Una asesora de la consejería de Educación madrileña y amiga personal de la expresidenta llamó una decena de veces a la profesora Cecilia Rosado, secretaria del tribunal inventado.
El caso del máster de Cristina Cifuentes, que provocó su dimisión –junto a un vídeo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid llevándose dos cremas de una tienda sin pagar-, ha perdido fuelle político pero sigue adelante en los tribunales.
Hoy viernes la titular del juzgado número 51 de Instrucción de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha llamado a declarar a Cifuentes como investigada por los delitos de prevaricación y cohecho.
La expresidenta, durante las semanas que precedieron a su dimisión, repitió un mantra: si había alguna irregularidad en el máster en derecho autonómico y local que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, era un problema de los profesores y del centro. Ella, según decía una y otra vez, no sabía nada, fue a defender su Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012 con total normalidad y, más allá de eso, lo que hubiera sucedido era achacable a la universidad.
Sin embargo, la profesora que elaboró el acta que avalaba falsamente la presentación de dicho TFM declaró el jueves ante la juez que lleva el caso que una amiga de Cifuentes la presionó durante toda la mañana del 21 de marzo –cuando eldiario.es destapó el caso- para que elaborara el acta falsa, para que le redactaran un TFM (algo que jamás llegó a suceder) y, finalmente, para que le pasaran referencias bibliográficas de un trabajo inexistente con las que poder defenderse de las acusaciones.
Las declaraciones del jueves son las que han determinado la imputación de la expresidenta.
La amiga de Cifuentes es María Teresa Feito Higueruela, asesora del gobierno de la Comunidad de Madrid asignada a la consejería de Educación y profesora titular de Filología Inglesa de la Universidad Rey Juan Carlos –en comisión de servicios desde 2015-
. Ya se conocía el dato de que esa mañana Feito había acudido a la universidad para interesarse por el tema antes de que el rector, Javier Ramos, saliera a dar su primera rueda de prensa.
Pero lo que no se sabía es que había hablado directamente casi una decena de veces con Rosado, que fue quien elaboró el acta falsa a petición del catedrático y director del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, para dirigir sus movimientos.
La profesora asegura que le dijo frases como “Cristina os va a matar a todos” o “Tenéis que darnos un TFM".
Cuando ella le respondió que no había tal, Feito le pidió entonces unas referencias bibliográficas.
La docente tiene el registro de llamadas entre su teléfono y el de Feito.
La última, 20 minutos después de que el acta falsa sea enviada por correo electrónico al rector, quien después la reenvía al entorno de Cifuentes. Rosado, que declaraba en calidad de investigada, contestó a todas las preguntas y aseguró que no hubo TFM; que ella y sus compañeras Alicia López de los Mozos y Clara Souto jamás se reunieron como tribunal ni evaluaron a Cifuentes; que el acta se elaboró el 21 de marzo de 2018, no el 2 de julio de 2012; y que todo fue dirigido y encargado por Enrique Álvarez Conde.
Las tres coinciden en estos puntos.
Rosado reconoció que fue ella quien elaboró el acta y puso su firma y las de sus dos compañeras, López de los Mozos y Clara Souto. Todas, colegas del área de Derecho Constitucional.
Lo hizo porque se lo pidió Álvarez Conde y porque sus dos compañeras le habían enseñado a través de videollamada su DNI para que viera su firma y pudiera copiarla.
Así lo reconoció también López de los Mozos en su declaración ante la policía el pasado 10 de abril, aunque aseguró que no sabía para qué era el DNI.
Souto, por su parte, que sigue de baja médica, también admitió el jueves que enseñó su firma a Rosado, pero afirmó que era una práctica tan habitual en el Instituto de Derecho Público que no supo para que se iba a usar en ese caso concreto.
Aseguró que como la universidad tiene varios campus en distintas localidades, muchas veces lo hacían para facilitar las cosas.
La profesora declaró como testigo, sin abogado, y no ha sido imputada.
López de los Mozos, sin embargo, que también comparecía como testigo, pasó a ser investigada por prevaricación administrativa. Durante su declaración le preguntaron por la nota que había puesto a Cifuentes en una asignatura y respondió que no recordaba haberla evaluado.
Como aparecía su firma, la juez decidió seguir la investigación sobre estos hechos.
Clara Souto también había aprobado una asignatura a Cifuentes, pero en una clase que impartía a medias con Álvarez Conde en la que ella daba muy pocas clases y era él quien evaluaba y le decía la nota correspondiente de cada uno. Por este motivo no fue declarada investigada.
Convalidaciones y notas
Las diligencias de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid se abrieron no por el acta del TFM, sino tras una querella presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo, por unas convalidaciones en las que aparece su firma –que ella asegura que ha sido falsificada-.Se trata de un escrito de convalidación del mismo curso de Cifuentes (2011-2012) en el que aparecen distintas firmas, también la de López de los Mozos.
A esta investigación se unió la del acta relativa al TFM después de que la Fiscalía de Móstoles, que era quien llevaba el caso en origen, remitiera las actuaciones al juzgado de Madrid para que se investigue todo conjuntamente.
En relación a estas convalidaciones, tanto José Antonio Lobato ( responsable de la unidad de posgrado de la Rey Juan Carlos) como Pilar Trinidad (jefa de Inspección de la universidad), que declaraban como testigos, aseguraron que no les constaba que se hubieran usado; es decir, que esas convalidaciones se hayan trasladado a las notas de los alumnos.
Si esto fuera así, no habría delito aunque se hayan falsificado firmas, puesto que el delito exige que la falsificación se introduzca en el tráfico jurídico.
El acta de TFM
Sobre el acta del TFM, en su declaración ante la policía el pasado 10 de abril López de los Mozos aseguró que sobre las 12 de la mañana del 21 de marzo, el día que se publicó el caso, Álvarez Conde “le dijo literalmente ‘te tengo que meter en esto’, si bien no le dio explicaciones de la actuación exacta que requería”, según señaló la docente, que asegura que ella le pidió “que no la metiera en el asunto”.Él, siempre según su versión, le respondió que “iba a buscar a otras personas, pero que de no encontrarlas tendría que acudir a ella”.
López de los Mozos declaró que lo siguiente que vio fue la rueda de prensa en la que el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, dijo su nombre como presunto miembro del tribunal, que Álvarez Conde no la atendió hasta las tres de la tarde y que en ese momento le dijo que “estaban recabando información del máster” y que tenía que darle a Cecilia todo lo que esta le pidiera.
Posteriormente ella contactó con la profesora Rosado.
Según su versión, no le quiso dar su firma pero más tarde le enseñó por videollamada su DNI, aunque según su relato “en ningún caso” la autorizó “a plasmarla en ningún documento”.
En su declaración del jueves ante la juez, que fue suspendida más tarde cuando fue declarada investigada, aseguró que se había sentido muy presionada para mentir por Enrique Álvarez Conde.
A la policía le había asegurado que tenía grabaciones que así lo acreditaban, pero ayer señaló que no encontraba el pen drive y que había borrado los whatsapps.
Cecilia Rosado, por su parte, contradijo su versión, asegurando que López de los Mozos sabía perfectamente para qué le estaba enseñando su firma, y que nunca lo hubiera hecho sin su consentimiento.
En el caso de Clara Souto señaló, sin embargo, que no recordaba si habían hablado del asunto, que ella lo dio por hecho, y confirmó que hacer firmas de compañeros era práctica habitual en el Instituto de Derecho Público.
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