La expareja de la trabajadora de Iveco que se suicidó se entrega a la Guardia Civil

La Policía lo mantenía como principal sospechoso de la difusión de los vídeos sexuales que se habían difundido y en los que aparecía V.R., que llevaba más de un mes recibiendo presiones.

Isabel Valdés

La Policía lo mantenía como principal sospechoso de la difusión de los vídeos sexuales que se habían difundido y en los que aparecía V.R., que llevaba más de un mes recibiendo presiones.

Trabajadores de Iveco, este miércoles en una concentración tras el suicidio de su compañera. En vídeo, declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo. Europa Press | ep

Sobre las cinco de la tarde, la expareja de la trabajadora de Iveco que se suicidó el pasado sábado, se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, una localidad al este de Madrid.
 No fue desde el pasado jueves ni desde el pasado lunes. V. R. llevaba semanas soportando la presión de unos vídeos que se grabaron hace cinco años y que su expareja conservó durante todo este tiempo, como apuntan fuentes cercanas al caso. 
Varios archivos de contenido sexual —cinco, según apuntan esas mismas fuentes— en los que aparecía esta mujer de 32 años y que acabaron en los móviles de compañeros y compañeras de trabajo, en la planta de automóviles Iveco de San Blas-Canillejas, en Madrid. 
 Suscitaron comentarios, bromas, miradas, silencios, risas y cuchicheos que la semana pasada empezaron a multiplicarse. 
La cuñada de la mujer fallecida, que trabajaba en la misma empresa, acabó por enterarse. El marido de V. R. también. Y la situación que generó precipitó su suicidio el sábado, en su casa, en Alcalá de Henares, al noreste de Madrid.

Este jueves, el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto "diligencias previas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.7 del CP)", después de que la policía le remitiera atestado con las pesquisas realizadas hasta este momento.
 Quién envió los vídeos, quién los compartió y hasta cuántos dispositivos llegaron es algo que todavía está por determinar.
 El juzgado que ha comenzado a investigar este jueves fue el encargado del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo la muerte y ha decretado "el secreto de las actuaciones".
 La Fiscalía también abrió diligencias para determinar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito este miércoles y la Agencia Española de Protección de Datos inició las actuaciones de oficio.
En la empresa de la fallecida, con una plantilla de 2.500 trabajadores y más de 374.000 metros cuadrados de extensión, las versiones sobre qué ocurrió y cómo ocurrió son dispares. 
Un empleado apunta: “Aquí cada uno dirá lo que sabe, si no sabe, lo que cree, y si no, lo que ha oído por ahí.
 La única verdad es que eso corrió por algunos móviles, no se sabe por cuántos, y que la última semana sí que hubo corrillos y se extendió más toda esta historia”.
 Otro trabajador, veterano, dice que “es imposible” que todos conocieran los hechos: 
 “Somos muchísimos y este sitio es enorme. Muchos se enteraron el lunes de toda la historia, cuando ya había ocurrido todo”.
 Otro, que lleva pocos años en la empresa, cuenta que la conocía “de lejos” y que a él ese material nunca le llegó:
 “Tampoco creo que ahora, después de la que se ha montado, haya quien reconozca que lo tuvo o que lo vio”.
V.R. era una de las más de 500 empleadas de la plantilla de Iveco en Madrid, que tiene un 23% de mujeres.
 Comenzó siendo carretillera y después cambió a la sección de ejes y puentes, donde estaba desde hacía unos años.
 Era madre de un bebé que aún no había cumplido su primer año y de un niño de cuatro. 
Desde el lunes la plantilla de Iveco se ha pronunciado a través de distintos medios y con distintas voces.
 Para dar el pésame a la familia y transmitir su "solidaridad". También para declarar que muchos creen que en mayor o menor medida “la responsabilidad es de todos”.
 Y, desde ayer miércoles, varios grupos de trabajadores piden en redes sociales y en otras intervenciones públicas que no se generaliza al contar los hechos.

Este miércoles, a través de la plataforma Stop Haters, una veintena de trabajadores, en su mayoría hombres, emitió un comunicado en el que dicen que, en una plantilla de esa magnitud, no todos conocían a la mujer ni vieron ni recibieron los vídeos. 
“Es cierto que a mediados de la semana pasada el asunto era conocido por la gran mayoría, pero era algo que estaba en manos de los recursos humanos y del comité de empresa por lo tanto esperábamos una solución que permitiera a nuestra compañera una mejor situación y la erradicación de la difusión de los vídeos”, dice la nota, en la que afirman que no todos son “culpables” ni todos son “cómplices” y piden que se deje de “criminalizar a la plantilla”.