Por Juan Masiá Clavel
No es verdad,
aunque el dicho religioso popular lo pregone. Aunque alguien tenga fe como para
parar trenes, a fuerza de rezos no se activan frenos
. Dios no interviene, ni
para causar descarrilamientos, ni para evitar que sucedan.(Dios parece que duerme ya demasíado)
“¿Dónde estaba Dios en la curva de Angrois?
¿Qué hacía Dios en Santiago a la hora fatal?”.
Dios estaba en las manos y pies
del pueblo que se arrojó a ayudar sin pensárselo un instante, estaba en los
ojos y el corazón de cuantas personas se volcaron en la ayuda. Dios estaba
donde yo no estuve, porque la desgracia me interpela:
Si ocurriera lo mismo en
mi cercanía, ¿haría yo lo que hicieron quienes fueron manos de Dios para las
víctimas?... La tragedia no cuestiona mi fe en Dios, sino mi práctica de la fe.
Un amigo que sufría
la pérdida repentina de su esposa por una enfermedad fulminante, se desahogaba
contándome su tragedia. “Ayer fui a la iglesia, decía, pero no podía rezar. Solo
me
podía quejarme: '¿Por qué esto? ¿Por qué a ella?”. Algunos parientes, muy practicantes, le
reprochaban:
“Tú tienes fe, no debes
quejarte, le decían, eso ofende a Dios, tu mujer está con Él, mejor rezar por
ella”. A mi amigo estas palabras le sonaban vacías, pero le hacían sentirse
mal
. Me preguntó: “¿A tí que te parece? ¿Hago mal en quejarme?” “¡Qué va!
Quejarte a Dios y preguntarle por qué es la única oración que te saldrá de
dentro en estos momentos. Así cuentan los evangelios que rezó Jesús antes de
morir: “¡Dios mío! ¿Por qué me pasa esto? ¿Es que me has abandonado?” (Marcos
15, 34).
La noche del
sábado, ví un programa de televisión que rememoraba a fallecidos y
supervivientes.
El presentador interrogó: “¿Será más fácil para las personas
creyentes soportar estas situaciones?” Temí un “consejo piadoso” por los
tertulianos, pero una psicóloga contestó sensatamente: “A veces le fe te lo
pone más difícil, a la persona creyente le puede venir una crisis en su fe”.
Respiré al escuchar ese comentario.
Me preocupa, en
cambio, la utilización homilética de la “teología de la permisión divina” y la “aceptación
resignada”.
Se dice, quizás con buena
intención, para consolar a quien sufre y justificar a Dios; pero ni justifica
ni consuela.
No vale decir: “Dios lo ha permitido” o “será para bien”. La fe
madura debería decir: “Ni Dios quiere esto, ni lo permite para ningún bien. Ni
lo explico, no lo justifico. No lo entiendo y oro en forma de queja,
preguntándole a Dios por qué.
Y Dios no me contesta. Y me quedo en silencio
como Jesús en cruz ante el silencio de Dios”.
Escucho a veces
homilías presuntamente consoladoras, que no consuelan. Me inquieta la
divulgación popular del dolorismo.
Como si tuviese más mérito quien más sufre;
como si el sufrimiento formase parte de un plan divino proyectado para sacar un
bien de él; como si los dolores nos los enviase la Providencia para
troquelarnos; como si Jesús hubiese pagado un precio de sangre a una divinidad
airada, exigente de reparación; y un largo etcétera.
Sin necesidad de haber
leído la teología medieval del Cur Deus
homo, de san Anselmo, el pueblo sencillo lleva siglos oyendo predicar ideologías
de dolorismo.
Pero la fe no soluciona el enigma del mal, ni da consuelo fácil,
sino fuerza de vivir para afrontar el desconsuelo.
No se cree en Dios porque
resuelva el enigma del mal, sino a pesar de que no lo resuelve. Es más evangélica
la teología de la queja orante, como Job, que la de la permisión divina del
mal. Se queda la fe en silencio ante el silencio divino, mientras se cuestiona
a sí misma: ¿Dónde voy a estar yo la próxima vez que esto ocurra? ¿Voy a
servirle a Dios de manos y pies para hacer por salvar víctimas de entre los
escombros?
No mandó Dios a que Abraham matara a su hijo para ver si anteponia el amor de padre al amor de Dios? ese terrible Dios del Antiguo testamento, el mismo que persigue a Cain, o el mismo del Hijo Pródigo.....es todo tan injusto que no se comprende.
31 jul 2013
La Infanta se muda a Suiza, pero Urdangarin se queda en Barcelona....¿Con Demoniete?.......
