Por una vida digna que no es la que propicia el PP...................Rato: “No quise hacer irregularidades. Todo está mal, pero no lo sabía”

El expresidente de Bankia se desvincula de la gestión de las tarjetas negras, aunque admite que constituían parte de su salario.

Fernando J. Pérez / Íñigo de Barrón  

Estamos en manos de tontos-listos Rato es como Atila pero con bancos cajas y dinero en general.

Ahora se da de baja un tiempito del PP mientras demuestra que como en todas partes es un ladrón, y ¿Por qué Blesa no hace lo mismo? Claro Blesa es fiscal de la Agencia Tributaria esa misma que defraudó, ahora estaba en comisión de servicio para defraudar a su propia Agencia, esa que como te equivoques en un numéro te hacen pagar el 7 veces 7.

 

Rodrigo Rato, tras declarar en la Audiencia Nacional el 16 de octubre. / Bernardo Pérez

Rodrigo Rato llegó a Caja Madrid en enero de 2010 de la mano de Mariano Rajoy, quién le eligió para presidir la cuarta entidad financiera del país después de una batalla interna en el seno del PP.
Lo que sigue es el detalle de la declaración de Rato ante el juez Fernando Andreu, según lo recogieron fuentes presentes en el interrogatorio.
“Yo no decido nada”, empezó contando Rodrigo Rato al juez. “Cuando llego a Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj [director financiero de la entidad] me entrega dos tarjetas. Una es de empresa y la otra me dicen que la puedo utilizar en gastos personales y que está comprendida en mi retribución.
 Me explican que los miembros del consejo y del comité de dirección reciben esta misma tarjeta con topes diferentes. Yo entiendo que es una parte de mi retribución”.Si digo yo eso me ponen un multazo.

Fiscal. ¿Cómo le explican lo de esta tarjeta?
Rato. No me dicen nada, sólo que era para gastos personales, no de empresa.
 Para gastos de representación tenían otra. Yo entendí que era una retribución.
Fiscal. ¿Quién fijó los límites de gasto de esas tarjetas?
Rato. Antes de llegar a la caja ya sabía que existía esto y que había límites.
 No los fijé yo, estaban fijados ya. No pregunté sobre los criterios para fijar esos límites.
 Ni tome ninguna decisión al respecto. No recibí ninguna información que me hiciera pensar que no se estaban pagando impuestos por eso.
 No fue objeto de preocupación por parte de ninguna dirección ni de ninguna auditoría”.
[La documentación incorporada al sumario acredita que con la llegada de Rato se incorporaron a Caja Madrid media docena de nuevos consejeros, a los que se fijó un límite mensual de gasto en sus tarjetas de 6.000 euros, casi el doble de lo que tenían los miembros del consejo hasta ese momento]
Fiscal. ¿Y las retenciones fiscales?
Rato. Si me lo llega a preguntar en su momento le contestó que si se hacían, que era obvio.
Ahora sé que no. Yo creía que se me incluía en el certificado de retenciones.
El departamento fiscal no me dijo nunca nada.. Rato se hace el tonto o lo es?
El fiscal anticorrupción saca en ese momento del interrogatorio una fotocopía del contrato de la tarjeta que utilizó Rodrigo Rato durante su etapa al frente de la entidad financiera y se la muestra.
Rato. “No conocía ese contrato”.
El fiscal intenta que Rodrigo Rato explique por qué no se dio cuenta de que las retenciones en su declaración de la renta no coincidían con las reales, que deberían haber incluido los gastos de las tarjetas si realmente formaban parte de su sueldo.
El ex presidente responde que ahora es fácil detectar ese error y que él solo supo que todo estaba mal en julio de 2014, no antes. “El sistema me lo encontré ya hecho”, declara. “No entiendo por qué paso esto.
 Una tarjeta es lo más transparente a efectos fiscales porque consta todo lo que se hace con ella”.
Fiscal. Esto no era nada transparente.
Rato. No tengo ni idea de quién decidió que esto no fuera algo claro.
Fiscal. Estamos hablando de su retribución... ¿Cómo es que no lo sabía?
Rato. Si lo llego a saber lo hubiera arreglado.
El juez retoma el interrogatorio para volver a recordar a Rato que la Ley de Cajas de Ahorro de Madrid de 2003 prohibía el uso de esas tarjetas para gastos que no estuvieran vinculados a la actividad de la entidad financiera
. Y el ex presidente de Caja Madrid insiste en que creía que era legal. “Yo la norma no la conocía, pero entendía que si el departamento legal lo supervisaba, estaría bien. Nunca me planteé que pudiéramos estar incumpliendo la Ley”.
Juez. ¿No le extraña que ninguna otra caja utilizara este sistema de las tarjetas y que el actual presidente de Bankia lo eliminara?
Rato. No. Yo pensaba que esto era normal. Era conocido desde hacía 15 años.
Juez. ¿No se dio cuenta de que su salario no coincidía con el declarado en el IRPF?
Rato. No se especificaba nada en los certificados.
Juez. ¿Si las tarjetas eran también sueldo, se deberían haber restado de su sueldo?
Rato. No lo puedo saber.
Juez. ¿Quién lo sabía?
Rato. No lo sé.
Antes de finalizar el interrogatorio, el ex vicepresidente económico del Gobierno, ex director gerente del FMI y ex presidente de Bankia, pide al juez decir una última cosa:
“En ningún momento tuve intención de cometer irregularidades.
 Efectivamente, todo estaba mal, pero yo no lo sabía”.

