El juez José Castro ha decidido imputar a la I
nfanta Cristina de Borbón
por los delitos de supuesto blanqueo de capitales en la gestión y
manejo de fondos sospechosos generados por los negocios sucios de su
esposo
Iñaki Urdangarin
y contra la Hacienda pública. En un auto de 227 folios, el magistrado
cita a la hija del Rey a declarar el próximo 8 de marzo a las diez de la
mañana en Palma de Mallorca, en el marco del sumario por supuesta
corrupción del
caso Urdangarin, también llamado
caso Nóos.
En esta causa se investiga por malversación de caudales públicos al
yerno de don Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres
.
Ambos están bajo sospecha judicial tras embolsarse 5,8 millones de
euros a través de su Instituto Nóos –que se definía "sin ánimo de
lucro"- en sus tratos con los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de
Baleares, ambos del PP. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach,
que no ha visto elementos para implicar a la Infanta, pedirá más de 12 años de cárcel para su esposo por los supuestos delitos cometidos, entre ellos dos delitos fiscales.
El juez Castro ha estado nueve meses centrado de manera casi exclusiva en
reconstruir un retrato de la vida financiera y tributaria de Cristina de Borbón,
ha rastreado sus cuentas, tarjetas, facturas y gastos, sus propiedades y
declaraciones fiscales.(no debe tener mucho que hacer, llevan ya así años y a Orteguita por una pelea, le caen ipsopfacto 8 años de cárcel de forma fulminante y con este caso Noos llevan años)
En la causa existe una biografía completa de la
actividad económica privada de Cristina de Borbón entre 2002 y 2012. En
el auto, el juez sostiene que existen indicios penales suficientes para
contrastar directamente con la protagonista los hechos y su supuesta
responsabilidad penal.
La citación de la también duquesa de Palma –que no tiene un foro
especial ante los tribunales- la efectúa el juez con la oposición
abierta de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, el
abogado de Urdangarin y su propio defensor.
El fiscal y los letrados exoneran a la hija del Rey y sostienen que ella no participaba en las actividades de la empresa de esposo e ignoraba todos los detalles financieros.
Tan solo el sindicato ultra Manos Limpias reclama la implicación penal de la hija del Rey.
José Castro argumentó en su día la necesidad de investigar y tomar
declaración a Cristina de Borbón desde dos reflexiones: "Evitar que la
incógnita [sobre el papel de la Infanta] se perpetúe" y no desdecir la
máxima que establece que la "justicia es igual para todos".!Ja!
La defensa de la Infanta anuncia que recurrirá la imputación
EUROPA PRESS
El abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca i Junyent, ha
anunciado este martes que recurrirá ante la Audiencia de Palma la
imputación de la duquesa de Palma y se ha mostrado "absoluta y
plenamente convencido" de su inocencia.
En declaraciones a las puertas de su despacho de abogados en
Barcelona, Roca ha admitido que "no es una situación agradable" y ha
asegurado que que los criterios para imputar a su defendida son los
mismos que la última vez y siguen sin tener fundamento, pese a que el
auto del juez es "más extenso y acotado".
"No descarto la posibilidad de que a lo mejor no recurramos, si
tantas ganas tiene el juez de oír las explicaciones de la Infanta y
realizarse como persona", ha añadido el abogado Jesús Maria Silva, que
defiende a la Infanta Cristina junto a Miquel Roca.
Si la Audiencia de Palma no bloquea la imputación y no desautoriza al
juez -como ya ocurrió en un primer auto del mes de abril de 2013 en el
mismo sentido-, la Infanta Cristina deberá comparecer en el juzgado de
Palma para ser interrogada en relación con el manejo de fondos de origen
ilícito, nacidos de los supuestos negocios sucios del yerno del Rey,
Iñaki Urdangarin, en Nóos
. También están bajo la lupa del juez las
partidas económicas generadas en la sociedad patrimonial Aizoon,
propiedad del matrimonio Urdangarin-Borbón.
El instructor, sobre la base de los reiterados informes y análisis
que encomendó a la Agencia Tributaria y a la Policía de Delincuencia
Económica, ha razonado y trabado con cifras y citas la estructura de su
resolución.
El juez Castro tenía dos salidas tras agotar sus vías indagatorias
sin interrogar a la investigada: implicar a la hija del Rey y emplazarla
en su juzgado; o, por el contrario, archivar definitivamente la pieza
de la causa abierta sobre ella por la inexistencia de elementos de base
para articular una acusación.
El juez Castro, por indicación de la Audiencia, trazó "una línea de
investigación tendente a acreditar o descartar la posible comisión" del
delito, por el manejo de partidas de origen sucio logradas por su
marido, Urdangarin, y la sociedad común Aizoon.
La Infanta y su esposo
gastaron cerca de seis millones en la compra de su palacete de Pedrales y
más de tres en obras y decoración. Todas las facturas y partidas de la
reforma han sido expurgadas por el juez.
El fiscal, en contra
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que hace tres años impulsó el
caso Urdangarin
con el juez José Castro, difiere del criterio del instructor sobre la
Infanta al sostener que se da "la inexistencia de indicios
incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación".
Además,
Horrach indica que "no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que
es, sino por lo que ha hecho" e, insiste, "por su presunta participación
en los hechos delictivos y no por su condición".
