El Gobierno solo amenazó con esta previsión constitucional una vez: a Canarias en 1989.
“A mí el artículo 155 me resbaló”.
Lorenzo Olarte, expresidente de Canarias, recuerda el “susto” que recorre el cuerpo de los consejeros de su Ejecutivo cuando el Gobierno de Felipe González le amenaza con aplicar esta previsión constitucional para aplacar la rebelión fiscal de las Islas.
Es febrero de 1989. Josep Borrell, el secretario de Estado de Hacienda, ya ha verbalizado la amenaza.
Al tiempo, el Consejo de Ministros envía el requerimiento que sirve de paso previo a la activación del 155.
Y así empieza el descuento del plazo de un mes que le da el Gobierno central al autonómico para cumplir con las normas.
Es febrero de 1989. Josep Borrell, el secretario de Estado de Hacienda, ya ha verbalizado la amenaza. Al tiempo, el Consejo de Ministros envía el requerimiento que sirve de paso previo a la activación del 155. Y así empieza el descuento del plazo de un mes que le da el Gobierno central al autonómico para cumplir con las normas. Hasta el estallido del conflicto institucional y social que se vive ahora en Cataluña, nunca estuvo más cerca de aplicarse el 155.
“Enseguida
vi que no me lo podían aplicar”, asegura Olarte, uno de los principales
consejeros de Adolfo Suárez en su etapa de presidente del Gobierno.
“No se daban los requisitos porque el desacuerdo no afectaba al interés general”, añade comparando el caso de Canarias con el de Cataluña.
“No hubo el menor pánico, ni el menor temor, porque nuestro caso era singular y no general, como el de ahora.
Si el problema en Cataluña fuera en Hacienda o Educación, por grave que fuese, no podrían haber echado mano del 155”, sigue este expolítico de 84 años.
Y critica: “Para mi Rajoy es un gobernante absolutamente temeroso de tomar decisiones, y este artículo lo debía haber puesto en marcha muchos meses antes.
Hemos llegado tarde, de manera que Puigdemont ha estado jugando con él al ping-pong, y siempre teniendo el saque.
Ha dejado que las cosas vayan demasiado lejos”.
En 1989, el conflicto también revienta los cauces habituales.
Las diferencias económicas provocan la rebelión fiscal de Canarias, que decide no aplicar un desarme arancelario (reducción de derechos de aduana) del 15% sobre las mercancías europeas.
Esa medida de fuerza supone incumplir la normativa comunitaria para reclamar al Gobierno de González 11.000 millones de pesetas por la pérdida de ingresos en los últimos tres años.
El Consejo de Ministros envía un requisito al Gobierno canario emplazándole a cumplir su compromiso en un mes.
Finalmente, las dos partes llegan a un acuerdo antes de que venza el plazo. ¿La razón? Borrell se desplaza a Canarias para negociar antes de que sea necesario que el Senado apruebe la intervención de las competencias autonómicas, como previsiblemente hará ahora con Cataluña.
“Ahora hay una violación de la ley mucho más compleja que no afecta a un procedimiento de la administración, si no a los pilares del Estado”, resume el exministro.
“Entonces bastaba con enviar aduaneros del Estado a sustituir a los de la Comunidad Autónoma.
Eso es muy concreto, operativo e instrumental, y no moviliza a las masas”, añade. “Fueron resistencias cara a la galería, y a la hora de la verdad la realidad se impuso.
No hubo ningún dramatismo”, sigue. “Quizás no era consciente de que algunos lo podían utilizar [su advertencia de que se emplearía el artículo 155] elevando el tono de la discusión política”.
Borrell es en el primer integrante de un Gobierno en invocar
la aplicación del artículo 155 para llamar al orden a una Comunidad
Autónoma.
Su advertencia provoca la crítica unánime de los partidos canarios.
“Si el secretario de Hacienda continúa con esa actitud amenazante, será mejor que no venga”, dice entonces Luis Hernández, el consejero de Economía y Hacienda.
“Las declaraciones de Borrell son un disparate impresentable y lo descalifican por sí mismas”, coincide el diputado de Izquierda Canaria Unida, Antonio González Vieitez.
“El secretario de Estado no debe venir a las islas, sus manifestaciones son absurdas e inaceptables”, remata el secretario general de los socialistas canarios, Jerónimo Saavedra.
Pero Borrell viaja a Tenerife (“fue como si estuvieran los godos a punto de desembarcar en las Canarias”, describe el ambiente) y se reúne con Olarte y su consejero de Hacienda. Problema solucionado.
“Nos dimos leña a base de bien, pero es el único político que encontré con quien yo tendría miedo de hacer un debate público”, reconoce el expresidente canario.
