ATLAS
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como testigos en el caso de los papeles de Bárcenas a la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal,
el próximo 14 de agosto, y a sus antecesores en el cargo Javier Arenas y
Francisco Álvarez-Cascos, el día anterior.
El magistrado ha tomado la decisión después de pedirlo la acusación popular de Izquierda Unida y tras consultar con la Fiscalía.
El ministerio público solo se había mostrado favorable a la declaración de Cospedal.
En el caso de los otros dos dirigentes, la fiscalía no lo veía necesario. Arenas podrá declarar en el Senado, puesto que tiene un escaño en esa cámara.
El juez había ofrecido a la secretaria general del PP, dada su condición de presidenta de Castilla-La Mancha, y a Arenas, también aforado como senador, que declararan en sus respectivos despachos
. Sin embargo, ambos han decidido acudir a la Audiencia Nacional, en Madrid, según han explicado a Efe.
El anuncio se produce a 48 horas de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar los casos Gürtel y Bárcenas en sede parlamentaria. Ruz considera, sin embargo, que las testificales de Cascos y Arenas son “pertinentes, útiles y necesarias en atención a la responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaría General” durante “los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos”.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, apoya la decisión del juez.
Tanto Cospedal como Arenas han reaccionado a su citación inmediatamente después de conocerla. Arenas ha reconocido que no le sorprende la llamada y Cospedal, que estará "encantada" de decir la verdad.
En su declaración del pasado 15 de julio, tras llevar 18 días en prisión, Bárcenas afirmó que entregó 95.000 euros en billetes de 500 al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y a Cospedal en 2009 y 2010. Esa acusación fue "taxativamente" negada por la secretaria general del PP. Bárcenas reconoció por primera vez que él es el autor material de la contabilidad b en la que figuran donaciones al partido por 7,5 millones de empresarios del sector de la obra pública y su reparto para gastos ordinarios de la formación y el abono de sobresueldos a las sucesivas cúpulas conservadoras al menos entre 1991 y 2010.
Ruz toma la decisión de llamar a los tres secretarios generales “a fin de no demorar más” los actuales trámites judiciales, en los que hay una causa con preso, y “sin perjuicio de las restantes diligencias” que han sido solicitadas por las partes personadas tras la última declaración de Bárcenas, el pasado 15 de julio. Sobre estas peticiones, el magistrado resolverá “una vez obre en autos el correspondiente informe del fiscal”.
A fin de “no incurrir en incongruencia"
Ruz considera que no solo debe declarar la actual secretaria general (como había informado el fiscal) sino también Arenas y Álvarez Cascos en tanto que ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido. Aunque sus cargos se correspondan con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, Ruz cree que pueden aportar datos relevantes para la investigación en curso. En el auto –resolución razonada– el juez acuerda también citar como testigos a un empleado de la caja del PP y al gerente que sucedió a Bárcenas, Cristóbal Páez. Además, el magistrado requiere documentación a varias de las empresas que aparecen en los llamados "papeles de Barcenas" y al propio PP.
La citación de los secretarios generales no es la única disposición que adopta Ruz en su auto.
El magistrado tomará declaración como testigos, el 13 de agosto, al empleado de caja del PP Antonio Ortiz y al actual gerente del partido, Cristóbal Páez. También requiere al PP para que en el plazo de diez días informe sobre qué personas pudieron tener acceso a la contabilidad y quiénes son los tres "auditores internos" sobre cuya existencia se pronunció la jefa de contabilidad popular, Milagros Puentes, en su declaración ante el juzgado.
También exige al partido que certifique la existencia de una supuesta "comisión de infraestructuras" interna que, según el testigo Antonio Vilela, constructor y militante popular, asesoraba a la formación conservadora. Ruz quiere saber qué tipo de asesoramiento realizaba este organismo.
Asimismo, pide identificar a las personas que ejercieron como secretarios personales de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
El último requerimiento que hace Ruz al PP tiene que ver con la contratación del arquitecto Gonzalo Urquijo para las obras de renovación de la sede central del partido en Génova 13, y que según la contabilidad secreta de Bárcenas fueron abonadas con dinero negro. Ruz pide ahora al partido el "expediente completo" relativo a las obras de reforma, con mención expresa a presupuestos, certificaciones de obra, facturación y pagos efectuados.
En la resolución, el magistrado reclama, también antes de diez días, información complementaria a las empresas que figuran como supuestos donantes a la contabilidad de Bárcenas, como el organigrama de sus empresas y directivos, la relación de donaciones y patrocinios, las personas que participaron en la negociación de contratos, o los procesos de adjudicación de concesiones.
