La Guardia Civil registra la vivienda del exministro de Aznar en Valencia.
El exministro del PP Eduardo Zaplana ha sido detenido a primera hora de esta mañana junto a su domicilio en Valencia.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo ha arrestado por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, lo investiga por un delito de cohecho (cobro de sobornos) y por otro de blanqueo de capitales por un importe considerable, según han informado a este diario fuentes de la investigación.
Agentes de la Guardia Civil han registrado durante varias horas la vivienda del expolítico en presencia del propio Zaplana.
Tras este registro, está previsto que trasladen a Zaplana para participar en otros registros a Benidorm, municipio del que fue regidor entre 1991 y 1994.
Además, paralelamente se está inspeccionando un despacho del expresidente valenciano en Madrid.
Según ha contado a EL PAÍS un testigo de los hechos, Zaplana ha sido
detenido hacia las 8.10 de este martes cuando se disponía a entrar en el
coche que cada mañana lo espera en el cruce de las calles Pasqual i
Genís y Lauria, un Audi negro de gran cilindrada. Dos agentes de la UCO
lo han interceptado y lo han conducido a la acera de enfrente.
El expolítico iba acompañado en el momento de su detención por dos escoltas, agentes de la Policía Nacional.
Se trata de una protección que la Generalitat valenciana ofrece a todos sus expresidentes, aunque en la actualidad solo la mantienen Zaplana y Francisco Camps.
Los agentes de la UCO han actuado con mucha cautela en la detención para evitar que los escoltas pensaran que se trataba de otra cosa.
Los agentes han conducido a Zaplana a su vivienda, en el número 12 de Pasqual i Genís, donde posteriormente han entrado dos agentes de la UCO con cajas de cartón plegadas, presumiblemente para llenarlas de documentos y otros efectos del expresidente de la Generalitat valenciana y del PP valenciano.
Agentes de la UCO se han personado también en la sede de la Consejería de Economía Valenciana, donde han recabado documentación de la adjudicación en 2001 de la zona 6 de Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, de la que fue beneficiaria Sedesa, la empresa que dirigía el empresario Vicente Cotino, otro de los arrestados en la operación de este martes.
Los agentes están registrando propiedades de Cotino, ya investigado en otras causas sobre corrupción en Valencia.
Cotino es sobrino del exconsejero y exdirector de la Policía con Aznar, Juan Cotino.
En el marco de las misma operación, están previstas una decena de detenciones, de las que ya se han producido seis en total.
Fuentes policiales apuntan a que entre los arrestados se encuentra la secretaria particular de Zaplana, Mitsuko.
Se trata de una persona de la absoluta confianza del expresidente valenciano, que ya le acompañaba durante su mandato en la Generalitat.
Incluso en los últimos tiempos, cuando el exministro de Trabajo ya no ejercía ningún cargo de responsabilidad política, Mitsuko ha seguido trabajando para él.
Entre los detenidos figura además Juan Francisco García, que fue director de gabinete de Zaplana en su etapa en la Generalitat valenciana y también expresidente del equipo de baloncesto Estudiantes.
A Zaplana se le acusa presuntamente de llevar a España dinero negro de paraísos fiscales.
Este capital procede supuestamente de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos que se concedieron de forma irregular.
La mayoría de estas comisiones se habrían producido durante el período en que Zaplana fue presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002.
Se trata de una causa nueva, denominada operación Erial, que se suma a
las que ya tiene abiertas en Valencia y no tiene ninguna relación con
otras grandes operaciones contra la corrupción en el PP en las que su
nombre ha salido a colación como Gürtel, Lezo y Púnica, según las mismas
fuentes.
La investigación ha sido desarrollada por la UCO y la delegación en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes del caso aseguran que en la causa, que también es independiente de Taula y de otros procedimientos abiertos en Valencia, se investiga una supuesta operación de blanqueo de capitales por un importe considerable.
