El ambiente era inflamable y la chispa ha saltado. Los trabajadores
de la sanidad, la educación, los jueces, los activistas
antidesahucios... La duración y profundidad de la crisis económica ha
empujado a miles de ciudadanos a tomar la calle y muchos están
convencidos ahora de que la protesta sí que sirve.
La insistencia de los
profesionales de la medicina ha logrado que la Comunidad de Madrid haya
aceptado repensar su plan de transformar el
hospital de La Princesa en un centro para mayores, mientras cientos de personas han
paralizado decenas de desahucios y han pasado por encima de la banca para cambiar algunas reglas. La protesta, según los expertos, va a ir a más.
Los ajustes tocan pilares del Estado de bienestar y generan frustración
Si hace unos meses los ciudadanos se mostraban indignados pero no
acababan de movilizarse, ahora han despertado del todo. “La chispa está
saltando por sectores”, afirma José Félix Tezanos.
Este catedrático de
Sociología de la
Uned
ya vaticinaba en abril de 2011 en este mismo periódico lo que estaba
por llegar: había un caldo de cultivo de paro, falta de expectativas y
recortes (que empezaron con el anterior Gobierno socialista en 2010) que
podía estallar en cualquier momento.
Y así ha sido. “Una novedad de
estos conflictos es su transversalidad; en las protestas de los médicos,
hay jefes de servicio, residentes, pacientes, votantes del PP y del
PSOE”, añade. “Pero también son un cóctel explosivo, porque se trata de
un movimiento social cada vez más indignado que se enfrenta a un poder
político cada vez menos representativo”, advierte.
El punto de inflexión, esa chispa, saltó con el 15-M, a partir de la
ocupación de la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo de 2011 en torno a
un difuso pero contundente sentimiento de indignación por el deterioro
económico y social, afirman la directora del Laboratorio de la
Fundación Alternativas, Belén Barreiro, y el profesor de Sociología de la
Carlos III de Madrid
Daniel Kaplún.
Aquello, aparte de devenir en movimientos tan
importantes y exitosos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
sirvió “como una toma de conciencia de que para mejorar las cosas ya no
servían los cauces institucionales”, según Kaplún.
Aquel movimiento desde las bases, que ha desbordado a las
instituciones tradicionales como los sindicatos y los partidos de
izquierda —que solo han podido sumarse a remolque—, ha ido creciendo y
organizándose en diferentes áreas, “con la legitimidad que le da la
gente”, es decir, esas amplias bases, añade el profesor.
Las grietas del malestar
El 15-M. Un movimiento espontáneo y difuso desembocó
en la ocupación de la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo de 2011.
Durante meses, en torno al descontento por los recortes y por el
funcionamiento de las instituciones democráticas, tocaron todos los
palos, debatieron y la protesta se fue diluyendo en proyectos de barrio y
otras iniciativas.
Desahucios. Desde 2007 se han producido 350.000
ejecuciones hipotecarias. Un gran movimiento para paralizarlos en torno
al grupo Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
han obligado a mover ficha al Gobierno, aunque, para muchos, de forma
insuficiente. Los jueces también han salido en defensa de los afectados.
Educación. Los recortes educativos suman varios
miles de millones de euros y la previsión del Gobierno es un descenso de
unos 10.000 millones entre 2010 y 2015. En el último año, ha habido dos
hitos: una huelga total en todos los niveles (de infantil a la
universidad) el 22 de mayo; y una huelga de padres en apoyo del paro
estudiantil el 18 de octubre.
Sanidad. Los recortes en sanidad superan los 10.000
millones de euros en tres años (contando los que vienen en 2013). A ello
se suman los planes para privatizar el servicio sanitario en varias
comunidades. En las últimas semanas, Madrid ha sido la punta de lanza de
las protestas, con una gran huelga esta semana.
Servicios sociales. Los trabajadores del sector y
las personas más necesitadas han visto cómo la Ley de Dependencia perdía
de dos tacadas casi 500 millones. Se quedó en 1.087. La partida para
los servicios sociales básicos de los Ayuntamientos ha perdido en los
dos últimos presupuestos un 65%.
Igualdad. Las partidas destinadas a este área por el
Gobierno han perdido unos 13 millones en dos años y se quedan con 18,9
millones. La lucha contra la violencia machista también pierde.
Justicia. Las nuevas tasas han sublevado a los
jueces. Las cuantías van de los 100 euros en un procedimiento monitorio
(una reclamación por una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de
casación ante el Tribunal Supremo. La jurisdicción penal queda exenta,
así como los casos de maltrato.
Funcionarios. Se han quedado sin extra de Navidad y sus salarios se congelarán en 2013 por tercer año.
Cultura. El recorte para 2013 es del 30% y ha puesto
en pie de guerra al sector. El IVA ha pasado del 8% al 21% para las
entradas a cines, teatros, circos, conciertos y exposiciones.
