El 16% de quienes acuden a Derecho a Morir Dignamente desean suicidarse por sus dolencias. Afrontan un camino clandestino.
Al final de la vida se llega a veces en metro o en tren de Cercanías.
Se deja atrás al trío ruidoso de hombres anuncio, se evita estropear a
una turista su posado bajo el oso y el madroño y se sortea a los
despreocupados muchachos de excursión sentados en el suelo. Arriba, en
un tercer piso de la puerta del Sol, sede de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD)
en Madrid, hay una mesa con caramelos y un dispensador de pañuelos de
papel.
En ocasiones alguien se sienta junto a ella. Guarda en el bolsillo un diagnóstico que será, antes o después, infausto. Dirá:
En ocasiones alguien se sienta junto a ella. Guarda en el bolsillo un diagnóstico que será, antes o después, infausto. Dirá:
—Es lo que hay. Esto no va a durar mucho.
A quien ha venido con él o ella se le enrojecen los ojos. Llora. Luego se rompen los dos.
La luz tamizada por un estor blanco baña de
irrealidad el cuarto que mira a la anárquica marea humana del Kilómetro
O.
Es un espacio donde la muerte se muestra desnuda, ajena al grandísimo
tabú de puertas afuera.
“Aquí se ponen encima de la mesa todos los
demonios”, relata el médico Fernando Marín, presidente de DMD Madrid, la
asociación más numerosa, que reúne a 2.700 socios de los 7.000 de todo
el país.
María José Carrasco, la enferma de esclerosis múltiple que se suicidó hace unos días auxiliada por su marido,
rellenó los papeles para hacerse socia con sus manos aún hábiles y
pidió que un miembro de DMD, en este caso Marín, trasladase ese espacio
de “muerte impúdica” a su casa.
Fue hace seis años. “Aún disfrutaba de
las películas y los ratos con su marido.
Pero deseaba morir”, recuerda
el médico, también especialista en cuidados paliativos.
Un 16% de las
consultas a DMD Madrid en 2018 fueron de personas que deseaban quitarse
la vida.
“Quiero morir, ¿qué hago?”, vienen a decir.
En un país cuyos ciudadanos apoyan masivamente la eutanasia (un 85%, según la última encuesta de Ipsos de 2018),
la respuesta aún está sombreada de clandestinidad.
El proyecto de ley
para su despenalización impulsado por el PSOE fue bloqueado en la Mesa
del Congreso por PP y Ciudadanos esta legislatura.
DMD cuenta con una
escueta publicación (40 páginas) solo al alcance de los socios con más
de tres meses de antigüedad, en plenas facultades mentales y si lo
solicitan expresamente, como Carrasco.
En la Guía de muerte voluntaria
se vierte información actualizada sobre los métodos para quitarse la
vida, analizándolos según su seguridad y ausencia de sufrimiento, “los
más importantes”. También según la facilidad para conseguir la
medicación, rapidez de efecto o fecha de caducidad a largo plazo.
“No
existe una solución mágica”, advierte la guía, “ningún método es
infalible”.
DMD solo analiza dos: un cóctel de fármacos y el
pentobarbital sódico, el elegido por Carrasco.
Un medicamento, subraya
el manual, “exclusivamente de uso veterinario y no comercializado” en
España.
Es el empleado para practicar la eutanasia a los animales. Ella
lo consiguió por Internet, arriesgándose a una multa por cometer una
falta, ya que comprar cualquier tipo de fármaco en la web está
prohibido, según recuerda la guía, que informa de todas las
implicaciones legales ante la decisión de morir voluntariamente.
Si
hubiese sido el marido, Ángel Hernández, quien lo hubiera adquirido para
ella se enfrentaría a hasta tres años de prisión por suministrar una
sustancia nociva que “puede causar estragos”.
Desde la soledad tantas veces, y con el peso de
la ley en el cogote, los enfermos se enfrentan a dudas terribles:
¿Llegará el frasco a cambio de los 450 euros que he pagado? ¿Funcionará?
“Hay muchas estafas, webs que simulan ser de asociaciones por la muerte
digna o que piden en concepto de seguro para la aduana 600 euros más.
Nosotros informamos puntualmente, siguiendo la guía The peaceful pill, de [la ONG] Exit International, de las webs o correos que hay que evitar. Hay unas cien”, explica Marín.
