Los Reyes, en La Haya.Patrick van KatwijkGetty Images
Los Reyes de España asisten este fin de semana a los actos organizados para celebrar el 50 cumpleaños de Guillermo de Holanda. Se trata de una cita privada aunque a ella acuden representantes de varias casas reales. Don Felipe y doña Letizia
mantienen estrechas relaciones de amistad con los reyes de Holanda. "Se
trata de celebraciones totalmente privadas, con lo cual, no se harán
públicos los detalles de las celebraciones", dijo a una portavoz de la
Casa Real holandesa, poniendo de relieve el gran secretismo que
mantienen los Orange en torno a los eventos de este fin de semana.
El diario nacional AD,
aludiendo a sus fuentes, señaló que Guillermo disfrutó el sábado con
sus invitados en el puerto deportivo de Maasvlakte, en Rotterdam, debido
a la privacidad que ofrece su ubicación . Por la noche cenó en el
palacio de Noordeinde, en La Haya, con sus amigos de otras familias
reales europeas, entre los que destacan los escandinavos, los belgas y
los españoles. Para la ocasión doña Letizia, que fue fotografiada junto a
don Felipe a la salida del hotel en el que se hospeda, vistió un
llamativo vestido rojo asimétrico y peinó su melena con ondas. El
conjunto lo complementó con una espectacular pulsera perteneciente al
joyero de la familia real española, una pieza de las llamadas de
"pasar".
Don Felipe y doña Letizia, saliendo del hotel para la cena de Guillermo de Holanda.Patrick van KatwijkGetty Images
Las actividades de celebración pública
del quincuagésimo cumpleaños de Guillermo finalizaron el viernes, con
una cena en el Palacio de Ámsterdam con 150 holandeses que lograron
acceder al evento tras un sorteo en el que participaron más de 11.000
personas. Los 150 ciudadanos que compartieron mesa real con los
monarcas holandeses se caracterizaron por haber nacido todos un 27 de
abril, 50 de ellos incluso el mismo año que el rey Guillermo, en 1967. La invitada más antigua era una mujer que nació en 1917,
durante la Primera Guerra Mundial, cuando reinaba Guillermina de los
Países Bajos (1890-1948).
La cena, retransmitida en las redes sociales y en los medios
de comunicación, finalizó con una foto "gigapixel" de grupo, una imagen
mil veces más nítida que una normal que se tomó en la plaza Dam de
Ámsterdam, en presencia de cientos de curiosos. El día del rey es una jornada festiva nacional, cada 27 de
abril desde que hace cuatro años el monarca Guillermo llegó al trono, y
los holandeses tienden a celebrarlo vestidos de naranja y con grandes
eventos musicales y fiestas en barcos en los canales del país. De hecho, es el único día en el que es legal beber alcohol
en la calle, y muchas familias salen a vender a las puertas de sus
hogares comida, ropa y objetos que no utilizan, sin riesgo de ser
multados por hacerlo.
Un informe desclasificado revela que la agencia de EE UU siguió de cerca la vida intelectual en la Francia de los ochenta.
Michel
Foucault, con megáfono, y Jean-Paul Sartre, hablando con periodistas,
durante una manifestación, en 1972, frente a la fábrica de Renault en
protesta contra el asesinato de Pierre Overney. INAINA via Getty Images
En los últimos días de la Guerra Fría, la CIA
hizo algo más que controlar los movimientos de Gorbachov y observar el
paisaje cambiante del antiguo telón de acero. También tuvo a sueldo a un
grupo de espías que siguió de cerca a los principales filósofos
franceses y analizó su actividad intelectual. Su objetivo consistía en
evaluar las posibles consecuencias de su corpus teórico respecto a la
percepción de Estados Unidos en el viejo continente. Un informe firmado
en diciembre de 1985, desclasificado en 2011 y desenterrado ahora por la
revista Los Angeles Review of Books, revela que la CIA dedicó medios y personal a estudiar la obra de autores como Michel Foucault,Roland Barthes,Louis Althusser o Jacques Lacan, entre otros nombres de la corriente posestructuralista.
