El magistrado obliga a que la empresa municipal de la vivienda recupere las casas para poder pagar a los acreedores.
Más de un centenar de mayores
del municipio madrileño de Alcorcón se enfrentan a quedarse en los
próximos días sin los pisos en los que residen desde hace una década.
Un juez de lo Mercantil ha obligado a revocar el contrato que tenían firmado con la empresa municipal de la vivienda (Emgiasa) por el que cedían sus casas en el centro de la localidad por otras más accesibles en el nuevo barrio del Ensanche Sur.
El magistrado entiende que los pisos deben entrar en la masa del concurso de acreedores en que se encuentra Emgiasa y que lo recaudado con la venta debe destinarse a pagar a los acreedores.
Los mayores aducen que no tienen dinero para comprarlas y que no pueden volver a sus antiguos pisos porque están destrozados o son inaccesibles para ellos.
El llamado Plan Permuta se puso en marcha a finales de la década pasada, cuando la Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa, 169.500 habitantes) expropió los terrenos del Ensanche Sur y levantó unas 7.000 viviendas, en su mayoría de protección oficial.
La ley obliga a que parte de esos pisos se destinen a personas con problemas de movilidad reducida.
Como en el municipio no había tantas peticiones, los responsables de la empresa municipal, entonces en manos del PSOE, idearon el llamado Plan Permuta.
Las personas mayores de 70 años o con problemas de movilidad podían optar a estos pisos, que de otra manera iban a quedar vacíos. La permuta consistía en que los mayores cedían el usufructo de sus pisos, casi todos ellos en el centro del municipio y sin ascensor, al Ayuntamiento.
Este crearía con ellos una bolsa de alquiler para jóvenes de hasta 30 años.
A cambio, los cedentes conseguían el derecho de uso y disfrute de pisos nuevos en el nuevo barrio de Alcorcón.
Al Plan Permuta se presentaron 93 familias de mayores, que consiguieron las respectivas viviendas sin ningún problema.
De hecho, aún sobraron.
Tan solo se realizó un sorteo para evitar problemas a la hora de adjudicarlas a sus nuevos moradores.
La situación boyante que vivió Emgiasa, con perspectivas de conseguir importantes plusvalías con las ventas de las viviendas del ensanche, se frustraron en pocos años con la llegada de la crisis económica.
Los moradores de los pisos sociales se enfrentaron a graves problemas para pagar sus hipotecas.
La empresa se hizo cargo de sus letras, con lo cual fue aumentando su pasivo.
A ello se unió que Emgiasa comenzó a construir aparcamientos y centros culturales.
Además, acometió la mayor infraestructura de la localidad, el Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (Creaa), con un presupuesto de unos 140 millones de euros.
También hubo sentencias que obligaban a pagar 52 millones de euros a los dueños de los terrenos expropiados.
La situación de la empresa municipal fue tan grave que alcanzó un pasivo de 333 millones de euros, según recuerda la portavoz del PP y segunda teniente de alcalde de Alcorcón, Susana Mozo.
Los populares convocaron un concurso voluntario de acreedores en mayo de 2012.
Desde entonces, Emgiasa está dirigida por los administradores concursales nombrados por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid.
Su actual titular, el magistrado Francisco Javier Vaquer Martín, firmó el pasado 26 de marzo un auto por el que obligaba a los mayores del Plan Permuta a dejar esas viviendas o a comprarlas.
El escrito judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, explica que los contratos con los 93 beneficiarios están causando un “daño para la masa del resto de acreedores”.
“Es constante y debe ponerse fin al mismo”, añade el auto.
Este da un plazo máximo de dos meses para resolver de mutuo acuerdo o ante los tribunales los contratos firmados hace una década.
En caso contrario, los administradores concursales de Emgiasa deberán iniciar “tantas demandas como viviendas y contratos en vigor existan”.
Un juez de lo Mercantil ha obligado a revocar el contrato que tenían firmado con la empresa municipal de la vivienda (Emgiasa) por el que cedían sus casas en el centro de la localidad por otras más accesibles en el nuevo barrio del Ensanche Sur.
El magistrado entiende que los pisos deben entrar en la masa del concurso de acreedores en que se encuentra Emgiasa y que lo recaudado con la venta debe destinarse a pagar a los acreedores.
Los mayores aducen que no tienen dinero para comprarlas y que no pueden volver a sus antiguos pisos porque están destrozados o son inaccesibles para ellos.
El llamado Plan Permuta se puso en marcha a finales de la década pasada, cuando la Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa, 169.500 habitantes) expropió los terrenos del Ensanche Sur y levantó unas 7.000 viviendas, en su mayoría de protección oficial.