Un ejemplo es la
Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid
(Afem), creada hace unos meses por un grupo de médicos y que ya ha
conseguido capitanear las protestas contra los planes de la Comunidad de
pasar a la gestión privada un buen número de hospitales públicos de la
región: su huelga indefinida la siguen un 30% de facultativos, según la
Consejería de Sanidad. “Surgió por el sentimiento de desencanto desde la
base de la sociedad y de los profesionales; sentíamos que no estábamos
siendo representados ni por los sindicatos ni por las asociaciones”,
cuenta el presidente de Afem, el neurocirujano del 12 de Octubre Pedro
González. “El 15-M señaló el descontento del pueblo, pero creemos que
los profesionales tenemos que ir un poco más allá, dar soluciones, decir
que hay alternativas que podemos poner en práctica para mejorar las
cosas sin que sea excesivamente gravoso para la sociedad”, dice
González.
Belén Barreiro apunta que, si el 15-M señaló el camino, el deterioro
social y económico ha ido abriendo cada vez más frentes. “La sociedad
está peor que hace un año y medio, y los recortes van tocando cada vez
más palos, hasta los pilares intocables”, afirma esta doctora en Ciencia
Política y Sociología. Barreiro se refiere a las bases del Estado del
bienestar, la sanidad, la educación y las pensiones (no incluye la
dependencia, dice, porque la sociedad aún no lo ha interiorizado),
bienes a defender por la izquierda, pero también por amplios sectores de
“una derecha católica con fuerte sentido de la solidaridad”.
Después de cinco años de crisis económica, la situación es
insostenible cada vez para más gente. La tasa de desempleo ha pasado del
21% de hace un año al 25%, según los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE). Por primera vez en 25 años se ha superado la barrera
de los dos millones de parados sin ninguna prestación. Cerca de 1,7
millones de hogares tiene todos sus miembros en paro, 312.700 más que
hace un año. Los pensionistas se han convertido en el sustento principal
de miles de hogares, pero la ayuda de los parientes como colchón de
seguridad económica empieza a agotarse, coinciden los especialistas. Y
los jubilados tienen que hacer frente a cada vez más gastos, como el
copago de los fármacos.
El Gobierno ha subido el impuesto de la renta y el IVA. También son
más caras las tasas universitarias, las guarderías, hay menos becas,
menos profesores, más recortes en sanidad, entre los funcionarios, los
servicios sociales o la justicia.
“Estamos en la segunda fase de ajuste
de la crisis. El grueso del ajuste necesario para reducir el déficit
presupuestario se ha completado, pero ahora nos queda una purga por
exceso de tamaño en el sector público”, afirma Sara Baliña, economista
de
Analistas Financieros Internacionales.
“Estas medidas generan mucho malestar porque tienen una repercusión más
directa”, añade. “¿Hemos pasado lo peor? Espero que sí, pero no creemos
que la situación económica, tanto en términos de producto interior
bruto como de empleo, se empiece a normalizar hasta final de 2013”. La
crisis va para largo.
A menudo, las bases desbordan a los sindicatos, como en la marea verde
El suicidio de Amaya Egaña, de 53 años, cuando iba a ser desahuciada
de su vivienda a principios de noviembre en Barakaldo, se ha convertido
en
uno de los símbolos de la desesperación
creciente de la sociedad. Poco después, el Gobierno decretó una
moratoria de dos años para algunos casos muy concretos de desalojos por
impago de la hipoteca.
“El decreto contra los desahucios es insuficiente
y deja a mucha gente fuera, pero es una pequeña victoria y por eso la
gente confía en nosotros”, explica Adrià Alemany, de la
Plataforma de Afectados de la Hipoteca, gran defensor de los actos de desobediencia civil.
A través de esta asociación y del movimiento
Stop Desahucios
se han logrado paralizar cerca de 500 desalojos. “Son esas pequeñas
batallas las que abren otro horizonte de posibilidades.
En 2009, cuando
nació nuestra organización, dábamos gritos en el desierto; desde hace
unos meses, somos un clamor popular. Se han conseguido cosas y la gente
se ha dado cuenta de que protestar sí sirve para cambiar las cosas”,
remata.
La irrupción de los jueces, desde los más progresistas hasta los más
conservadores, en contra de los abusos cometidos en los desalojos ha
supuesto otro avance. En un gesto poco habitual, el gremio denunció hace
unas semanas la indefensión que viven los afectados, ya que el juez no
puede decidir si el impago se produce por motivos justificados o no.
Poco después, los jueces han arremetido, junto a fiscales y abogados,
contra las nuevas tasas judiciales, porque creen que perjudican al
ciudadano. “No se nos puede quitar carga de trabajo a costa de reducir
la capacidad del ciudadano de acceder a la justicia”, explica Joaquim
Bosch, portavoz de
Jueces para la Democracia.