Zaplana, que inició su carrera como alcalde de Benidorm entre 1991 y 1994, presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, año en el que José María Aznar lo llevó a Madrid y lo nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un cargo que ocupó hasta abril de 2004 cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Cuatro años después, en 2008, abandonó la política para dedicarse a negocios privados.
Es el tercer presidente de la Generalitat valenciana imputado por supuestas causas de corrupción, después que lo hayan sido en los últimos años Francisco Camps y José Luis Olivas.
Los tres antiguos dirigentes del PP presidieron sucesivamente la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2011.
Antes de Zaplana, primer presidente popular valenciano, el líder regional del partido era Pedro Agramunt, el senador del PP que ha sido inhabilitado por el Consejo de Europa por supuesta corrupción.
Zaplana reside habitualmente en Madrid, pero se desplaza con frecuencia a Valencia para recibir tratamiento de una enfermedad que le diagnosticaron hace unos años.
No es la primera vez que Zaplana aparece en las investigaciones de la UCO.
Durante las pesquisas por el caso Lezo, los agentes interceptaron varias conversaciones telefónicas entre él y el principal implicado de la trama, el expresidente madrileño Ignacio González.
En el auto por el que el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, envió a prisión a este último en abril de 2017, se relacionaba a Zaplana con las maniobras de González para lavar los fondos presuntamente obtenidos de comisiones ilegales mediante la adquisición de una sociedad a través del abogado uruguayo Fernando Belhot —implicado en un escándalo de corrupción en Argentina—.
La firma iba a controlar "los derechos de patente de un producto de desinfección del agua".
Para ello, el político madrileño iba a contar con Zaplana, con el que presuntamente planeaba adquirir el 50% de esta.
El juez recalcaba que González le propuso a su compañero de partido "montar una estructura financiera" a través de Belhot porque este trabajaba en países de legislaciones laxas como Holanda, EE UU o Uruguay y poder así "canalizar algún tipo de operación a medio o largo plazo".
En el caso Púnica —cuya investigación también lleva la UCO— Zaplana también aparece señalado.
En diciembre, la Guardia Civil entregó un informe centrado en los contactos que el que fuera ministro del PP mantuvo con dos de los principales implicados en esta trama de corrupción, los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa.
El documento policial destacaba que estos últimos mantuvieron mientras ya eran investigados "repetidos contactos" con Zaplana "de quién perseguían les beneficiase en procesos de licitación de la construcción de colegios a favor de David Marjaliza", uno de los cabecillas de la trama y que colabora con la justicia desde junio de 2015.
La UCO aseguraba en aquel informe que Zaplana presuntamente facilitó a De Pedro y Conesa "contactos" en el Ayuntamiento de Elche con el objetivo de que fueran contratados para hacer trabajados de reputación online para el equipo de Gobierno. También recalcaba que De Pedro iba a dar al exministro una participación "de naturaleza encubierta" en sus negocios en Sudamérica, aunque los agentes admitían no haber podido concretar los detalles.
En otro informe del caso Púnica, este referido a los supuestos trabajos de mejora de imagen en Internet para la entonces alcaldesa de Madrid Ana Botella, la UCO también citaba a Zaplana. En este caso, como el supuesto mediador entre De Pedro y Botella y su marido, José María Aznar, para que el primero pudiera presentar al matrimonio "una propuesta de servicios en materia de reputación online" en una reunión que se celebró en Marbella.
En el caso Púnica —cuya investigación también lleva la UCO— Zaplana también aparece señalado. En diciembre, la Guardia Civil entregó un informe centrado en los contactos que el que fuera ministro del PP mantuvo con dos de los principales implicados en esta trama de corrupción, los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa. El documento policial destacaba que estos últimos mantuvieron mientras ya eran investigados "repetidos contactos" con Zaplana "de quién perseguían les beneficiase en procesos de licitación de la construcción de colegios a favor de David Marjaliza", uno de los cabecillas de la trama y que colabora con la justicia desde junio de 2015.
