Ley del aborto: a un paso de la vuelta atrás
La línea dura del PP gana posiciones en una de las reformas más controvertidas
Gallardón aparca la opción menos restrictiva, que hasta ahora barajó.
Durante más de un año, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha tenido sobre su mesa dos opciones para la reforma de la ley del aborto.
Una, la más restrictiva, suponía derogar el sistema actual de plazos
—que considera el aborto un derecho de la mujer en las primeras 14
semanas de embarazo— y sustituirlo por un sistema de supuestos despenalizados
como el que rigió hasta 2010, pero más duro que aquel; la otra,
exactamente igual que la primera en sus mimbres —el sistema de
supuestos—, contenía un matiz de fondo que la hacía completamente
distinta: dejaba la decisión final, fuera cual fuera el supuesto, en
manos de la mujer. Esa segunda opción es la que Ruiz-Gallardón nunca defendió abiertamente en público
pero siempre contempló y fue desarrollando en privado, según sostenía
su entorno y según fue publicado varias veces en distintos medios y
jamás desmentido por él. Ahora, esa opción está a punto de quedar
definitivamente enterrada.
A día de hoy, y aunque la decisión aún no ha sido tomada por quien puede tomarla —el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy—, todas las señales y todas las fuentes del Ejecutivo consultadas apuntan a que Ruiz-Gallardón, si alguna vez tuvo intención de llevar esa segunda opción hasta el final, ha renunciado a hacerlo. La ley del aborto que prepara el ministro de Justicia y a la que él pondrá nombre en los libros de historia sería, así, la más restrictiva de la democracia.
"La última palabra no está dicha", insisten fuentes del ministerio. Pero el entorno de Gallardón, que hasta hace apenas tres semanas seguía defendiendo en privado la posibilidad de aprobar una ley que, aun volviendo al sistema de supuestos y endureciendo las condiciones, respetase en última instancia la decisión de la mujer —porque se reconocerían derechos al feto pero primarían los de la madre—, ya no lo hace.
Ese as en la manga que lo cambiaba todo, el de dejar en manos de la
mujer la decisión final, no se menciona ya en las conversaciones.
Mientras, el ministro ha retomado sus declaraciones públicas anunciando
una ley muy dura. Y todo ese aparente cambio de rumbo ha coincidido,
además, con la reunión de Rajoy con el Papa y las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela,
metiendo prisa al Gobierno con la ley del aborto. Fuentes de Justicia
aseguran, sin embargo, que esos dos hechos no han influido en nada;
también sostienen que la ley será fruto de una decisión "colegiada" y
que el ministro nunca ha ido por libre ni ha llegado a defender "una
opción por encima de la otra".
Si se confirma que la línea más dura se ha impuesto, la nueva ley del aborto supondrá una vuelta a 1985 o más atrás. Se tratará de un sistema acotado de supuestos (es decir, abortar es delito salvo en los supuestos que se fijan), como el de la ley que aprobó el Gobierno de Felipe González, pero con menos supuestos, ya que Gallardón ha adelantado que eliminaría el de malformación fetal. Además, hay un asunto clave que podría ser modificado: qué médico o médicos asumen la responsabilidad de autorizar el aborto.
Con la ley de 1985 —en los casos de riesgo para la madre o malformación fetal, que requerían la firma del médico— , ese papel lo ejercían generalmente los propios profesionales de la clínica en la que luego se realizaba el aborto: casi siempre el psiquiatra del centro, porque el daño psicológico era el supuesto alegado en la gran mayoría de los casos. También ocurre así con la ley actual, que declara el aborto como un derecho hasta la semana 14 (la mujer no tiene que alegar motivos en ese plazo) pero que después también requiere el informe médico para acreditar posibles daños a la madre o al feto: esa acreditación la firman, de nuevo, los profesionales de las clínicas (porque el 97% de las interrupciones del embarazo se realizan en centros privados). La reforma del PP podría traspasar esa potestad a médicos especialistas de la red pública, quitándoselo a las clínicas. Eso es, al menos, lo que propusieron los populares en sus enmiendas a la ley de plazos de 2010.
Establecía que el aborto era delito salvo en tres supuestos: violación (alegable en las primeras 12 semanas); malformación del feto (hasta la semana 22) y riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (en cualquier momento). Los dos últimos supuestos requerían un informe médico.
El sistema de supuestos de 1985 (que el PP no tocó durante sus años de Gobierno) fue sustituido por uno de plazos con la ley de 2010, siendo ministra de Igualdad la socialista Bibiana Aído.
La ley establece que el aborto es un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas (en ese plazo, no tiene que alegar ningún motivo); después permite abortar, hasta la semana 22 y previo informe médico, por “grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto”; a partir de entonces, solo si el feto sufre “enfermedad extremadamente grave o incurable” o anomalías “incompatibles con la vida”.