Doña Cristina se traslada con sus cuatro hijos a Ginebra para trabajar desde allí para La Caixa
Su marido permanecerá en Barcelona siguiendo la instrucción del 'caso Nóos'
Tras varios meses intentando buscar un trabajo para Urdangarin que permitiera a toda la familia alejarse, y especialmente, alejar a sus cuatro hijos, de las consecuencias de la imputación del duque de Palma en el caso Nóos, ha sido doña Cristina quien ha logrado la vía de salida. La Caixa, su empleador desde el año 1993, le ha encargado, como directora del Área Internacional de su fundación, “la misión de gestionar y coordinar sus programas con diversas agencias de las Naciones Unidas que tienen su sede en Ginebra”, según ha informado la entidad. La Infanta también "impulsará nuevos programas de colaboración con las fundaciones de ámbito social y cultural del Aga Khan Development Network".
La Infanta Cristina fue imputada por el juez José Castro el pasado abril, pero finalmente, la Audiencia de Palma decidió, por dos votos a uno, el 7 de mayo, que no había indicios suficientes para hacerlo, y finalmente, no tuvo que comparecer ante el juez.
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La familia había barajado la opción de irse a vivir a Catar, donde Urdangarin quería trabajar como ayudante de su amigo y exseleccionador español de balonmano, Valero Rivero, a quien los cataríes habían ofrecido dirigir su equipo nacional.
Pero el plan se frustró finalmente porque el duque de Palma carecía del título de entrenador y Catar no tenía sitio o dinero para un relaciones públicas.
Esta es la segunda vez que la Infanta se traslada a vivir al extranjero. Durante la instrucción del sumario del caso Palma Arena -que dio origen al caso Nóos- Nóos, en septiembre de 2009, ella, su marido y sus hijos se trasladaron a Washington, donde Urdangarin prestó servicios para Telefónica, empresa de la que era, entonces, consejero.
Fue la Casa del Rey quien le pidió a Urdangarin en 2007 que buscase trabajo fuera de España. José Manuel Romero, conde de Fontao, asesor legal del Monarca y persona de su máxima confianza, recomendó al duque de Palma que buscara empleo en el extranjero.
La decisión tardó todavía dos años en materializarse.
En agosto de 2012, anunciaron su regreso a España, y en noviembre de ese año, Urdangarin dimitió de su cargo de consejero de Telefónica Internacional.
Aislado
Desde que estallara el escándalo del caso Nóos, la Casa del Rey ha aumentado progresivamente la distancia con el marido de la Infanta Cristina, séptima en la línea de sucesión al trono. En diciembre de 2011, poco antes de su imputación, Urdangarin fue apartado de la vida oficial de Familia Real. El duque de Palma acababa de pedir perdón públicamente desde Washignton: "
Lamento profundamente el grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa del Rey, que nada tienen que ver con mis actividades privadas", dijo entonces.
Dos días después de aquel comunicado de Urdangarin, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, calificó su comportamiento de "no ejemplar" y en su discurso de Nochebuena de 2011, don Juan Carlos se refirió claramente a él, aunque sin citarlo, cuando reconoció estar "enormememente preocupado" por la pérdida de "prestigio" de algunas insituciones: "Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada. La justicia es igual para todos", añadió.
Pero la evolución del caso Nóos siguió erosionando el prestigio de la institución en los meses siguientes y La Zarzuela continuó dando pasos para intentar aislar a su principal foco de problemas hasta que el pasado enero borró todo rastro del marido de la Infanta de la página web oficial de la Casa del Rey. "El mensaje es claro: Iñaki Urdangarin está fuera de la Casa
. Hemos visto necesario volver a marcar distancias para responder a los efectos negativos que el caso Nóos está teniendo en la imagen de la Casa y para parar esa corriente de opinión que interpreta en la visita de Urdangarin al hospital el pasado noviembre [tras la operación de cadera del Monarca] un acercamiento institucional", declararon entonces fuentes de La Zarzuela.
El juez cita como testigos para el 13 y 14 de agosto a Cospedal, Cascos y Arenas
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como testigos en el caso de los papeles de Bárcenas a la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal,
el próximo 14 de agosto, y a sus antecesores en el cargo Javier Arenas y
Francisco Álvarez-Cascos, el día anterior.
El magistrado ha tomado la decisión después de pedirlo la acusación popular de Izquierda Unida y tras consultar con la Fiscalía.
El ministerio público solo se había mostrado favorable a la declaración de Cospedal.
En el caso de los otros dos dirigentes, la fiscalía no lo veía necesario. Arenas podrá declarar en el Senado, puesto que tiene un escaño en esa cámara.
El juez había ofrecido a la secretaria general del PP, dada su condición de presidenta de Castilla-La Mancha, y a Arenas, también aforado como senador, que declararan en sus respectivos despachos
. Sin embargo, ambos han decidido acudir a la Audiencia Nacional, en Madrid, según han explicado a Efe.
