Antonio de Guindos, un gestor afable y eficaz, alérgico a la política
y encargado durante un año de la mitad del presupuesto del Ayuntamiento
de Madrid, ha dimitido esta tarde como delegado de Medio Ambiente y
Movilidad. Unas horas antes había sido imputado por su presunta
responsabilidad en la tragedia que costó la vida a cinco jóvenes en la
fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena.
"Ha cumplido con su palabra", ha explicado el portavoz municipal,
Enrique Núñez
. De Guindos aseguró el pasado 3 de diciembre, durante su
comparecencia ante la comisión de investigación política sobre la
tragedia: "No suelo tener mucho apego a los cargos que ostento, y a este
en concreto es al que menos. Pero solo dimitiría si me imputara la
justicia o lo decidiera la alcaldesa".
La alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), no sólo no lo ha
decidido sino que ha intentado durante todo el día convencer al delegado
de que al menos aplazase su decisión hasta conocer el recurso de su
abogado a la imputación. Botella, que intentó cerrar la crisis política
desencadenada por la tragedia con la declaración de Guindos ante la
comisión, ha perdido ya a un tercio del Gobierno que diseñó tras
sustituir al frente de la alcaldía a Alberto Ruiz-Gallardón en diciembre
de 2011.
Curiosamente, las dos salidas anteriores fueron de responsables
municipales que no han sido imputados pero sí culpados de la tragedia.
Sin embargo, Botella sólo ha peleado por mantener a Guindos, que sí lo
está, pero es su amigo, su
número dos cuando era concejal de
Medio Ambiente (2007-2011), y hermano del ministro de Economía. Además,
al no ser concejal, su marcha es definitiva y completa.
Esa insistencia por mantenerlo por parte de Botella, cristalizada en
conversaciones constantes durante todo el día, ha provocado que la rueda
de prensa anunciando su marcha fuera precipitada y casi sobre la
marcha, cuando el Palacio de Cibeles había apagado ya todas sus luces.
Eso sí, fiel a sus costumbres, ni Guindos salió a explicar su "decisión
personal", como la calificó el portavoz municipal, ni Botella compareció
para aclarar este episodio más de una crisis que parece imposible de
frenar y que ha acabado con su crédito político en apenas tres meses.
El Ayuntamiento, en cualquier caso, ha recalcado que cree en la total
inocencia de Guindos y del resto de imputados hoy, entre ellos la
concejal Fátima Núñez, que mantendrá no sólo su acta sino también su
responsabilidad como encargada del distrito de Carabanchel. Tampoco ha
anunciado el Ayuntamiento que vaya a relevar a Emilio Monteagudo,
inspector jefe de la Policía Municipal.
"Nada tiene que ver lo sucedido dentro de lo sucedido fuera. Es lo
que seguiremos defendiendo", ha explicado Enrique Núñez para distinguir
la presunta culpa del organizador, Miguel Ángel Flores, que vendió
supuestamente el doble de entradas de lo permitido; y la de los
controladores de aforo y guardas de seguridad que debían vigilar el
recinto; de la tarea de la Policía Municipal en los alrededores de
pabellón. Guindos era esa noche delegado de Medio Ambiente, Movilidad y
Seguridad (esta última competencia se la retiró Botella hace unas
semanas); Fátima Núñez era concejal de Seguridad. Ambos mandaban sobre
Policía Municipal y Samur.
Lo sucedido aquella noche, y la gestión política que de ello ha hecho
Botella, se ha llevado ya por delante a cuatro miembros del Gobierno
municipal.
El primero fue
Pedro Calvo, que
dimitió el 13 de noviembre,
tras señalar el juzgado de instrucción número 51 de plaza de Castilla
que iba a ser imputado como responsable político de alquilar el pabellón
municipal al organizador de la fiesta de Halloween en la que
perdieron la vida cinco jóvenes. Calvo sigue siendo concejal, y aún no ha sido imputado.