A su vez, el fiscal
general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce,
que al menos en media docena de veces ha explicado, en los últimos
meses, que no hay indicios para imputar a la Infanta, rechaza un trato
de favor de la hija del Rey por parte del ministerio público.
"No hay
ningún trato de favor. Sería un trato de desfavor hacer lo contrario de
lo que uno piensa justificadamente en Derecho", ha asegurado.
La Zarzuela no quiere repetir en esta ocasión los errores de la otra
vez que doña Cristina fue imputada, en abril del año pasado, y
este martes se ha limitado a señalar: "Respetamos todas las decisiones judiciales"
. El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno,
en una entrevista concedida a TVE, opinó hace unos días que los tres años de instrucción del
caso Urdangarin
han sido un "un martirio", por el publicación constante de noticias.
Se
da la circunstancia de que, semanas antes, el juez Castro había
reprochado a dos instancias gubernamentales, la Agencia Tributaria y la
Policía,
la "gran tardanza" emitir sus últimos informes encomendados sobre la Infanta y Aizoon, lo que motivaba una retraso a su juicio innecesario en la conclusión de la investigación judicial.
El instructor Castro argumentó la necesidad de tomar declaración a la
hija del Rey y reflexionó que sería "una clara contradicción a la
práctica cotidiana de los juzgados y tribunales, que en casos similares
es muy escasamente probable que prescindieran de este trámite", el no
llamar a declarar.
Es decir, imputarla para interrogarla disiparía
cualquier "sombra de sospecha" de favoritismo sobre ella
. Lo expresó ya
así abril de 2013, en su primer auto sobre la Infanta.
Embargo del palacete de Pedrables
En noviembre
el juez embargó la mansión de 1.000 metros cuadrados en Barcelona
cuya propiedad comparten a medias la Infanta y su esposo, Iñaki
Urdangarin.
La gran casa fue puesta en venta por 10 millones de euros al
trasladarse la familia a Suiza.
El juez Castro bloqueó el palacete y
otros 15 bienes porque el yerno del Rey y su exsocio Diego Torres no
hicieron frente a la fianza de responsabilidad civil, solidariamente
para ambos, de 6,1 millones.
La Audiencia rebajó la fianza inicial para no cargar dos veces el IVA
en los cobros con la Administración, pues Urdangarin alertó al juzgado
de que en el caso de un doble pago tributario (el IVA ya abonado)
sufriría un "injusto empobrecimiento".
Según la Audiencia de Palma,
Aizoon, la sociedad de los duques, era usada de pantalla para blanquear
los fondos ilícitos o evitar el pago de impuestos.
Aizoon tenía su sede
en el palacete, y los duques urdieron y declararon un alquiler ficticio
–a sí mismos- que Hacienda rechazó como gastos a desgravar.
La policía
examinó también las cuentas de la reforma del palacete para saber qué
personas y empresas operaron y de qué manera facturaron los trabajos de
"rehabilitación, suministros y mantenimiento" de la vivienda en
Barcelona.
Aizoon, la sociedad pantalla sin estructura
Aizoon era la sociedad en la que el esposo de la Infanta ingresaba
cientos de miles de euros anuales –hasta más de un millón- procedentes
de sus contratos con las Administraciones a través del Instituto Nóos y
las firmas privadas
. Un informe de la Agencia Tributaria señala que, en
cuatro años de actividad de Nóos (2004-2008), de los casi 10 millones de
euros logrados, al menos 6,4 millones
acabaron en las arcas de empresas privadas
propiedad de Urdangarin, de Torres o de ambos
. Hacienda concluye que en
el conglomerado de empresas de Urdangarin y Torres se cruzaban facturas
"bajo conceptos extremadamente genéricos o imprecisos", por "importes
redondos" y con múltiples duplicidades respecto de proveedores externos,
así como incongruencias, inexistencia del servicio pretendidamente
prestado y "en el extremo" de falsificación material de la factura.
La
tesis exculpatoria del fiscal es que
la Infanta no gestionaba Aizoon pese a ser accionista y administradora formal, asistir a sus juntas y firmar sus actas.
Entre 2004 y 2006, Aizoon, la empresa de Urdangarin y la Infanta,
gira facturas a otras empresas del grupo por prestación de servicios,
pese a que en aquella época carecía de "estructura empresarial".
"El
resto de entidades [del conglomerado de Urdangarin y Torres] devienen
meros instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos por
medio de la marca Nóos entre sus dos propietarios y dirigentes".
Fuera de la agenda de actos de la Casa del Rey
Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina están
fuera de la agenda de actividades oficiales de la familia real.
Al trascender la implicación de Urdangarin en el caso, desde La
Zarzuela se tildó su actuación de "poco ejemplar" y quedó marginado de
las activididades protocolarias.
El exjugador de balonmano del Barça y
de la selección española ha sido llamado a declarar como imputado ante
el juez.
Está imputado y con fianza de responsabilidad civil no personal
carcelaria de 6,1 millones.
Su esposa también está apartada de la
agenda de actos de la Casa del Rey, antes incluso de que ella también se
viera relacionada con las investigaciones del escándalo que comenzó a
protagonizar su marido con su exsocio Diego Torres.