El viaje de Brittany Maynard hacia una muerte digna..................................................... Pablo Ximénez de Sandoval

Tras conocer que tiene cáncer incurable, una mujer de 29 años anuncia la fecha en que se va a quitar la vida y despierta el debate sobre el suicidio asistido en EE UU.

 

Brittany Maynard, en una foto familiar. / AP

Una mujer de California llamada Brittany Maynard va a morir el próximo 1 de noviembre a los 29 años de edad.
 Así lo ha decidido ella misma, tras conocer a principios de este año que tiene un cáncer incurable en el cerebro.
 Antes quería tener hijos. Ahora su único proyecto es llegar en buen estado a celebrar el cumpleaños de su marido, a finales de este mes.
 Si puede, viajará a ver el Gran Cañón. Después, en su dormitorio y rodeada de su familia, se quitará la vida bajo supervisión médica.
 Todo esto lo ha contado en televisión y en un vídeo viral a una audiencia boquiabierta.

Para poder morir con sus propias reglas, sin padecer los cuidados paliativos del cáncer hasta el final, ha tenido que mudarse de Oakland, en California, a Portland, en el estado vecino de Oregón, donde existe una ley de muerte digna.
Allí, un médico puede prescribir los medicamentos necesarios para poner fin a su vida sin sufrimiento.
 El caso empezó a circular cuando Maynard accedió a participar en una campaña para promover este tipo de leyes en todos los estados, y el vídeo en el que explica su decisión ha despertado el debate de costa a costa.
Brittany Maynard se casó el año pasado y planeaba tener hijos pronto.
 Pero unos extraños y fuertes dolores de cabeza le estaban haciendo la vida imposible.
El diagnóstico llegó el 1 de enero de este año. Tiene un tumor llamado gliobastoma multiforme, la forma más agresiva de cáncer en el cerebro
. Los médicos dudan que pueda vivir un año más.
Todo su proyecto de vida ha desaparecido. “Inmediatamente detuve todos mis planes. No puedo traer un niño al mundo sabiendo que no va a tener madre”, decía en una entrevista en NBC el pasado jueves.
 El tratamiento que ha recibido en este tiempo ha deformado su cara y apenas se reconoce en ella a la mujer de las fotos de boda que inundan la Red.

Moriré en casa, en la cama que comparto con mi marido y me marcharé en paz, con la música que me gusta sonando de fondo

En la web de la organización Compassion&Choices, la más importante de EE UU en la defensa del derecho a la muerte digna, recibe al visitante un formulario para enviar su apoyo a Maynard y decirle si te ha conmovido su historia.
“No inicié esta campaña porque quisiera publicidad; de hecho, para mi es difícil de procesar.
 Lo hice porque quiero un mundo donde todos tengan acceso a una muerte digna, como yo.
 Mi viaje es más fácil gracias a esta decisión”.
En el vídeo de la campaña, Maynard muestra los medicamentos con los que piensa acabar con su vida.
 Los lleva en el bolso "para cuando los necesite". Y relata con aplomo cómo ha planificado el momento de su muerte. "Espero estar rodeada por mi familia: mi marido, mi madre, mi padrastro y mi mejor amiga, que es médico.
 Moriré en casa, en la cama que comparto con mi marido y me marcharé en paz, con la música que me gusta sonando de fondo".
Compassion&Choices y Brittany Maynard están intentando que el caso sirva de punta de lanza para extender por EE UU leyes de muerte digna que, por ahora, solo existen en Oregón, Washington, Montana, Nuevo México y Vermont. La familia de Maynard ha hecho un importante esfuerzo para poder cumplir su deseo, como explica ella en un artículo en CNN.
"Instalarme en Oregón para poder hacer uso de la ley exigió cambios monumentales.
 Tuve que encontrar nuevos médicos, establecer mi residencia en Portland, buscar una casa, sacarme un carnet de conducir nuevo, cambiar mi registro de votación, buscar quién se hiciera cargo de mis mascotas, y mi marido Dan tuvo que tomar una excedencia de su trabajo
. La gran mayoría de las familias no tienen la flexibilidad, los recursos y el tiempo para hacer estos cambios".