Este informe de 20 páginas, titulado Francia: defección de los intelectuales izquierdistas,
sostenía que los citados autores habían terminado por “repensar y
rechazar el pensamiento marxista”. Según la oficina parisiense de la
CIA, se abría así una nueva etapa marcada por “un espíritu de
antisovietismo”, lo que podía favorecer una mejor acogida de la política
exterior de Ronald Reagan en territorio francés. “Aunque las políticas
estadounidenses nunca son inmunes a la crítica en Francia, está claro
que es la Unión Soviética la que está a la defensiva. La notable
frialdad del presidente Mitterrand respecto a Moscú deriva, en parte, de
esta extendida actitud”, reza el informe. Para demostrarlo, la CIA se
apoyaba en un sondeo de 1985, que demostraba que solo el 27% de los
franceses tenía una opinión desfavorable de Estados Unidos. Tres años
atrás, los críticos sumaban el 51%.
André Glucksmann (izquierda) y Jean-Paul Sartre, en el Palacio del Elíseo en junio de 1979.PIERRE GUILLAUDAFP
Los autores del estudio recuerdan que, hasta el primer
tercio del siglo pasado, existió un equilibrio ideológico entre los
intelectuales franceses. Apuntan que hubo un Tocqueville por cada
Jaurès. Es decir, un conservador ilustrado por cada izquierdista
empecinado. “Esa paridad se evaporó durante la guerra”, lamenta el
informe. El conservadurismo francés quedó vinculado a Vichy. Y la
izquierda, en cambio, a la lucha contra el fascismo, lo que explicaría,
según la CIA, su atractivo entre los intelectuales.
Sin embargo, la agencia considera que, a partir de Mayo de
68, se produce un cambio de paradigma.
De entrada, a través de la
emergencia de los llamados Nuevos Filósofos, como André Glucksmann y
Bernard-Henri Lévy, una nueva generación desencantada con la aventura
marxista que deja de hacer la vista gorda respecto a su deriva
totalitaria y adopta posturas menos críticas con Estados Unidos.
“Han
compensado su prosa abstrusa convirtiéndose en personajes mediáticos que
defienden sus opiniones en programas de radio y televisión largos e
intelectualizados, que los franceses veneran”, reza el informe. No es secreto que la CIA tenía a la cultura en muy alta
estima, al considerarla un instrumento ideológico fundamental. Por
ejemplo, mantenía estrechos vínculos con el Congreso para la Libertad de
la Cultura, con sede en París y delegaciones en 35 países, que promovía
libros, exposiciones y conciertos para difundir el anticomunismo en
Europa y Latinoamérica. Por otra parte, la prestigiosa revista literaria
The Paris Review fue fundada en 1953 como tapadera a las
actividades como espía de su director, Peter Matthiessen, según confesó
antes de su muerte en 2014. Para la CIA, la capital francesa constituía,
en ese sentido, un punto estratégico. “Los intelectuales importan en
Francia, probablemente más que en la mayoría de democracias
occidentales. Tradicionalmente han jugado un papel clave para defender
las políticas de distintos partidos”, apunta el informe. Es decir, Sartre, Derrida o Althusser, “la última camarilla de sabios comunistas, ahora bajo el fuego implacable de sus antiguos protegidos”. El informe, de un incorregible optimismo, celebra la
emergencia de pensadores neutrales o incluso de derechas. Pero no cae en
la cuenta de que, mientras las teorías de Barthes y Foucault se
extinguían en Francia, también se empezaban a infiltrar en las
universidades de EE UU. Bajo el nombre genérico de French Theory,
inspiraron la emergencia de los estudios culturales y la llamada
política identitaria, que propició la creación de los estudios de género
o la atención académica a minorías como los afroamericanos. El canon
tradicional de las humanidades quedó fracturado para siempre. “Los
intelectuales conservadores se quejaron, a principios de los noventa, de
que se enseñara el nihilismo francés a sus hijos en los campus”, apunta
François Cusset, profesor de Civilización estadounidense en la
Universidad de Nanterre, en un artículo dedicado al informe en Le Monde. El novelista Laurent Binet, que publicó recientemente La séptima función del lenguaje
(Seix Barral), donde ponía en escena a esa generación de filósofos en
torno al asesinato (ficticio) de Barthes, se admira ante la importancia
que la CIA otorgaba a esos pensadores. “Resulta halagadora la influencia
que les suponía. También es halagador para los franceses, a los que la
agencia ve como lectores asiduos de Foucault y compañía, lo que me
parece un poco exagerado”, afirma el escritor. “Y, por último, es
halagador para la propia CIA. Ignoraba que en su interior hubiera
especialistas capaces de leer y entender sus ideas y debates. En el
fondo, es tan divertido como revelador. Si la CIA se toma en serio el
mundo de las ideas, será que el mundo de las ideas todavía no ha
muerto”. (Quizás por eso quitan la asignatura de Filosofía de los actuales planes de estudios) Leer, estudiar, debatir, reflexionar, contradecir....que peligroso es para esos espias anafalbetos.