La ley obliga a que parte de esos pisos se destinen a personas con problemas de movilidad reducida.
Como en el municipio no había tantas peticiones, los responsables de la empresa municipal, entonces en manos del PSOE, idearon el llamado Plan Permuta.
Las personas mayores de 70 años o con problemas de movilidad podían optar a estos pisos, que de otra manera iban a quedar vacíos. La permuta consistía en que los mayores cedían el usufructo de sus pisos, casi todos ellos en el centro del municipio y sin ascensor, al Ayuntamiento.
Este crearía con ellos una bolsa de alquiler para jóvenes de hasta 30 años.
A cambio, los cedentes conseguían el derecho de uso y disfrute de pisos nuevos en el nuevo barrio de Alcorcón.
Al Plan Permuta se presentaron 93 familias de mayores, que consiguieron las respectivas viviendas sin ningún problema.
De hecho, aún sobraron.
Tan solo se realizó un sorteo para evitar problemas a la hora de adjudicarlas a sus nuevos moradores.
La situación boyante que vivió Emgiasa, con perspectivas de conseguir importantes plusvalías con las ventas de las viviendas del ensanche, se frustraron en pocos años con la llegada de la crisis económica.
Los moradores de los pisos sociales se enfrentaron a graves problemas para pagar sus hipotecas.
La empresa se hizo cargo de sus letras, con lo cual fue aumentando su pasivo.
A ello se unió que Emgiasa comenzó a construir aparcamientos y centros culturales.
Además, acometió la mayor infraestructura de la localidad, el Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (Creaa), con un presupuesto de unos 140 millones de euros.
También hubo sentencias que obligaban a pagar 52 millones de euros a los dueños de los terrenos expropiados.
La situación de la empresa municipal fue tan grave que alcanzó un pasivo de 333 millones de euros, según recuerda la portavoz del PP y segunda teniente de alcalde de Alcorcón, Susana Mozo.
Los populares convocaron un concurso voluntario de acreedores en mayo de 2012.
Desde entonces, Emgiasa está dirigida por los administradores concursales nombrados por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid.
Su actual titular, el magistrado Francisco Javier Vaquer Martín, firmó el pasado 26 de marzo un auto por el que obligaba a los mayores del Plan Permuta a dejar esas viviendas o a comprarlas.
El escrito judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, explica que los contratos con los 93 beneficiarios están causando un “daño para la masa del resto de acreedores”.
“Es constante y debe ponerse fin al mismo”, añade el auto.
Este da un plazo máximo de dos meses para resolver de mutuo acuerdo o ante los tribunales los contratos firmados hace una década.
En caso contrario, los administradores concursales de Emgiasa deberán iniciar “tantas demandas como viviendas y contratos en vigor existan”.
Emgiasa ha empezado a notificar por carta a los mayores la situación en la que se encuentran.
Algunos de ellos desconocen el alcance exacto de esta acción, ya que sus hijos se lo ha dulcificado para evitarles preocupaciones.
El resto vive con preocupación el futuro incierto que les espera.
Es el caso de Ana y Matías, de 80 y 82 años, que vivían en un tercer piso sin ascensor de la calle de Guadalajara.
“Ya antes no podía ni subir, con que ahora, con los años que tengo me resultaría imposible. Y ya es inimaginable subir con el carro de la compra”, reconoce con preocupación la mujer.
En idéntica situación se encuentra Luis Castillo, de 80 años, que vivía justo enfrente de la estación de Renfe de Alcorcón, en un tercer piso.
“Nos han dado una carta que está redactada como si todos fuéramos licenciados en Derecho.
Y encima solo nos dejan dos meses para decidir. No hay derecho a ello porque cuando nos dieron los pisos todos cumplíamos las condiciones”, añade Luis.
María Teresa García, de 83 años, y su marido Cristóbal Ríos, de 74, residían en la calle Mayor.
Les dieron la vivienda porque Cristóbal fue intervenido y le pusieron una prótesis de cadera. “Al saber la noticia, estamos indignados. Nos ha sentado fatal.
Yo no me puedo permitir pagar el piso nuevo, porque además el Ayuntamiento puede alquilar el nuestro”, se queja.
Los afectados calculan que adquirir sus viviendas les podría suponer un desembolso de unos 145.000 euros, a los que no pueden hacer frente.
Los afectados cargan contra el alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), a quien acusan de no haber sabido actuar en su defensa y de no darles soluciones a sus problemas.
De hecho, el regidor fue reprobado por séptima vez en este mandato en el pleno municipal del pasado miércoles.
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