Por otra parte, la acusación popular encabezada por Izquierda Unida en el caso de los papeles ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz una extensa batería de diligencias, alrededor de medio centenar, derivadas de la nueva documentación sobre la supuesta contabilidad secreta del PP aportada por el extesorero del PP en su última declaración, el pasado 15 de julio
. El grupo de abogados que representa tanto a IU como a la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad ha registrado esta mañana un escrito de 26 páginas, en el que solicitan, entre otras medidas, que se registre el domicilio de Luis Bárcenas, nuevas periciales caligráficas, o la declaración como testigo de todas las personas que figuran como donantes y como receptores de fondos en las nueve carpetas de colores entregadas por Bárcenas. Entre las personas cuya declaración se solicita están, entre otros, el asesor estratégico del PP Pedro Arriola, los gerentes del PP vasco entre 1999 y 2005 o el extesorero del PP de Castilla-La Mancha, supuesto receptor de 200.000 euros a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras en Toledo a la constructora Sacyr.
Los abogados solicitan al juez que ordene la práctica de careos entre Luis Bárcenas y los empresarios Luis del Rivero (expresidente de Sacyr), Juan Miguel Villar Mir (presidente de OHL) y José María Mayor Oreja (hermano del exministro Jaime Mayor y ex consejero delegado de FCC Construcción). Los letrados observan “discrepancias” entre las declaraciones del extesorero popular como imputado y las de los constructores, que acudieron como testigos ante el juez a finales del pasado mayo. Bárcenas manifestó que mantuvo encuentros con los industriales, en los que pactó la entrega de diversas cantidades para el partido, pagos que los empresarios no podían realizar al impedirlo la ley de financiación de partidos políticos. Los empresarios negaron estas manifestaciones de Bárcenas.
IU y sus compañeros de acusación pretenden también que la Agencia Tributaria emita un informe “sobre posibles facturas falsas” emitidas por las empresas que figuran en la contabilidad secreta de Bárcenas, publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero.
En la contabilidad, el extesorero anotó la entrega de grandes cantidades por parte de diversos empresarios de la construcción.
Este dinero supuestamente se ingresó de forma fraccionada en la contabilidad oficial del partido bajo la fórmula del donativo anónimo.
El magistrado ha tomado la decisión después de pedirlo la acusación popular de Izquierda Unida y tras consultar con la Fiscalía.
El ministerio público solo se había mostrado favorable a la declaración de Cospedal.
En el caso de los otros dos dirigentes, la fiscalía no lo veía necesario. Arenas podrá declarar en el Senado, puesto que tiene un escaño en esa cámara.
El juez había ofrecido a la secretaria general del PP, dada su condición de presidenta de Castilla-La Mancha, y a Arenas, también aforado como senador, que declararan en sus respectivos despachos
. Sin embargo, ambos han decidido acudir a la Audiencia Nacional, en Madrid, según han explicado a Efe.
El anuncio se produce a 48 horas de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar los casos Gürtel y Bárcenas en sede parlamentaria. Ruz considera, sin embargo, que las testificales de Cascos y Arenas son “pertinentes, útiles y necesarias en atención a la responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaría General” durante “los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos”.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, apoya la decisión del juez.
Tanto Cospedal como Arenas han reaccionado a su citación inmediatamente después de conocerla. Arenas ha reconocido que no le sorprende la llamada y Cospedal, que estará "encantada" de decir la verdad.
En su declaración del pasado 15 de julio, tras llevar 18 días en prisión, Bárcenas afirmó que entregó 95.000 euros en billetes de 500 al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y a Cospedal en 2009 y 2010. Esa acusación fue "taxativamente" negada por la secretaria general del PP. Bárcenas reconoció por primera vez que él es el autor material de la contabilidad b en la que figuran donaciones al partido por 7,5 millones de empresarios del sector de la obra pública y su reparto para gastos ordinarios de la formación y el abono de sobresueldos a las sucesivas cúpulas conservadoras al menos entre 1991 y 2010.
Ruz toma la decisión de llamar a los tres secretarios generales “a fin de no demorar más” los actuales trámites judiciales, en los que hay una causa con preso, y “sin perjuicio de las restantes diligencias” que han sido solicitadas por las partes personadas tras la última declaración de Bárcenas, el pasado 15 de julio. Sobre estas peticiones, el magistrado resolverá “una vez obre en autos el correspondiente informe del fiscal”.
