Un Blues

Un Blues
Del material conque están hechos los sueños

21 ene 2013

Hay muchos errores en el Diccionario Histórico sobre Canarias y sus habitantes.

Un espía canario en Londres

Miguel Piernavieja del Pozo, el falangista que Ramón Serrano Suñer envió a Inglaterra y que cayó en una trampa del contraespionaje




De izquierda a derecha: un desconocido, el capitán Zamanillo, una enfermera, Miguel Piernavieja del Pozo y Francisco de Miguel González, con uniformes alemanes. | lp / dlp
De izquierda a derecha: un desconocido, el capitán Zamanillo, una enfermera, Miguel Piernavieja del Pozo y Francisco de Miguel González, con uniformes alemanes. | lp / dlp 

Miguel Piernavieja del Pozo, bibliófilo, historiador y espía. ¿Un espía canario en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de Historia? Comienza la reconstrucción de un personaje que nos devuelve el franquismo puro y duro, a la retórica visionaria de los falangistas de primera hornada y hasta al soldado que cae en combate en la lejana Rusia nada menos que a casi 60º bajo cero. 

Murió en 1983 en Madrid y sobre sus espaldas está la responsabilidad de ser el primer espía, al menos así lo constatan los investigadores, que envió el caudillo victorioso a Londres para contentar a un Hitler cada vez más disparatado.

JAVIER DURÁN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Si nada se tuerce, su entrada aparecerá en el tomo XLI, el 41, del controvertido Diccionario Biográfico de la Real Academia de Historia, una colección cuyo comité de control hace esfuerzos casi sobrenaturales -a veces con sonoros fracasos y otras con escándalos- por mantener el equilibrio entre la dos Españas. Miguel Piernavieja del Pozo, nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1916, aparece allí por la terna, digamos, de los que mascullaron contra el zarpazo de la garra del generalísimo para comerse todo el turrón. Pero es mucho más: en principio, de entrada, un agente del todopoderoso ministro Serrano Suñer, cuñadísimo de Franco, aspirante a gran canciller de la política exterior española en la sacudida de la II Guerra Mundial.

Nació por circunstancias del destino profesional de su padre en Tenerife. Era uno de los hijos de la extensa familia del fiscal del Tribunal Supremo Luis Piernavieja y Soto. La entrada del Diccionario, a la que este periódico ha tenido acceso (aunque no a su autor), describe al joven retratado como deportista consumado y estudioso de la disciplina, "aunque también se sintió atraído por la convulsa actividad política previa al estallido de la Guerra Civil española. En la capital", continúa la entrada, "militó en la Falange y el Sindicato Español Universitario (SEU) al tiempo que realizaba las carreras de Derecho y Filosofía y Letras". Otra cualidad: "Hablaba seis idiomas". Tras el estallido de la Guerra Civil, "colaboró en la clandestinidad con los círculos falangistas de la capital y en 1938 se pasó al bando sublevado".


Bajo el espectro de la victoria, en un ecosistema plagado de oportunistas, pistoleros, advenedizos, churreros de la política, matones y furibundos anticomunistas, Miguel Piernavieja del Pozo es designado en 1940 para viajar a Londres "a petición del también falangista Ángel Alcázar de Velasco, aventurero y notorio agente del espionaje alemán". Nuestro hombre en la City, dice su biografía, "pretendía transmitir a España datos sobre los objetivos de los bombardeos alemanes sobre la capital británica, además de informes sobre sus efectivos militares. Descubierto por el contraespionaje británico, regresó a España en enero de 1941".


O sea, al año era un espía quemado, a expensas de los jefes de una organización de primaveras dividida entre periodistas (Luis Calvo y Felipe Armesto) y diplomáticos imperiales como el duque de Alba, José Brugada y Miguel Lojendio. Pero sigamos la ruta: el ferviente falangista, cuenta Antonio César Moreno Cantano en su libro Espionaje, neutralidad y propaganda franquista en Gran Bretaña, llega a Londres "fruto de un rocambolesco plan ideado por Serrano Suñer y Ángel Alcázar de Velasco". Este último, novillero, gacetillero y agente secreto en plan Anacleto, le come el cerebro (algo nada complejo dada su ínfula expansionista) al ministro plenipotenciario.


