
11 ago 2013
El vecino del portal 55
Daniel Galván Viña cayó cuando pidió a un amigo que quemara un lápiz de memoria
En el dispositivo había imágenes de niños del barrio.
En el Dior Chebbi, un barrio de pisos populares al norte de la ciudad de Kenitra (Marruecos), Daniel Galván Viña era un vecino apreciado.
Alguien culto y con dinero a quien invitar a las celebraciones familiares. Una persona de fiar a cuyo cargo se podía dejar a los hijos para ir al centro a hacer algún recado.
El respetable profesor retirado que se ofrecía para enseñar inglés a los chicos, que les daba caramelos y otros regalos, que les organizaba fiestas… Hasta que cometió un error que hundió su reputación y descubrió su verdadera cara.
Durante un viaje llamó alarmado a uno de los vecinos de su portal. “Mohamed, entra en mi casa y coge de mi armario una bolsa de plástico con un lápiz de memoria USB y una cinta de vídeo y quémalos”. Mohamed no destruyó esos objetos, sino que los vendió.
Fue el que se lo compró quien, al conectar el pendrive a su ordenador y ver su contenido, denunció el caso. Dentro había imágenes de Galván violando y abusando de 20 niños.
Al menos cinco de esos menores eran del barrio, de Chebbi. Chicos a los que Galván se había ofrecido a cuidar. Chavales que sus padres, sin saberlo, habían confiado a un pederasta.
Este es el delincuente que el rey de Marruecos, Mohamed VI, indultó el pasado 30 de julio junto con otros 47 presos españoles en cárceles de ese país con motivo de la Fiesta del Trono, que celebra su acceso a la Corona.
La decisión real, que luego el monarca tuvo que revocar, ha generado una ola de protestas sin precedentes. Y no solo en Kenitra, el escenario de los delitos de este español de origen iraquí. También en Casablanca o en Rabat, donde la policía reprimió violentamente a los manifestantes.
“Por primera vez la opinión pública marroquí ha podido juzgar los motivos de un indulto real y se ha mostrado en desacuerdo”, explica en su despacho Hamid Krairi, abogado de varias víctimas del pedófilo, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y el descubridor del Galvangate, el nombre que la prensa marroquí y las redes sociales han dado al escándalo. “Ha sido una gran victoria del pueblo. Su majestad ha tenido que dar marcha atrás y el pedófilo ha vuelto a la cárcel”, prosigue Krairi, que se enteró por casualidad de su salida cuando, desde el Tribunal de Apelación de Kenitra, le avisaron de que Galván había pasado por allí para reclamar su documentación.
26 de noviembre de 2010
Mustafá Rukzat se planta en ese mismo despacho, el de Krairi con un CD-ROM en la mano. Rukzat es el hombre al que Mohamed, el vecino de Galván, había vendido el lápiz de memoria que el pederasta le había pedido que destruyera, aunque no revela al letrado cómo ha tenido acceso a esas fotografías que solo un depravado ha podido tomar.Se trata de cinco menores en posturas impúdicas y practicando sexo adoptando varias posturas, según la investigación policial.
También aparecen varias niñas en el baño y Galván entre dos de ellas “besándolas intensamente”. Tras verlas, Rukzat y Krairi inician una pequeña investigación
. Se trata de comprobar que el pederasta se encuentra de nuevo en Kenitra.
Tras verificarlo, ese mismo día, el abogado presenta un escrito de denuncia en la oficina del procurador real de la comarca, el equivalente a la fiscalía en España.
El 28 de noviembre la policía se planta en el portal 55 del bloque M del barrio de Chebbi, detiene a Galván y registra su apartamento, donde encuentra una cámara digital, un ordenador portátil (con las mismas imágenes de niños del pendrive junto a otras del mismo estilo), dos móviles, un consolador de madera cubierto de cera roja, algunos DVD, botellas de vino...
Tras tomarle declaración —en la que confiesa haber realizado algunos tocamientos y actos de exhibicionismo con los niños, pero asegura que las fotos de su ordenador las hizo a título privado y sin intención de difundirlas— lo internan en la prisión central de Kenitra, cuyos muros se encuentran a escasos 200 metros de su vivienda. No abandonará ese lugar hasta tres años y medio después, cuando, por sorpresa, el director de la cárcel le comunica que ha sido agraciado desde palacio.
En la documentación judicial marroquí sobre el pedófilo consta que Galván nació el 1 de julio de 1950 en Basora, Irak.
