Están acusados de rebelión, malversación y desobediencia y se abre la puerta a la inhabilitación.
La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado los procesamientos dictados por el juez Pablo Llarena para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 13 investigados por delitos de rebelión, malversación y desobediencia en la causa sobre el proceso secesionista en Cataluña,
según ha confirmado el alto tribunal.
De esta manera se abre la puerta para la inhabilitación tanto del expresidente de la Generalitat como a toda la cúpula independentista.
Los magistrados de la sala de apelaciones consideran "suficientemente razonable" calificar los hechos como delito de rebelión porque existió "un alzamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley.
Además, en cuando a la malversación de la que se acusa también a muchos de los investigados, el Supremo dice que hubo "un sistema de engaño" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal de 1-O.
El juez Pablo Llarena procesó por un delito de rebelión a Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa), a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Sobre la malversación que también imputa a muchos de los investigados el instructor de la causa Pablo Llarena, el tribunal de apelación dice que hubo "un sistema de engaño" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal de 1-O.
De esta manera se abre la puerta para la inhabilitación tanto del expresidente de la Generalitat como a toda la cúpula independentista.
Los magistrados de la sala de apelaciones consideran "suficientemente razonable" calificar los hechos como delito de rebelión porque existió "un alzamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley.
Además, en cuando a la malversación de la que se acusa también a muchos de los investigados, el Supremo dice que hubo "un sistema de engaño" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal de 1-O.
El juez Pablo Llarena procesó por un delito de rebelión a Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa), a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Sobre la malversación que también imputa a muchos de los investigados el instructor de la causa Pablo Llarena, el tribunal de apelación dice que hubo "un sistema de engaño" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal de 1-O.
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