El 9 de enero,
Botella destituyó a su vicealcalde,
Miguel Ángel Villanueva, que abandonó de inmediato el acta de concejal.
A Villanueva se le acusó en determinados medios de ser amigo del
organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, imputado por haber
duplicado presuntamente el aforo máximo del recinto con hasta 20.000
personas
. La Fiscalía, sin embargo, considera que no hay ningún indicio
en contra de Villanueva.
Tras la marcha de Villanueva, Botella desgajó las competencias de
Seguridad para crear un área independiente, corrigiendo así su primera
decisión como alcaldesa.
Al frente puso a Enrique Núñez. De Guindos
siguió como delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Fátima Núñez era
hasta la tragedia su
número dos como responsable de Seguridad.
Tras la remodelación, perdió ese cargo para convertirse en concejal de
Carabanchel. El juez ha imputado además al director general de
Emergencia, Alfonso del Álamo, responsable directo del Samur; y a Emilio
Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal.
Botella deberá ahora reformar de nuevo su Gobierno. Será la tercera
remodelación en cuestión de un año y el cuarto Ejecutivo municipal que
tiene la ciudad desde que el PP ganara las elecciones en mayo de 2011.
Los
pilares de Botella son ahora el propio Enrique Núñez,
que además de delegado de Seguridad es portavoz del Gobierno (antes de
la tragedia, era concejal del distrito Centro); y Concepción Dancausa,
primera teniente de alcalde, delegada de Hacienda y, desde la última
remodelación, encargada también de Economía y Empleo.
De Guindos, Núñez y Monteagudo han centrado la mayoría de críticas
sobre la actuación del Ayuntamiento antes y durante la tragedia. El
Ayuntamiento sabía desde el 6 de octubre que se iba a celebrar una
fiesta de Halloween en el Madrid Arena, a la que asistirían al menos
7.000 personas.
Pero no avisó al Samur hasta apenas unas horas antes,
por lo que estos tuvieron que improvisar “sin tiempo suficiente”, sobre
la marcha, su despliegue, a medida que fueron recibiendo alertas sobre
intoxicaciones etílicas y otras incidencias en esa área.
Así lo
reconoció durante la comisión de investigación
el director de Emergencias, Alfonso del Álamo, ahora imputado.
Entre
las las 0.09 y las 2.40 de esa noche, el Samur tuvo que acudir a atender
a 10 jóvenes, algunos de ellos menores de edad, por intoxicaciones
etílicas o heridas; y al menos tres fueron hospitalizados.
A las 2.28,
viendo la profusión de avisos recibidos, se enviaron dos unidades a la
zona, que fueron las que actuaron luego con rapidez.
El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha señalado que de las
grabaciones difundidas de cómo se atendió a la primera llamada de
auxilio (de forma incorrecta y maleducada, por parte de un técnico en
prácticas) no se puede deducir responsabilidad penal: “La actuación fue
absolutamente correcta”.
La actuación de la Policía Municipal también ha despertado serias
dudas.
Primero, porque sólo había agentes durante la fiesta en el
exterior, y no muchos, y no entraron al recinto hasta después de
ocurrida la tragedia. Además, no evitaron que miles de jóvenes
realizaran botellón en la zona. “No era nuestra prioridad”, afirmaron
los mandos policiales.
“Nadie quiso que hubiera muertes, pero aquella noche casi nadie
cumplió con su deber, ni la empresa de vigilantes, ni la Policía
Municipal, ni el organizador, ni el Samur", afirmaron fuentes de la
investigación judicial a EL PAÍS hace un mes.
"Es incomprensible que en un espectáculo de esa envergadura no
hubiera ambulancias preparadas dentro del recinto, ni que se hubiese
habilitado un pasillo para, en caso de emergencia, como sucedió, las
ambulancias pudieran entrar y salir. Tampoco se entiende la dejación del
Samur, la inacción de la Policía Municipal ante el botellón que
celebraron cientos de jóvenes en el exterior del pabellón, pero dentro
del recinto.
Aquello fue la ley de la selva”, añadieron.