El detenido cuenta a los agentes que se instaló en Marruecos en 2004, aunque de forma discontinua. Que vivía dos meses ahí para después retornar a España y volver más tarde de nuevo a Kenitra. Pero en España no dejó mucho rastro.
Según el auto que lo devolvió de nuevo a la cárcel el pasado martes, obtuvo la nacionalidad al casarse con una española, aunque ninguno de los consultados, ni en Murcia ni en Kenitra, la conoce.
Tras su detención en Marruecos en 2010, dijo a los magistrados marroquíes que estaba divorciado y que tenía dos hijos. Pese a haber pasado más de 25 años entre Murcia y Torrevieja (Alicante), cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le preguntó por su arraigo —tras la rectificación de Rabat que propició su detención en España— solo pudo dar el nombre de un amigo: Ulpiano.
Ulpiano pide que no se publique su apellido para no verse involucrado.
En una terraza de una pedanía de Murcia, bajo un sol abrasador, cuenta que se sorprendió al leer que le había citado en su declaración. “Claro que le conozco, desde hace muchos años, pero tampoco es que seamos íntimos”, señala. Ulpiano explica que en los ochenta, Daniel Galván Viña ya andaba por esa provincia.
Solo que entonces aún era el iraquí Salah Gabhan Benia. Ulpiano lo conoció porque comenzó a estudiar árabe con Benia —así lo llama aún— como profesor. “Es un tipo culto con el que puedes hablar de muchos temas. Sabe inglés y francés, además de español y árabe”, dice.
La historia que Salah/Daniel cuenta a sus amigos españoles permite recomponer su vida, aunque deja importantes lagunas. El hispanoiraquí asegura que su familia tenía palmerales en la confluencia del Tigris y el Eúfrates. Que había estudiado Biología en Basora (entre 1970 y 1974), que fue teniente de artillería en el Ejército iraquí y que pasó una temporada en la Armada hasta que escapó.
“Nos decía que era kurdo, refugiado iraquí, que había escapado del Ejército, pero no hablaba mucho de política”, cuenta un profesor de la Universidad de Murcia al que le dio clases de inglés en los noventa y que también pide que se oculte su nombre. Antes de llegar a España, contaba que había pasado por Marruecos, Reino Unido y Canadá. “Su historia era inconexa
. Se oponía al régimen de su país y solía insultar a Sadam Husein. ‘¡Hijo puta, Sadam, hijo puta, Sadam!’, repetía con ese acento árabe”, recuerda su alumno de inglés.
Lo recuerda más delgado que ahora, con pelo negro y con bigote.
En 1992 Galván ya tiene nacionalidad española —así aparece en un DNI— y, en noviembre de ese año, logra que el Ministerio de Educación le convalide su titulación iraquí.
Por entonces ya ha castellanizado su nombre. Elige Daniel porque le gusta, y los apellidos Gabhan Benia pasan a ser Galván Viña, lo más parecido fonéticamente que encontró.
Dicen que sobrevivió dando clases de inglés y árabe y, ocasionalmente, como jornalero.
Su siguiente rastro oficial aparece en 1996, cuando consigue una beca en el departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia. Allí está hasta 2002.
Tramita los Erasmus de los estudiantes. Uno de ellos escudriña en su memoria. “Era el tipo que nos hacía los exámenes a los alumnos que pedíamos la beca. Pensé que era libanés”.
Su jefe entonces, Matías Balibrea, lo recuerda como un empleado normal. Bebía botellines de cerveza en la cafetería de la facultad o en los bares de alrededor.
No era especialmente religioso. En aquella época redondea su sueldo con clases particulares de idiomas, en la universidad o en los modestos pisos de Murcia que va alquilando por el centro.
Llegó a dar tres domicilios distintos.
La Universidad de Murcia convoca una oposición en 2002, pero Galván no se presenta. El hispanoiraquí cree que lo han despedido y reclama en los tribunales una indemnización que no logra.
Un año antes compra una casita en Torrevieja. Barrio humilde a las afueras; 58 metros cuadrados; 70.000 euros de hipoteca. Es una casa blanca de planta baja y primero
. Es allí donde, poco a poco, su rastro se esfuma.
Oprah Winfrey se siente discriminada en una tienda de lujo....Pritty Woman....
