Van a cumplirse dos años desde las últimas elecciones.
Sí, sólo dos
años, aunque parezca que Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro, Mato, Wert
y demás conmilitones lleven burlándonos una eternidad.
Como me
considero un hombre común, estoy convencido de no ser el único al que lo
siguiente causa perplejidad: en este periodo se han aplicado
incontables recortes en todo lo habido y por haber, pero sobre todo en
lo que a la gente le importa más, con el consiguiente deterioro en
sanidad, educación, ciencia, investigación, cultura, limpieza y
transportes públicos.
Las partidas presupuestarias han caído en todos
los ámbitos; los enfermos “copagan” sus medicamentos (es decir, los
pagan dos veces); los “dependientes” se han quedado sin asistencia y
algunos pacientes crónicos han de contribuir a sufragar las ambulancias
que los transportan para sus tratamientos; la electricidad ha subido
varias veces, mientras los sueldos bajan o permanecen congelados desde
hace años y en cambio el IPC continúa creciendo; los pensionistas han
visto mermado su escaso poder adquisitivo (un aumento del 0,25% anual es
una merma salvaje, teniendo en cuenta cuánto más se encarece la vida);
en el Ejército empieza a faltar personal de adiestramiento; el mal
funcionamiento de los organismos públicos se ha agravado por la
reducción de plantillas; se jubila por la fuerza a médicos y sus plazas
no se cubren, y lo mismo sucede con los profesores, de secundaria y de
estudios superiores; las tasas universitarias están por las nubes, se
restringe la concesión de becas.
Todos los impuestos nos han sido
elevados, en contra de lo prometido por el candidato Rajoy.
En vez del
15%, nos retienen el 21%, y esa medida “transitoria” ya está prorrogada
para 2014.
También el IVA está en el 21% para casi todo, y eso ha
conducido al cierre de cines y teatros y a la pérdida de más y más
empleos
. El presupuesto para bibliotecas públicas fue de cero euros en
2013. Según Sérvulo González, de este diario, “La carga fiscal nunca ha
sido tan alta en al menos dos décadas …
Rajoy ha impulsado la mayor
subida tributaria de la historia reciente …
Pero las bases imponibles
siguen en caída libre debido a un empobrecimiento de los hogares (hay
menos renta que gravar, menos consumo y las empresas ganan menos)”.
Estamos en manos de incompetentes que además carecen de escrúpulos
No hemos acabado, se rasca hasta el miserabilismo: las gasas, tiritas
y demás, que hasta ahora soportaban un IVA del 10%, lo acarrearán en
breve del 21%.
Los bancos, no se olvide, han recibido miles de millones
de los contribuyentes, pero niegan líneas de crédito a la mayoría de
pequeñas y medianas empresas, así como a los particulares que los
salvaron de la bancarrota.
La perplejidad es elemental: ¿cómo puede ser
que todos estos brutales recortes y ahorros, y toda esta monstruosa
operación recaudatoria (un saqueo, un expolio en regla),
no sirvan nunca de nada?
Está previsto que el paro crezca aún más, las empresas siguen
arruinándose, los comercios echan el cierre, el consumo está por los
suelos. El déficit empeora y la deuda apenas mejora.
¿Dónde va a parar
todo ese dinero, el que no se gasta en servir a los ciudadanos y el que
se les sustrae con variadas triquiñuelas legales? ¿Por qué nada surte
efecto?
Hay una respuesta obvia: estamos en manos de incompetentes que
además carecen de escrúpulos.
Pero ¿tan incompetentes? Excede toda
verosimilitud. Para la ausencia de escrúpulos no hay límite de
verosimilitud.
Lo prueba que, en medio de esta depauperación general, el Gobierno
cuente con unos 600 “asesores”, es decir, individuos opacos designados
libremente y a los que nadie ha votado, y que, al no ser funcionarios,
tampoco ven rebajados ni congelados sus arbitrarios sueldos. El
Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, cuenta con 262, y el de Madrid no
se sabe si con 231 o 254, mientras el de París, con más millones de
habitantes, se asesora sólo con 36, según Acosta Vera, lector de este
diario.
Multipliquen por el número de ciudades de España. Añadan los
“asesores” de los 17 gobiernos autonómicos, y les saldrán millares de
personas nombradas a dedo, en su mayoría inútiles y parasitarias (ya se
ve cómo funciona todo) y que cobran cantidades misteriosas de los
Presupuestos del Estado. Lo más sangrante, con todo, es esto: si alguien
es Presidente, ministro, alcalde, consejero autonómico o concejal, se
supone que posee conocimiento y criterio para desempeñar su cargo y que
no necesita de ningún asesor, no digamos de 262. Es como si yo no
escribiera mis libros –aunque los firmara– y tuviera a mi disposición un
nutrido equipo de “consejeros” y “negros”, por qué no.
De la misma
manera que si soy novelista se da por descontado que sé escribir mis
novelas y decido en ellas sin ayuda de nadie, y me documento si me toca
hacerlo, de un cargo público debe esperarse que él o ella sean sus
propios “asesores”, y que dimitan si no es así y dejen su puesto a quien
sepa de verdad.
O bien que el salario de los 262 “asesores” de
Barcelona, los 231 de Madrid y los 600 del Gobierno central se reste de
los que respectivamente perciben Xavier Trias, Ana Botella y Mariano
Rajoy.
Al fin y al cabo, el primero tiene el sueldo político más elevado
de España.
Lo cual, dicho sea de paso, también carece de explicación, e
incluso de verosimilitud.
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