña)
Marina Castaño ha quemado ya los últimos cartuchos que le deparaba el
sistema judicial para evitar verse frente a frente con un jurado
popular.
El pasado lunes, su defensa presentaba los enésimos recursos tratando de evitarlo, pero la juez Paula Ventosa, titular de Instrucción número 2 de Padrón (A Coruña) tomó decisiones rápidas.
Solo cuatro días después, se ha conocido el auto con fecha del martes por el que decreta juicio oral contra la viuda de Cela. Castaño será juzgada por el Tribunal del Jurado en la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña por un delito de malversación de caudales públicos.
Lo que se juzga es la decisión de indemnizar con 150.000 euros de dinero procedente de las arcas públicas, por su despido en el año 2010, al que fue director gerente de la Fundación Camilo José Cela de Iria Flavia, Tomás Cavanna.
Entonces, con la institución recién traspasada a manos de la Xunta, que tuvo que rescatarla en un estado agónico, Castaño era todavía presidenta de la fundación.
Junto a ella y a Cavanna, su mano derecha en Iria, serán juzgados el exconsejero de la Xunta con Fraga y exmiembro del patronato de la fundación Dositeo Rodríguez y la hija de este, Covadonga Rodríguez, que el Gobierno de Feijóo mantuvo al frente de la Fundación Cela y hoy, imputada y ahora acusada, sigue siendo subdirectora.
Cavanna era el gerente que había puesto al frente de su legado en Galicia el propio Cela, un hombre de confianza que el escritor trajo de la Ford en Valencia.
Después de llegar a consejero de Presidencia y Administración Pública, el histórico político popular Dositeo Rodríguez fue elegido miembro del Consello de Contas de Galicia, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas de la comunidad autónoma.
La juez considera que ellos "de común acuerdo", con Castaño y Covadonga Rodríguez, simularon el despido de Cavanna Benet para beneficiarlo cuando él mismo decidió marcharse ante la conversión de la fundación en pública.
La fundación había llegado a aquella fase en un estado de quiebra y decadencia que no podía superar sin ser asumida por la Xunta.
Ventosa atiende de esta manera las peticiones del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación particular, que ejerce el letrado Xosemaría Rodríguez, en representación de Lola Ramos, la insistente vecina de Iria que destapó las presuntas irregularidades en la gestión de la fundación.
Ramos vive en una pequeña vivienda situada en la acera de enfrente de la Casa dos Coengos (Casa de los Canónigos), sede de la Fundación Cela.
Lleva más de una década denunciando la gestión de la entidad, creada por el escritor como una fundación privada sin ánimo de lucro y ahora reconvertida en pública.
Sus voces de alarma, tanto por vía judicial como administrativa, nunca dieron frutos hasta que cayeron en manos de la fiscalía de Santiago, que hizo suya la denuncia inicial y la presentó en los juzgados de Padrón en el año 2012.
Los hechos investigados han ido mermando considerablemente desde entonces hasta llegar a la apertura del juicio oral.
El Juzgado impone a los cuatro investigados una fianza solidaria por importe de 200.000 euros.
El pasado lunes, su defensa presentaba los enésimos recursos tratando de evitarlo, pero la juez Paula Ventosa, titular de Instrucción número 2 de Padrón (A Coruña) tomó decisiones rápidas.
Solo cuatro días después, se ha conocido el auto con fecha del martes por el que decreta juicio oral contra la viuda de Cela. Castaño será juzgada por el Tribunal del Jurado en la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña por un delito de malversación de caudales públicos.
Lo que se juzga es la decisión de indemnizar con 150.000 euros de dinero procedente de las arcas públicas, por su despido en el año 2010, al que fue director gerente de la Fundación Camilo José Cela de Iria Flavia, Tomás Cavanna.
Entonces, con la institución recién traspasada a manos de la Xunta, que tuvo que rescatarla en un estado agónico, Castaño era todavía presidenta de la fundación.
Junto a ella y a Cavanna, su mano derecha en Iria, serán juzgados el exconsejero de la Xunta con Fraga y exmiembro del patronato de la fundación Dositeo Rodríguez y la hija de este, Covadonga Rodríguez, que el Gobierno de Feijóo mantuvo al frente de la Fundación Cela y hoy, imputada y ahora acusada, sigue siendo subdirectora.
Cavanna era el gerente que había puesto al frente de su legado en Galicia el propio Cela, un hombre de confianza que el escritor trajo de la Ford en Valencia.
Después de llegar a consejero de Presidencia y Administración Pública, el histórico político popular Dositeo Rodríguez fue elegido miembro del Consello de Contas de Galicia, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas de la comunidad autónoma.
La juez considera que ellos "de común acuerdo", con Castaño y Covadonga Rodríguez, simularon el despido de Cavanna Benet para beneficiarlo cuando él mismo decidió marcharse ante la conversión de la fundación en pública.
La fundación había llegado a aquella fase en un estado de quiebra y decadencia que no podía superar sin ser asumida por la Xunta.
Ventosa atiende de esta manera las peticiones del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación particular, que ejerce el letrado Xosemaría Rodríguez, en representación de Lola Ramos, la insistente vecina de Iria que destapó las presuntas irregularidades en la gestión de la fundación.
Ramos vive en una pequeña vivienda situada en la acera de enfrente de la Casa dos Coengos (Casa de los Canónigos), sede de la Fundación Cela.
Lleva más de una década denunciando la gestión de la entidad, creada por el escritor como una fundación privada sin ánimo de lucro y ahora reconvertida en pública.
Sus voces de alarma, tanto por vía judicial como administrativa, nunca dieron frutos hasta que cayeron en manos de la fiscalía de Santiago, que hizo suya la denuncia inicial y la presentó en los juzgados de Padrón en el año 2012.
Los hechos investigados han ido mermando considerablemente desde entonces hasta llegar a la apertura del juicio oral.
El Juzgado impone a los cuatro investigados una fianza solidaria por importe de 200.000 euros.