La UCO aseguraba en aquel informe que Zaplana presuntamente facilitó a De Pedro y Conesa "contactos" en el Ayuntamiento de Elche con el objetivo de que fueran contratados para hacer trabajados de reputación online para el equipo de Gobierno. También recalcaba que De Pedro iba a dar al exministro una participación "de naturaleza encubierta" en sus negocios en Sudamérica, aunque los agentes admitían no haber podido concretar los detalles.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo ha arrestado por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, lo investiga por un delito de cohecho (cobro de sobornos) y por otro de blanqueo de capitales por un importe considerable, según han informado a este diario fuentes de la investigación.
Agentes de la Guardia Civil han registrado durante varias horas la vivienda del expolítico en presencia del propio Zaplana.
Tras este registro, está previsto que trasladen a Zaplana para participar en otros registros a Benidorm, municipio del que fue regidor entre 1991 y 1994.
Además, paralelamente se está inspeccionando un despacho del expresidente valenciano en Madrid.
El expolítico iba acompañado en el momento de su detención por dos escoltas, agentes de la Policía Nacional.
Se trata de una protección que la Generalitat valenciana ofrece a todos sus expresidentes, aunque en la actualidad solo la mantienen Zaplana y Francisco Camps.
Los agentes de la UCO han actuado con mucha cautela en la detención para evitar que los escoltas pensaran que se trataba de otra cosa.
Los agentes han conducido a Zaplana a su vivienda, en el número 12 de Pasqual i Genís, donde posteriormente han entrado dos agentes de la UCO con cajas de cartón plegadas, presumiblemente para llenarlas de documentos y otros efectos del expresidente de la Generalitat valenciana y del PP valenciano.
Agentes de la UCO se han personado también en la sede de la Consejería de Economía Valenciana, donde han recabado documentación de la adjudicación en 2001 de la zona 6 de Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, de la que fue beneficiaria Sedesa, la empresa que dirigía el empresario Vicente Cotino, otro de los arrestados en la operación de este martes.
Los agentes están registrando propiedades de Cotino, ya investigado en otras causas sobre corrupción en Valencia.
Cotino es sobrino del exconsejero y exdirector de la Policía con Aznar, Juan Cotino.
En el marco de las misma operación, están previstas una decena de detenciones, de las que ya se han producido seis en total.
Fuentes policiales apuntan a que entre los arrestados se encuentra la secretaria particular de Zaplana, Mitsuko.
Se trata de una persona de la absoluta confianza del expresidente valenciano, que ya le acompañaba durante su mandato en la Generalitat.
Incluso en los últimos tiempos, cuando el exministro de Trabajo ya no ejercía ningún cargo de responsabilidad política, Mitsuko ha seguido trabajando para él.
Entre los detenidos figura además Juan Francisco García, que fue director de gabinete de Zaplana en su etapa en la Generalitat valenciana y también expresidente del equipo de baloncesto Estudiantes.
A Zaplana se le acusa presuntamente de llevar a España dinero negro de paraísos fiscales.
Este capital procede supuestamente de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos que se concedieron de forma irregular.
La mayoría de estas comisiones se habrían producido durante el período en que Zaplana fue presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002.
La investigación ha sido desarrollada por la UCO y la delegación en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes del caso aseguran que en la causa, que también es independiente de Taula y de otros procedimientos abiertos en Valencia, se investiga una supuesta operación de blanqueo de capitales por un importe considerable.
Zaplana, que inició su carrera como alcalde de Benidorm entre 1991 y 1994, presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, año en el que José María Aznar lo llevó a Madrid y lo nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un cargo que ocupó hasta abril de 2004 cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Cuatro años después, en 2008, abandonó la política para dedicarse a negocios privados.
Es el tercer presidente de la Generalitat valenciana imputado por supuestas causas de corrupción, después que lo hayan sido en los últimos años Francisco Camps y José Luis Olivas.