El año pasado DMD entregó 300 guías en toda
España. “¿Imaginas la gente que no se atrevió a venir y se ha buscado la
vida?”, pregunta Borja Robert, una de las personas que ofrece
asesoramiento en Madrid y encargado de comunicación.
Muchos de los que
se acercan musitan antes de comenzar: “Me ha costado mucho venir...”.
“Creemos que de los que solicitaron la guía, 200
tenían decidido suicidarse.Del resto, la mitad deseaba hacerse con la medicación por si la precisan en el futuro.
Los demás la piden por curiosidad intelectual”, relata Marín. La usen o no, en ella se encuentran recomendaciones para evitar problemas.
“Les sugerimos que redacten una carta al juez o graben un vídeo diciendo que han tomado esa decisión de una manera libre”.
DMD insiste en que para muchas personas disponer
de un plan B, una salida de emergencia por si acaso la enfermedad se
hace insoportable, es una fuente de serenidad que ayuda a soportar el
proceso.
“Al igual que ocurre en los países donde se ha regulado, muchos
de ellos no llegan a tomar la decisión de morir y fallecen de forma
natural, a consecuencia de su enfermedad”, dice Marín.
Suena el teléfono al otro lado de la escueta
biblioteca y videoteca con fotos de Ramón Sampedro y otros enfermos que
pelearon por la eutanasia y dieron testimonio de su muerte elegida e
inevitablemente clandestina.
La de Carrasco ha disparado las altas de
socios.
Cien en una semana, cuando la media son cinco.
Aquí encuentran a cinco personas que les acogen.
Un centenar, los socioactivistas,
salen a la calle y afrontan en asociaciones e institutos el tabú que
hace que hasta el 80% de los enfermos que van a morir no hayan sido
informados porque la familia no quiere.
O que solo seis de cada 1.000
personas hayan firmado un testamento vital, ese documento que precisa
hasta donde han de llegar los tratamientos cuando no se sea capaz de
tomar decisiones.
Ahora es el telefonillo.
Nunca se sabe si quien
llama solo quiere saber más sobre el testamento vital, lo más frecuente.
O si relatará que a su padre demente, terminal, le han colocado una
sonda nasogástrica en la residencia y se niegan a retirarla.
Dudas sobre
derecho sanitario y el final de la vida copan el 15% de las consultas.
Puede que quien se haya decidido a venir sea una
de esas señoras que se sienten traicionadas por sus hijos en su deseo de
decidir ante el final de la vida.
“Quieren morir antes de ser
dependientes”, dice Marín.
O alguien que vive sin un solo momento del
día libre de dolor. Como aquella mujer ya sometida a cinco operaciones
que se suicidó en contra de lo que quería su familia.
El marido denunció
a DMD, el único espacio donde ella pudo hablar con libertad de su deseo
de morir.
O quizá quien suba vacíe su tragedia sobre la mesa amasando un pañuelo empapado.
Mujer, mayor de 60 años, universitaria
Las consultas. En 2018 la
asociación Derecho a Morir Dignamente DMD Madrid contabilizó 579
consultas.
Estiman que recibieron el doble. Por el ritmo de algunos
días, no se registran todas.
Sobre qué. Información sobre
testamento vital, 52%.
Muerte voluntaria, 16%. Derecho sanitario y
decisiones al final de la vida, 15%. Sobre DMD, 17%.
Cómo. Un 48% fueron presenciales, El resto, por teléfono (41%) o a través de correo electrónico (11%).
Quiénes. La mayoría de las consultas fueron de personas no asociadas (74%).
Socios. DMD tiene 7.000 socios en España. La mayoría (2.754) en Madrid.
El perfil. Suele ser una mujer
(80%) mayor de 60 años con nivel socioeconómico medio-alto y estudios
universitarios (80%), que ha tenido una mala experiencia con la muerte
de un ser querido (33%), ideológicamente desea ejercer el derecho a
decidir al final de su vida (33%) o ha decidido morir voluntariamente
(33%).
Financiación. DMD se sostiene
íntegramente a través de cuotas de sus socios (a partir de 42 euros
anuales) y donaciones.
En 35 años han recibido media docena de legados,
pero saben que muchas personas asociadas les han incluido en su
testamento.
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