El anuncio se produce a 48 horas de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar los casos Gürtel y Bárcenas en sede parlamentaria. Ruz considera, sin embargo, que las testificales de Cascos y Arenas son “pertinentes, útiles y necesarias en atención a la responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaría General” durante “los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos”.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, apoya la decisión del juez.
Tanto Cospedal como Arenas han reaccionado a su citación inmediatamente después de conocerla. Arenas ha reconocido que no le sorprende la llamada y Cospedal, que estará "encantada" de decir la verdad.
En su declaración del pasado 15 de julio, tras llevar 18 días en prisión, Bárcenas afirmó que entregó 95.000 euros en billetes de 500 al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y a Cospedal en 2009 y 2010. Esa acusación fue "taxativamente" negada por la secretaria general del PP. Bárcenas reconoció por primera vez que él es el autor material de la contabilidad b en la que figuran donaciones al partido por 7,5 millones de empresarios del sector de la obra pública y su reparto para gastos ordinarios de la formación y el abono de sobresueldos a las sucesivas cúpulas conservadoras al menos entre 1991 y 2010.
Ruz toma la decisión de llamar a los tres secretarios generales “a fin de no demorar más” los actuales trámites judiciales, en los que hay una causa con preso, y “sin perjuicio de las restantes diligencias” que han sido solicitadas por las partes personadas tras la última declaración de Bárcenas, el pasado 15 de julio. Sobre estas peticiones, el magistrado resolverá “una vez obre en autos el correspondiente informe del fiscal”.
A fin de “no incurrir en incongruencia"
Ruz considera que no solo debe declarar la actual secretaria general (como había informado el fiscal) sino también Arenas y Álvarez Cascos en tanto que ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido. Aunque sus cargos se correspondan con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, Ruz cree que pueden aportar datos relevantes para la investigación en curso. En el auto –resolución razonada– el juez acuerda también citar como testigos a un empleado de la caja del PP y al gerente que sucedió a Bárcenas, Cristóbal Páez. Además, el magistrado requiere documentación a varias de las empresas que aparecen en los llamados "papeles de Barcenas" y al propio PP.
La citación de los secretarios generales no es la única disposición que adopta Ruz en su auto.
El magistrado tomará declaración como testigos, el 13 de agosto, al empleado de caja del PP Antonio Ortiz y al actual gerente del partido, Cristóbal Páez. También requiere al PP para que en el plazo de diez días informe sobre qué personas pudieron tener acceso a la contabilidad y quiénes son los tres "auditores internos" sobre cuya existencia se pronunció la jefa de contabilidad popular, Milagros Puentes, en su declaración ante el juzgado.
También exige al partido que certifique la existencia de una supuesta "comisión de infraestructuras" interna que, según el testigo Antonio Vilela, constructor y militante popular, asesoraba a la formación conservadora. Ruz quiere saber qué tipo de asesoramiento realizaba este organismo.
Asimismo, pide identificar a las personas que ejercieron como secretarios personales de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
El último requerimiento que hace Ruz al PP tiene que ver con la contratación del arquitecto Gonzalo Urquijo para las obras de renovación de la sede central del partido en Génova 13, y que según la contabilidad secreta de Bárcenas fueron abonadas con dinero negro. Ruz pide ahora al partido el "expediente completo" relativo a las obras de reforma, con mención expresa a presupuestos, certificaciones de obra, facturación y pagos efectuados.
En la resolución, el magistrado reclama, también antes de diez días, información complementaria a las empresas que figuran como supuestos donantes a la contabilidad de Bárcenas, como el organigrama de sus empresas y directivos, la relación de donaciones y patrocinios, las personas que participaron en la negociación de contratos, o los procesos de adjudicación de concesiones.
Por otra parte, la acusación popular encabezada por Izquierda Unida en el caso de los papeles ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz una extensa batería de diligencias, alrededor de medio centenar, derivadas de la nueva documentación sobre la supuesta contabilidad secreta del PP aportada por el extesorero del PP en su última declaración, el pasado 15 de julio
. El grupo de abogados que representa tanto a IU como a la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad ha registrado esta mañana un escrito de 26 páginas, en el que solicitan, entre otras medidas, que se registre el domicilio de Luis Bárcenas, nuevas periciales caligráficas, o la declaración como testigo de todas las personas que figuran como donantes y como receptores de fondos en las nueve carpetas de colores entregadas por Bárcenas. Entre las personas cuya declaración se solicita están, entre otros, el asesor estratégico del PP Pedro Arriola, los gerentes del PP vasco entre 1999 y 2005 o el extesorero del PP de Castilla-La Mancha, supuesto receptor de 200.000 euros a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras en Toledo a la constructora Sacyr.
