El
presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez,
acompañado por la presidenta, Cristina Narbona (izquierda), y la
vicesecretaria general, Adriana Lastra, durante la comisión ejecutiva
celebrada ayer en la sede del partido en Madrid.EFE
En 2007 España tenía un superávit fiscal del 2% del PIB y había bajado
la deuda pública neta hasta el 22% del PIB.
El problema era el
endeudamiento privado de empresas y familias canalizado a través del
sistema bancario y concentrado en créditos vinculados a la burbuja
inmobiliaria.
La burbuja inmobiliaria fue acompañada de un boom de
construcción de viviendas y de crédito que generó un aumento de los
ingresos públicos.
Moncloa,
ayuntamientos y comunidades autónomas asumieron los aumentos de
ingresos como permanentes y aumentaron el gasto estructural.
El gasto
público, eliminando el efecto cíclico y el pago de intereses, pasó del
36% del PIB en 1998 hasta el 41% en 2009.
La burbuja inmobiliaria española pinchó en medio de la peor crisis
financiera global en 80 años y tuvo efectos devastadores sobre el empleo
y la actividad económica.
Los ingresos públicos, eliminando el efecto
cíclico, bajaron seis puntos de PIB. Un déficit público elevado junto a
la intensidad y la duración de la crisis generó un fuerte aumento de la
deuda pública.
Solo el efecto de la caída de los ingresos fiscales
derivados del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 10 años de crisis
ha supuesto un aumento de 60 puntos de PIB en deuda pública.
En 2009, el FMI,
en su informe de perspectivas de otoño, recomendó a los países iniciar
una estrategia de salida para la política fiscal anticíclica aplicada
durante la gran recesión. Recomendaba no aplicar ajustes fiscales
estructurales superiores a un punto de PIB y acompañarlos con políticas
monetarias expansivas y compras de deuda de los bancos centrales para
evitar episodios de inestabilidad financiera que forzaran a los países a
hacer ajustes fiscales más intensos.
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