El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha dado algunas pistas de cómo será su ley: “Volveremos a una ley de supuestos”, aseguró. Solo ha citado dos: violación y “peligro cierto” para la salud física o psíquica de la madre. Y ha añadido que esos supuestos “no deben ser pretextos”: “Se deberán acreditar”. "No entiendo que se desproteja al concebido [con el aborto] por el hecho de que tenga alguna minusvalía o malformación”. Desaparecerá la posibilidad de que [las menores] aborten sin permiso de sus padres”, ha asegurado.
La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del
Embarazo (ACAI), que agrupa a cerca de la mitad de las existentes,
augura que esa fórmula estrecharía mucho las posibilidades de abortar.
"Si se deja en manos de las comunidades autónomas la creación de comités
médicos en los hospitales para autorizar todos los abortos, la elección
de esos profesionales podría estar marcada por criterios políticos",
señala Francisca García, vicepresidenta de ACAI, que hace hincapié en
que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP. La
asociación no cree que la situación actual, en la que es un médico de la
clínica, la mayoría de las veces, el que autoriza el aborto (aunque
este es practicado por otro médico), peque de lo contrario: que los
médicos sean más permisivos. "En las clínicas no solo se practican
abortos, también se llevan embarazos y partos, planificación familiar...
Nuestro interés no es que las mujeres aborten", argumentan desde ACAI.
En todo caso, esa puede ser una de las claves de la nueva ley: hasta qué punto quedará la mujer en manos de un médico u otro, porque el aborto como derecho en las primeras 14 semanas —que es cuando se produce más del 90% de los abortos, con esta ley y con la anterior—, se suprimirá y el médico volverá a jugar ese papel fundamental. La otra cuestión clave es la más que probable eliminación del supuesto de malformación fetal. Representa un porcentaje ínfimo de las interrupciones voluntarias del embarazo (un 3%, unos 3.500 abortos al año), pero suelen ser casos especialmente dolorosos para las mujeres. Gallardón considera que es necesario eliminar ese supuesto porque genera "discriminación".
"No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Es éticamente inconcebible", dijo el pasado verano. Este periódico publicó entonces una encuesta según la cual el 80% de los ciudadanos (y el 65% de votantes del PP) eran contrarios a suprimir ese supuesto.
En toda Europa, solo Malta e Irlanda prohíben el aborto por malformación fetal.
Gallardón nunca ha llegado a aclarar a qué grado de "minusvalías" o "malformaciones" se refiere: si a todas o solo a algunas; ni quién y con qué criterio asumiría hacer esa distinción en cada caso.
España, con 118.359 abortos en el año 2011, tiene una tasa de 12,4 por cada 1.000 mujeres fértiles (similar o menor a la de países de su entorno)
. La ley de plazos que rige desde 2010 es equivalente a la de la mayoría de los países europeos.
Según una encuesta de Metroscopia, en España sigue siendo la opción más apoyada (véase gráfico en esta página).
El ministro Ruiz-Gallardón la sustituirá por otra que, previsiblemente, devolverá la cuestión, de una sola zancada, a los años ochenta.
Pues no No los dejaremos...pasan cosas oigo escalofriantes opiniones ...No Diguem NO Nosaltres no son de ese mon
A día de hoy, y aunque la decisión aún no ha sido tomada por quien puede tomarla —el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy—, todas las señales y todas las fuentes del Ejecutivo consultadas apuntan a que Ruiz-Gallardón, si alguna vez tuvo intención de llevar esa segunda opción hasta el final, ha renunciado a hacerlo. La ley del aborto que prepara el ministro de Justicia y a la que él pondrá nombre en los libros de historia sería, así, la más restrictiva de la democracia.
"La última palabra no está dicha", insisten fuentes del ministerio. Pero el entorno de Gallardón, que hasta hace apenas tres semanas seguía defendiendo en privado la posibilidad de aprobar una ley que, aun volviendo al sistema de supuestos y endureciendo las condiciones, respetase en última instancia la decisión de la mujer —porque se reconocerían derechos al feto pero primarían los de la madre—, ya no lo hace.
más información
- "Para escraches, los nuestros" (21 ABR 2013)
- El PSOE lanza una campaña contra la futura ley del aborto (19 ABR 2013)
- El aborto provoca un cisma entre católicos (18 ABR 2013)
- El PP augura que la ley del aborto no gustará a los obispos (17 ABR 2013)
- Si Rajoy cede ante la Iglesia el PSOE denunciará el Concordato (16 ABR 2013)
- Alfonso Alonso: “La ley del aborto no les va a gustar a los obispos” (16 ABR 2013)
- Gallardón reformará la ley del aborto pero no el matrimonio gay (16 ABR 2013)
- Rouco urge a Rajoy a cambiar ya la legislación sobre aborto y bodas gais (15 ABR 2013)
- La ley permitirá abortar por riesgo para la madre o por violación (3 SEPT 2012)
Si se confirma que la línea más dura se ha impuesto, la nueva ley del aborto supondrá una vuelta a 1985 o más atrás. Se tratará de un sistema acotado de supuestos (es decir, abortar es delito salvo en los supuestos que se fijan), como el de la ley que aprobó el Gobierno de Felipe González, pero con menos supuestos, ya que Gallardón ha adelantado que eliminaría el de malformación fetal. Además, hay un asunto clave que podría ser modificado: qué médico o médicos asumen la responsabilidad de autorizar el aborto.