“Es un hombre de inteligencia prodigiosa y peligrosísimo en el ring de los debates”.
Canarias no es intervenida. El artículo 155 vuelve a quedar guardado en un cajón. Hasta ahora.
Lorenzo Olarte, expresidente de Canarias, recuerda el “susto” que recorre el cuerpo de los consejeros de su Ejecutivo cuando el Gobierno de Felipe González le amenaza con aplicar esta previsión constitucional para aplacar la rebelión fiscal de las Islas.
Es febrero de 1989. Josep Borrell, el secretario de Estado de Hacienda, ya ha verbalizado la amenaza.
Al tiempo, el Consejo de Ministros envía el requerimiento que sirve de paso previo a la activación del 155.
Y así empieza el descuento del plazo de un mes que le da el Gobierno central al autonómico para cumplir con las normas.
Es febrero de 1989. Josep Borrell, el secretario de Estado de Hacienda, ya ha verbalizado la amenaza. Al tiempo, el Consejo de Ministros envía el requerimiento que sirve de paso previo a la activación del 155. Y así empieza el descuento del plazo de un mes que le da el Gobierno central al autonómico para cumplir con las normas. Hasta el estallido del conflicto institucional y social que se vive ahora en Cataluña, nunca estuvo más cerca de aplicarse el 155.
“No se daban los requisitos porque el desacuerdo no afectaba al interés general”, añade comparando el caso de Canarias con el de Cataluña.
“No hubo el menor pánico, ni el menor temor, porque nuestro caso era singular y no general, como el de ahora.
Si el problema en Cataluña fuera en Hacienda o Educación, por grave que fuese, no podrían haber echado mano del 155”, sigue este expolítico de 84 años.
Y critica: “Para mi Rajoy es un gobernante absolutamente temeroso de tomar decisiones, y este artículo lo debía haber puesto en marcha muchos meses antes.
Hemos llegado tarde, de manera que Puigdemont ha estado jugando con él al ping-pong, y siempre teniendo el saque.
Ha dejado que las cosas vayan demasiado lejos”.
En 1989, el conflicto también revienta los cauces habituales.
Las diferencias económicas provocan la rebelión fiscal de Canarias, que decide no aplicar un desarme arancelario (reducción de derechos de aduana) del 15% sobre las mercancías europeas.
Esa medida de fuerza supone incumplir la normativa comunitaria para reclamar al Gobierno de González 11.000 millones de pesetas por la pérdida de ingresos en los últimos tres años.
El Consejo de Ministros envía un requisito al Gobierno canario emplazándole a cumplir su compromiso en un mes.
Finalmente, las dos partes llegan a un acuerdo antes de que venza el plazo. ¿La razón? Borrell se desplaza a Canarias para negociar antes de que sea necesario que el Senado apruebe la intervención de las competencias autonómicas, como previsiblemente hará ahora con Cataluña.
“Ahora hay una violación de la ley mucho más compleja que no afecta a un procedimiento de la administración, si no a los pilares del Estado”, resume el exministro.
“Entonces bastaba con enviar aduaneros del Estado a sustituir a los de la Comunidad Autónoma.
Eso es muy concreto, operativo e instrumental, y no moviliza a las masas”, añade. “Fueron resistencias cara a la galería, y a la hora de la verdad la realidad se impuso.
No hubo ningún dramatismo”, sigue. “Quizás no era consciente de que algunos lo podían utilizar [su advertencia de que se emplearía el artículo 155] elevando el tono de la discusión política”.
Su advertencia provoca la crítica unánime de los partidos canarios.
“Si el secretario de Hacienda continúa con esa actitud amenazante, será mejor que no venga”, dice entonces Luis Hernández, el consejero de Economía y Hacienda.
“Las declaraciones de Borrell son un disparate impresentable y lo descalifican por sí mismas”, coincide el diputado de Izquierda Canaria Unida, Antonio González Vieitez.
“El secretario de Estado no debe venir a las islas, sus manifestaciones son absurdas e inaceptables”, remata el secretario general de los socialistas canarios, Jerónimo Saavedra.
Pero Borrell viaja a Tenerife (“fue como si estuvieran los godos a punto de desembarcar en las Canarias”, describe el ambiente) y se reúne con Olarte y su consejero de Hacienda. Problema solucionado.
“Nos dimos leña a base de bien, pero es el único político que encontré con quien yo tendría miedo de hacer un debate público”, reconoce el expresidente canario.
“Es un hombre de inteligencia prodigiosa y peligrosísimo en el ring de los debates”.
Canarias no es intervenida. El artículo 155 vuelve a quedar guardado en un cajón. Hasta ahora.
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