Los abogados solicitan al juez que ordene la práctica de careos entre Luis Bárcenas y los empresarios Luis del Rivero (expresidente de Sacyr), Juan Miguel Villar Mir (presidente de OHL) y José María Mayor Oreja (hermano del exministro Jaime Mayor y ex consejero delegado de FCC Construcción). Los letrados observan “discrepancias” entre las declaraciones del extesorero popular como imputado y las de los constructores, que acudieron como testigos ante el juez a finales del pasado mayo. Bárcenas manifestó que mantuvo encuentros con los industriales, en los que pactó la entrega de diversas cantidades para el partido, pagos que los empresarios no podían realizar al impedirlo la ley de financiación de partidos políticos. Los empresarios negaron estas manifestaciones de Bárcenas.
IU y sus compañeros de acusación pretenden también que la Agencia Tributaria emita un informe “sobre posibles facturas falsas” emitidas por las empresas que figuran en la contabilidad secreta de Bárcenas, publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero.
En la contabilidad, el extesorero anotó la entrega de grandes cantidades por parte de diversos empresarios de la construcción.
Este dinero supuestamente se ingresó de forma fraccionada en la contabilidad oficial del partido bajo la fórmula del donativo anónimo.
El magistrado ha tomado la decisión después de pedirlo la acusación popular de Izquierda Unida y tras consultar con la Fiscalía.
El ministerio público solo se había mostrado favorable a la declaración de Cospedal.
En el caso de los otros dos dirigentes, la fiscalía no lo veía necesario. Arenas podrá declarar en el Senado, puesto que tiene un escaño en esa cámara.
El juez había ofrecido a la secretaria general del PP, dada su condición de presidenta de Castilla-La Mancha, y a Arenas, también aforado como senador, que declararan en sus respectivos despachos
. Sin embargo, ambos han decidido acudir a la Audiencia Nacional, en Madrid, según han explicado a Efe.
El anuncio se produce a 48 horas de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar los casos Gürtel y Bárcenas en sede parlamentaria. Ruz considera, sin embargo, que las testificales de Cascos y Arenas son “pertinentes, útiles y necesarias en atención a la responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaría General” durante “los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos”.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, apoya la decisión del juez.
Tanto Cospedal como Arenas han reaccionado a su citación inmediatamente después de conocerla. Arenas ha reconocido que no le sorprende la llamada y Cospedal, que estará "encantada" de decir la verdad.
En su declaración del pasado 15 de julio, tras llevar 18 días en prisión, Bárcenas afirmó que entregó 95.000 euros en billetes de 500 al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y a Cospedal en 2009 y 2010. Esa acusación fue "taxativamente" negada por la secretaria general del PP. Bárcenas reconoció por primera vez que él es el autor material de la contabilidad b en la que figuran donaciones al partido por 7,5 millones de empresarios del sector de la obra pública y su reparto para gastos ordinarios de la formación y el abono de sobresueldos a las sucesivas cúpulas conservadoras al menos entre 1991 y 2010.
Ruz toma la decisión de llamar a los tres secretarios generales “a fin de no demorar más” los actuales trámites judiciales, en los que hay una causa con preso, y “sin perjuicio de las restantes diligencias” que han sido solicitadas por las partes personadas tras la última declaración de Bárcenas, el pasado 15 de julio. Sobre estas peticiones, el magistrado resolverá “una vez obre en autos el correspondiente informe del fiscal”.
A fin de “no incurrir en incongruencia"
Ruz considera que no solo debe declarar la actual secretaria general (como había informado el fiscal) sino también Arenas y Álvarez Cascos en tanto que ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido. Aunque sus cargos se correspondan con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, Ruz cree que pueden aportar datos relevantes para la investigación en curso. En el auto –resolución razonada– el juez acuerda también citar como testigos a un empleado de la caja del PP y al gerente que sucedió a Bárcenas, Cristóbal Páez. Además, el magistrado requiere documentación a varias de las empresas que aparecen en los llamados "papeles de Barcenas" y al propio PP.
La citación de los secretarios generales no es la única disposición que adopta Ruz en su auto.
El magistrado tomará declaración como testigos, el 13 de agosto, al empleado de caja del PP Antonio Ortiz y al actual gerente del partido, Cristóbal Páez. También requiere al PP para que en el plazo de diez días informe sobre qué personas pudieron tener acceso a la contabilidad y quiénes son los tres "auditores internos" sobre cuya existencia se pronunció la jefa de contabilidad popular, Milagros Puentes, en su declaración ante el juzgado.
También exige al partido que certifique la existencia de una supuesta "comisión de infraestructuras" interna que, según el testigo Antonio Vilela, constructor y militante popular, asesoraba a la formación conservadora. Ruz quiere saber qué tipo de asesoramiento realizaba este organismo.
