Van a cumplirse dos años desde las últimas elecciones.
Sí, sólo dos años, aunque parezca que Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro, Mato, Wert y demás conmilitones lleven burlándonos una eternidad.
Como me considero un hombre común, estoy convencido de no ser el único al que lo siguiente causa perplejidad: en este periodo se han aplicado incontables recortes en todo lo habido y por haber, pero sobre todo en lo que a la gente le importa más, con el consiguiente deterioro en sanidad, educación, ciencia, investigación, cultura, limpieza y transportes públicos.
Las partidas presupuestarias han caído en todos los ámbitos; los enfermos “copagan” sus medicamentos (es decir, los pagan dos veces); los “dependientes” se han quedado sin asistencia y algunos pacientes crónicos han de contribuir a sufragar las ambulancias que los transportan para sus tratamientos; la electricidad ha subido varias veces, mientras los sueldos bajan o permanecen congelados desde hace años y en cambio el IPC continúa creciendo; los pensionistas han visto mermado su escaso poder adquisitivo (un aumento del 0,25% anual es una merma salvaje, teniendo en cuenta cuánto más se encarece la vida); en el Ejército empieza a faltar personal de adiestramiento; el mal funcionamiento de los organismos públicos se ha agravado por la reducción de plantillas; se jubila por la fuerza a médicos y sus plazas no se cubren, y lo mismo sucede con los profesores, de secundaria y de estudios superiores; las tasas universitarias están por las nubes, se restringe la concesión de becas.
Todos los impuestos nos han sido elevados, en contra de lo prometido por el candidato Rajoy.
En vez del 15%, nos retienen el 21%, y esa medida “transitoria” ya está prorrogada para 2014.
También el IVA está en el 21% para casi todo, y eso ha conducido al cierre de cines y teatros y a la pérdida de más y más empleos
. El presupuesto para bibliotecas públicas fue de cero euros en 2013. Según Sérvulo González, de este diario, “La carga fiscal nunca ha sido tan alta en al menos dos décadas …
Rajoy ha impulsado la mayor subida tributaria de la historia reciente …
Pero las bases imponibles siguen en caída libre debido a un empobrecimiento de los hogares (hay menos renta que gravar, menos consumo y las empresas ganan menos)”.
No hemos acabado, se rasca hasta el miserabilismo: las gasas, tiritas y demás, que hasta ahora soportaban un IVA del 10%, lo acarrearán en breve del 21%.
Los bancos, no se olvide, han recibido miles de millones de los contribuyentes, pero niegan líneas de crédito a la mayoría de pequeñas y medianas empresas, así como a los particulares que los salvaron de la bancarrota.
La perplejidad es elemental: ¿cómo puede ser que todos estos brutales recortes y ahorros, y toda esta monstruosa operación recaudatoria (un saqueo, un expolio en regla), no sirvan nunca de nada? Está previsto que el paro crezca aún más, las empresas siguen arruinándose, los comercios echan el cierre, el consumo está por los suelos. El déficit empeora y la deuda apenas mejora.
¿Dónde va a parar todo ese dinero, el que no se gasta en servir a los ciudadanos y el que se les sustrae con variadas triquiñuelas legales? ¿Por qué nada surte efecto?
Hay una respuesta obvia: estamos en manos de incompetentes que además carecen de escrúpulos.
Pero ¿tan incompetentes? Excede toda verosimilitud. Para la ausencia de escrúpulos no hay límite de verosimilitud.
Lo prueba que, en medio de esta depauperación general, el Gobierno cuente con unos 600 “asesores”, es decir, individuos opacos designados libremente y a los que nadie ha votado, y que, al no ser funcionarios, tampoco ven rebajados ni congelados sus arbitrarios sueldos. El Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, cuenta con 262, y el de Madrid no se sabe si con 231 o 254, mientras el de París, con más millones de habitantes, se asesora sólo con 36, según Acosta Vera, lector de este diario.
Multipliquen por el número de ciudades de España. Añadan los “asesores” de los 17 gobiernos autonómicos, y les saldrán millares de personas nombradas a dedo, en su mayoría inútiles y parasitarias (ya se ve cómo funciona todo) y que cobran cantidades misteriosas de los Presupuestos del Estado. Lo más sangrante, con todo, es esto: si alguien es Presidente, ministro, alcalde, consejero autonómico o concejal, se supone que posee conocimiento y criterio para desempeñar su cargo y que no necesita de ningún asesor, no digamos de 262. Es como si yo no escribiera mis libros –aunque los firmara– y tuviera a mi disposición un nutrido equipo de “consejeros” y “negros”, por qué no.
De la misma manera que si soy novelista se da por descontado que sé escribir mis novelas y decido en ellas sin ayuda de nadie, y me documento si me toca hacerlo, de un cargo público debe esperarse que él o ella sean sus propios “asesores”, y que dimitan si no es así y dejen su puesto a quien sepa de verdad.
O bien que el salario de los 262 “asesores” de Barcelona, los 231 de Madrid y los 600 del Gobierno central se reste de los que respectivamente perciben Xavier Trias, Ana Botella y Mariano Rajoy.
Al fin y al cabo, el primero tiene el sueldo político más elevado de España.
