De Guindos, tercer ‘ministro’ de Botella fulminado por el ‘caso Madrid Arena’.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad "ha cumplido con su palabra" de dimitir

Fátima Núñez, también imputada hoy, sigue como concejal de Carabanchel.

Antonio de Guindos y Ana Botella, en el pleno del 14 de enero. / ULY MARTÍN

Antonio de Guindos, un gestor afable y eficaz, alérgico a la política y encargado durante un año de la mitad del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, ha dimitido esta tarde como delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Unas horas antes había sido imputado por su presunta responsabilidad en la tragedia que costó la vida a cinco jóvenes en la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena.
"Ha cumplido con su palabra", ha explicado el portavoz municipal, Enrique Núñez
. De Guindos aseguró el pasado 3 de diciembre, durante su comparecencia ante la comisión de investigación política sobre la tragedia: "No suelo tener mucho apego a los cargos que ostento, y a este en concreto es al que menos. Pero solo dimitiría si me imputara la justicia o lo decidiera la alcaldesa".
La alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), no sólo no lo ha decidido sino que ha intentado durante todo el día convencer al delegado de que al menos aplazase su decisión hasta conocer el recurso de su abogado a la imputación. Botella, que intentó cerrar la crisis política desencadenada por la tragedia con la declaración de Guindos ante la comisión, ha perdido ya a un tercio del Gobierno que diseñó tras sustituir al frente de la alcaldía a Alberto Ruiz-Gallardón en diciembre de 2011.
Curiosamente, las dos salidas anteriores fueron de responsables municipales que no han sido imputados pero sí culpados de la tragedia.
Sin embargo, Botella sólo ha peleado por mantener a Guindos, que sí lo está, pero es su amigo, su número dos cuando era concejal de Medio Ambiente (2007-2011), y hermano del ministro de Economía. Además, al no ser concejal, su marcha es definitiva y completa.