Los españoles cuentan con figuras jurídicas ante la incapacitación que les permiten designar un tutor que vele por sus intereses.
Una especialista ayuda a caminar a un enfermo de alzheimer en el centro CRE de Salamanca.Julian Rojas
¿Qué ocurre si perdemos nuestra capacidad para expresarnos o
nuestro juicio se ve afectado? Que nos podemos ver abocados a la
incapacitación que, según los expertos, es “la muerte civil” del
ciudadano. ¿Quién decide entonces por nosotros?
Con el incremento de la esperanza de vida y el desarrollo de las
demencias asociadas a la edad, cada vez son más los españoles que,
conscientes de una posible futura incapacidad, deciden nombrar, mientras
pueden expresar su voluntad, a una persona de confianza que pueda velar
por sus intereses personales o patrimoniales.
Los mecanismos legales
que permiten dar instrucciones hoy de lo que queremos para el futuro son
el poder preventivo y la autotutela.
Ambos son documentos públicos
notariales que cuestan alrededor de 50 euros.
El primero permite a una
persona elegir a otra para que represente sus intereses en caso de que
pierda la capacidad para manifestar su voluntad.
El segundo incluye,
además, la designación de un tutor.
J uan, de 40 años, acudió a una notaría por un asunto de su empresa y
descubrió que existían ambas figuras jurídicas de protección.
A su madre
le acababan de diagnosticar alzhéimer y sabía que el proceso de toma de
decisiones iba a resultarle complicado si no lo solucionaba mientras su
madre era todavía capaz de hacerlo.
Lo habló con ella, le explicó la
situación y acudieron a asesorarse con un notario de todo lo que
representaba dar ese paso.
Juan es hoy legalmente su apoderado y tutor.
En los últimos diez años en España, las autotutelas se han
triplicado y los poderes preventivos se han multiplicado por doce, como
revela un estudio presentado por el Consejo General del Notariado.
Sin embargo, estas figuras legales no son ampliamente conocidas, según
ha podido comprobar este periódico tras realizar varias entrevistas a
personas de distinta edad, sexo y condición.
Más sensibilidad ante la autoprotección
El informe realizado por el Consejo General del Notariado concluye
que si en 2007 fueron poco más de 400 las personas que decidieron hacer
un poder preventivo, en 2016 esta cifra ha crecido en más de un mil por
ciento (5.602 personas). En ese mismo periodo, la autotutela casi ha
triplicado sus cifras: de las 1.310 realizadas en 2007 se ha llegado a
las 3.299 del año pasado. En Cataluña, la penetración de ambas figuras legales es muy destacada
y arroja datos de aproximadamente el 50% del total del Estado, según
dicho informe. Uno de motivos fundamentales es que dicha comunidad
introdujo por primera vez en España la autotutela en 1991.
Dichos mecanismos de autoprotección no solo se utilizan en
situaciones de enfermedades asociadas a la edad, sino también en
previsión de una dolencia grave o un accidente. Y por supuesto, y en
esto incide mucho la notaria Almudena Castro-Girona, en el caso de
padres con hijos discapacitados que quieren velar por el futuro de sus
vástagos cuando ellos desaparezcan. La notaria, que también dirige la fundación Aequitas
del Consejo General del Notariado para abordar temas de vulnerabilidad y
preside la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del
Notariado, habla de la labor social de los notarios: “Trabajamos para
unir a la sociedad y a los operadores jurídicos”.
