Elisa Silió
El rector anuncia una auditoría a todos los centros propios e institutos integrados en la Universidad. Sopesa retirarle el título a la presidenta madrileña.
También ha abierto expediente disciplinario a Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas de la presidenta, "implicada en las graves irregularidades detectadas", según una nota enviada por la Universidad.
Si hay sentencia firme sobre una posible falsificación de documento público, ha añadido, se anulará el título que la presidenta tiene en el campus.
En un consejo de Gobierno convocado en el campus de Móstoles, Ramos ha anunciado también "el inicio de auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la Universidad.
El objetivo de esta medida es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional", según la citada nota.
A Álvarez Conde, el rectorado le dio un ultimátum con un plazo de 48 horas para que presentara las cuentas de su instituto.
El plazo expiró este jueves.
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tiene ya un primer informe y una batería de medidas para intentar dar respuesta al caso Cifuentes.
Ramos ha comparecido ante el consejo de Gobierno para dar explicaciones por el mayor escándalo que ha vivido su campus, cercado hace un año por los plagios de su antecesor, Fernando Suárez.
Aunque el rector Ramos prometió compartir las conclusiones de la información reservada, no no va a haber rueda de prensa y tan solo ha salido un vicerrector, Abraham Duarte, a resumir el comunicado en un minuto escaso.
No ha aceptado preguntas. “El equipo de gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha tomado todas las medidas necesarias para erradicar definitivamente cualquier acto o situación irregular y esclarecer todos los hechos que tienen que ver con este caso”, ha afirmado a los medios antes de enumerar esas medidas.
Hace apenas tres semanas, el 21 de marzo, saltó este caso después de que eldiario.es publicara que la citada Calonge, cambió las notas de Cifuentes en 2014, dos años después de que acabara el máster que supuestamente cursó.
Ese mismo día, tras una rueda de prensa "precipitada" en la que Ramos, Conde y el catedrático Pablo Chico respaldaron a la presidenta madrileña, se abrió una investigación interna que ha derivado en la Fiscalía.
La Universidad no ha anunciado ninguna sanción o expediente contra Chico, que fue quien ordenó cambiar la nota de su asignatura a la funcionaria Calonge en 2014 de un No Presentado a un Notable, según el correo que la presidenta Cifuentes envió a los medios junto con la famosa acta falsificada.
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tiene ya un primer informe y una batería de medidas para intentar dar respuesta al caso Cifuentes.
Ramos ha comparecido ante el consejo de Gobierno para dar explicaciones por el mayor escándalo que ha vivido su campus, cercado hace un año por los plagios de su antecesor, Fernando Suárez.
Aunque el rector Ramos prometió compartir las conclusiones de la información reservada, no no va a haber rueda de prensa y tan solo ha salido un vicerrector, Abraham Duarte, a resumir el comunicado en un minuto escaso.
No ha aceptado preguntas. “El equipo de gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha tomado todas las medidas necesarias para erradicar definitivamente cualquier acto o situación irregular y esclarecer todos los hechos que tienen que ver con este caso”, ha afirmado a los medios antes de enumerar esas medidas.
Hace apenas tres semanas, el 21 de marzo, saltó este caso después de que eldiario.es publicara que la citada Calonge, cambió las notas de Cifuentes en 2014, dos años después de que acabara el máster que supuestamente cursó. Ese mismo día, tras una rueda de prensa "precipitada" en la que Ramos, Conde y el catedrático Pablo Chico respaldaron a la presidenta madrileña, se abrió una investigación interna que ha derivado en la Fiscalía.
La Universidad no ha anunciado ninguna sanción o expediente contra Chico, que fue quien ordenó cambiar la nota de su asignatura a la funcionaria Calonge en 2014 de un No Presentado a un Notable, según el correo que la presidenta Cifuentes envió a los medios junto con la famosa acta falsificada.
Parte de la investigación académica está judicializada después de que una de las implicadas, la profesora titular Alicia López de los Mozos, confesara primero a la inspectora interna (Pilar Trinidad) y luego ante la Policía que ella no formó parte del tribunal que evaluó el Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cifuentes y que no era su firma la de la supuesta acta de ese tribunal, que fue elaborada en 2018 pese a que el acto se habría realizado en julio de 2012.
El rectorado ha suspedido la investigación interna y ha trasladado "toda la información" a la Fiscalía ante los indicios de un posible delito de falsificación de documento público.
Si se confirma y hay sentencia firme, ha anunciado Ramos, se iniciarán los trámites para quitarle el título a Cifuentes.
La Universidad añade, no obstante, que va a proseguir la investigación de todo lo relacionado con el instituto que dirige Álvarez Conde "y, en particular, en cuanto a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico".
Quedan muchas incógnitas por resolver en este caso.
La principal, el papel que ha jugado el catedrático de Derecho Constitucional, Enrique Álvarez Conde -ahora suspendido de forma cautelar- desde que su instituto de la Universidad con una inusitada autonomía (el Instituto de Derecho Público) organizó el máster de la presidenta y el de otros cargos del PP, como Pablo Casado, al que le convalidaron 18 asignaturas de 22 en un máster similar al de Cifuentes que cursó en 2008 y 2009 y del que aseguró a este periódico que no recordaba si había ido a clase o no.
Su caso también está siendo investigado por el campus.
Las tres discípulas de Álvarez Conde -la citada López de los Mozos, Cecilia Rosado y Clara Souto- han negado haber participado en el tribunal de la presidenta y achacan la mentira y las firmas a las presiones de su mentor.
La Universidad confirmó esta semana que investigará más de una década de actuaciones en este instituto público, que se abrió cuando estaba al frente del campus el actual magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro González- Trevijano, y sus másteres.
La número dos de este organismo, Laura Nuño, dimitió el pasado día 10 por una "crisis de confianza". Su supuesta firma aparece en un acta que convalidó asignaturas a Cifuentes y a otros alumnos de su año, según publicó eldiario.es y algunos de los profesores afectados confirmaron a EL PAÍS.
El pasado 6 de abril, Ramos desmontó la coartada a la que Cifuentes se había agarrado hasta ahora: que media docena de profesores y una universidad pública avalaban su versión.
El campus dejó esa parte del caso en manos de la fiscalía.
“No pienso dimitir, me ratifico en todo, he dicho la verdad”, respondió entonces la presidenta.
Esta misma semana, Cifuentes ha dejado esa posible dimisión en manos de Rajoy y ha señalado a su entorno que sopesa devolver el título a la Universidad.
Este viernes se ha reunido de forma ordinaria –lo hace cada mes- con 12 puntos en el orden del día, pero la atención se ha centrado en el punto 2, cuando ha tomado la palabra el rector. En un comunicado inédito en la URJC, donde reinan el silencio y el miedo, el departamento de Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de Materiales y Tecnología Electrónica reclamó el pasado miércoles que el caso Cifuentes se tratase con urgencia en el Consejo de Gobierno y su Claustro.
De esta forma, argumentó esta institución, la Universidad podría “manifestar su posición y demostrar la nula connivencia con las prácticas denunciadas, así como poner de manifiesto el rigor con el que, salvo casos puntuales como este, se desarrolla la vida académica”.
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