A fin de “no incurrir en incongruencia"
Ruz considera que no solo debe declarar la actual secretaria general (como había informado el fiscal) sino también Arenas y Álvarez Cascos en tanto que ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido. Aunque sus cargos se correspondan con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, Ruz cree que pueden aportar datos relevantes para la investigación en curso. En el auto –resolución razonada– el juez acuerda también citar como testigos a un empleado de la caja del PP y al gerente que sucedió a Bárcenas, Cristóbal Páez. Además, el magistrado requiere documentación a varias de las empresas que aparecen en los llamados "papeles de Barcenas" y al propio PP.
La citación de los secretarios generales no es la única disposición que adopta Ruz en su auto.
El magistrado tomará declaración como testigos, el 13 de agosto, al empleado de caja del PP Antonio Ortiz y al actual gerente del partido, Cristóbal Páez. También requiere al PP para que en el plazo de diez días informe sobre qué personas pudieron tener acceso a la contabilidad y quiénes son los tres "auditores internos" sobre cuya existencia se pronunció la jefa de contabilidad popular, Milagros Puentes, en su declaración ante el juzgado.
También exige al partido que certifique la existencia de una supuesta "comisión de infraestructuras" interna que, según el testigo Antonio Vilela, constructor y militante popular, asesoraba a la formación conservadora. Ruz quiere saber qué tipo de asesoramiento realizaba este organismo.
Asimismo, pide identificar a las personas que ejercieron como secretarios personales de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
El último requerimiento que hace Ruz al PP tiene que ver con la contratación del arquitecto Gonzalo Urquijo para las obras de renovación de la sede central del partido en Génova 13, y que según la contabilidad secreta de Bárcenas fueron abonadas con dinero negro. Ruz pide ahora al partido el "expediente completo" relativo a las obras de reforma, con mención expresa a presupuestos, certificaciones de obra, facturación y pagos efectuados.
En la resolución, el magistrado reclama, también antes de diez días, información complementaria a las empresas que figuran como supuestos donantes a la contabilidad de Bárcenas, como el organigrama de sus empresas y directivos, la relación de donaciones y patrocinios, las personas que participaron en la negociación de contratos, o los procesos de adjudicación de concesiones.
Por otra parte, la acusación popular encabezada por Izquierda Unida en el caso de los papeles ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz una extensa batería de diligencias, alrededor de medio centenar, derivadas de la nueva documentación sobre la supuesta contabilidad secreta del PP aportada por el extesorero del PP en su última declaración, el pasado 15 de julio
. El grupo de abogados que representa tanto a IU como a la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad ha registrado esta mañana un escrito de 26 páginas, en el que solicitan, entre otras medidas, que se registre el domicilio de Luis Bárcenas, nuevas periciales caligráficas, o la declaración como testigo de todas las personas que figuran como donantes y como receptores de fondos en las nueve carpetas de colores entregadas por Bárcenas. Entre las personas cuya declaración se solicita están, entre otros, el asesor estratégico del PP Pedro Arriola, los gerentes del PP vasco entre 1999 y 2005 o el extesorero del PP de Castilla-La Mancha, supuesto receptor de 200.000 euros a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras en Toledo a la constructora Sacyr.
Los abogados solicitan al juez que ordene la práctica de careos entre Luis Bárcenas y los empresarios Luis del Rivero (expresidente de Sacyr), Juan Miguel Villar Mir (presidente de OHL) y José María Mayor Oreja (hermano del exministro Jaime Mayor y ex consejero delegado de FCC Construcción). Los letrados observan “discrepancias” entre las declaraciones del extesorero popular como imputado y las de los constructores, que acudieron como testigos ante el juez a finales del pasado mayo. Bárcenas manifestó que mantuvo encuentros con los industriales, en los que pactó la entrega de diversas cantidades para el partido, pagos que los empresarios no podían realizar al impedirlo la ley de financiación de partidos políticos. Los empresarios negaron estas manifestaciones de Bárcenas.
IU y sus compañeros de acusación pretenden también que la Agencia Tributaria emita un informe “sobre posibles facturas falsas” emitidas por las empresas que figuran en la contabilidad secreta de Bárcenas, publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero.
En la contabilidad, el extesorero anotó la entrega de grandes cantidades por parte de diversos empresarios de la construcción.
Este dinero supuestamente se ingresó de forma fraccionada en la contabilidad oficial del partido bajo la fórmula del donativo anónimo.
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