Las encuestas muestran un amplio apoyo al suicidio asistido, pero dependiendo de cómo se plantee

El suicidio asistido es un debate que está lejos de ser central en EE UU, pero cuando a los estadounidenses se les pregunta directamente, parecen estar a favor de la elección personal.
 Una encuesta de Gallup publicada el año pasado revela un amplio apoyo al suicidio asistido, aunque la propia empresa de encuestas advertía de que depende de cómo se presente al público.
 Si se presenta como "acabar con la vida del paciente por medios no dolorosos", el 70% está a favor. Pero si se pregunta por "ayudar al paciente a suicidarse", la cifra baja al 51%, aunque se esté hablando de lo mismo
. Otra reciente encuesta de Pew Research Center revela un apoyo del 66% a la idea de que hay circunstancias en las que a un paciente se le debe permitir morir.
En Oregón el año pasado 122 personas recibieron los medicamentos para acabar con su vida dentro de la ley de suicidio asistido y 71 de ellas los utilizaron, según datos oficiales.
 El 97% de ellos murieron en su casa. Las cifras se han multipicado por cinco desde que la ley se puso en marcha en 1997.
 Las tres causas más citadas para pedir los medicamentos de muerte digna, según su definición oficial, son pérdida de autonomía; pérdida de capacidad para participar en actividades que permiten disfrutar de la vida; y pérdida de dignidad.
En el vecino estado de Washington (noroeste), el año pasado murieron 173 personas legalmente asistidas por médicos. El 77% de ellas tenían cáncer, según los datos oficiales.
La revista The Economist ha aprovechado el tema para retomar su apoyo al derecho a la muerte digna. "
El efecto más importante del derecho a morir es restituir cierta sensación de control cuando se enfrenta una incertidumbre dolorosa, costosa y a menudo trágica", decía en un artículo sobre Maynard esta semana.
En una entrevista emitida en CBS el pasado día 15, Maynard volvía a emocionar a la audiencia, que espera el desenlace en apenas diez días: “Todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo para que yo no sufra
. Y yo tampoco quiero que ellos sufran, porque verme morir durante mucho tiempo en un hospital sería demoledor, no solo para mi sino para todos”.

Las formas de la eutanasia

EMILIO DE BENITO

Los avances médicos y éticos han cambiado y complicado entender los términos que se mezclan al hablar de muerte diga. Este concepto ha sustituido al inicial de eutanasia (buena muerte en griego), pero según países y legislaciones tiene distintos conceptos.
Suicidio médicamente asistido. Es la modalidad que ha elegido Brittany Maynard: un médico le facilita la combinación de fármacos que le causarán la muerte, pero tiene que tomarlos el afectado. En Europa se permite en Suiza por medio de un vacío legal.
 En España esta práctica, entendida como cooperación necesaria con el suicidio de una manera general, no en enfermos terminales, tiene de una manera genérica un castigo, según el Código Penal, de dos a cinco años de prisión.
 Pero la legislación española establece que si hay “petición expresa, seria e inequívoca” de un enfermo con “una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar” la condena será “uno o dos grados” menos.
Eutanasia propiamente dicha. En este caso, el médico aplica la combinación letal con el fin de acabar con la vida de un enfermo terminal.
El afectado puede estar inconsciente si ha dejado establecido claramente antes, cuando estaba en plenas facultades mentales, que esa era su voluntad.
En Europa solo lo permiten Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Sedación terminal. Esta práctica es legal en todos los países occidentales y se basa en la idea de que ante el sufrimiento de un enfermo terminal, lo que importa es aliviarle el dolor u otros síntomas, y ello debe hacerse incluso aunque la medicación usada pueda tener como efecto secundario que acorte su vida.
 Necesita el consentimiento del paciente, y, básicamente, se diferencia de una eutanasia en el objetivo de la intervención médica
. En la sedación es quitar el dolor u otros síntomas.
 En la eutanasia se busca directamente la muerte.