Los tres antiguos dirigentes del PP presidieron sucesivamente la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2011.
Antes de Zaplana, primer presidente popular valenciano, el líder regional del partido era Pedro Agramunt, el senador del PP que ha sido inhabilitado por el Consejo de Europa por supuesta corrupción.
Zaplana reside habitualmente en Madrid, pero se desplaza con frecuencia a Valencia para recibir tratamiento de una enfermedad que le diagnosticaron hace unos años.
Zaplana, nombrado en Lezo y Púnica
Durante las pesquisas por el caso Lezo, los agentes interceptaron varias conversaciones telefónicas entre él y el principal implicado de la trama, el expresidente madrileño Ignacio González.
En el auto por el que el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, envió a prisión a este último en abril de 2017, se relacionaba a Zaplana con las maniobras de González para lavar los fondos presuntamente obtenidos de comisiones ilegales mediante la adquisición de una sociedad a través del abogado uruguayo Fernando Belhot —implicado en un escándalo de corrupción en Argentina—.
La firma iba a controlar "los derechos de patente de un producto de desinfección del agua".
Para ello, el político madrileño iba a contar con Zaplana, con el que presuntamente planeaba adquirir el 50% de esta.
El juez recalcaba que González le propuso a su compañero de partido "montar una estructura financiera" a través de Belhot porque este trabajaba en países de legislaciones laxas como Holanda, EE UU o Uruguay y poder así "canalizar algún tipo de operación a medio o largo plazo".
En el caso Púnica —cuya investigación también lleva la UCO— Zaplana también aparece señalado.
En diciembre, la Guardia Civil entregó un informe centrado en los contactos que el que fuera ministro del PP mantuvo con dos de los principales implicados en esta trama de corrupción, los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa.
El documento policial destacaba que estos últimos mantuvieron mientras ya eran investigados "repetidos contactos" con Zaplana "de quién perseguían les beneficiase en procesos de licitación de la construcción de colegios a favor de David Marjaliza", uno de los cabecillas de la trama y que colabora con la justicia desde junio de 2015.
La UCO aseguraba en aquel informe que Zaplana presuntamente facilitó a De Pedro y Conesa "contactos" en el Ayuntamiento de Elche con el objetivo de que fueran contratados para hacer trabajados de reputación online para el equipo de Gobierno. También recalcaba que De Pedro iba a dar al exministro una participación "de naturaleza encubierta" en sus negocios en Sudamérica, aunque los agentes admitían no haber podido concretar los detalles.
En otro informe del caso Púnica, este referido a los supuestos trabajos de mejora de imagen en Internet para la entonces alcaldesa de Madrid Ana Botella, la UCO también citaba a Zaplana. En este caso, como el supuesto mediador entre De Pedro y Botella y su marido, José María Aznar, para que el primero pudiera presentar al matrimonio "una propuesta de servicios en materia de reputación online" en una reunión que se celebró en Marbella.
En el caso Púnica —cuya investigación también lleva la UCO— Zaplana también aparece señalado. En diciembre, la Guardia Civil entregó un informe centrado en los contactos que el que fuera ministro del PP mantuvo con dos de los principales implicados en esta trama de corrupción, los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa. El documento policial destacaba que estos últimos mantuvieron mientras ya eran investigados "repetidos contactos" con Zaplana "de quién perseguían les beneficiase en procesos de licitación de la construcción de colegios a favor de David Marjaliza", uno de los cabecillas de la trama y que colabora con la justicia desde junio de 2015.
La UCO aseguraba en aquel informe que Zaplana presuntamente facilitó a De Pedro y Conesa "contactos" en el Ayuntamiento de Elche con el objetivo de que fueran contratados para hacer trabajados de reputación online para el equipo de Gobierno. También recalcaba que De Pedro iba a dar al exministro una participación "de naturaleza encubierta" en sus negocios en Sudamérica, aunque los agentes admitían no haber podido concretar los detalles.
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