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Esa insistencia por mantenerlo por parte de Botella, cristalizada en conversaciones constantes durante todo el día, ha provocado que la rueda de prensa anunciando su marcha fuera precipitada y casi sobre la marcha, cuando el Palacio de Cibeles había apagado ya todas sus luces.
Eso sí, fiel a sus costumbres, ni Guindos salió a explicar su "decisión personal", como la calificó el portavoz municipal, ni Botella compareció para aclarar este episodio más de una crisis que parece imposible de frenar y que ha acabado con su crédito político en apenas tres meses.
El Ayuntamiento, en cualquier caso, ha recalcado que cree en la total inocencia de Guindos y del resto de imputados hoy, entre ellos la concejal Fátima Núñez, que mantendrá no sólo su acta sino también su responsabilidad como encargada del distrito de Carabanchel. Tampoco ha anunciado el Ayuntamiento que vaya a relevar a Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal.
"Nada tiene que ver lo sucedido dentro de lo sucedido fuera. Es lo que seguiremos defendiendo", ha explicado Enrique Núñez para distinguir la presunta culpa del organizador, Miguel Ángel Flores, que vendió supuestamente el doble de entradas de lo permitido; y la de los controladores de aforo y guardas de seguridad que debían vigilar el recinto; de la tarea de la Policía Municipal en los alrededores de pabellón. Guindos era esa noche delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad (esta última competencia se la retiró Botella hace unas semanas); Fátima Núñez era concejal de Seguridad. Ambos mandaban sobre Policía Municipal y Samur.
Lo sucedido aquella noche, y la gestión política que de ello ha hecho Botella, se ha llevado ya por delante a cuatro miembros del Gobierno municipal.
El primero fue Pedro Calvo, que dimitió el 13 de noviembre, tras señalar el juzgado de instrucción número 51 de plaza de Castilla que iba a ser imputado como responsable político de alquilar el pabellón municipal al organizador de la fiesta de Halloween en la que perdieron la vida cinco jóvenes. Calvo sigue siendo concejal, y aún no ha sido imputado.
El 9 de enero, Botella destituyó a su vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, que abandonó de inmediato el acta de concejal. A Villanueva se le acusó en determinados medios de ser amigo del organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, imputado por haber duplicado presuntamente el aforo máximo del recinto con hasta 20.000 personas
. La Fiscalía, sin embargo, considera que no hay ningún indicio en contra de Villanueva.
Tras la marcha de Villanueva, Botella desgajó las competencias de Seguridad para crear un área independiente, corrigiendo así su primera decisión como alcaldesa.
Al frente puso a Enrique Núñez. De Guindos siguió como delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Fátima Núñez era hasta la tragedia su número dos como responsable de Seguridad. Tras la remodelación, perdió ese cargo para convertirse en concejal de Carabanchel. El juez ha imputado además al director general de Emergencia, Alfonso del Álamo, responsable directo del Samur; y a Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal.
Botella deberá ahora reformar de nuevo su Gobierno. Será la tercera remodelación en cuestión de un año y el cuarto Ejecutivo municipal que tiene la ciudad desde que el PP ganara las elecciones en mayo de 2011. Los pilares de Botella son ahora el propio Enrique Núñez, que además de delegado de Seguridad es portavoz del Gobierno (antes de la tragedia, era concejal del distrito Centro); y Concepción Dancausa, primera teniente de alcalde, delegada de Hacienda y, desde la última remodelación, encargada también de Economía y Empleo.
De Guindos, Núñez y Monteagudo han centrado la mayoría de críticas sobre la actuación del Ayuntamiento antes y durante la tragedia. El Ayuntamiento sabía desde el 6 de octubre que se iba a celebrar una fiesta de Halloween en el Madrid Arena, a la que asistirían al menos 7.000 personas.
Pero no avisó al Samur hasta apenas unas horas antes, por lo que estos tuvieron que improvisar “sin tiempo suficiente”, sobre la marcha, su despliegue, a medida que fueron recibiendo alertas sobre intoxicaciones etílicas y otras incidencias en esa área.
Así lo reconoció durante la comisión de investigación el director de Emergencias, Alfonso del Álamo, ahora imputado.
Entre las las 0.09 y las 2.40 de esa noche, el Samur tuvo que acudir a atender a 10 jóvenes, algunos de ellos menores de edad, por intoxicaciones etílicas o heridas; y al menos tres fueron hospitalizados.
A las 2.28, viendo la profusión de avisos recibidos, se enviaron dos unidades a la zona, que fueron las que actuaron luego con rapidez.
El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha señalado que de las grabaciones difundidas de cómo se atendió a la primera llamada de auxilio (de forma incorrecta y maleducada, por parte de un técnico en prácticas) no se puede deducir responsabilidad penal: “La actuación fue absolutamente correcta”.
La actuación de la Policía Municipal también ha despertado serias dudas.
Primero, porque sólo había agentes durante la fiesta en el exterior, y no muchos, y no entraron al recinto hasta después de ocurrida la tragedia. Además, no evitaron que miles de jóvenes realizaran botellón en la zona. “No era nuestra prioridad”, afirmaron los mandos policiales.
“Nadie quiso que hubiera muertes, pero aquella noche casi nadie cumplió con su deber, ni la empresa de vigilantes, ni la Policía Municipal, ni el organizador, ni el Samur", afirmaron fuentes de la investigación judicial a EL PAÍS hace un mes.
"Es incomprensible que en un espectáculo de esa envergadura no hubiera ambulancias preparadas dentro del recinto, ni que se hubiese habilitado un pasillo para, en caso de emergencia, como sucedió, las ambulancias pudieran entrar y salir. Tampoco se entiende la dejación del Samur, la inacción de la Policía Municipal ante el botellón que celebraron cientos de jóvenes en el exterior del pabellón, pero dentro del recinto.
Aquello fue la ley de la selva”, añadieron.