Asimismo, pide identificar a las personas que ejercieron como secretarios personales de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
El último requerimiento que hace Ruz al PP tiene que ver con la contratación del arquitecto Gonzalo Urquijo para las obras de renovación de la sede central del partido en Génova 13, y que según la contabilidad secreta de Bárcenas fueron abonadas con dinero negro. Ruz pide ahora al partido el "expediente completo" relativo a las obras de reforma, con mención expresa a presupuestos, certificaciones de obra, facturación y pagos efectuados.
En la resolución, el magistrado reclama, también antes de diez días, información complementaria a las empresas que figuran como supuestos donantes a la contabilidad de Bárcenas, como el organigrama de sus empresas y directivos, la relación de donaciones y patrocinios, las personas que participaron en la negociación de contratos, o los procesos de adjudicación de concesiones.
Por otra parte, la acusación popular encabezada por Izquierda Unida en el caso de los papeles ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz una extensa batería de diligencias, alrededor de medio centenar, derivadas de la nueva documentación sobre la supuesta contabilidad secreta del PP aportada por el extesorero del PP en su última declaración, el pasado 15 de julio
. El grupo de abogados que representa tanto a IU como a la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad ha registrado esta mañana un escrito de 26 páginas, en el que solicitan, entre otras medidas, que se registre el domicilio de Luis Bárcenas, nuevas periciales caligráficas, o la declaración como testigo de todas las personas que figuran como donantes y como receptores de fondos en las nueve carpetas de colores entregadas por Bárcenas. Entre las personas cuya declaración se solicita están, entre otros, el asesor estratégico del PP Pedro Arriola, los gerentes del PP vasco entre 1999 y 2005 o el extesorero del PP de Castilla-La Mancha, supuesto receptor de 200.000 euros a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras en Toledo a la constructora Sacyr.
Los abogados solicitan al juez que ordene la práctica de careos entre Luis Bárcenas y los empresarios Luis del Rivero (expresidente de Sacyr), Juan Miguel Villar Mir (presidente de OHL) y José María Mayor Oreja (hermano del exministro Jaime Mayor y ex consejero delegado de FCC Construcción). Los letrados observan “discrepancias” entre las declaraciones del extesorero popular como imputado y las de los constructores, que acudieron como testigos ante el juez a finales del pasado mayo. Bárcenas manifestó que mantuvo encuentros con los industriales, en los que pactó la entrega de diversas cantidades para el partido, pagos que los empresarios no podían realizar al impedirlo la ley de financiación de partidos políticos. Los empresarios negaron estas manifestaciones de Bárcenas.
IU y sus compañeros de acusación pretenden también que la Agencia Tributaria emita un informe “sobre posibles facturas falsas” emitidas por las empresas que figuran en la contabilidad secreta de Bárcenas, publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero.
En la contabilidad, el extesorero anotó la entrega de grandes cantidades por parte de diversos empresarios de la construcción.
Este dinero supuestamente se ingresó de forma fraccionada en la contabilidad oficial del partido bajo la fórmula del donativo anónimo.
El maquinista del tren de Santiago: “No lo vi. No estoy tan loco como para no frenar”..............Y ¿si fuera un atentado de AlQaeda?
Custodiado por dos agentes de policía, con camisa a rayas, pantalón
vaquero y una botella de plástico con agua mineral que va pasando de
mano a mano. A ratos bebe algún sorbo y la deja en el suelo. Durante los
50 minutos escasos que duran las preguntas del fiscal y el juez, se
quita las gafas para "no ver borroso" al representante del Ministerio
Público, Antonio Roma, que lo está interrogando. Son las 20.30 horas del
domingo y Francisco José Garzón, el maquinista del Alvia, está sentado
ante el juez. Ha pasado los primeros dos días en el hospital con tres
costillas rotas, un neumotórax y una brecha en la cabeza. El tercero fue
conducido a comisaría mientras el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ofrecía una rueda de prensa sobre el caso. Al límite del máximo de detención legal, lo han trasladado al juzgado ya imputado.
Durante el inicio del interrogatorio, el maquinista cuenta que no ha bebido alcohol antes de ponerse a los mandos del Alvia el día del siniestro ferroviario más grave de los últimos 40 años. "Lo único, café". Que en el último reconocimiento médico de la empresa la pega que le pusieron es que estaba "demasiado delgado". Que subió al tren en Ourense a las 20.00 horas para relevar a un compañero y que el convoy llevaba como mucho "uno o dos minutos de retraso". Que no tiene constancia de que se haya sancionado a otros conductores por llegar tarde. Y que en la cabina, como siempre, llevaba su Ipad con el libro de órdenes "descargado de una página de Renfe" y la ruta. También está a bordo el documento en papel, como es reglamentario, pero explica que él prefiere verlo en la pantallita "con la lupa que permite ampliar el mapa". El fiscal le pregunta si usó el dispositivo electrónico para consultar Facebook o el correo electrónico. "Cuando voy trabajando y llevó el Ipad, lo llevo para trabajar y no lo saco de esa página".