Estas figuras legales permiten hacer lo que la experta
denomina un “un traje a medida”: decidir dónde quieres vivir, quién
quieres que se ocupe de tus asuntos, o en casos de niños discapacitados
qué les apetece comer, a qué les gusta jugar, o cómo se comunican. José
Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado,
califica de muy positivo contar con el asesoramiento imparcial y
gratuito de un notario, especialmente en situaciones donde es esencial
que las personas que van a protegerse de cara al futuro conozcan las
posibilidades que ofrece la ley. “Somos modistos”, dice Castro-Girona:
“La tela es la vida de las personas, el hilo son las leyes y nosotros
cosemos ambas cosas”. La diferencia fundamental entre poder preventivo y
autotutela es que el primero se aplica inmediatamente: su eficacia
comienza en el mismo momento de la discapacidad del afectado,
corroborada por un facultativo experto en medicina legal, de modo que
todos sus asuntos personales o patrimoniales pueden seguir funcionando
con normalidad y no es necesario llegar a la incapacitación judicial,
que llevaría varios meses hasta su declaración. Fue lo que le ocurrió a
Manuel, cuya madre estuvo seis meses ingresada en una residencia de una
forma “un tanto alegal” hasta que salió la sentencia judicial de
incapacitación de la mujer, gravemente enferma de alzhéimer . En la
autotutela, el que ha sido designado tutor necesitará siempre
autorización judicial para realizar actos que afecten al patrimonio del
declarado incapaz pero, sin embargo, puede tomar decisiones en el ámbito
personal o familiar, como establecer la vivienda habitual de la persona
a quien represente o decidir su ingreso en una residencia. Por eso
Martínez Sanchiz afirma que muchas veces se suelen otorgar
simultáneamente ambas escrituras.
“Hay
quien vive la incapacitación de sus padres como una traición”, sostiene
Castro-Girona. Y también quien pretende utilizarla porque no le gusta
el modo de vida de sus progenitores (los casos más sonados fueron los de
Di Stefano y la duquesa de Alba). La experta afirma que se trata de
hacer “justicia preventiva” y tira de hemeroteca para explicar casos
como el de algún anciano que llega a su notaría con la directora de la
residencia, o un hijo o un sobrino para dejarles el piso en herencia
porque si no, o lo echan o lo abandonan. “No somos meros testigos, no es
hacer un corta y pega en un documento, tratamos de tú a tú con la
persona”. Y concluye: “Se trata de evitar, sobre todo, la
judicialización de la vida”.
El ‘pack’ preventivo ante la discapacidad
La Ley de protección patrimonial de personas con discapacidad, de
2003, dice que cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente,
en previsión de ser incapacitada en el futuro, podrá en documento
público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia
persona o bienes, incluida la designación de un tutor. El notario, como funcionario público que ejerce por delegación del
Estado, dará fe de que el interesado está en plena posesión de sus
facultades mentales y que es su deseo otorgar la escritura pública de
autotutela y/o poder preventivo. Además de controlar que el documento se
ajuste a la legalidad vigente, con su asesoramiento y control se pueden
evitar engaños o fraudes, como que una persona obligue a otra a firmar
un documento en el que le designe tutor o apoderado o que, incluso,
falsifique su firma. Estos documentos redactados y/o autorizados por un notario adquieren
la entidad de documentos públicos, a los que la ley reconoce veracidad,
firmeza y fuerza probatoria. Una vez firmada la escritura, se envía una
copia electrónica al Registro Civil. Cuando comienza el procedimiento de
incapacitación, el juez consultará con el Registro para saber si esa
persona ha otorgado una escritura de autotutela y/o poder preventivo. Mientras que el afectado conserve sus facultades, dichos documentos se pueden cambiar o revocar. Almudena Castro-Girona habla del pack preventivo ante la incapacitación que incluye, además de los mencionados poderes, las voluntades médicas anticipadas.
El relevo
del director general del Canal de Isabel II fue determinante para
destapar operaciones en paraísos fiscales de anteriores responsables y
conexiones mediáticas.
FOTO:
Cristina Cifuentes, el pasado jueves. / VÍDEO: Declaraciones de
Cifuentes sobre la Operación Lezo en el XVI Congreso del PP de Madrid.uly martín / atlas
Una operaria levantó el miércoles pasado las alfombras de
los pasillos que dan al despacho de Presidencia de la Comunidad de
Madrid, que entre 2012 y 2015 perteneció a Ignacio González.
