El Constitucional estudia la respuesta del Gobierno a la ley del referéndum

El Pleno del TC rechaza de plano la recusación de Forcadell a todos sus miembros.

Vista del exterior del edificio del Tribunal Constitucional, donde los magistrados están reunidos desde las diez de la mañana. Emilio Naranjo EFE

El Tribunal Constitucional (TC) tiene en sus manos el grueso de la respuesta del Gobierno a la ley del referéndum aprobada ayer por el Parlamento de Cataluña. 
En primer lugar, ha rechazado de plano la recusación presentada por la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, contra los 12 magistrados que integran este órgano, a quienes considera "contaminados" para decidir sobre el proceso independentista.
Existen antecedentes de recusación total de todo el tribunal que fueron inadmitidas de plano y no paralizaron, por lo tanto, la acción de este órgano. 
La cuestión es resuelta por el propio tribunal recusado porque sus magistrados no tienen sustitutos y la ley no prevé la formación de ningún órgano especial integrado por personas ajenas a esta institución.

En su escrito, Forcadell no pedía que los magistrados se aparten por su falta de parcialidad en ninguna causa concreta, sino que solicitaba expresamente que no pudieran adoptar las medidas previstas en artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que fue reformado en 2015 para dotar a este órgano de instrumentos para poder hacer cumplir sus resoluciones.
Entre estos instrumentos se encuentra la posibilidad del TC de imponer multas por desobedece sus sentencias, deducir testimonio a la Fiscalía respecto de las personas que incumplan sus resoluciones para que se estudie si han cometido delito —como puede ser el de desobediencia, que se vería entonces en un juzgado ordinario— o incluso suspender cautelarmente en sus funciones a los responsables de dicho incumplimiento.

Incidente de ejecución

Una vez resuelto este asunto, el tribunal ha comenzado a estudiar el incidente de ejecución presentado por el Gobierno contra las decisiones del Parlament que permitieron ayer la votación y aprobación de la ley de referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre.
 El pleno del TC ha modificado su orden del día para incluir el incidente de ejecución.
 En la impugnación, la Abogacía del Estado advierte de que los últimos acontecimientos en la cámara catalana suponen un incumplimiento de las resoluciones del propio tribunal y pide su anulación.
Además, solicita que el tribunal de garantías deduzca testimonio de Forcadell y del resto de miembros de la Mesa que votaron a favor de la tramitación de la ley de referéndum por las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de su actuación.

Recurso de amparo del PSC

Fuentes del alto tribunal han informado que también ha llegado a este órgano un recurso de amparo presentado por diputados del PSC que consideran que a lo largo de la tramitación y debate de ayer en la cámara catalana se vulneraron sus derechos como parlamentarios.
Al margen de la vía judicial, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encuentra reunido con sus ministros en un Consejo extraordinario desde la una de la tarde y, a su término, informará en el Palacio de la Moncloa del contenido del recurso que elevará al Constitucional contra las decisiones adoptadas en Cataluña. 
El Gobierno ha recibido el dictamen del Consejo de Estado que avala la presentación de ese recurso, cuya admisión a trámite por el Constitucional  suspendería la vigencia de la ley del referéndum y demás normas complementarias.
Anoche, después de que el Parlamento de Cataluña aprobase la ley del referéndum, el jefe del Ejecutivo pidió un dictamen urgente al Consejo de Estado.
 Con posterioridad, le solicitó también dictamen sobre el decreto de convocatoria del referéndum, las normas complementarias para su realización y la resolución del Parlament por la que se designan los miembros de la Sindicatura Electoral.

En su comparecencia, Rajoy también dará cuenta del desarrollo de la reunión que ha mantenido en Moncloa, a partir las 12.30, con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar la respuesta del Estado a las decisiones de las instituciones catalanas.