La investigación sobre el asesinato de monseñor Romero duerme en un juzgado de la capital salvadoreña 38 años después.
Un recurrente sarcasmo recuerda estos días en las calles que el nuevo santo salvadoreño, monseñor Óscar Romero,
se identificó tanto con su pueblo que su asesinato sigue tan impune
como el resto.
En uno de los países más violentos del mundo, su ejecución, como el 98% de los crímenes que se cometen en el país, duerme en una carpeta del juzgado cuarto de instrucción de San Salvador.
Sin embargo, su magnicidio, el 24 de marzo de 1980, es una de las páginas importantes de Centroamérica.
El asesinato y el tiroteo posterior contra la multitud durante su entierro, es considerado el inicio de la guerra civil y uno de los tableros donde se disputó la guerra fría que dejó decenas de miles de muertos hasta 1992.
El de monseñor Romeo no fue precisamente un asesinato discreto. Los grupos de extrema derecha habían intentado terminar con el "cura comunista" con una bomba bajo el púlpito.
Fallaron.
Meses después, la tarde del 24 de marzo se eligió un plan menos sutil y fue acribillado en el propio altar de la iglesia.
En ese momento había decenas de testigos en los primeros bancos celebrando una misa luctuosa por doña Sara Meardi.
Cuando Romero estaba a punto de dar la comunión, un Volkswagen Passat rojo ocupado por dos personas se detuvo frente a la puerta del templo.
Uno de los sujetos apuntó al obispo y le disparó en el corazón una bala de calibre 22.
Luego huyeron calle abajo.
La investigación del caso quedó estancada por el conflicto bélico hasta que un año después de los acuerdos de paz, la única institución capaz de hacer una investigación con garantías en El Salvador de la postguerra, la ONU, concluyó que los responsables de su muerte eran los Escuadrones de la muerte creados por el coronel Roberto D'Aubuisson, líder de la inteligencia política y fundador de Arena (Alianza Republicana Nacionalista), que gobernaría el país centroamericano durante dos décadas.
Según la comisión de la verdad creada a tal efecto, “existe plena evidencia” de que D'Aubuisson dio a su equipo de seguridad la orden de asesinar al arzobispo.
El informe de Naciones Unidas llegó a esta conclusión después de que al militar le encontraran durante un registro en su finca un cuaderno con los nombres de los implicados en la Operación Piña, donde también estaba escrito el tipo de arma empleada y el vehículo para la huida. D'Aubuisson sin embargo, murió en 1992 de un cáncer de lengua sin conocer el resultado de la investigación.
Pero había más gente.
También los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron participación en el asesinato del santo, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, siempre según la ONU.
Otro más, Amado Antonio Garay, fue el chófer que llevó al francotirador hasta la capilla de la Divina Providencia y vive en Estados Unidos en calidad de testigo protegido del Gobierno.
Garay confesó la participación del capitán Saravia, quien vive oculto en algún lugar fuera de El Salvador.
Desde la clandestinidad concedió una entrevista a Carlos Dada, del periódico digital salvadoreño El Faro, en la que aceptó su participación.
El sicario que ejecutó el disparo fue asesinado cuando huía pocos días después a Guatemala trás cobrar el cheque.
Para la Iglesia salvadoreña es una “vergüenza” que no se haya investigado el caso más de 38 años después y el padre José María Tojeira lo consideró "uno de los más grandes casos de corrupción", dijo desde el púlpito la noche del sábado durante una misa previa a su canonización.
"Si un asesinato tan emblemático y con tantos elementos probatorios se encuentra paralizado que no sucederá con el resto de víctimas comunes", señala Arnau Baulenas, coordinador jurídico de la oficina de derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
Para Baulenas la parálisis se debe "al poder del ejército que ha maniobrado como un poder fáctico para impedir una investigación".
A pesar de la llegada de un gobierno de izquierdas al poder, "el gobierno del Fmln, (Frente Farabundo Martí) ha impedido la apertura de los archivos del ejército en lo que supone una clara obstaculización en la investigación" añade el abogado de Derechos Humanos.
En las últimas semanas, la fiscalía de El Salvador ha dado señales de querer volver a impulsar el caso y ha anunciado que presentará un requerimiento.
Asociaciones de víctimas y desaparecidos de la Guerra Civil buscan la condena de otros de los colaboradores que formaron o financiaron los escuadrones de la muerte, entre ellos el conocido como grupo de Miami o algunas de las familias poderosas de El Salvador.
Paralelamente, buscan una condena histórica y moral contra D'Aubuisson.
