¿Serán otro espejismo las vehementes palabras de Pablo Casado anunciando bajadas de impuestos?.
¿Ha comenzado ya la campaña electoral de las municipales,
incluso antes de que los partidos hayan completado sus listas de
candidatos a alcaldes y concejales? Lo parece.
Un ciudadano camina alrededor del Retiro, en Madrid, y se tropieza con uno de esos armatostes publicitarios que están sembrados en medio de las aceras, con un anuncio que pone: “Carmena ha subido el IBI [impuesto de bienes inmuebles] año tras año.
Con Almeida le bajaremos el IBI al mínimo legal permitido”.
Almeida es José Luís Martínez-Almeida, candidato del PP a la alcaldía de Madrid, cuya fotografía sonriente acompaña al texto de la promesa.
Recuerda inmediatamente la misma a otras que se hacen en época de comicios, que el tiempo suele desmentir con rapidez.
Por ejemplo, la primera medida del programa electoral con el que Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha logrado ser presidente de la Junta de Andalucía decía así: “Creación de 600.000 puestos de trabajo en cuatro años”.
Menos de un mes después de su toma de posesión, y preguntado por ello el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad andaluz, Rogelio Velasco (de la cuota de Ciudadanos en el Gobierno autonómico), responde: se trata de “un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral”.
En definitiva, nada de nada, un espejismo.
Una bajada de impuestos en el contexto de una sociedad como la española, plena de necesidades y todavía noqueada, como manifiesta cualquier sondeo, por los profundos recortes de su Estado de bienestar (educación, sanidad, pensiones, dependencia, seguro de desempleo…) con motivo de la Gran Recesión.
Con tres argumentos que añadir: la presión fiscal en España (34,5%) está muy por debajo de la de la Unión Europea (40,2%) y de la de la eurozona (41,4%); nuestro país sigue siendo el que tiene mayor déficit público de los que componen la zona euro; y uno de los problemas estructurales con los que se encontrará Casado si gana las elecciones y gobierna, como cualquier otro candidato a La Moncloa, será un agujero de 17.000 millones en la Seguridad Social —al alza— como consecuencia del envejecimiento de la sociedad, lo que implica un mayor número de pensionistas.
¿Cómo se arreglará tal contradicción —menos ingresos, más gastos y más déficit y deuda pública—?
Muy sencillo, responde el joven Casado en una entrevista a Televisión Española: ahorrando 42.000 millones de euros de gasto superfluo (adelgazando las diferentes Administraciones, mejorando la eficacia y otros intangibles). 42.000 millones es casi el doble de lo que los Presupuestos Generales del Estado se gastan en pensiones de viudedad (27.000 millones en números redondos) o en el capítulo de enfermedad e incapacidad, justo el doble de lo que se gasta en orden público (21.000 millones), 11.000 millones más de lo que cada año se gasta en pagos de la deuda pública contraída (31.000 millones), más de dos veces de lo que se gasta en desempleo (18.600 millones) o tres veces más del dinero público que cada año se utiliza en defensa o en protección al medio ambiente (10.000 millones en ambos casos).
¿Serán otro espejismo las vehementes palabras que salieron de la boca de Pablo Casado, candidato del PP a la presidencia del Gobierno y nuevo secretario general de ese partido de la derecha, en la convención de economía y empleo de su formación en Zaragoza?
Allí en tono mitinero afirmó, entre el entusiasmo de sus correligionarios:
“Nosotros lo que proponemos es una revolución fiscal en cuanto lleguemos al Gobierno.
Lo que proponemos es bajar todos los impuestos.
Bajar el IRPF [impuesto sobre la renta de las personas físicas] por debajo del 40%, bajar el impuesto de sociedades por debajo del 20%, suprimir el impuesto de sucesiones, suprimir el impuesto de donaciones [como si fueran dos gravámenes diferentes], suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados, suprimir el impuesto del patrimonio [grandes aplausos].
Porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente”.
Estemos agradecidos: con estas próximas elecciones llega entre nosotros el reino de los cielos.
Un ciudadano camina alrededor del Retiro, en Madrid, y se tropieza con uno de esos armatostes publicitarios que están sembrados en medio de las aceras, con un anuncio que pone: “Carmena ha subido el IBI [impuesto de bienes inmuebles] año tras año.
Con Almeida le bajaremos el IBI al mínimo legal permitido”.
Almeida es José Luís Martínez-Almeida, candidato del PP a la alcaldía de Madrid, cuya fotografía sonriente acompaña al texto de la promesa.
Recuerda inmediatamente la misma a otras que se hacen en época de comicios, que el tiempo suele desmentir con rapidez.
Por ejemplo, la primera medida del programa electoral con el que Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha logrado ser presidente de la Junta de Andalucía decía así: “Creación de 600.000 puestos de trabajo en cuatro años”.
Menos de un mes después de su toma de posesión, y preguntado por ello el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad andaluz, Rogelio Velasco (de la cuota de Ciudadanos en el Gobierno autonómico), responde: se trata de “un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral”.
En definitiva, nada de nada, un espejismo.
Una bajada de impuestos en el contexto de una sociedad como la española, plena de necesidades y todavía noqueada, como manifiesta cualquier sondeo, por los profundos recortes de su Estado de bienestar (educación, sanidad, pensiones, dependencia, seguro de desempleo…) con motivo de la Gran Recesión.
Con tres argumentos que añadir: la presión fiscal en España (34,5%) está muy por debajo de la de la Unión Europea (40,2%) y de la de la eurozona (41,4%); nuestro país sigue siendo el que tiene mayor déficit público de los que componen la zona euro; y uno de los problemas estructurales con los que se encontrará Casado si gana las elecciones y gobierna, como cualquier otro candidato a La Moncloa, será un agujero de 17.000 millones en la Seguridad Social —al alza— como consecuencia del envejecimiento de la sociedad, lo que implica un mayor número de pensionistas.
¿Cómo se arreglará tal contradicción —menos ingresos, más gastos y más déficit y deuda pública—?
Muy sencillo, responde el joven Casado en una entrevista a Televisión Española: ahorrando 42.000 millones de euros de gasto superfluo (adelgazando las diferentes Administraciones, mejorando la eficacia y otros intangibles). 42.000 millones es casi el doble de lo que los Presupuestos Generales del Estado se gastan en pensiones de viudedad (27.000 millones en números redondos) o en el capítulo de enfermedad e incapacidad, justo el doble de lo que se gasta en orden público (21.000 millones), 11.000 millones más de lo que cada año se gasta en pagos de la deuda pública contraída (31.000 millones), más de dos veces de lo que se gasta en desempleo (18.600 millones) o tres veces más del dinero público que cada año se utiliza en defensa o en protección al medio ambiente (10.000 millones en ambos casos).
¿Serán otro espejismo las vehementes palabras que salieron de la boca de Pablo Casado, candidato del PP a la presidencia del Gobierno y nuevo secretario general de ese partido de la derecha, en la convención de economía y empleo de su formación en Zaragoza?
Allí en tono mitinero afirmó, entre el entusiasmo de sus correligionarios:
“Nosotros lo que proponemos es una revolución fiscal en cuanto lleguemos al Gobierno.
Lo que proponemos es bajar todos los impuestos.
Bajar el IRPF [impuesto sobre la renta de las personas físicas] por debajo del 40%, bajar el impuesto de sociedades por debajo del 20%, suprimir el impuesto de sucesiones, suprimir el impuesto de donaciones [como si fueran dos gravámenes diferentes], suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados, suprimir el impuesto del patrimonio [grandes aplausos].
Porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente”.
Estemos agradecidos: con estas próximas elecciones llega entre nosotros el reino de los cielos.
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