“Las tasas y los desahucios han sacado a los jueces de su mundo”, añade
el juez. “Con la crisis cada vez se veían más desalojos en los juzgados
y la indefensión de los demandados frente a las entidades”, prosigue.
Estas quejas se enmarcan, además, en un momento muy tenso entre el poder
judicial y el ministro del ramo,
Alberto Ruiz-Gallardón, que ha ampliado los recortes y ha congelado las plazas judiciales pese a que los juzgados están totalmente congestionados.
Conservadores y progresistas protestan juntos por la justicia
Así, un día y otro día se van sumando sectores a la protesta
(colectivos de discapacitados han organizado una gran protesta en Madrid
para el domingo por los impagos de las administraciones autonómicas y
locales) y los que vienen de más lejos resurgen continuamente.
Uno de
ellos es el educativo, que ha sufrido recortes de varios miles de
millones de euros en 2010, y que, tras muchos meses de protestas
dispersas como respuesta a los recortes puntuales de las comunidades, un
decreto del Gobierno en abril para recortar más de 3.000 millones en
educación consiguió unir la protesta y darle más visibilidad.
En Madrid, ya desde mediados de 2011, fueron las ansias movilizadoras
de los profesores de base las que empujaron unas protestas que
desembocaron en el movimiento que más tarde se ha llamado la marea
verde. Esta es la que dio la idea de las mareas en la manifestación que
reunió en Madrid a decenas de miles de personas contra los recortes el
pasado 15 de septiembre.
La blanca era la de sanidad; la violeta, la de
igualdad; la naranja, servicios sociales; la negra, los servicios
públicos, los funcionarios. Los convocantes de esa marcha, 230
colectivos, quizá sean la expresión más clara de esa movilización social
en que hoy por hoy se mezclan y amontonan sindicatos, grupos políticos y
asociaciones clásicas y recién creadas de todo tipo y condición.
Aparte de la velocidad y amplitud de los recortes —“Hay una clase
media que se está depauperando a una velocidad de vértigo, y aumentan
las desigualdades a la misma velocidad”, “ya no queda nadie ajeno”— el
profesor Kaplún también apunta al descontento “porque no se están
repartiendo las pérdidas: unos pocos siguen ganado cada vez más mientras
la mayoría es cada vez más pobre”, y con un sistema político que parece
maniatado por los intereses económicos:
“Cada vez es más descarado el
contraste entre el rescate a la banca y los recortes”, señala. Barreiro
habla también de la frustración de muchos de los que votaron al PP
convencidos de que “tenía la llave para salir de la crisis”, pero se han
encontrado que “las cosas no están mejor, sino que han empeorado”.
Todo ello aumenta la movilización, y lo hará todavía más si, como
parece, empieza a dar frutos, como en el caso de los desahucios. “A
medida que la crisis va afectando a más factores, la gente es más
consciente de que puede hacer cosas y la resignación deja de ser una
opción”, opina Jordi Mir, del Centro de Estudios de Movimientos Sociales
de la
Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona.
“La situación se ha ido agudizando porque no hay
elementos que nos hagan pensar que esto vaya a mejorar; la democracia
representativa está fallando, y la movilización recluta a sectores de la
población tradicionalmente menos activos, tanto jóvenes como adultos”,
añade. “De momento, se cuestiona la legalidad, pero no hay un
enfrentamiento violento; las protestas son pacíficas”, dice.
"Vamos a una época de conflictos y poco peso de los partidos"
La crisis de los partidos es uno de los elementos que está detrás de
estas protestas de base. La pérdida de apoyos electorales potenciales
del PP está siendo rápida y contundente, hasta el punto que en estos
momentos el PP solo mantiene la lealtad del 56% de los que le votaron
hace solo un año, según los datos recogidos por José Félix Tezanos en el
último número de la revista Temas. Y la principal novedad es que el
retroceso en el partido de gobierno no se traduce en un ascenso del
principal partido de la oposición.
Al sociólogo de la Uned le inquieta la situación actual, cuyo
desenlace ve imprevisible. “Vamos hacia una época de grandes conflictos y
de pérdida de peso de los partidos políticos”, advierte. “La sociedad
occidental tiene que pensar que la estabilidad no está garantizada”,
considera. Tezanos advierte que los partidos deben hacer frente a esta
situación o “nos enfrentamos a sociedades inviables, en las que el
descontento es difícilmente canalizable”, lo que deja abierta la puerta
al ascenso de los movimientos extremistas y populistas.
Y si el Gobierno
considera que se trata de un problema de orden público y saca a los
antidisturbios, un movimiento pacífico como el actual puede volverse
violento.
Todos los expertos coinciden: las movilizaciones van a ir a más.
“Esto no se va a agotar en reivindicar lo que había, la vuelta atrás es
imposible; esto va a devenir en un nuevo modelo de sociedad, que no sé
cuál será, pero creo que hay solo dos salidas, por la ultraderecha o por
la izquierda”, augura.
