La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), no aceptó el pasado
miércoles, durante una comparecencia ante los medios, que existiera
riesgo para la salud de los ciudadanos debido a la
huelga de barrenderos.
Pero apenas 48 horas después, el área municipal de Medio Ambiente
declaró mediante decreto “una situación de extraordinaria y urgente
necesidad” debido al “riesgo para la sanidad ambiental” y “riesgo para
la salud de las personas que viven y visitan” la ciudad. Sin embargo, el
Ayuntamiento silenció esa situación.
Hasta hoy.
Entre el viernes y hoy no se la comunicó a los ciudadanos, ni emitió
una alerta preventiva para “menores, enfermos, ancianos o personas con
discapacidad”, los más afectados según el propio decreto.
Tampoco alertó
de que se había detectado un incremento de insectos y ratas por los
desperdicios acumulados en las calles.
El decreto se ha conocido hoy, cuatro días después, al ser publicado en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid
(BOAM).
¿Para qué sirvió entonces detectar riesgo sanitario si los
ciudadanos no se enteraron ni pudieron tomar medidas preventivas?
Porque
justificó legalmente la intervención de
la empresa Tragsa para realizar el trabajo de los barrenderos.
Otra huelga más
- Los 251 trabajadores de la unión temporal de empresas Luz Madrid irán a una huelga indefinida el 2 de diciembre por la “incertidumbre” que les causa el nuevo contrato de alumbrado público municipal.
- El Ayuntamiento aprobó en octubre un contrato de gestión energética de 786 millones para ocho años, que incluye farolas, semáforos y fuentes ornamentales.
- El edil de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, avanzó entonces su
esperanza de que la nueva adjudicataria contrate a los empleados que
ahora prestan ese servicio porque son los más capacitados.
- Los trabajadores denuncian que el pliego de condiciones del contrato
“no ampara ningún tipo de subrogación de los actuales empleados” y
lleva “a una indefensión injusta”.
- La edil de IU Raquel López augura que habrá “muchas huelgas” más para “parar los pies” al Ayuntamiento con los nuevos contratos integrales.
El Ayuntamiento afirma en el decreto que existe “una acumulación
excesiva de residuos y suciedad”, y culpa de ello al incumplimiento de
los servicios mínimos.
La huelga comenzó el día 5 y acabó el pasado
domingo, tras un acuerdo de concesionarias (OHL, Ferrovial, Sacyr y FCC)
y sindicatos (CC OO, UGT y CGT). Los servicios mínimos exigían que
trabajaran cuatro de cada diez barrenderos
. Según el Ayuntamiento,
apenas lo hicieron tres de cada diez.
Además, según el decreto, la
llegada de residuos al vertedero de Valdemingómez procedentes de la
limpieza viaria cayó un 90%.
Botella dio 48 horas a las concesionarias para respetar los servicios
mínimos
. Cuando expiró el plazo, a las cinco de la tarde del pasado
viernes, denunció su incumplimiento ante la justicia, y
ordenó la intervención de Tragsa.
Para lo primero, el edil de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito,
acudió a las siete de la tarde en persona a los juzgados de plaza de
Castilla.
Horas después, a las cinco de la madrugada, la propia Botella
supervisó el despliegue de Tragsa
. Sin embargo, en ningún momento se
comunicó a los ciudadanos la “situación de extraordinaria y urgente
necesidad”, ni el riesgo que existía para su salud.
De hecho, el
Ayuntamiento negó reiteradamente a EL PAÍS los informes a partir de los
cuales se tomó esa decisión, alegando que no había riesgo sanitario ni
necesidad de crear alarma social.
Esos informes, elaborados por el organismo municipal Madrid Salud,
que es quien tiene las competencias de salud pública en la capital,
alertaban de “un deterioro importante de la sanidad ambiental”
. De
hecho, la finalidad de la intervención de Tragsa era, según el decreto,
“la recuperación de las condiciones de higiene y salubridad con especial
urgencia”.
“La acumulación de gran cantidad de suciedad y residuos” en
“calzadas, aceras y zonas de juegos infantiles” provocó “el aumento de
la proliferación de vectores-plaga” (ratas, insectos, etcétera).
Y añade el decreto:
“Todo ello está suponiendo un riesgo para la
sanidad ambiental de determinada zonas de la ciudad especialmente
sensibles por la densidad de población expuesta o por el mayor riesgo de
exposición a población especialmente vulnerable, e implicando un riesgo
para la salud de las personas que viven o visitan nuestra ciudad y,
especialmente, para aquellas en situación de especial protección como
son menores, enfermos, ancianos, personas con discapacidad o diversidad
funcional”.
¿Por qué no se informó de ello a la ciudadanía?
El Ayuntamiento alega
como prueba de que no lo ocultó es que se publicara hoy en el BOAM
(cuatro días después de dictarse el decreto y una vez acabada ya la
huelga). Niega, además, que declarara la alerta sanitaria y señala que
nunca dijo que no hubiera riesgo para la salud, pese a las declaraciones
de Botella en ese sentido.
Esta mañana, en su intervención ante la comisión de Medio Ambiente,
Diego Sanjuanbenito reiteró que “existió un intento deliberado para que
las calles estuvieran en el peor estado”. “Pretendieron llevaron a
Madrid al límite pero no lo consiguieron.
El Ayuntamiento ha hecho lo
que tenía que hacer, defender los derechos de los ciudadanos, y su
actuación ha sido decisiva para resolver el conflicto”, añadió el
concejal.
El edil de UPyD Jaime de Berenguer le acusó de “liarla parda”,
“desviando luego el foco hacia las personas que hicieron huelga”.
Denunció la “inacción y falta de liderazgo” de Botella, y consideró que
los madrileños son “prisioneros” de la gestión del PP, que “ha quebrado
la ciudad” construyendo “edificios innecesarios” y ahora “no tiene
dinero para limpiar, un servicio básico”.
Raquel López (IU) recordó que había advertido “23 veces” al
Ayuntamiento de que el contrato de limpieza viaria provocaría un
conflicto como el que ha atenazado a la ciudad en las últimas dos
semanas, debido a la “rebaja temeraria” en el pago a las concesionarias.
“La culpa es de ustedes, no de los trabajadores. Es una vergüenza que
intentaran transgredir el derecho de huelga”, añadió en referencia a la
intervención de Tragsa.
El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que ya avisó la
semana pasada del posible riesgo sanitario, tachó de “gravísima
irresponsabilidad” que no se informara a la ciudadanía, algo
“injustificable”, en su opinión. Botella “ha jugado con la salud de los
madrileños”, añadió.
“Debería haber informado del riesgo para la salud,
como lo hace cuando hay contaminación excesiva.
La alcaldesa tiene que
dimitir”, zanjó Lissavetzky.