Y la cuestión, que tiene higadillos, queda así, siempre según Moreno Cantano: El encargado de los trabajos apestosos relata que ha convencido a Samuel Hoare, embajador británico en España, de "que pretendía derrocar a Franco. Para acometer este plan consideró necesario que un colaborador suyo viajase a Inglaterra cerca del duque de Alba, para así buscar apoyos y poder tramar esta conspiración. Hoare aceptó la propuesta, lo que permitió que Piernavieja del Pozo gozase del apoyo de Foreing Office. Pero detrás de esta pantomima lo que buscaba realmente era que el enviado español disfrutase de libertad de movimientos por tierras británicas y facilitar así su misión secreta para el Eje".


En el filo de la navaja, con veinte y pocos años, nuestro espía canario llega al Reino Unido el 29 de septiembre de 1940 en el avión que unía a Lisboa con Bristol. Tenía una experiencia mínima (con la Quinta Columna en la Guerra Civil), pero estaba sobrado del idealismo joseantoniano y del vértigo de la acción. Los fondos reservados de la época, muchos de ellos dedicados a acciones secretas para satisfacer a Hitler, daban para bastante, y Piernavieja "se instaló en la séptima planta del Athenaeaum Court, un moderno y lujoso edificio de apartamentos en el número 116 de Picadilly", señala en conversación telefónica Javier Juárez, autor de Madrid-Londres-Berlín: Espías de Franco al servicio de Hitler.


Estaba en el verdadero meollo, próximo a la Embajada española, a las baterias antiáreas de Hyde Park y al complejo gubernamental de Whitehall, donde se hallaba la sede del primer ministro, el Foreign Office y el Ministerio de Guerra. En octubre de 1940 Alemania ultimaba la operación León Marino para la invasión del Reino Unido. La batalla de Inglaterra estaba en su momento álgido, con incursiones aéreas de la Luftwaffe continuas y devastadoras. Piernavieja, al que se le asigna el papel de periodista, establece su primer contacto con GW, nombre en clave de Gwilym Williams, personaje que le hará caer en desgracia y que provocará su sustitución por el cantamañanas Ángel Alcázar de Velasco. ¿Pero cómo fueron los hechos? "Para el Abwehr [la organización de inteligencia alemana], GW era un independentista galés al que había captado en 1939, pero la realidad era muy diferente. Bajo esa fachada se ocultaba uno de los primeros agentes dobles utilizados por el contraespionaje británico. Este hecho permitió al MI5 vigilar la actuación de Piernavieja y prevenir posteriormente intentos de infiltración", destaca Moreno Cantano en su libro.


A partir de su detección, nuestro espía canario con Franco paso a ser Pogo en los archivos británicos. Su contacto con GW tenía por finalidad "conocer el paradero de las fábricas de material militar y de las defensas costeras instaladas en determinadas zonas del sur de Inglaterra, cercanas a la isla de Wight". Piernavieja remitía su informes en tinta invisible a través de la valija diplomática de la Embajada y "su mayor éxito fue mandar a España un mapa muy actualizado con los lugares más afectados por los bombardeos y los principales daños sufridos. El espía regresó a España en febrero de 1941, seguramente por presiones del Gobierno británico sobre las autoridades españolas o por desavenencias con Alcázar de Velasco, que llegó a Londres por esas fechas".


La leyenda habla de noches turbulentas, de alcohol y mujeres, de falangistas que cerraban la mejores barras londinenses vestidos de uniforme con sus condecoraciones al pecho. El embrionario dispositivo de Serrano Suñer no pasaba desapercibido, y el MI5 tenía claro que la Embajada española en Londres era un nido de serpientes para su intereses, y todo desde una aparente neutralidad. Pogo, sin embargo, estaba convencido de su inmunidad y se paseaba como Pedro por su casa por las instituciones británicas, además de despacharse con declaraciones en la BBC y con entrevistas en el Daily Press y el Sunday Graphic. Sus días en la City estaban contados.


