“La decisión de algunas empresas de cambiar su sede social no tiene efectos reales sobre nuestra economía”, aseguró Carles Puigdemont el martes en el Parlament. Pero en contra de las palabras del president
de la Generalitat, la marcha de una cuarentena de compañías medianas y
grandes supone un duro golpe. Solo el valor en Bolsa de las cotizadas
equivale al 40% del PIB catalán. Y lo peor de todo es que, según
coinciden analistas y empresas, esta mudanza amenaza con ser, por lo
menos a medio plazo, irreversible. Siguiendo el ejemplo de lo que ocurrió en Quebec
tras el éxodo empresarial que siguió a sus propias tensiones
secesionistas, Cataluña se enfrenta al vértigo de perder de forma
definitiva lo más granado de su sector financiero e industrial.
Sede de la editorial Planeta, en Barcelona. Vídeo: Puigdemont, en su declaración en el Parlament, el martes (ATLAS).JORGE GUERRERO AFP
Al anunciar su marcha de Cataluña estos últimos días, algunas
empresas decían irse por un periodo indeterminado durante la actual
situación de incertidumbre política e inseguridad jurídica; pero muchas
de ellas, en conversaciones privadas, admitían no haber tomado una
decisión temporal, sino firme. Y que mucho tendrían que cambiar las
cosas en los próximos años para que se plantearan volver. Lo ocurrido es una catástrofe para Cataluña y su economía. Dudo mucho que ninguna empresa vaya a volver, por lo menos después de un
periodo de no menos de tres o cinco años de absoluta tranquilidad”,
sintetiza Juan Ignacio Sanz, experto en banca de la escuela de negocios
barcelonesa de ESADE. El cambio de domicilio social no implica por ahora el
traslado de plantas de producción o grandes cantidades de trabajadores. Y
tampoco se espera que tenga en el corto plazo un gran impacto sobre las
arcas autonómicas: el impuesto de sociedades es recaudado por el
Gobierno central, y tanto da en qué lugar de España esté radicada la
empresa. El mayor golpe afecta a la reputación para Cataluña,
una comunidad que parecía idónea para hacer negocios y en la que ahora
surgen dudas sobre la seguridad jurídica de la que gozan sus empresas.
El hipotético viaje de vuelta a Cataluña es poco probable para las empresas industriales, pero menos aún para las financieras. CaixaBank y Sabadell,
que suman un valor en Bolsa de más de 33.000 millones de euros, tomaron
la decisión de trasladarse a la Comunidad Valenciana doblemente
presionados: por una parte, por la fuga de depósitos y el castigo de los
mercados que estaban sufriendo; y por otra, por el miedo a una
hipotética independencia catalana en la que quedarían fuera del paraguas
del Banco Central Europeo (BCE). Incluso aunque la situación se
tranquilizara, es dudoso que fueran a arriesgarse a afrontar un nuevo
cambio de sede, con la necesaria autorización del supervisor bancario
europeo. “Si el BCE dijera que hay riesgo de inestabilidad, no les
dejaría volver. Van a tener que esperar unos cuantos años sin ningún
tipo de inestabilidad para que se puedan volver a plantear un nuevo
cambio de sede”, concluye el profesor de ESADE. Entre las empresas que se van, algunas disponen de
importantes complejos en sus nuevos domicilios sociales. Es el caso del
Sabadell, Gas Natural o Planeta. Estos vínculos harán más difícil el
retorno de estas compañías a Cataluña, incluso aunque se plantearan la
posibilidad de volver. Algo parecido ocurre con las multinacionales,
menos vinculadas sentimentalmente a un territorio concreto, y por lo
tanto menos proclives a volver. Desde sectores soberanistas catalanes se acusa al Gobierno
de haber presionado a grandes empresas a cambiar de domicilio social
como método para boicotear el procés. Y como muestra de ello
citan el decreto impulsado por Economía la semana pasada que flexibiliza
los trámites para que una empresa haga las maletas. Desde el Ministerio
de Economía niegan la mayor. “No es una situación ni deseable ni
agradable. A nadie beneficia lo que estamos viviendo. Pero tuvimos que
actuar porque las empresas nos pedían ayuda para facilitar su traslado
porque se lo reclamaban sus inversores”, aseguran fuentes del
departamento que encabeza Luis de Guindos. Los despachos de abogados de Barcelona han tenido esta semana una
sobrecarga de trabajo por los cambios de domicilios sociales. Y los
expertos consultados también aseguran que la vuelta no será fácil, pese a
que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no habría grandes
dificultades para revertir la decisión de abandonar Cataluña. “Pero si
trasladas la estructura de la toma de decisiones, es más complejo volver
por las implicaciones fiscales que conlleva. Y porque, desde nuestra
experiencia en la gestión empresarial, ninguna empresa es partidaria de
realizar modificaciones de este tipo en cortos períodos de tiempo”,
asegura Rubén Vázquez, abogado mercantilista del Despacho Briz Jurídico
Tributario, especializado en derecho tributario y corporativo.
El recuerdo de Quebec
La situación de estos días de Cataluña recuerda a la que
vivió la provincia canadiense de Quebec entre 1980 y 1995, años en los
que se celebraron dos referendos de independencia. De los ocho bancos
que había en Quebec, solo uno mantuvo su sede en esta provincia de habla
francesa. Unas 700 empresas se fueron; nunca volvieron. Frente a
Montreal, que perdía compañías a chorros, Toronto fue la gran
beneficiada. La huida empresarial es especialmente complicada para una
comunidad como Cataluña, altamente endeudada —por lo que necesita de la
confianza internacional para obtener financiación a buen precio— y con
unas empresas volcadas al sector exterior, que exportan sobre todo al
resto de España y a la Unión Europea. “Las empresas más proclives a
volver serán aquellas cuya mayor parte de la actividad se sitúe en
Cataluña. Pero esas son las menos importantes. Cuando se toma la
decisión de abandonar una zona por su inestabilidad política es
prácticamente irreversible. ¿Para qué vas a volver a tener la sede
social allí, si no te supone ninguna ventaja ni económica ni
institucional ni políticamente?”, se pregunta desde Londres Daniel
Lacalle, profesor de Economía Global del IE Business School.
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