Un informe encargado por el Gobierno recopila 20 años de investigaciones sobre trabajos forzados durante el franquismo.
Natalia Junquera
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“Los criminales y sus víctimas no pueden vivir juntos”, declaró Franco en 1938 a la agencia United Press.
La cifra máxima de presos oficiales en España es de abril de 1939: 270.000.
En Alemania, en enero de 1945, eran 189.000. Franco recluyó a centenares de miles de personas como un método para aislar, vigilar y controlar al enemigo.
Y lo convirtió, además, en un rentable negocio: mano de obra muy barata o directamente esclava.
Además de los presos en las cárceles, entre abril de 1939 y enero de 1940 había medio millón de personas en campos de concentración, 90.000 en batallones de trabajadores y 47.000 en batallones disciplinarios.
Los recluidos eran clasificados según su capacidad de conversión en “afectos” al Régimen, “dudosos” y “desafectos”.
Solo entre 1940 y 1957, el total de jornadas trabajadas por presos en ferrocarriles asciende a 4,7 millones.
Son datos del informe que el Gobierno ha encargado al investigador de la Universidad Complutense Gutmaro Gómez Bravo para tratar de reunir toda la información sobre el trabajo en los campos de concentración y en las prisiones, ahora dispersa.
Ochenta años después del final de la Guerra Civil, el Estado no dispone de censos oficiales sobre todas las formas de represión franquista.
Fueron decenas de asociaciones de familiares quienes se presentaron en 2008 en la Audiencia Nacional con cajas, maletines y bolsas para entregar al juez Baltasar Garzón los nombres de los desaparecidos: 143.353.
El Gobierno ha encargado a expertos informes que reúnan la información ahora diseminada en distintos archivos y trabajos de especialistas, como Juan Carlos García-Funes, de la Universidad Pública de Navarra, que hizo una tesis doctoral sobre espacios de castigo y trabajos forzado en el franquismo, o la investigación de Carlos Hernández.
“Un Estado democrático necesita conocer su pasado, saber la verdad”, explica el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez.
El historiador explica que ni siquiera hay datos sobre todas las comunidades autónomas y está deseando poder consultar los archivos militares aún por catalogar que el Gobierno aprobó desclasificar el año pasado.
“En este informe recojo datos de 20 años de historiografía.
El objetivo es hacer un censo oficial de edificaciones hechas por mano de obra esclava”.
Presos y prisioneros de guerra (la mayoría jóvenes capturados en el frente o civiles en espera de ser movilizados) fueron utilizados para reconstruir las infraestructuras afectadas por los bombardeos, levantar otras nuevas, hacer obras en edificios religiosos o incluso trabajar para particulares afectos al Régimen.
En los más de 280 campos de concentración repartidos por todo el territorio nacional (ubicados en antiguas fábricas, campos de fútbol, plazas de toros...), el trabajo era una forma de castigo.
En los centros penitenciarios, los presos podían rebajar un día de pena por cada dos trabajados siempre que hubieran cumplido ya un tercio de la condena.
En ambos casos, las condiciones eran infrahumanas.
No ingerían las calorías necesarias pese a que el cálculo del coste de su alimentación se hacía ajustando las calorías de cada preso según el trabajo que fueran a realizar.
La media del salario, en 1939, eran dos pesetas diarias por persona.
Joan Guari recuerda en Los campos de concentración de Franco, de Carlos Hernández, su paso por el batallón de trabajadores de Arizcun, en Navarra:
“Era un holocausto sin hornos crematorios”. “Nos hacían construir fortificaciones con nidos de ametralladoras.
Teníamos mucho cuidado para que las piedras no se nos cayeran en la cabeza, pero ocurría con frecuencia porque estaban heladas y resbalaban.
En cuanto alguien caía desmayado, la única asistencia eran cuatro bofetadas”.
Hernández recoge también las anotaciones del sacerdote Agustín Zubicaray en su diario sobre el batallón de trabajadores en Mirabueno, cerca del frente de Guadalajara:
“Nos levantamos a las cinco de la mañana. Tenemos dos tajos. El primero está a nueve kilómetros.
El segundo, a 12. Ida y vuelta a pie.
De 600, más de 200 no tienen calzado. Muchos de ellos envuelven los pies con sacos. Nos morimos de frío.
Para cuando llegamos a acostarnos son siempre las diez [de la noche]”.
El hacinamiento era total.
En 1940, la cifra de presos en la provincia de Murcia rozaba los 8.000.
Ante el temor a una revuelta o una epidemia, los responsables de prisiones solicitaron enviar presos a la isla de Tabarca, pero la dirección lo desaconsejó, como cita en su informe Gómez Bravo, “porque el viaje cuesta más de dos horas, y muchos no lo aguantan dado el deplorable estado”.
El colapso era tal que el Régimen alquiló 256 fincas privadas para usarlas como cárceles.
El franquismo se aprovechaba de aquella mano de obra que trabajaba en condiciones extremas, pero tejió un amplio sistema de propaganda para presentar los centros de reclusión como lugares de “recristianización” y "reeducación".
Era obligado hacer el saludo franquista, cantar los himnos correspondientes o asistir a oficios religiosos.
Y con frecuencia se hacía posar a los presos leyendo o practicando deporte para ilustrar una revista llamada, precisamente, Redención.
El sistema contó pronto con una burocracia estable.
En 1937 se creó la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, que distribuía a los mismos en la reparación de carreteras, ferrocarriles, fábricas, minas.... Y en 1938 se firmó el Decreto de Redención de Penas por el trabajo.
De aquella mano de obra se beneficiaron, entre otras muchas empresas, Ferrocarriles y Construcciones A.B.C, los hermanos Nicolás Gómez, Construcciones Elizaran, Amsa o los hermanos Banús.
Entre las grandes obras construidas por los presos del franquismo, la más conocida es el Valle de los Caídos.
Cuarenta y tres años después de la muerte de Franco, el Estado batalla con sus nietos para levantar una losa de 1.500 kilos como primer paso para convertir el monumento en un lugar de memoria que recuerde, entre otras cosas, a quiénes lo construyeron y en qué condiciones.
La exhumación del dictador tiene fecha: el próximo 10 de junio, pero los descendientes del dictador han pedido al Tribunal Supremo que paralice el traslado de los restos.
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