El tres de febrero de 1941, Miguel Piernavieja del Pozo embarca (con billete pagado por la Embajada de Madrid) en un carguero hostigado por los submarinos germanos en su trayecto hacia Gibraltar. Acababa así su corta experiencia en el espionaje español. ¿Fue una expulsión? El periodista Luis Calvo, compañero en la legación, habló de presiones del Gobierno británico sobre España. Otros ven la mano negra del influyente Alcázar de Velasco, su sustituto, que de inmediato no dudó en emporcar a Piernavieja con afirmaciones sobre su falta de profesionalidad o su pasión por la juerga. En sus memorias atribuye la salida a un lío de faldas con una tal Elisabeth, una inexistente (al menos en los archivos) agente del MI5. Un hecho posterior demostraría que el cese del joven falangista tenía mucho que ver con las cloacas del franquismo más peleón.


Javier Juárez da cuenta de lo que le esperaba en la capital a Pogo. "Pocos días después de llegar a Madrid varios policías se presentaron en su casa de madrugada y le arrestaron junto a otros miembros de su familia, trasladándolos a los calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. El asunto adquirió", señala el escritor, "dimensiones de escándalo ya que entre los detenidos figuraba su padre, el valllisoletano Luis Piernavieja y Soto, fiscal del Tribunal Supremo". El que había sido representante institucional de España en la etapa colonial de Cuba (donde casó con la cubana Carmen del Pozo y de la Cuesta) tuvo que mover hilos entre las oscuras cañerías del Ministerio de Información para obtener la libertad. ¿Qué significó aquella demostración de poder? ¿Quizás Franco se creyó la opereta de que el espía había ido a Londres para buscar apoyo para un golpe de Estado al régimen? No hay respuesta a aún.


Menos transparente fue lo ocurrido en los días posteriores, no aclarado por el Diccionario Biográfico, donde no hay mención alguna al extraño suceso.

 Juárez, en todo caso, muestra una ruta posible: Miguel consiguió evadirse y vagó oculto por Madrid durante varias semanas, por una calles llenas de delatores cuyos chivatazos eran bien recompensados
. El 31 de marzo el Consulado Británico en Madrid remitió un escrito al Foreign Office informando de los hechos y asegurando que se había refugiado en la Embajada alemana. 
La siguiente información contrastada sobre Piernavieja del Pozo lo sitúa meses después luchando en Rusia en las filas de la División Azul. Según el Diccionario Biográfico, quedó adscrito a la 1a Sección de ambulancias de la 1a Compañía, destacando en la evacuación de heridos en los frentes de Possad y Ottenski.

En un blog de excombatientes y nostálgicos, Memoriablau, se le atribuye a Piernavieja un perfil no tan discreto.

 Aparece entre los llamados héroes de la gesta del lago Ilmen, donde la Compañía de Esquiadores consiguió dar apoyo a una unidad de ejército alemán.
 Los españoles, mandados por el feroz Muñoz Grande, atravesaron un infierno helado de 30 kilómetros, con temperaturas de casi 60º bajo cero.
 El canario fue uno de los superviventes, allí dejó uno de sus pulmones y, imaginamos, parte de sus ideales. Paradójicamente, el frío glacial y el torrente de nieve frenó la hemorragia. 
Empezaría para Piernavieja una etapa menos bélica, integrado en el aparato estatal franquista y volcado en el deporte. 
Quizás hasta bailó un pasodoble cuando vio que por fin salía de los confines.

Una foto de un grupo de militares en Riga, Letonia, nos devuelve a Miguel Piernavieja del Pozo. 

Se recupera allí de su herida mortal, y conoce también a su esposa, la enfermera Dzidra Rozitis Pampe.
 Los uniformes son alemanes. El historiador de la ULPGC Juan José Díaz Benítez lo explica: "Eran entregados a los voluntarios tras su llegada a Grafenwöhr, ya que la División Azul estaba integrada dentro del Ejército alemán como la División de Infantería número 250, de ahí el juramento de fidelidad al Führer.
 Los uniformes que solían llevar los voluntarios al salir de España eran del Ejército español.
 En la foto, están en el extranjero",
De Riga a la Administración

Finalizada la guerra, "se centró en su actividad como estudioso del deporte y obtuvo gran reputación en el mundo del periodismo con la fundación y dirección junto a Cagigal Gutiérrez de Citius-Altius-Fortius (1958); y desde febrero con la publicación Deporte 2000. Asimismo, publicó diversos estudios y ensayos en los que combinaba su calidad como investigador e historiador del deporte con la pedagogía, destacando El deporte en la literatura latina (1960) y El libro deportivo español (1965). Fue uno de los primeros responsables del Consejo Superior de Deportes y del Instituto Nacional de Educación Física", afirma el Diccionario.

