La UCO afirma que la actual presidenta de Madrid adjudicó contratos ilegales como miembro del patronato de Fundescam.
La Guardia Civil implica a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la financiación irregular del PP regional investigada en el caso Púnica de corrupción.
La Unidad Central Operativa (UCO)
subraya, en un informe remitido el pasado 1 de marzo al juez Eloy
Velasco, que la presidenta regional y líder del PP madrileño intervino
en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la Mesa de Contratación
de la Asamblea de Madrid, que ella presidía, y que otorgaron a la
empresa Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, la gestión del
comedor y cafetería de la Cámara autonómica.
Según los
investigadores, los hechos “podrían ser constitutivos” de delitos de
prevaricación continuada y cohecho, y en ellos “se aprecia la presunta
participación” de Cristina Cifuentes.
El informe señala que Cifuentes supuestamente
“vulneró la imparcialidad” de la mesa de contratación al
“compatibilizar” la presidencia de esta con su pertenencia al patronato
Fundescam, cuando esta fundación había recibido 160.000 euros del
empresario y que fueron utilizados para la campaña electoral del PP para
las autonómicas de 2007.
Cifuentes pertenecía al comité de campaña del
PP regional para esos comicios como vocal de Participación Territorial.
El instituto armado recuerda al juez que
Cifuentes es aforada en su calidad de presidenta regional.
En su
informe, los agentes recuerdan que a través de la cuenta corriente de
Fundescam “determinados empresarios y organismos empresariales,
ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron
empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”.
La
UCO recuerda que empresarios como Arturo Fernández, antiguo líder de la
patronal madrileña fue adjudicatario de “contratos públicos en los que
se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”.
Según
los agentes, en estos contratos supuestamente participaron “cargos
públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de Ia
Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas
detectadas, coma es eI caso de Cristina Cifuentes”.
En el caso de Cifuentes, los agentes constatan la “coincidencia” de que era patrono de Ia Fundación Fundescam con su pertenencia al Partido Popular de Madrid
y a los comités de Campaña de esa formación política cuando se
efectuaron las aportaciones económicas de Cantoblanco.
También subrayan
que Cifuentes pertenecía al comité de expertos que efectuó las
valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos
de cafetería, cocinas y comedores de Ia Asamblea de Madrid en los años
2009, 2011 y 2013 donde resultó ser Ia adjudicataria final Ia empresa de
Arturo Fernández.
Cifuentes “desempeño también de manera simultánea Ia
Presidencia de Ia Mesa de contratación en esas licitaciones”, señala el
informe.
Los agentes recuerdan que en
estas adjudicaciones, Cantoblanco “no presentó certificaciones que
avalasen Ia experiencia”, como exigían los pliegos, y que pese a ello
“no fue penalizada”.
Es decir, “hubo arbitrariedad y hubo un trato
diferente para situaciones idénticas”, señala la UCO.
Según los agentes
compatibilizar Ia pertenencia a los comités de expertos y valorar las
ofertas, con el hecho de presidir las mesas de contratación, es una
circunstancia “completamente irregular y anómala, y únicamente puede
corresponderse con Ia intencionalidad de tener controladas las
licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en Ia
valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas
valoraciones eran finalmente aprobadas”.
Los imputados, preguntados por la presidenta
Los investigadores de la UCO preguntaron por Cifuentes a tres imputados en el marco de la adjudicación de los servicios de cafetería. Los agentes insistieron a Tatiana Recoder, letrada jefa de la asesoría jurídica de la Cámara, "si no apreció una incompatibilidad respecto a que Cifuentes fuese componente del comité de expertos y presidenta de la mesa de contratación en esa misma licitación". Aunque la abogada respondió que desconocía que la actual jefa del Gobierno autonómico se encontraba al frente de ese órgano.
Por su parte, la también imputada María Virtudes Merino, jefa de protocolo de la Asamblea e integrante del comité de expertos, declaró a la Guardia Civil que se mantuvo una reunión —“muy corta" y "meramente expositiva", afirma— para analizar la valoración de las ofertas presentadas a esta adjudicación.
Este encuentro se produjo en el despacho de Cifuentes. Y, allí, según Merino, Recoder expuso sus razonamientos jurídicos, pero no se deliberó sobre nada: "No había nada que discutir".
A su vez, el funcionario Isaac Zubiri, también imputado, explica cómo él se encargó el informe de valoración de las compañías que optaron al concurso.
Y que, tras una reunión para estudiarlas, fue Cifuentes quien dijo que se hicieran las modificaciones que se habían planteado en esa cita y que se firmase el acuerdo.