Cristina Cifuentes, su excompañera y sucesora en el cargo, supo
apreciar el patente contenido metafórico de esa operación de limpieza. La semana ha sido dura y dolorosa para el PP —otra más—, como explicó la
propia Cifuentes en su discurso ante la ejecutiva regional reunida el jueves con urgencia para tratar de exorcizar los demonios internos. El partido vive en estado de shock permanente: el propio González, expresidente regional, duerme en prisión con parte de su familia; dimite definitivamente la exlideresa Esperanza Aguirre; se suceden los episodios de corrupción y proliferan ahora quienes lo intuían o sabían todo. Pero la decisión determinante e inusual en política de denunciar ante
la Fiscalía las maniobras oscuras de González y su entorno en el
poderoso Canal de Isabel II correspondió a Cifuentes, lo que descubrió una guerra larvada con el más importante grupo mediático conservador en España y recelos en los dirigentes más acomplejados del PP. La actual presidenta regional, que ha admitido recientemente que en ocasiones se hace "la rubia" en reuniones con hombres
para arañar más cosas en las negociaciones, tomó posesión de ese
despacho en la Puerta del Sol de Madrid un sábado 27 de junio de 2015. Al acto acudió, no por casualidad, Mariano Rajoy y seis ministros de su
Gobierno. El presidente destacó entonces: "Lo que ocurra en Madrid es
muy importante para España".
Auditoría de la Comunidad
Apenas un mes más tarde se constituía en la Asamblea de
Madrid una comisión de estudios y de auditoría sobre el endeudamiento y
la gestión pública en la Comunidad en los años del PP. La comisión
empezó sus trabajos indagando sobre la faraónica y muerta Ciudad de la
Justicia y, a comienzos de 2016, abordó el agujero negro del Canal de
Isabel II, la empresa pública más potente de la administración regional
(casi 1.000 millones de presupuesto en 2017). En sus primeras
comparecencias fueron citados el consejero de Presidencia y nuevo
presidente del organismo, Ángel Garrido, ahora mucho más que la mano
derecha de Cifuentes; el exgerente Adrián Martín; y la exdirectora
financiera de la entidad desde 2007, Fernanda Richmond, entre otros
directivos y trabajadores del ente.
Como conclusión de esas primeras informaciones genéricas
sobre el Canal y sus filiales en Latinoamérica, muchas veces bloqueadas
por esos exdirectivos, Cifuentes decidió exigir la destitución de Martín
y buscó, con ayuda de cazatalentos, un nuevo director general para esa
macroempresa. El contrato, en mayo de 2016, fue para Rafael Prieto, un
gestor de multinacionales, de 53 años, con experiencia en compañías como
PSA-Peugeot. Dos meses después, en julio de 2016, ya con el control
político y administrativo del Canal, Prieto constató varias operaciones
irregulares que le llevaron a trasladar un auténtico dilema a Cifuentes. La nueva presidenta madrileña lo sopesó todo y comunicó la única
solución que había encontrado al presidente del PP, Mariano Rajoy, y a
Dolores de Cospedal, la secretaria general y su gran baluarte en la
cúpula popular. Les informó de que no tenía más remedio que entregar esa
documentación sobre actuaciones sospechosas del Canal a la Fiscalía
Anticorrupción.
Diputados regionales del PSOE y de Podemos también habían
comenzado a preguntar e investigar por su cuenta sobre la sorprendente
expansión latinoamericana del Canal y tramitaron su propia denuncia ocho
meses más tarde. Las llamadas de atención que alertaron entonces a los
nuevos responsables del Canal se produjeron al seguir el rastro de
varias operaciones que acababan con oscuros pagos en Suiza y en
sociedades off shore, que son las empresas radicadas en paraísos fiscales que se utilizan sin ninguna actividad económica reconocida. La compra en 2013 por 21,4 millones de euros de Emissao, una
compañía brasileña de gestión de aguas, fue el detonante de todo. El
Canal la adquirió por medio de su filial en Colombia, Inassa, y un año
después esa sociedad valía solo 5,4 millones. Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de Audiovisual Española 2000, editora de La Razón,
presidía en esa época Inassa y era el hombre de confianza de González
en el Canal. La cercanía entre Rodríguez Sobrino y González se evidenció
en aquel viaje que ambos hicieron a Cartagena de Indias en 2008, en el
que fueron espiados y grabados con unas sospechosas bolsas de plástico
en las que, según dijeron, llevaban toallas.
