El magistrado mantiene imputada a la jefa del servicio jurídico de la Asamblea de Madrid por el contrato irregular al empresario Arturo Fernández que salpica a la presidenta madrileña.
Así se desprende de un auto del pasado miércoles, en el que el magistrado mantiene la imputación de Tatiana Recoder, jefa de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, que también participó en aquel concurso.
Según el magistrado, Recoder “no apreció, sin que pueda determinarse aún si por ignorancia o con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de doña Cristina Cifuentes Cuencas”.
Los investigadores de la Guardia Civil sospechan que tras la adjudicación a Cantoblanco se esconde una maniobra para financiar ilegalmente al PP madrileño.
Cifuentes participó en aquel concurso para la explotación del comedor y la cafetería de la Asamblea cuando era vicepresidenta de la Cámara. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el contrato fue amañado a cambio de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del PP de Madrid camuflada como donación de 160.000 euros a la fundación Fundescam, ligada al partido entonces liderado por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuraba la propia Cifuentes.
Recoder y Cifuentes formaban, junto con María Merino, jefa de protocolo del Gabinete de la Presidencia regional, y el funcionario Isaac Arturo Zubiri, el comité de expertos que realizó la licitación. Recoder, letrada de la Asamblea, elaboró el informe jurídico de aprobación de los pliegos de condiciones administrativas particulares del contrato público, y asumió como tal que este documento era conforme a la legalidad.
Según la investigación, Cifuentes intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid que desembocaron en la adjudicación, en 2009, de la gestión de los servicios de comedor de la Cámara al Grupo Cantoblanco.
La investigación sobre esta adjudicación se inició a principios de 2017, y Cifuentes no ha sido imputada por ello.
Un informe del pasado mayo de la UCO apuntaba que la hoy presidenta madrileña –en un volcán político por la falsedad del máster que le otorgó la Universidad Rey Juan Carlos– pudo haber cometido delitos de prevaricación y cohecho por esta adjudicación. La política siempre ha negado cualquier tipo de irregularidad en su actuación.
En ese mes de mayo pasado, Cifuentes tildó el documento policial de “juicio de valor sin fundamento jurídico alguno” y apuntó a una conspiración.
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