Con la ley de 1985 —en los casos de riesgo para la madre o malformación fetal, que requerían la firma del médico— , ese papel lo ejercían generalmente los propios profesionales de la clínica en la que luego se realizaba el aborto: casi siempre el psiquiatra del centro, porque el daño psicológico era el supuesto alegado en la gran mayoría de los casos. También ocurre así con la ley actual, que declara el aborto como un derecho hasta la semana 14 (la mujer no tiene que alegar motivos en ese plazo) pero que después también requiere el informe médico para acreditar posibles daños a la madre o al feto: esa acreditación la firman, de nuevo, los profesionales de las clínicas (porque el 97% de las interrupciones del embarazo se realizan en centros privados). La reforma del PP podría traspasar esa potestad a médicos especialistas de la red pública, quitándoselo a las clínicas. Eso es, al menos, lo que propusieron los populares en sus enmiendas a la ley de plazos de 2010.
1985-2013: de la despenalización al derecho
La primera ley del aborto en democracia la sacó adelante el PSOE, siendo ministro de Justicia Fernando Ledesma. Aunque fue inicialmente aprobada en 1983, tuvo que ser corregida en parte tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 (el PP la había recurrido) y entró en vigor ese año.Establecía que el aborto era delito salvo en tres supuestos: violación (alegable en las primeras 12 semanas); malformación del feto (hasta la semana 22) y riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (en cualquier momento). Los dos últimos supuestos requerían un informe médico.
El sistema de supuestos de 1985 (que el PP no tocó durante sus años de Gobierno) fue sustituido por uno de plazos con la ley de 2010, siendo ministra de Igualdad la socialista Bibiana Aído.
La ley establece que el aborto es un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas (en ese plazo, no tiene que alegar ningún motivo); después permite abortar, hasta la semana 22 y previo informe médico, por “grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto”; a partir de entonces, solo si el feto sufre “enfermedad extremadamente grave o incurable” o anomalías “incompatibles con la vida”.
El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha dado algunas pistas de cómo será su ley: “Volveremos a una ley de supuestos”, aseguró. Solo ha citado dos: violación y “peligro cierto” para la salud física o psíquica de la madre. Y ha añadido que esos supuestos “no deben ser pretextos”: “Se deberán acreditar”. "No entiendo que se desproteja al concebido [con el aborto] por el hecho de que tenga alguna minusvalía o malformación”. Desaparecerá la posibilidad de que [las menores] aborten sin permiso de sus padres”, ha asegurado.
Nuestro interés no es que las mujeres aborten", argumentan desde ACAI.
En todo caso, esa puede ser una de las claves de la nueva ley: hasta qué punto quedará la mujer en manos de un médico u otro, porque el aborto como derecho en las primeras 14 semanas —que es cuando se produce más del 90% de los abortos, con esta ley y con la anterior—, se suprimirá y el médico volverá a jugar ese papel fundamental. La otra cuestión clave es la más que probable eliminación del supuesto de malformación fetal. Representa un porcentaje ínfimo de las interrupciones voluntarias del embarazo (un 3%, unos 3.500 abortos al año), pero suelen ser casos especialmente dolorosos para las mujeres. Gallardón considera que es necesario eliminar ese supuesto porque genera "discriminación".
"No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Es éticamente inconcebible", dijo el pasado verano. Este periódico publicó entonces una encuesta según la cual el 80% de los ciudadanos (y el 65% de votantes del PP) eran contrarios a suprimir ese supuesto.
En toda Europa, solo Malta e Irlanda prohíben el aborto por malformación fetal.
Gallardón nunca ha llegado a aclarar a qué grado de "minusvalías" o "malformaciones" se refiere: si a todas o solo a algunas; ni quién y con qué criterio asumiría hacer esa distinción en cada caso.
España, con 118.359 abortos en el año 2011, tiene una tasa de 12,4 por cada 1.000 mujeres fértiles (similar o menor a la de países de su entorno)
. La ley de plazos que rige desde 2010 es equivalente a la de la mayoría de los países europeos.
Según una encuesta de Metroscopia, en España sigue siendo la opción más apoyada (véase gráfico en esta página).
El ministro Ruiz-Gallardón la sustituirá por otra que, previsiblemente, devolverá la cuestión, de una sola zancada, a los años ochenta.
Pues no No los dejaremos...pasan cosas oigo escalofriantes opiniones ...No Diguem NO Nosaltres no son de ese mon