El forense Benito López de Abajo se había encargado minutos antes de certificar que está en uso de sus facultades y en condiciones de testificar para salvar las garantías procesales de una causa que se prevé kilométrica. Con tono amable, Roma, el fiscal que estaba de guardia el día de la catástrofe, arranca la parte clave del interrogatorio. Lo que sigue es la transcripción textual.
Fiscal. ¿Qué estaba pensando usted antes de entrar en ese segundo túnel [el último antes de la curva fatídica]?
Garzón. No lo sé, si lo supiera... la lacra que me va a acarrear para toda la vida es tremenda.
F. Estamos trabajando todos los que estamos aquí, la policía y el resto para saber qué paso por su cabeza. Le pido ese esfuerzo para saber si estábamos centrados...
G. Señoría, le digo sinceramente que no lo sé, no estoy tan loco como para no frenar.
F. En otras ocasiones había cogido esos últimos dos túneles...
G. La única vez que me pasó, por desgracia.
F. ¿Usted activó el freno en algún momento?
G. Hombre, pero era inevitable ya.
F. ¿Qué tipo de freno activó?
G. Activé el neumático, etcétera. Todos.
F. ¿En algún momento levantó el pie del pedal de hombre muerto?
G. No lo sé, el pedal de hombre muerto lo tenemos como inercia ya, muchas veces ni nos enteramos de que hacemos la secuencia, son secuencias cortas de siete segundos.
F. ¿Cuándo nota usted que el tren se le vence?
G. Es que en la curva ya veo, ya veo que no la paso, veo que no la paso.
F. ¿Activa usted el sistema de frenado al entrar en el túnel?
G. Antes de que se me venza el tren, ya llevo todo activado y veo que no, que no paso.
F. ¿Vio usted el vídeo del accidente?
G. No vi ni prensa ni radio ni televisión.
F. Mejor.
El conductor prosigue en su relato. Se le pregunta por la llamada al servicio de incidencias de Renfe que realizó nada más estrellarse y en la que ya reconoció su exceso de velocidad y los 190 kilómetros por hora a los que circulaba por una curva limitada a 80.
"Tras volcar, lo primero que tiene que hacer cualquier maquinista o trabajador es llamar. Dije que había muchísimos muertos porque era inevitable. A la velocidad que iba, aunque no pudiera ver hacia atrás, yo sé lo que llevo entre manos y sé que ahí tenía que haber desgracia. [Llamé] para activar el protocolo de emergencia.
También asegura que al bajar de la locomotora contó esas mismas impresiones "al gobernador civil" [el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez], uno de los primeros dirigentes que apuntó en privado la hipótesis del error humano.
Las preguntas del ministerio público continúan. Y abordan cuestiones de la seguridad relacionadas con el trazado de la vía o los sistemas de frenado.
Fiscal. ¿Había algún elemento en el trazado, la vía o el vehículo que le hubiera perjudicado en la conducción?.
Garzón. No, no, no.
F. Cualquier aspecto del estado de la vía, su trazado o del estado de la máquina o de los sistemas Asfa o ERTMS...
G. Es que todo va en que yo debo saber que en ese punto debo ponerme a esa velocidad [80 kilómetros por hora], nada más.
Cuando transcurre el interrogatorio, las cajas negras permanecen sin abrir bajo custodia de la policía pero algunos investigadores habían apuntado ya la hipótesis de que el despiste del maquinista podría estar relacionado con una llamada de teléfono. El fiscal le pregunta si "durante todo el trayecto mantuvo una conversación con la torre de control". El acusado responde: "No, no lo recuerdo".
Antes, el juez que instruye la causa le ha leído sus derechos: "A no declarar, a no declarar contra sí mismo, a no declarar a cualquier pregunta que se le haga y a manifestar lo que estime conveniente". Y la asistencia del letrado, que es un abogado de Renfe.
El maquinista asiente y va respondiendo pregunta a pregunta a todo el cuestionario. No esquiva ninguna, y solo de cuando en vez pide alguna aclaración. El instructor también centra sus dudas en la curva fatal, la confusión de tramo y el frenazo. El conductor explica que cada día solía frenar cuatro kilómetros antes de entrar en los túneles, a diferencia de lo que hizo el pasado 24 de julio con su despiste. "Suelo hacerlo así por norma, la frenada es más suave y casi no tiene que utilizar el neumático, va con freno eléctrico".