La mujer más poderosa del mundo cuenta que fue tratada con racismo en una boutique suiza
Una dependienta se negó a enseñarle un bolso por ser "demasiado caro" para ella.Igual podría ser muy caro para la dependienta y le daría rabia que otra si lo pudiese comprar....
La verdad es que será muy rica pero es muy vulgar....ella, no el bolso...
Oprah Winfrey sigue sintiendo el racismo en sus propias carnes.
La presentadora, considerada por la revista Forbes la mujer más poderosa y una de las más ricas del mundo, contó el miércoles a Larry King que en su último viaje a Suiza, donde viajó para asistir a la boda de Tina Turner el pasado junio, la dependienta de una boutique de lujo en Zúrich se negó a mostrarle un bolso de piel de cocodrilo que estaba expuesto en el escaparate porque era “demasiado caro” para ella.
“Usted no puede costear ese bolso”, asegura la showoman que le dijo la mujer.
El complemento costaba 31.000 euros, una perfecta birria para una mujer cuya fortuna está avalada en más de 2.000 millones de euros, pero la dependienta no reconoció a Winfrey y, según la presentadora, se opuso a enseñárselo hasta en tres ocasiones
. A cambio, le ofreció otros, de menor precio. “Podría haberme revelado y haberle plantado mi tarjeta de crédito de negra sobre la mesa”, conjeturó la empresaria, de 59 años, en el programa Entertainment Tonight, donde también recordó la desagradable anécdota. Sin embargo, se fue sin poner siquiera una reclamación.
Winfrey no se refirió directamente a la dependienta como racista, pero sí contó la historia del bolso justo después de comentar otro incidente, en el que ella y su peluquera no fueron admitidas en una tienda de lujo que pocas horas antes había sido asaltada por dos personas de raza negra.
Las palabras de la presentadora, como era de esperar, han dado la vuelta al mundo y han llegado a oídos de Trudie Goetz, dueña de la cadena Trois Pommes, donde ocurrió el acontecimiento, hace dos meses.
Goetz ha asegurado a la agencia AFP que todo fue un malentendido, que su empleada no tuvo ninguna mala intención al ofrecerle otros artículos en lugar del que ella quería ver y que, por el contrario contrario, “todo el mundo quiere vender un bolso de cocodrilo”.
El problema, según Goetz, es que la dependienta intentó ser “demasiado amable”.
A pesar de todo, la oficina de turismo suiza se ha disculpado con Winfrey a través de su cuenta oficial de Twitter, donde ha reconocido que la vendedora no se portó de manera correcta con la actual mujer más poderosa del mundo entero. “Quería hacer un momento Pretty Woman”, reconoció Oprah en la entrevista, refiriéndose a la famosa película de Julia Roberts. “Devolverme a la tienda, comprármela entera y decir ‘gran error’.
Pero luego pensé que ella se llevaría una comisión por eso, así que decidí no hacerlo”.
El alto coste del lado oscuro
La corrupción frena la salida de la crisis, genera ineficiencias en la economía y degrada la imagen de España en el extranjero.
El extesorero del PP Luis Bárcenas, protagonista del último escándalo de corrupción política en España / Cristóbal Manuel
Allí donde el escritor Francis Scott Fitzgerald narraba que son siempre las tres de la mañana. Es una travesía que tiene un peaje moral y ético, pero también un coste económico.
Y aunque no hay cifras precisas, los expertos nos acercan a algunos números que revelan la magnitud de la herida. Friedrich Schneider, profesor de Economía de la Universidad Johannes Kepler en Linz (Austria) y una referencia en estos temas, ha elaborado un cálculo para España.
“El 1% del PIB”, dice. O sea, unos 10.500 millones de euros anuales. Es el daño de la corrupción en las cuentas españolas.
Pero hay otras cifras. El Banco Mundial estima que el coste oscila entre el 0,5% y el 2% de la riqueza nacional en los países de la OCDE. Mario Monti, ex primer ministro de Italia, quiso conocer también ese precio y averiguó que el 3,8% (60.000 millones de euros) de los bienes y servicios producidos en su país desaguaba en las alcantarillas de la corrupción.
Ahora bien, todos estos cálculos podrían quedarse cortos por razones como la negativa de las víctimas a denunciar las situaciones corruptas.
Sean o no exactos, ponerle números a la corrupción ayuda a entender que este comportamiento tiene una repercusión directa en la economía y en la vida de todos.