Lo cual, dicho sea de paso, también carece de explicación, e incluso de verosimilitud.
elpaissemanal@elpais.es
Sí, sólo dos años, aunque parezca que Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro, Mato, Wert y demás conmilitones lleven burlándonos una eternidad.
Como me considero un hombre común, estoy convencido de no ser el único al que lo siguiente causa perplejidad: en este periodo se han aplicado incontables recortes en todo lo habido y por haber, pero sobre todo en lo que a la gente le importa más, con el consiguiente deterioro en sanidad, educación, ciencia, investigación, cultura, limpieza y transportes públicos.
Las partidas presupuestarias han caído en todos los ámbitos; los enfermos “copagan” sus medicamentos (es decir, los pagan dos veces); los “dependientes” se han quedado sin asistencia y algunos pacientes crónicos han de contribuir a sufragar las ambulancias que los transportan para sus tratamientos; la electricidad ha subido varias veces, mientras los sueldos bajan o permanecen congelados desde hace años y en cambio el IPC continúa creciendo; los pensionistas han visto mermado su escaso poder adquisitivo (un aumento del 0,25% anual es una merma salvaje, teniendo en cuenta cuánto más se encarece la vida); en el Ejército empieza a faltar personal de adiestramiento; el mal funcionamiento de los organismos públicos se ha agravado por la reducción de plantillas; se jubila por la fuerza a médicos y sus plazas no se cubren, y lo mismo sucede con los profesores, de secundaria y de estudios superiores; las tasas universitarias están por las nubes, se restringe la concesión de becas.
Todos los impuestos nos han sido elevados, en contra de lo prometido por el candidato Rajoy.
En vez del 15%, nos retienen el 21%, y esa medida “transitoria” ya está prorrogada para 2014.
También el IVA está en el 21% para casi todo, y eso ha conducido al cierre de cines y teatros y a la pérdida de más y más empleos
. El presupuesto para bibliotecas públicas fue de cero euros en 2013. Según Sérvulo González, de este diario, “La carga fiscal nunca ha sido tan alta en al menos dos décadas …
Rajoy ha impulsado la mayor subida tributaria de la historia reciente …
Pero las bases imponibles siguen en caída libre debido a un empobrecimiento de los hogares (hay menos renta que gravar, menos consumo y las empresas ganan menos)”.
No hemos acabado, se rasca hasta el miserabilismo: las gasas, tiritas y demás, que hasta ahora soportaban un IVA del 10%, lo acarrearán en breve del 21%.
Los bancos, no se olvide, han recibido miles de millones de los contribuyentes, pero niegan líneas de crédito a la mayoría de pequeñas y medianas empresas, así como a los particulares que los salvaron de la bancarrota.
La perplejidad es elemental: ¿cómo puede ser que todos estos brutales recortes y ahorros, y toda esta monstruosa operación recaudatoria (un saqueo, un expolio en regla), no sirvan nunca de nada? Está previsto que el paro crezca aún más, las empresas siguen arruinándose, los comercios echan el cierre, el consumo está por los suelos. El déficit empeora y la deuda apenas mejora.
¿Dónde va a parar todo ese dinero, el que no se gasta en servir a los ciudadanos y el que se les sustrae con variadas triquiñuelas legales? ¿Por qué nada surte efecto?
Hay una respuesta obvia: estamos en manos de incompetentes que además carecen de escrúpulos.
Pero ¿tan incompetentes? Excede toda verosimilitud. Para la ausencia de escrúpulos no hay límite de verosimilitud.
Lo prueba que, en medio de esta depauperación general, el Gobierno cuente con unos 600 “asesores”, es decir, individuos opacos designados libremente y a los que nadie ha votado, y que, al no ser funcionarios, tampoco ven rebajados ni congelados sus arbitrarios sueldos. El Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, cuenta con 262, y el de Madrid no se sabe si con 231 o 254, mientras el de París, con más millones de habitantes, se asesora sólo con 36, según Acosta Vera, lector de este diario.
Multipliquen por el número de ciudades de España. Añadan los “asesores” de los 17 gobiernos autonómicos, y les saldrán millares de personas nombradas a dedo, en su mayoría inútiles y parasitarias (ya se ve cómo funciona todo) y que cobran cantidades misteriosas de los Presupuestos del Estado. Lo más sangrante, con todo, es esto: si alguien es Presidente, ministro, alcalde, consejero autonómico o concejal, se supone que posee conocimiento y criterio para desempeñar su cargo y que no necesita de ningún asesor, no digamos de 262. Es como si yo no escribiera mis libros –aunque los firmara– y tuviera a mi disposición un nutrido equipo de “consejeros” y “negros”, por qué no.
De la misma manera que si soy novelista se da por descontado que sé escribir mis novelas y decido en ellas sin ayuda de nadie, y me documento si me toca hacerlo, de un cargo público debe esperarse que él o ella sean sus propios “asesores”, y que dimitan si no es así y dejen su puesto a quien sepa de verdad.
O bien que el salario de los 262 “asesores” de Barcelona, los 231 de Madrid y los 600 del Gobierno central se reste de los que respectivamente perciben Xavier Trias, Ana Botella y Mariano Rajoy.
Al fin y al cabo, el primero tiene el sueldo político más elevado de España.
Lo cual, dicho sea de paso, también carece de explicación, e incluso de verosimilitud.
elpaissemanal@elpais.es
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