El Gobierno ha de aclarar el fulminante arresto de Rato seguido de su rápida puesta en libertad.
Rato, cuando era ministro de Economía, y Montoro, de Hacienda, en 2000. / gorka lejarcegi
La investigación por la que ha sido detenido el exvicepresidente del
Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional deja abiertos
demasiados interrogantes.
Hace falta aclarar rápidamente la solidez de los indicios que llevaron a tomar esa medida fulminante contra Rodrigo Rato y al registro de su domicilio y de su despacho profesional, actuaciones que se saldaron, sin embargo, con la puesta en libertad del detenido a las pocas horas de iniciadas.
¿Era realmente preciso que un agente le agarrase por el cogote y le introdujera en el coche policial? ¿Es que Rato se había resistido o existen órdenes de actuar así con todos los sospechosos, cualquiera que sea su actitud?
También cabe preguntarse de qué depende que unas veces se espose al investigado por delitos económicos y otras no:
¿del libre albedrío de los agentes o estos deben atenerse a criterios reglados?
No menos confusos son los motivos de que la Fiscalía de Madrid fuera la elegida por la Agencia Tributaria para comunicarle unas indagaciones sobre movimientos en sociedades de Rato fuera de España, y que llevó a aquella a movilizar al juzgado de guardia
. La Fiscalía Anticorrupción, que investiga a Rato por el caso Bankia y el de las tarjetas black, se ha quejado de haber quedado marginada; hasta el punto de que la fiscal general del Estado habrá de dirimir, la semana que viene, a quién le corresponde la competencia.
¿Y por qué la Fiscalía de Madrid cambió de criterio, en cuestión de horas, sobre si Rato debía continuar custodiado?
Cabe temer que a la detención-espectáculo llevada a cabo le sigan lentitudes posteriores de procedimiento, que enfríen la conmoción causada, aunque sin duda asistiremos también a la consabida fase de las filtraciones parciales.
En apariencia, el Partido Popular está preocupado por las consecuencias en un año cuajado de citas electorales. Sin embargo, queda la sensación de que el Gobierno maniobra para distanciarse de Rato y, a la vez, controlar los efectos del nuevo escándalo.
Esa impresión no se disipa con la pequeña colección de banalidades —“da igual el relieve social o político o el poder económico” [de los afectados]— con la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obsequió ayer a los periodistas.
Hacen falta explicaciones mucho más precisas.
Todas estas dudas no despejan la impresión lamentable de que las enérgicas tomas de postura de Rato contra los delitos económicos, cuando era ministro y vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar, se ven enfrentadas ahora a graves sospechas de que él mismo las ha conculcado.
La orden judicial de bloqueo de todas sus cuentas es una medida muy drástica, que da a entender que se estrecha el cerco sobre el patrimonio del exvicepresidente.
Todo ello hace más acuciante saber la verdad, a la que tanto puede contribuir la fiscalía; que, por cierto, depende jerárquicamente del Gobierno.
Hace falta aclarar rápidamente la solidez de los indicios que llevaron a tomar esa medida fulminante contra Rodrigo Rato y al registro de su domicilio y de su despacho profesional, actuaciones que se saldaron, sin embargo, con la puesta en libertad del detenido a las pocas horas de iniciadas.
¿Era realmente preciso que un agente le agarrase por el cogote y le introdujera en el coche policial? ¿Es que Rato se había resistido o existen órdenes de actuar así con todos los sospechosos, cualquiera que sea su actitud?
También cabe preguntarse de qué depende que unas veces se espose al investigado por delitos económicos y otras no:
¿del libre albedrío de los agentes o estos deben atenerse a criterios reglados?
No menos confusos son los motivos de que la Fiscalía de Madrid fuera la elegida por la Agencia Tributaria para comunicarle unas indagaciones sobre movimientos en sociedades de Rato fuera de España, y que llevó a aquella a movilizar al juzgado de guardia
. La Fiscalía Anticorrupción, que investiga a Rato por el caso Bankia y el de las tarjetas black, se ha quejado de haber quedado marginada; hasta el punto de que la fiscal general del Estado habrá de dirimir, la semana que viene, a quién le corresponde la competencia.
¿Y por qué la Fiscalía de Madrid cambió de criterio, en cuestión de horas, sobre si Rato debía continuar custodiado?
Cabe temer que a la detención-espectáculo llevada a cabo le sigan lentitudes posteriores de procedimiento, que enfríen la conmoción causada, aunque sin duda asistiremos también a la consabida fase de las filtraciones parciales.
En apariencia, el Partido Popular está preocupado por las consecuencias en un año cuajado de citas electorales. Sin embargo, queda la sensación de que el Gobierno maniobra para distanciarse de Rato y, a la vez, controlar los efectos del nuevo escándalo.
Esa impresión no se disipa con la pequeña colección de banalidades —“da igual el relieve social o político o el poder económico” [de los afectados]— con la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obsequió ayer a los periodistas.
Hacen falta explicaciones mucho más precisas.
Todas estas dudas no despejan la impresión lamentable de que las enérgicas tomas de postura de Rato contra los delitos económicos, cuando era ministro y vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar, se ven enfrentadas ahora a graves sospechas de que él mismo las ha conculcado.
La orden judicial de bloqueo de todas sus cuentas es una medida muy drástica, que da a entender que se estrecha el cerco sobre el patrimonio del exvicepresidente.
Todo ello hace más acuciante saber la verdad, a la que tanto puede contribuir la fiscalía; que, por cierto, depende jerárquicamente del Gobierno.