Juez. ¿Recuerda a qué velocidad circulaba cuando tuvo el accidente?
Garzón. Cuando fue el golpe, andaría entre 180 y 190, no me dio tiempo a nada.
J. ¿Por qué no redujo?
G. Es que no le doy explicación, no lo comprendo, cómo no lo vi.
J. Una cosa es que sea un instante, pero usted circula cuatro kiómetros a una velocidad muy superior a lo que suele hacerlo.
G. Cuatro kilómetros a 200 kilómetros por hora va muy de prisa.
J. Al entrar en los túneles no se da cuenta y no reduce la velocidad.
G. Yo cuando me doy cuenta, es que hay más túneles y yo voy tranquilamente pero no, no, no...
El maquinista aún tuvo tiempo de desmontar las informaciones basadas en una foto que colgó en marzo de 2012 en su perfil personal de Facebool y en la que presumía de circular a más de 200 kilómetros por hora, haciendo bromas sobre los radares de la Guardia Civil. Garzón explicó que no era él quien pilotaba aquella locomotora. Defendió que la instantánea corresponde a unas prácticas que realizó en Medina del Campo para conocer el estado de las vías y los cruces antes de hacerse a las nuevas máquinas. "Va otro compañero conduciendo y yo le hago la típica foto al compañero que va circulando. Voy en cabina porque estoy autorizado junto a una serie de compañeros mirando cómo se hacen los cambios. De alguna forma tenemos que aprender".
Con las preguntas de las otras partes personadas, Renfe y las compañías de seguros, acaba la declaración. Nadie pide cárcel.
No hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Pero el fiscal Antonio Roma apunta 79 homicidios por imprudencia profesional y diversos delitos de lesiones. Francisco José Garzón niega con la cabeza. El juez redacta el auto de imputación: debe entregar su pasaporte, su licencia de maquinista y comprometerse a presentarse en el juzgado semanalmente.
Un coche de la policía le traslada a un lugar secreto que sus compañeros maquinistas han improvisado para aislarlo del mundo.
Durante el inicio del interrogatorio, el maquinista cuenta que no ha bebido alcohol antes de ponerse a los mandos del Alvia el día del siniestro ferroviario más grave de los últimos 40 años. "Lo único, café". Que en el último reconocimiento médico de la empresa la pega que le pusieron es que estaba "demasiado delgado". Que subió al tren en Ourense a las 20.00 horas para relevar a un compañero y que el convoy llevaba como mucho "uno o dos minutos de retraso". Que no tiene constancia de que se haya sancionado a otros conductores por llegar tarde. Y que en la cabina, como siempre, llevaba su Ipad con el libro de órdenes "descargado de una página de Renfe" y la ruta. También está a bordo el documento en papel, como es reglamentario, pero explica que él prefiere verlo en la pantallita "con la lupa que permite ampliar el mapa". El fiscal le pregunta si usó el dispositivo electrónico para consultar Facebook o el correo electrónico. "Cuando voy trabajando y llevó el Ipad, lo llevo para trabajar y no lo saco de esa página".
El forense Benito López de Abajo se había encargado minutos antes de certificar que está en uso de sus facultades y en condiciones de testificar para salvar las garantías procesales de una causa que se prevé kilométrica. Con tono amable, Roma, el fiscal que estaba de guardia el día de la catástrofe, arranca la parte clave del interrogatorio. Lo que sigue es la transcripción textual.
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- El juez ordena 17 diligencias para aclarar las causas del siniestro
- “¿Cómo quiere que me calme? Con lo que he provocado, prefiero morir”
Garzón. No lo sé, si lo supiera... la lacra que me va a acarrear para toda la vida es tremenda.
F. Estamos trabajando todos los que estamos aquí, la policía y el resto para saber qué paso por su cabeza. Le pido ese esfuerzo para saber si estábamos centrados...
G. Señoría, le digo sinceramente que no lo sé, no estoy tan loco como para no frenar.
F. En otras ocasiones había cogido esos últimos dos túneles...
G. La única vez que me pasó, por desgracia.
F. ¿Usted activó el freno en algún momento?
G. Hombre, pero era inevitable ya.
F. ¿Qué tipo de freno activó?
G. Activé el neumático, etcétera. Todos.
F. ¿En algún momento levantó el pie del pedal de hombre muerto?
G. No lo sé, el pedal de hombre muerto lo tenemos como inercia ya, muchas veces ni nos enteramos de que hacemos la secuencia, son secuencias cortas de siete segundos.
