Una de las supuestas examinadoras de Cifuentes dice ante la policía que no la evaluó.
La profesora Alicia López de los Mozos asegura que nadie le pidió consentimiento para firmar en su nombre y que se enteró de todo durante la rueda de prensa del rector Ramos.
Aseguró que no participó en ningún tribunal, que jamás evaluó a Cifuentes, que no firmó ningún acta, que no autorizó que se falsificara su firma y que nadie la avisó de que dicha acta se iba a crear.
Carlos, Javier Ramos, el día 21, después de que eldiario.es publicara la noticia de que las notas del máster de la presidenta habían sido cambiadas fradulentamente. En ese momento se echó a llorar y llamó rápidamente al director del máster, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, quien no le dio explicaciones, según la versión que ha dado a la policía. Él le dijo que estaba “muy liado” y que se reunirían pronto. Tardo una semana en convocarla.
Una conspiración para mentir
Cuando llegó a ese encuentro, en el que estaban Álvarez Conde, su abogado Juan Mestre y las otras dos profesoras implicadas, Cecilia Rosado y Clara Souto, se dio cuenta de que aquello era una “conspiración” para mentir y mantener una estrategia conjunta.
La idea de su mentor era ponerlas de acuerdo para que todas mantuvieran que sí formaron parte del tribunal de Cifuentes alegando que “la universidad pasaba por un momento muy delicado”.
López de los Mozos se fue de la cita y días después se desmarcó de la estrategia declarando la verdad ante la instructora de la investigación interna de la Rey Juan Carlos, Pilar Trinidad.
López de los Mozos eludió dar respuestas claras sobre el funcionamiento del Instituto de Derecho Público.
Dijo no saber nada sobre si se regalaban o no títulos universitarios y esquivó las preguntas relacionadas con la organización de las titulaciones del departamento.
Sí reconoció que, aparte del Trabajo Fin de Máster, tampoco recordaba haber examinado a Cristina Cifuentes en ninguna asignatura -le puso un sobresaliente en Los ordenamientos jurídicos autonómicos y locales, su incidencia en el sistema de fuentes y un notable en La Unión Europea y los sistemas de descentralización política-.
Ayer estaba también citada Clara Souto, pero no lo hizo por estar de baja médica, baja que durará al menos hasta el 23 de abril.
Su abogado acudió a la cita con la unidad de policía adscrita a la Fiscalía de Madrid, encargada de estas averiguaciones, a entregar el certificado médico para probar que Souto no está en condiciones de hablar.
Las profesoras están llamadas a declarar ante la policía como testigos, pero con abogado.
En el juzgado, si se declara como testigo no se puede acudir con letrado, pero en este caso sí, al tratarse de unas indagaciones policiales.
Se trata de un detalle importante porque como testigo se tiene la obligación de decir la verdad, algo que no ocurre en una declaración como imputado ante el juez.
Las versiones de las tres son coincidentes en la parte esencial, según fuentes cercanas a su entorno: el acta es falsa, no participaron en ningún tribunal ni evaluaron nunca el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes.
De eso no hay ya ninguna duda.
Pero su papel en la historia no es exactamente el mismo. Una de ellas, Cecilia Rosado, que consta como secretaria, rellenó el acta y puso su firma en ella.
Las firmas de las otras dos, Souto y López de los Mozos, están falsificadas. ¿Con su consentimiento? Según López de los Mozos, no.
Las otras dos aún no han declarado ante la policía.
Falta también por declarar el cuarto y más importante, el presunto ideólogo de la trama, Enrique Álvarez Conde, quien a su vez culpa al rector de la universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos.
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