“No forma parte de una extraña realidad ajena a temas cotidianos y vitales como la sanidad, la educación o la cultura. Dinero que se llevan los corruptos, dinero que no llega a nuestras escuelas y hospitales. Además, compromete nuestro futuro”, apunta Enrique Alcat, profesor en el Instituto de Empresa (IE).
“La corrupción está obstaculizando la salida de España de la crisis, genera inestabilidad política, empeora la imagen del país, degrada la confianza del inversor y aumenta la incertidumbre financiera”, reflexiona José María Mella, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, quien recalca que “es un mecanismo depredador de los recursos de la sociedad”. ¿Por qué?
Porque desvía el dinero de una mayoría hacia una minoría que acapara la riqueza y que suele estar bien conectada con los centros de decisión. Y a la vez es una artimaña empobrecedora, ya que reduce el gasto público social y merma el Estado del bienestar.
El pasado mes de junio, la ONG Transparencia Internacional reunió en Lisboa a 150 activistas de todo el mundo para analizar hasta dónde ha calado la corrupción. Los datos referidos a la Unión Europea fueron desoladores.
Entre un 10% y un 20% de los contratos públicos se pierden por la corrupción, el 5% del presupuesto anual europeo no se justifica y se malogra cerca de un billón de euros en inversión al año. La Comisión Europea, en un borrador de trabajo fechado ese mismo mes, da precisión a esas cifras. Calcula Bruselas que la corrupción cuesta 120.000 millones de euros anuales, el 1,1% de la riqueza de la Europa de los Veintiocho.
Sobre los países de la UE se extienden como un lodo oscuro, viscoso y pegadizo 20 millones de casos de corrupción a pequeña escala en el sector público.
Por si fuera poco, todo esto sucede dentro de unas fronteras donde operan, según la Oficina Europea de Policía (Europol), 3.600 organizaciones criminales.
El anterior es un mapa que cartografía la preocupación. Sobre todo porque revela hasta qué punto está extendida y hasta qué punto la toleramos. “España siempre ha sido muy permisiva con la corrupción”, apunta Jesús Lizcano, presidente de la ONG Transparencia Internacional España.
“Le doy un dato: el 70% de los políticos que estaban imputados por corrupción han sido reelegidos en las últimas elecciones locales”. Pese a todo, hay algún atisbo de cambio.
El Barómetro de Opinión del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de julio pasado sitúa a la corrupción como el segundo problema (37,4%) que más preocupa a los españoles después del paro (80,9%).
Es una buena noticia porque esa mayor preocupación abre la puerta a luchar contra nuestros propios demonios. “En España, históricamente se ha convivido con la idea de que todo el mundo defrauda”, recuerda Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
Las grandes empresas y las todopoderosas fortunas (42.711 millones de euros al año) son los principales defraudadores en nuestro país. Le siguen, a bastante distancia, las pymes (10.150 millones) y los autónomos (5.111), rompiendo ese mito urbano de que es en la pregunta “¿con IVA o sin IVA?” donde reside el mayor fraude. Lo que sí habría que cuestionarse es qué supone que en torno al 20% de la riqueza de España la genere la economía sumergida.
Es evidente que la corrupción afecta a las arcas del Estado.
No solo por la evasión fiscal, sino también debido al aumento del gasto público improductivo, ya que sube los costes de licitaciones que no son competitivas.
Además disminuye la capacidad inversora de la Administración y baja la calidad de los servicios públicos. Y en el lado de la iniciativa privada también causa sus destrozos, pues elimina la competencia al promover regulaciones ineficientes y amañadas para generar ingresos.
Pero este viaje hacia la noche oscura no se detiene aquí. Va más allá. “La corrupción supone que la actividad económica se genere de manera ineficiente, ya que distorsiona el mercado e impide que determinadas actividades las desarrollen aquellas empresas que podrían hacerlo de una forma más eficaz”, relata Beñat Bilbao-Osorio, director asociado y economista del Centro de Competitividad y Rendimiento Global (Foro Económico Mundial).
Y también te lleva a lugares donde no quisieras estar. “Los escándalos nos meten en la liga de Grecia, Italia, Chipre. En la que nosotros no estábamos. Jugábamos en la del déficit, el paro, la ineficacia. Pero no en esa”, observa el economista José Carlos Díez.
