La Policía Nacional abre una investigación tras detectar envíos de pentobarbital.
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha enviado un escrito a sus asociados, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que explica que una veintena de personas se han dirigido a la entidad inquietas tras “haber recibido la visita de la Policía Nacional para preguntarles por la compra” del fármaco.
Fuentes del cuerpo han confirmado las investigaciones, de las que solo precisan que se halla en fase “incipiente”, informa Patricia Ortega Dolz.
La compra de este tipo de fármacos por Internet incumple la normativa vigente, aunque la DMD considera que es el "último recurso" que tienen los enfermos ante la falta de una ley que regule esta práctica en España.
Los expertos consultados consideran muy poco probable que estas personas se enfrenten a una acusación penal si el producto es para autoconsumo.
Los compradores son el último eslabón de una gran investigación iniciada el pasado mes de julio en Estados Unidos, que “se extiende a varios países y es compleja”, según el Ministerio de Sanidad, que también está informado del caso.
En Francia la Gendarmería lanzó en octubre una operación con 300 agentes que se incautó de 134 frascos de pentobarbital en casa de enfermos afines a organizaciones proeutanasia, según los medios locales.
La información ofrecida entonces por las autoridades francesas precisa que EE UU inició las investigaciones tras detener a una persona que vendía el medicamento por Internet e intervenir listados con los datos personales de los compradores, lo que ahora ha permitido localizarlos.
El pentobarbital es un barbitúrico utilizado en el pasado como sedante e hipnótico, aunque quedó relegado por nuevas moléculas (las benzodiacepinas) con mejor perfil de seguridad.
José Antonio Marcos, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), destaca que el fármaco “provoca la depresión del sistema nervioso central” y que “ya no está comercializado en España para humanos y es de uso exclusivo veterinario”.
En aquellos países donde la eutanasia o el suicidio asistido es legal o está despenalizado, como Holanda y Suiza, sí es utilizado para este fin, mientras en EE UU es administrado a los condenados a muerte.
600 euros por un frasco
María —que pide permanecer en el anonimato— tiene 34 años, vive en la costa mediterránea y desde hace dos décadas sufre “una enfermedad neurodegenerativa” que la mantiene en una silla de ruedas.“Por mi estado, quiero estar informada de las opciones a las que me pueda enfrentar en el futuro.
Elegí el pentobarbital porque es un fármaco efectivo y no doloroso si llega el momento de utilizarlo”, explica. María adquirió por Internet un frasco de 6,5 gramos del barbitúrico “por 600 euros”. “Mi sorpresa fue que al llegar el paquete, quien llamó a la puerta no era el mensajero, sino la policía”, rememora.
“Tenemos una veintena de casos como este. La gente está asustada”, explican fuentes de la asociación Derecho a Morir Dignamente.
Las personas investigadas son aquellas que adquirieron el medicamento del proveedor detenido entre “mediados de 2018 y mediados de 2019”, según la entidad.
La nota asegura a los asociados que “no han cometido ningún delito” y que “no están obligados a entregar el producto hasta que lo solicite un juez”.
“Los abogados de la asociación nos han confirmado que adquirir este fármaco y guardarlo en casa son ambos actos impunes”, sigue el escrito.
Nuria Amarilla, directora de la consultora especializada en el derecho de la salud Eupharlaw, considera:
“Si nos centramos en la adquisición irregular, es muy poco probable que los compradores puedan verse envueltos en un proceso penal. Lo importante para el derecho penal es quien lo proporciona ilegalmente”.
En España solo está permitida la venta online de medicamentos por farmacias autorizadas y de aquellos que no requieren receta médica. “Habrá que ver caso a caso.
No es lo mismo comprar un frasco y guardarlo en casa que adquirir varios para venderlos o repartirlos entre personas que desean morir. Quien compra una unidad para un posible autoconsumo futuro puede haber incurrido en una infracción administrativa, pero difícilmente se le acusará de un delito”,
concluye Amarilla.
Sanidad, por su parte, alerta de que “la compra de medicamentos fuera de los cauces establecidos supone un riesgo muy importante para la salud”.
“Muchas veces son medicamentos con calidad inadecuada, falsificados, conservados o transportados de manera que afecta a su calidad”, concluye el ministerio.
“Es urgente una ley que regule la muerte digna”
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) considera que esta
investigación “demuestra una vez más que es urgente que sea aprobada una
ley que regule la eutanasia y la muerte digna”, afirman sus
responsables.
“No es de recibo que personas que sufren enfermedades muy graves e irreversibles, a menudo, con un gran sufrimiento, se vean obligadas a recurrir a estas vías para encontrar una solución que el Estado no les ofrece.
Ahora, además, deben soportar el miedo e incertidumbre por estas investigaciones”, añaden.
Los responsables de la DMD muestran su inquietud porque “por las preguntas que los agentes han hecho a estas personas, parece que tratan de implicar a la asociación con el comercio de estos fármacos, algo de lo que es completamente ajena”.
La nota enviada concluye que “informar sobre cómo disponer de la propia vida de forma segura y pacífica, como hace la guía de muerte voluntaria de DMD, no es delito. La asociación quiere cambiar las leyes, pero actúa siempre dentro de la legalidad”.
“No es de recibo que personas que sufren enfermedades muy graves e irreversibles, a menudo, con un gran sufrimiento, se vean obligadas a recurrir a estas vías para encontrar una solución que el Estado no les ofrece.
Ahora, además, deben soportar el miedo e incertidumbre por estas investigaciones”, añaden.
Los responsables de la DMD muestran su inquietud porque “por las preguntas que los agentes han hecho a estas personas, parece que tratan de implicar a la asociación con el comercio de estos fármacos, algo de lo que es completamente ajena”.
La nota enviada concluye que “informar sobre cómo disponer de la propia vida de forma segura y pacífica, como hace la guía de muerte voluntaria de DMD, no es delito. La asociación quiere cambiar las leyes, pero actúa siempre dentro de la legalidad”.
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