Y Aznar, callado

Un compromiso político entre el Partido Popular y Comisiones Obreras está en el origen del nombramiento de Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid, la entidad de la que ahora se ha sabido que tenía organizado un sistema de gastos opacos en beneficio de su consejo de administración y de los miembros de la comisión de control.
José María Aznar, que no ha dejado de pronunciarse sobre numerosos asuntos en los diez años que lleva fuera del Gobierno de España, mantiene silencio sobre la operación por la que se colocó al frente de Caja Madrid a una persona sin experiencia bancaria alguna, cuyo mejor mérito para el cargo era la amistad con el entonces presidente del Gobierno.

Editoriales anteriores

Pocos meses después de la instalación de Aznar en La Moncloa, la organización madrileña de su partido firmó el extenso pliego de contrapartidas a Comisiones Obreras que permitió derribar al prudente gestor anterior de Caja Madrid, Jaime Terceiro, y sustituirle por Blesa, compañero de estudios de Aznar, que trabajaba de asesor fiscal.
 El proceso que condujo a ese desenlace (en una entidad con 8 millones de clientes) fue representativo de lo sucedido en la primera legislatura del PP, cuando su presidente y jefe del Ejecutivo también hablaba catalán en la intimidad, si era preciso, para lograr el apoyo de Jordi Pujol.
No solo es grave que se haya producido la presunta ocultación y tergiversación de retribuciones por parte de los gestores de Caja Madrid, sino que se multiplicaron las retribuciones oficiales de consejeros y directivos, se centuplicaron las operaciones de riesgo y se cavó la fosa en la que terminó la entidad
. El actual equipo de Bankia ha sacado a la luz esos desmanes, después de un rescate que ha costado algo más de 22.000 millones de euros a los contribuyentes.
La imagen de la buena gestión desarrollada por los Gobiernos de Aznar, con Rodrigo Rato de principal responsable económico, ha dado paso a más y más interrogantes a medida que se conocen, tardíamente, los lodos procedentes de aquellos tiempos.

 Que debe explicar el PP, pero también los demás partidos políticos y sindicatos que participaron en la gestión de las cajas arruinadas.
Despreciar valores como el mérito y la capacidad es lo peor que se puede hacer en todo tipo de organizaciones; no digamos las del sector financiero.

Blesa: “Pensé que sí se declaraban las tarjetas, nadie me dijo nada”............................................. Íñigo de Barrón / Fernando J. Pérez

“Nunca imaginé que las retenciones no incluyeran ese gasto”, señala al juez.

 

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa a su salida de la Audiencia Nacional / Bernardo Pérez

Los dos últimos presidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa (1996-2010) y Rodrigo Rato (2010-2012), elegidos a dedo para el puesto por José María Aznar y Mariano Rajoy, se pusieron un sueldo de casi tres millones de euros al año como máximos responsables de una entidad financiera que llegó a tener 10 millones de clientes y 200.000 millones de euros en depósitos.
A esa retribución millonaria, ambos ex presidentes añadieron el disfrute de una tarjeta visa oro con la que sacaron en efectivo grandes cantidades de dinero para su lucro e hicieron cientos de gastos particulares sin declararlos en ningún caso a Hacienda como complemento retributivo.
En la declaración del pasado jueves en la Audiencia Nacional, ambos alegaron a preguntas del juez y del fiscal que ignoraban esta situación ilegal mantenida durante todo su mandato, según indicaron a este periódico fuentes presentes en el interrogatorio.