Cada país tiene una forma de corrupción definida por su propio ADN. En el caso español está vinculada a actividades relacionadas con el mundo inmobiliario (suelo, construcción y obras públicas). El escritor Rafael Chirbes, en su premonitoria novela Crematorio (2007), narró los entresijos de ese submundo en el que se mezclaban corrupción, política municipal y ladrillo. Aquellas páginas eran “un fuego que ardía deprisa”, como las ha calificado el propio autor.
Y también fácilmente, como señala José María Mella, de la Universidad Autónoma de Madrid: “En esos sectores es sencillo apoderarse de las rentas generadas a través de concesiones y relaciones privilegiadas con las Administraciones públicas, ya sean locales o autonómicas”.
Sin embargo, el ladrillo, y sus aledaños no son la única fuente de corrupción. Muchos expertos apuntan a la financiación de los partidos.
“Ha bajado la virulencia de los escándalos inmobiliarios porque con la crisis la burbuja estalló, pero el problema de cómo se financian los partidos permanece.
Es un tema que no puede continuar siendo opaco”, razona Manuel Escudero, director general de Deusto Business School (Universidad de Deusto). Luz y taquígrafos que los analistas transcriben en varias propuestas: limitar los mandatos de los cargos públicos, no incluir en las listas a encausados por corrupción, eliminar los privilegios de los aforados, que muchas veces les hace impunes al delito, y tener un Tribunal de Cuentas que sea eficaz.
Y por extensión, como escribía hace poco en EL PAÍS el experto en derecho Segismundo Álvarez Royo-Villanova, “terminar con la impresentable práctica de que las grandes empresas de sectores regulados sean el retiro dorado de toda clase de ex”.
Hay quien, como el prestigioso jurista Antonio Garrigues Walker, mantiene el optimismo en esa mirada hacia nuestro pasado y nuestro porvenir. “Un alto porcentaje de los escándalos guarda relación con la época de la borrachera económica. No por ello quiero decir que pierdan impacto, pero lo que está claro es que al final todo se descubre, y que lo que está ocurriendo es una lección dura, pero muy positiva, para reducir la corrupción que ya sucede a todos los niveles.
Vamos hacia una época mejor en este tema, y la Ley de Transparencia [que quiere abarcar desde la Casa del Rey hasta el poder ejecutivo] ayudará mucho”, asegura Garrigues.
¿Pero de verdad es así? ¿Mejoramos? En los rankings internacionales de corrupción, como el que publica Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 30º sobre un total de 176 naciones. En concreto, entre Botsuana y Estonia. Lejos de Italia (72º), que tiene un serio problema en este ámbito, pero también de la prístina Dinamarca (1º).
En España, la corrupción en una década deja 800 casos y 2.000 detenidos, de acuerdo con fuentes policiales.
Una alcuza que pesa mucho menos de lo que podríamos pensar, sobre todo en los insensibles mercados financieros, que se rigen por sus propias normas.
“Los casos de corrupción resultan indiferentes a los mercados de bonos”, observa Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
“Es decir, piensan que no afecta a la solvencia de la deuda pública española y que, por tanto, su inversión no se encuentra en peligro”. De hecho, apunta Federico Steinberg, investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano, “si no se ve una crisis política de gran magnitud, los inversores van a lo suyo”.
Precisamente Cristina Manzano, directora de la publicación online de análisis político Esglobal, citando un reciente trabajo del Instituto Elcano (Las agencias de rating y su influencia sobre la imagen de España), revela qué significa ir a lo suyo:
“Las informaciones de las firmas de calificación de riesgos sí influyen en el mercado español y también las que proceden de la Unión Europea. Sin embargo, el resto de instituciones que emiten información no afectan en nada a nuestros mercados de capitales”
. Ya lo dice Daniel Pingarrón, analista de IG Markets:
“Un dato de empleo de Estados Unidos tiene más repercusión sobre la Bolsa española que uno de empleo de España. La globalización de los mercados así lo dicta”.
Keith Salmon, investigador experto en política española del think tank Oxford Analytica, explica que en Reino Unido se percibe la corrupción en España como “un asunto muy serio” que “encuentra similitudes no solo con los países del sur de Europa, sino con algunos de América Latina”.
Además, avisa, existe un coste mayor en el que se repara poco, que “es la pérdida de fe de una generación de jóvenes españoles en el Gobierno, en el sistema democrático y en el entorno económico
. Lo cual empuja a que emigren trabajadores de enorme talento
. Y esto tiene un importante coste económico para el país, ahora y en el futuro”.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