Su figura continúa siendo un símbolo para amplios sectores de la derecha, que peregrinan cada año a su tumba entonando alguno de los himnos de su partido y la famosa estrofa:
“Libertad se escribe con sangre y el trabajo con sudor, unamos sudor y sangre, pero primero El Salvador”.
En uno de los países más violentos del mundo, su ejecución, como el 98% de los crímenes que se cometen en el país, duerme en una carpeta del juzgado cuarto de instrucción de San Salvador.
Sin embargo, su magnicidio, el 24 de marzo de 1980, es una de las páginas importantes de Centroamérica.
El asesinato y el tiroteo posterior contra la multitud durante su entierro, es considerado el inicio de la guerra civil y uno de los tableros donde se disputó la guerra fría que dejó decenas de miles de muertos hasta 1992.
El de monseñor Romeo no fue precisamente un asesinato discreto. Los grupos de extrema derecha habían intentado terminar con el "cura comunista" con una bomba bajo el púlpito.
Fallaron.
Meses después, la tarde del 24 de marzo se eligió un plan menos sutil y fue acribillado en el propio altar de la iglesia.
En ese momento había decenas de testigos en los primeros bancos celebrando una misa luctuosa por doña Sara Meardi.
Cuando Romero estaba a punto de dar la comunión, un Volkswagen Passat rojo ocupado por dos personas se detuvo frente a la puerta del templo.
Uno de los sujetos apuntó al obispo y le disparó en el corazón una bala de calibre 22.
Luego huyeron calle abajo.
La investigación del caso quedó estancada por el conflicto bélico hasta que un año después de los acuerdos de paz, la única institución capaz de hacer una investigación con garantías en El Salvador de la postguerra, la ONU, concluyó que los responsables de su muerte eran los Escuadrones de la muerte creados por el coronel Roberto D'Aubuisson, líder de la inteligencia política y fundador de Arena (Alianza Republicana Nacionalista), que gobernaría el país centroamericano durante dos décadas.
Según la comisión de la verdad creada a tal efecto, “existe plena evidencia” de que D'Aubuisson dio a su equipo de seguridad la orden de asesinar al arzobispo.
El informe de Naciones Unidas llegó a esta conclusión después de que al militar le encontraran durante un registro en su finca un cuaderno con los nombres de los implicados en la Operación Piña, donde también estaba escrito el tipo de arma empleada y el vehículo para la huida. D'Aubuisson sin embargo, murió en 1992 de un cáncer de lengua sin conocer el resultado de la investigación.
Pero había más gente.
También los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron participación en el asesinato del santo, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, siempre según la ONU.
Otro más, Amado Antonio Garay, fue el chófer que llevó al francotirador hasta la capilla de la Divina Providencia y vive en Estados Unidos en calidad de testigo protegido del Gobierno.
Garay confesó la participación del capitán Saravia, quien vive oculto en algún lugar fuera de El Salvador.
Desde la clandestinidad concedió una entrevista a Carlos Dada, del periódico digital salvadoreño El Faro, en la que aceptó su participación.
El sicario que ejecutó el disparo fue asesinado cuando huía pocos días después a Guatemala trás cobrar el cheque.
Para la Iglesia salvadoreña es una “vergüenza” que no se haya investigado el caso más de 38 años después y el padre José María Tojeira lo consideró "uno de los más grandes casos de corrupción", dijo desde el púlpito la noche del sábado durante una misa previa a su canonización.
"Si un asesinato tan emblemático y con tantos elementos probatorios se encuentra paralizado que no sucederá con el resto de víctimas comunes", señala Arnau Baulenas, coordinador jurídico de la oficina de derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
Para Baulenas la parálisis se debe "al poder del ejército que ha maniobrado como un poder fáctico para impedir una investigación".
A pesar de la llegada de un gobierno de izquierdas al poder, "el gobierno del Fmln, (Frente Farabundo Martí) ha impedido la apertura de los archivos del ejército en lo que supone una clara obstaculización en la investigación" añade el abogado de Derechos Humanos.
En las últimas semanas, la fiscalía de El Salvador ha dado señales de querer volver a impulsar el caso y ha anunciado que presentará un requerimiento.
Asociaciones de víctimas y desaparecidos de la Guerra Civil buscan la condena de otros de los colaboradores que formaron o financiaron los escuadrones de la muerte, entre ellos el conocido como grupo de Miami o algunas de las familias poderosas de El Salvador.
Paralelamente, buscan una condena histórica y moral contra D'Aubuisson.
Su figura continúa siendo un símbolo para amplios sectores de la derecha, que peregrinan cada año a su tumba entonando alguno de los himnos de su partido y la famosa estrofa:
“Libertad se escribe con sangre y el trabajo con sudor, unamos sudor y sangre, pero primero El Salvador”.
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