20 ene 2013

No solo falta estética, sino transparencia

El caso Güemes reaviva la polémica sobre la ‘puerta giratoria’ que une sector público y privado

Los expertos reclaman instrumentos para garantizar que se respeta el bien común sanitario.

 

Juan José Güemes, exconsejero madrileño de Sanidad, abraza a la expresidenta Esperanza Aguirre. / SAMUEL SÁNCHEZ
La presión ha podido más que todos los mensajes de apoyo enviados por altos cargos del Partido Popular. Juan José Güemes anunció el martes su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la empresa suiza Unilabs. Esta compañía adquirió en noviembre la participación mayoritaria de la UTE (unión temporal de empresas) encargada de realizar los análisis clínicos de seis hospitales públicos madrileños, un servicio que privatizó Güemes cuando era consejero de Sanidad (entre 2008 y 2010). Güemes sostiene que ha cumplido la ley, que se marcha para que nadie pueda cuestionar la labor que realizó al frente de la consejería y que su actuación es inapelable desde el punto de vista ético. Según su razonamiento se trataría, pues, de un mero problema de estética.
El caso de Güemes ha hecho que salten de nuevo las alarmas sobre las llamadas puertas giratorias (del inglés revolving doors), que facilitan el tránsito de altos cargos del sector público al privado, y viceversa. El fenómeno inquieta especialmente cuando se trata de profesionales del sector sanitario, en un momento en el que se intensifican las iniciativas privatizadoras del sistema de salud público.
¿Existen herramientas suficientes para garantizar a los ciudadanos que las reformas tienen como objetivo mejorar la eficiencia del sistema sanitario público y no beneficiar a determinados intereses empresariales? No las suficientes, según coinciden los expertos consultados.
“Hay que avanzar en cuestiones relacionadas con la independencia y la transparencia del sistema para desterrar las sospechas de colisión de intereses”, señala Ildefonso Hernández, vicepresidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). “Desde hace tiempo, sociedades profesionales y científicas vienen defendiendo que una de las vías fundamentales del avance de la solvencia del sistema nacional de salud (extrapolable a otras esferas de decisión pública) es desarrollar normas o herramientas de buen gobierno de la sanidad”, añade Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud.
Sanidad carece de una agencia de evaluación independiente
Lo sucedido con Güemes puede servir de ejemplo. En España no existe una agencia de evaluación sanitaria independiente similar a la que existe en otros países (como el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica británico; NICE por su acrónimo en inglés) encargada de arrojar luz a las decisiones políticas.
Ningún organismo de este tipo, independiente del poder político, tuvo ocasión de evaluar los efectos que tendría la cesión al sector privado de la gestión de los análisis clínicos de los seis hospitales madrileños, de analizar la eficiencia de la medida, los beneficios que aportaría o las garantías que existían en cuanto a los estándares de calidad clínicos. Ni, en consecuencia, pudo concluir que se trataba de una medida beneficiosa para la red sanitaria pública.
Si esto hubiera sucedido, el exconsejero de Sanidad podría haber dado el salto a la industria privada sin tener que preocuparse por posibles cuestionamientos futuros, ya que su decisión habría estado avalada desde el origen por especialistas independientes. Y los madrileños podrían tener más garantías de que la decisión se adoptó en aras de mejorar el servicio sanitario público.
Güemes justifica su actuación señalando que Unilabs no ganó el concurso de los análisis que él mismo convocó en el año 2008, y que si la multinacional suiza se ha hecho con este servicio ha sido porque compró en noviembre la participación (un 55% de las acciones) que tenía en el negocio una de las empresas adjudicatarias, los laboratorios catalanes Balagué.
Además ha manifestado que su dimisión obedece a su deseo de no estar vinculado a ninguna actividad empresarial, para así poder expresarse “con total libertad” sobre cómo cree que debe evolucionar el modelo sanitario público.