Conmoción
La conmoción en el PP por la detención de González y su
banda de amigos fue total, pero no hubo sorpresa. Cifuentes se apuntó
rápidamente el tanto de que había facilitado al máximo la colaboración
con la justicia. Rompía con otras imágenes del pasado en su partido. La
oposición subrayó que no le quedaba otra. El juez tomó declaración por escrito a Cifuentes y convocó
en la Audiencia Nacional a la ahora jefa de gabinete de la presidenta
regional, Marisa González Casado, periodista con casi 30 años de
experiencia. Las 17 grabaciones con más de una hora de duración que
Velasco mostró a Marisa González abrieron un flanco inquietante en la
investigación. El juez citó de inmediato al presidente de La Razón, Mauricio Casals, y al televisivo director del mismo diario, Francisco Marhuenda, por un presunto delito de coacciones a Cifuentes y su equipo. En algunas transcripciones del sumario secreto se escucha a
Marhuenda contar a Rodríguez Sobrino su versión de una charla que
mantuvo con Cifuentes a mediados de 2016: "Le hemos dicho que eres un
soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas
tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar". Casals conmina a
Marhuenda en otra conversación a que deje claro a Cifuentes que esa
"guerra" no sería solo de La Razón y que implicaría a otros medios del grupo como Antena 3, La Sexta y Onda Cero.
Marhuenda se permitió, en alguna de esas intervenciones,
insultar a la jefa de gabinete y a Cifuentes y, tras declarar ante el
juez, precisó que "nunca, nunca" había pretendido presión alguna. Sus
insultos no provocaron una catarata de reacciones ni de asociaciones de
prensa ni de otras dirigentes políticas o feministas. El juez preguntó a las afectadas si consideraban una presión señalar un día en la sección del periódico Sube y baja
al consejero Garrido por una mala gestión o un editorial muy contrario a
la recién impulsada ley regional integral contra la violencia de
género. Cifuentes y González Casado asumieron esas críticas normales en
su trabajo. El magistrado no fue más profundo sobre los intereses de
esos directivos en otros aspectos o negocios, según fuentes de la
investigación, y les desimputó. Una de las presiones más insistentes que ha sufrido el
equipo de Cifuentes en este tiempo fue la reclamación de que la
presidenta regional debía recibir en su despacho oficial a Rodríguez
Sobrino, que estaba muy inquieto por la posible documentación que
pudiera facilitarse al juez desde la Comunidad sobre su etapa en el
Canal. Ese encuentro nunca se concedió.
El PP ha querido mostrar su apoyo a Cifuentes en este caso,
sobre todo en público a través de los denominados jóvenes
vicesecretarios nacionales y otros portavoces. Aguirre y González
estaban ya de retirada en la política, se habían generado muchos
enemigos y se consideran fácilmente amortizables. Desde la cúpula del PP
se comprende que Cifuentes tenía escasa capacidad de maniobra ante la
imparable deriva judicial del caso pero destacan que ahora debe manejar y
resolver ella "la guerra y el lío mediático que se avecina" con un
grupo como Atresmedia tan importante para el partido conservador. Ni Rajoy, de viaje, ni Cospedal, con antiguas relaciones muy
estrechas con Aguirre y González, ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría, se han explayado sobre este conflictivo caso. Marhuenda fue
durante años jefe de gabinete y colaborador estrecho de Rajoy y Casals,
al que los medios etiquetan como El príncipe de las tinieblas del Grupo Planeta en Madrid. Casals desayuna frecuentemente en el hotel Ritz con Santamaría. Cifuentes, que ha asentado su proyección política con
constantes apariciones en televisiones, no quiere perpetuar ni
desarrollar este conflicto con ese grupo de comunicación y se propone
preservar sus buenas relaciones con Antena 3, La Sexta y Onda Cero.
La Operación Lezo ha tocado así de lleno al PP y a Cifuentes en un
momento que parecía, en teoría, de su máximo esplendor.
A sus 52 años se
encontraba al fin en posición de gestionar una de las administraciones
con más poder y presupuesto de España (18.538 millones de euros).
Después de haber asumido el mes pasado el mando también en la
presidencia del PP de Madrid se había convertido con el gallego Alberto
Núñez Feijóo en uno de los valores seguros para el futuro de su partido.
