Una juez imputa por falsedad al director del máster de Cristina Cifuentes.
La magistrada abre diligencias por la denuncia de una catedrática cuya firma fue falsificada para convalidar las notas de la expresidenta madrileña.
La titular del Juzgado del Instrucción 51 de Madrid, Carmen
Rodríguez-Medel, ha llamado a declarar como imputado a Enrique Álvarez
Conde, director del máster de Cristina Cifuentes, tras admitir a trámite
la denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de
Salamanca que asegura que su firma fue falsificada para convalidar las
asignaturas de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
La denunciante, Ángela Figueruelo Burrieza, catedrática de Derecho Constitucional, asegura en su denuncia, presentada el pasado 22 de abril, que ella no participó en esta homologación.
La magistrada ha citado a declarar para el próximo día 6 de junio a la denunciante y a Álvarez Conde, este en calidad de investigado. Para ese mismo día también ha llamado a doce testigos, entre ellos las profesoras Clara Souto y Laura Nuño -cuyas firmas falsificadas figuraban en el acta que mostró Cifuentes en su defensa-, el también profesor Alfredo Allúe -que aparece en el acta de convalidación de notas junto a la catedrática de la Universidad de Salamanca- y nueve alumnos.
La juez también ha solicita al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos que remita antes del 5 de junio los originales de las actas extendidas en mayo de 2012 por la Comisión de Garantías de Calidad del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico para la convalidación bajo sospecha de tres asignaturas de Cifuentes.
Además, reclama la documentación administrativa correspondiente a la participación de la ahora denunciante en aquel máster y el listado de alumnos que lo cursaron, con copia del expediente académico de todos ellos.
Tras la admisión de la denuncia por la juez Rodríguez-Medel, la Fiscalía de Móstoles ha decidido dar traslado a la magistrada de toda información recabada dentro de las diligencias de investigación que había abierto a raíz de la denuncia presentado por un grupo de alumnos y por el propio rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos.
En aquella denuncia, los alumnos señalaban como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y cohecho a la funcionaría que habría modificado las notas, a la propia Cifuentes, a Álvarez Conde, y a los miembros del Tribunal que calificaron el Trabajo de Fin de máster.
La juez Rodríguez-Medel dirige por ahora la investigación contra el director del máster y rechaza hacerlo contra la Universidad Rey Juan Carlos y contra el Instituto Universitario de Derecho Público -contra quienes también había presentado la denuncia la catedrática- al considerar que la falsedad documental no puede ser cometida por personas jurídicas.
No obstante, la magistrada deja abierta la puerta a imputar a cualquier persona que la investigación revela que ha podido tener alguna participación en los hechos denunciados.
La denunciante, Ángela Figueruelo Burrieza, catedrática de Derecho Constitucional, asegura en su denuncia, presentada el pasado 22 de abril, que ella no participó en esta homologación.
La magistrada ha citado a declarar para el próximo día 6 de junio a la denunciante y a Álvarez Conde, este en calidad de investigado. Para ese mismo día también ha llamado a doce testigos, entre ellos las profesoras Clara Souto y Laura Nuño -cuyas firmas falsificadas figuraban en el acta que mostró Cifuentes en su defensa-, el también profesor Alfredo Allúe -que aparece en el acta de convalidación de notas junto a la catedrática de la Universidad de Salamanca- y nueve alumnos.
La juez también ha solicita al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos que remita antes del 5 de junio los originales de las actas extendidas en mayo de 2012 por la Comisión de Garantías de Calidad del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico para la convalidación bajo sospecha de tres asignaturas de Cifuentes.
Además, reclama la documentación administrativa correspondiente a la participación de la ahora denunciante en aquel máster y el listado de alumnos que lo cursaron, con copia del expediente académico de todos ellos.
Tras la admisión de la denuncia por la juez Rodríguez-Medel, la Fiscalía de Móstoles ha decidido dar traslado a la magistrada de toda información recabada dentro de las diligencias de investigación que había abierto a raíz de la denuncia presentado por un grupo de alumnos y por el propio rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos.
En aquella denuncia, los alumnos señalaban como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y cohecho a la funcionaría que habría modificado las notas, a la propia Cifuentes, a Álvarez Conde, y a los miembros del Tribunal que calificaron el Trabajo de Fin de máster.
La juez Rodríguez-Medel dirige por ahora la investigación contra el director del máster y rechaza hacerlo contra la Universidad Rey Juan Carlos y contra el Instituto Universitario de Derecho Público -contra quienes también había presentado la denuncia la catedrática- al considerar que la falsedad documental no puede ser cometida por personas jurídicas.
No obstante, la magistrada deja abierta la puerta a imputar a cualquier persona que la investigación revela que ha podido tener alguna participación en los hechos denunciados.
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