Ildefonso Hernández, exdirector general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad entre 2008 y 2011, considera que el problema de fondo es que en España no existen garantías como la que ofrece la agencia NICE.
Los expertos piden comités de ética que analicen los conflictos de interés
En España existe un claro déficit de transparencia en todo lo que hace referencia a la gestión sanitaria, sostiene Hernández. Y no solo en relación con las experiencias de gestión privada de recursos públicos, sino también en todo lo referido a la gestión pública tradicional. Hoy día, por ejemplo, resulta imposible conocer algo tan básico como las diferencias entre las listas de espera de los sistemas de salud de las distintas comunidades autónomas (ni hablar de las existentes entre hospitales). Y no porque no se recojan estos datos, sino porque no se hacen públicos. O no se publican de manera adecuada.
Los expertos señalan que no solo sería necesario un organismo encargado de evaluar medidas como la que tomó Güemes —o la que ha tomado el actual responsable del departamento, Javier Fernández-Lasquetty, de ceder a la gestión privada seis hospitales y 27 centros de salud públicos—. Otro de los instrumentos básicos para aportar transparencia al sistema, según apunta Hernández, sería la puesta en marcha de comités de ética encargados de vigilar eventuales conflictos de interés y garantizar la independencia de las políticas que se toman. Y no solo en la selección de cargos públicos, sino también en los casos de expertos o sociedades científicas que asesoran a las autoridades e influyen en la adopción de políticas con consecuencias sanitarias o económicas relevantes.
Cuando Oliva habla de dotarse de herramientas de buen gobierno, como las agencias o los comités, no solo se refiere a estos instrumentos. También a una amplia batería de medidas que incluyen “construir un sistema mucho más transparente en la información proporcionada a usuarios, profesionales y ciudadanos; buscar fórmulas de participación en la toma de decisiones con los profesionales sanitarios y con la ciudadanía; desarrollar normas y estructuras concretas para que las personas responsables de la toma de decisiones rindan cuentas y puedan justificarlas basándose en criterios de efectividad, eficiencia y calidad en todos los niveles del sistema sanitario”.
Pero ni siquiera poner en marcha agencias o comités de ética sería relevante si no existe la convicción de que son necesarias. “Si no hay conciencia de la importancia que tienen los valores de la participación, rendición de cuentas o el cumplimiento de códigos de conductas para nuestro sistema, crearemos organismos huecos y carentes de valor”,sostiene Oliva.
Tan importante como tener normas es garantizar su cumplimiento
Ricard Meneu, vicepresidente de la Fundación Instituto de Investigación de Servicios de Salud, insiste en esta idea. “Será difícil avanzar sustancialmente si como sociedad no compartimos unos mínimos principios de buenas prácticas que hoy no parecen sencillos de acordar”. Meneu apunta a que “seguramente hace falta un mayor activismo social”, y apunta a experiencias como la web estadounidense Open Secrets, donde se siguen y difunden casos de puertas giratorias y de lobbistas.
El conflicto de intereses, según la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es la colisión “entre deber público y el interés personal de un cargo público, en que el interés personal podría influir indebidamente en la realización de sus tareas y responsabilidades oficiales”. Y, como indica Hernández, “es demasiado frecuente”. Prueba de ello es que ha afectado, en mayor o menor medida, a todas las agencias sanitarias europeas. Hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas Europeo intervino a finales del año pasado a raíz de la preocupación mostrada por el Parlamento de Bruselas respecto a distintas informaciones sobre comportamientos dudosos que afectaban a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o la Agencia Europea de Medicamentos, entre otros organismos. El tribunal denunció en su informe que ninguna de las agencias estudiadas (también la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos o la Agencia Europea de Seguridad Aérea) “gestionaba debidamente las situaciones de conflicto de intereses”.