F. ¿Cuándo nota usted que el tren se le vence?
G. Es que en la curva ya veo, ya veo que no la paso, veo que no la paso.
F. ¿Activa usted el sistema de frenado al entrar en el túnel?
G. Antes de que se me venza el tren, ya llevo todo activado y veo que no, que no paso.
F. ¿Vio usted el vídeo del accidente?
G. No vi ni prensa ni radio ni televisión.
F. Mejor.
El conductor prosigue en su relato. Se le pregunta por la llamada al servicio de incidencias de Renfe que realizó nada más estrellarse y en la que ya reconoció su exceso de velocidad y los 190 kilómetros por hora a los que circulaba por una curva limitada a 80.
"Tras volcar, lo primero que tiene que hacer cualquier maquinista o trabajador es llamar. Dije que había muchísimos muertos porque era inevitable. A la velocidad que iba, aunque no pudiera ver hacia atrás, yo sé lo que llevo entre manos y sé que ahí tenía que haber desgracia. [Llamé] para activar el protocolo de emergencia.
También asegura que al bajar de la locomotora contó esas mismas impresiones "al gobernador civil" [el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez], uno de los primeros dirigentes que apuntó en privado la hipótesis del error humano.
Las preguntas del ministerio público continúan. Y abordan cuestiones de la seguridad relacionadas con el trazado de la vía o los sistemas de frenado.
Fiscal. ¿Había algún elemento en el trazado, la vía o el vehículo que le hubiera perjudicado en la conducción?.
Garzón. No, no, no.
F. Cualquier aspecto del estado de la vía, su trazado o del estado de la máquina o de los sistemas Asfa o ERTMS...
G. Es que todo va en que yo debo saber que en ese punto debo ponerme a esa velocidad [80 kilómetros por hora], nada más.
Cuando transcurre el interrogatorio, las cajas negras permanecen sin abrir bajo custodia de la policía pero algunos investigadores habían apuntado ya la hipótesis de que el despiste del maquinista podría estar relacionado con una llamada de teléfono. El fiscal le pregunta si "durante todo el trayecto mantuvo una conversación con la torre de control". El acusado responde: "No, no lo recuerdo".
Antes, el juez que instruye la causa le ha leído sus derechos: "A no declarar, a no declarar contra sí mismo, a no declarar a cualquier pregunta que se le haga y a manifestar lo que estime conveniente". Y la asistencia del letrado, que es un abogado de Renfe.
El maquinista asiente y va respondiendo pregunta a pregunta a todo el cuestionario. No esquiva ninguna, y solo de cuando en vez pide alguna aclaración. El instructor también centra sus dudas en la curva fatal, la confusión de tramo y el frenazo. El conductor explica que cada día solía frenar cuatro kilómetros antes de entrar en los túneles, a diferencia de lo que hizo el pasado 24 de julio con su despiste. "Suelo hacerlo así por norma, la frenada es más suave y casi no tiene que utilizar el neumático, va con freno eléctrico".
Juez. ¿Recuerda a qué velocidad circulaba cuando tuvo el accidente?
Garzón. Cuando fue el golpe, andaría entre 180 y 190, no me dio tiempo a nada.
J. ¿Por qué no redujo?
G. Es que no le doy explicación, no lo comprendo, cómo no lo vi.
J. Una cosa es que sea un instante, pero usted circula cuatro kiómetros a una velocidad muy superior a lo que suele hacerlo.
G. Cuatro kilómetros a 200 kilómetros por hora va muy de prisa.
J. Al entrar en los túneles no se da cuenta y no reduce la velocidad.
G. Yo cuando me doy cuenta, es que hay más túneles y yo voy tranquilamente pero no, no, no...
El maquinista aún tuvo tiempo de desmontar las informaciones basadas en una foto que colgó en marzo de 2012 en su perfil personal de Facebool y en la que presumía de circular a más de 200 kilómetros por hora, haciendo bromas sobre los radares de la Guardia Civil. Garzón explicó que no era él quien pilotaba aquella locomotora. Defendió que la instantánea corresponde a unas prácticas que realizó en Medina del Campo para conocer el estado de las vías y los cruces antes de hacerse a las nuevas máquinas. "Va otro compañero conduciendo y yo le hago la típica foto al compañero que va circulando. Voy en cabina porque estoy autorizado junto a una serie de compañeros mirando cómo se hacen los cambios. De alguna forma tenemos que aprender".
Con las preguntas de las otras partes personadas, Renfe y las compañías de seguros, acaba la declaración. Nadie pide cárcel.
No hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Pero el fiscal Antonio Roma apunta 79 homicidios por imprudencia profesional y diversos delitos de lesiones. Francisco José Garzón niega con la cabeza. El juez redacta el auto de imputación: debe entregar su pasaporte, su licencia de maquinista y comprometerse a presentarse en el juzgado semanalmente.
Un coche de la policía le traslada a un lugar secreto que sus compañeros maquinistas han improvisado para aislarlo del mundo.
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