Las respuestas de Blesa y Rato sobre el desconocimiento del funcionamiento ilegal de la entidad financiera que presidían no convenció al juez Fernando Andreu.
 El magistrado impuso para ambos, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, unas fianzas de responsabilidad civil de 16 millones de euros (Blesa) y tres millones (Rato) que deberían depositar antes de mañana bajo amenaza de embargo si no consiguen reunir esas cantidades.
Blesa pretende que la aseguradora Mapfre abone por él la fianza de 16 millones.
 Su abogado, Carlos Aguilar, presentó el pasado viernes en la Audiencia un escrito en el que solicitaba al juez Andreu que pidiera a Mapfre, como entidad con la que los exdirectivos de Caja Madrid habían suscrito un seguro que cubre la responsabilidad civil, que adelantara los 16 millones. El magistrado instructor rechazó de plano la posibilidad de que sea él quien le reclame la fianza a la aseguradora y ha indicado a Rato que se atenga a los términos de la resolución en la que le impuso la fianza.
Blesa llegó a Caja Madrid de la mano del PP en 1994 y en 1996 fue elegido presidente tras un pacto de los populares con los representantes de IU y Comisiones Obreras en la entidad financiera. Blesa aseguró al juez que recibió la tarjeta en 1994, con Jaime Terceiro de presidente. “Supongo que me dio la tarjeta el secretario general del Consejo de Administración.
 Me dijeron que era un complemento retributivo y para gastos de representación”, explicó al juez al comenzar su interrogatorio.
“Al llegar a presidente (en 1996) me dieron dos tarjetas, la que tenía y otra, de empresa.
 Me las entregó el responsable de Recursos Humanos, Manuel Gutierrez.
 A los nuevos miembros del Consejo se les dio una tarjeta de estas, era una práctica desde los ochenta. Yo no pregunté por los fundamentos jurídicos de las tarjetas, era consuetudinario, una costumbre”.
Blesa aseguró que en la reunión de una comisión ejecutiva de Caja Madrid, en 1988, se discutió en el turno de ruegos y preguntas el asunto de las retribuciones porque el Banco de España había restringido las dietas y buscaron una solución para compensar los gastos ante lo poco que cobraban. En 1994, según la versión de Blesa, hay documentos que acreditan la aprobación de un sistema de tarjetas visa de empresa para los miembros del consejo y de la comisión de control para “gastos de representación”.
Fiscal. ¿Quién fijaba los límites de gasto de esas tarjetas?
Blesa. A mí me hacían las propuestas los de recursos humanos.
 Yo daba el visto bueno y lo aprobaba el comité de Medios. Los beneficiarios eran los miembros del consejo, de la comisión de control y todos los miembros del comité de dirección
. La tarjeta se podía utilizar para gastos personales y para gastos de la empresa.
Fiscal. ¿Y las retenciones fiscales de esos gastos personales?
Blesa. A mí nadie me dijo nada sobre si había que declararlas o no.
 Pensaba que sí se declaraban, pero no lo sabía. Me ha sorprendido que no se hiciera. Lo he descubierto ahora.
Blesa, que es inspector de Hacienda en excedencia, detalló que sólo los miembros del comité de dirección tenían dos tarjetas.
Y que todos debían rendir cuentas de las tarjetas de empresa, aunque en los informes de gobierno corporativo y en sus comunicaciones al Banco de España no aparece rastro de esos gastos. “Supongo que el Banco de España lo conocía porque debían tener conocimiento de todo”, señaló Blesa.
Fiscal. ¿Pero informaban ustedes al Banco de España?
Blesa. Yo no llevaba las relaciones con el Banco de España.
 Supongo que se lo comunicábamos.
Fiscal. ¿Esa forma de contabilizar el gasto de las tarjetas en una cuenta de “fraudes” permitía a los destinatarios de esa contabilidad conocer que allí había retribuciones? ¿Esto no es muy oscuro?
Blesa. Auditoría Interna debería haberlo podido ver.
 No sé quién tomó esta decisión. Ahora me llama la atención, antes no. No había ninguna cuenta opaca
. Yo he regularizado ahora todo, porque nunca imaginé que las retenciones que nos remitían del departamento correspondiente no incluyeran eso
. No me llamó la atención porque era el 1% o 2% de lo que cobraba, no era una cantidad llamativa.
El juez interviene entonces para recordar a Miguel Blesa que el artículo 24 de la Ley de Cajas de Ahorro de Madrid, vigente desde 2003 a 2011, señalaba que nadie puede cobrar nada que no sean dietas y gastos en los que incurra por acudir a los consejos.
 También le recuerda que los gastos sólo se pueden cobrar previa justificación documental. ¿Cómo se encaja esto de las tarjetas en la Ley?, pregunta el magistrado. El ex presidente de Caja Madrid no sabe qué responder.
La declaración de Blesa apuntala la convicción del fiscal y del juez sobre la existencia de suficientes indicios de delito de administración desleal.
 El juez, con el impulso del fiscal, impone una fianza civil de 16 millones de euros a quien fue presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010.