Otro caso similar es el de Manuel Marín Ferrer, el hombre de la Administración valenciana encargado de controlar a la empresa responsable de la gestión privada del departamento de salud de La Ribera, que atiende la sanidad pública de 250.000 habitantes, durante los años 2000 a 2007. De un día para otro, la empresa que fiscalizaba le fichó para ocupar la dirección del departamento de Salud; es decir, pasó de supervisor a estar en nómina de la empresa que vigilaba.
Antonio Burgueño recorrió el camino inverso. De un cargo directivo en la aseguradora sanitaria Adeslas, desde donde impulsó el modelo de privatización de la gestión sanitaria mediante la fórmula de la concesión administrativa (el modelo Alzira), ha pasado a la Dirección General de Hospitales de la Consejería de Salud madrileña, desde donde impulsa la privatización de la gestión de centros públicos bajo la fórmula que él diseñó en Adeslas.
Los problemas relacionados con la colisión de intereses y las incompatibilidades no se limitan a la gestión privada de la sanidad pública. “Con escasas excepciones, los responsables de políticas farmacéuticas o la agencia del medicamento pasan al poco tiempo a formar parte de la nómina de las principales empresas a las que venían regulando”, apunta Ricard Meneu. Tampoco son exclusivas del ámbito sanitario. Pero en esta parcela revisten una gravedad especial. “La confianza de la población en las autoridades sanitarias se gana lentamente pero se puede perder de golpe. Por eso, no puede haber dudas sobre los intereses reales de las decisiones que toman las autoridades sanitarias”, comenta Hernández.
Al margen de los comités éticos o las agencias de evaluación está la ley. ¿Se puede hacer algo más para garantizar la transparencia? La Ley 5/2006 que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de la Administración General del Estado limita a los altos cargos la posibilidad de trabajar en empresas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes de su salida de la función pública. Güemes respetó este periodo entre que dejó la consejería y fichó por Unilabs, por lo que no incumplió la ley.
Un plazo muy largo de incompatibilidad penalizaría el paso por la política
Podría endurecerse la norma alargando el plazo. Pero si es demasiado estricta, con cuarentenas muy prolongadas, se llegaría a penalizar en exceso el paso por el sector público, señala José Ramón Pin, de la escuela de negocios IESE. Existe el riesgo de que personas con capacidad y que pueden aportar su valía al sector público renunciaran a ello por los problemas que tendrían a la hora de reincorporarse al sector privado y “se perdería calidad en los directivos públicos”, explica el responsable de la cátedra de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública del IESE.
“La ley española es muy imperfecta en la acotación de los conflictos de intereses de los altos cargos públicos”, sostiene Oliva. Y pone un ejemplo: “no se puede considerar igual el trato a una persona que ha desempeñado una carrera profesional en un campo y entra temporalmente en el servicio público a otra cuya actividad profesional ha estado ligada a un partido político y salta del servicio público a la esfera privada”.
A la pregunta de si se debería cambiar la ley, Ricard Meneu responde con una autocita incluida en el libro El buen gobierno sanitario, del que es coautor. “No se trata tanto de una cuestión de leyes nuevas, como de conseguir que se cumplan y hagan cumplir las leyes vigentes, lo cual no obsta para intentar perfeccionar estas, aunque sin desviar el énfasis de la relevancia de su cumplimiento y supervisión frente a su mera promulgación”.
“Si se debilitan las estructuras del Estado que tienen que mantener la independencia y la regulación se corre el riesgo de que las decisiones se alejen del bien público”, concluye Ildefonso Hernández. “Y esto”, añade, “está sucediendo en el proceso de privatización de la sanidad pública”.

Esclavos


Jammie Foxx y Kerry Washington en 'Django desencadenado', de Quentin Tarantino

Si miran el palmarés de los Globos de Oro, o la lista de candidatos a los Oscar, verán que no se lleva mucho la fantasía. Al cine le toca visitar la historia, los grandes conflictos. Spielberg y Tarantino coinciden en girar sus cámaras hacia la esclavitud en la Norteamérica del XIX. Lo hacen con Lincoln, el presidente que ganó una guerra para tener un país de hombres libres, y con Django desencadenado, sobre la venganza de un esclavo contra su amo en el profundo sur. Kerry Washington, que hace un papel terrible de mujer vejada, comenta: "Se ha mostrado la vida de los esclavos con romanticismo, como diciendo que no los trataban tan mal. No era así". Claro que no, y tras ganar la libertad tardaron otro siglo en poder montar en los mismos autobuses que los blancos.
Ya no hay esclavos, sino sin papeles, y se les explota por pocos euros, pero sin derecho a azotarlos ni a matarlos. En el documental La puerta de no retorno (en Canal +), el director Santiago Zannou lleva a su padre Alphonse a su Benín de origen, que no había pisado en 40 años. Allí busca la paz con sus antepasados y acaba reflexionando con su hermana en el puerto del que partían los barcos negreros y adonde nadie volvió jamás. "Se los llevaron a cambio de vajillas y tabaco. Los vendieron y el precio no era muy alto. Desde esta puerta salían los esclavos para no volver. Hoy día ser negro sigue siendo muy dificil".

El PP amenaza con denunciar a Telecinco por el debate sobre el 'caso Bárcenas'

Antes de que el sábado comenzara la emisión de El gran debate, dirigentes del PP ya advirtieron a los responsables del programa de Telecinco de que iban a seguir con especial detenimiento su contenido. El PP sabía que se hablaría del caso Bárcenas, el gran escándalo sobre las cuentas secretas y el pago de sobresueldos a altos cargos del partido en el Gobierno. Y no tardó en actuar.
Durante la emisión del espacio que presenta Jordi González, el PP envió un mensaje en el que amenazaba con demandar al programa por las informaciones y comentarios que se estaban difundiendo.
Fue en plena emisión cuando un productor de El gran debate recibió un SMS de la directora de Comunicación del PP. “Te pido que Jordi González anuncie en el programa esto: Dirigentes del PP que están viendo el programa estudiarán la interposición de la acción que corresponda ante las informaciones que se están difundiendo en El gran debate”, decía el texto.
Entre la sorpresa y la incredulidad, varios de los comentaristas que se encontraban en el plató invitaron al PP a querellarse contra Bárcenas y no contra un programa de televisión. González recordó que todo lo que se estaba contando, incluidos los vídeos y los gráficos elaborados para ilustrar la corrupción política, se basaba en datos publicados. El presentador enfatizó que lo único probado hasta el momento era que Luis Bárcenas, extesorero del PP, tenía una cuenta en Suiza de 22 millones de euros. “El programa ha reproducido lo que han publicado dos diarios”, asintió Edurne Uriarte, que compartió tertulia con María Antonia Iglesias, Jorge Verstrynge, Ernesto Ekaizer, Ignacio Escolar, Ángel Expósito y Jaime González.
En la misma línea, una portavoz de Telecinco reiteró que el único objetivo fue dialogar acerca de las informaciones difundidas por EL PAÍS y El Mundo en torno a la investigación judicial del caso Bárcenas y los sobres con dinero entregados a altos cargos del PP. “Nos llama la atención que no se amenace a esos diarios y sí a un programa que se limita a abrir un debate con los espectadores, con posturas tanto a favor como en contra”.
“En este caso”, añadió, “nos preocupa más una posible venganza del Gobierno contra la compañía que una demanda ante la que podríamos defendernos con absoluta normalidad”. Consciente de que el PP pasa por momentos “complicados y pueden estar nerviosos”, Telecinco aseguró: “Que no quepa ninguna duda de que si finalmente se confirma que no existían sobresueldos, seremos los primeros en informar a nuestros espectadores”.
En la misma edición, el programa emitió una entrevista al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que relató los “dolores de cabeza” que le dio Luis Bárcenas por sus intervenciones en La noria (antecesor de El gran debate), donde ya aventuró corrupciones en el PP.
Al tiempo que Telecinco difundía esta tertulia política, La Sexta ofrecía una edición especial de Al rojo vivo en la que participaron periodistas que detallaron el escándalo de la caja B de los populares y otros que se mostraron mucho menos críticos hacia la cúpula de Génova. TVE dedicó asimismo un reportaje a este caso dentro de Informe semanal.