El derecho a morir de manera digna, que ha entrado ahora en la agenda política española, merece un debate alejado de prejuicios y sectarismos ideológicos.
La muerte sigue siendo un tabú.
Por eso no hablamos de ella. Pero cuando a alguien se le pregunta si la teme, suele contestar que a lo que en realidad teme es al sufrimiento.
Al dolor físico, por supuesto, pero también al dolor psicológico de tener que seguir viviendo en condiciones insoportables.
“Me siento atrapado en una jaula”, decía Fabiano Antoniani, un tetrapléjico italiano que vivía postrado desde que en 2014 sufrió un grave accidente que le dejó sin visión y sin movilidad.
Sabía que podía vivir todavía mucho tiempo, porque el organismo de un hombre fuerte de 40 años puede aguantar mucho, pero no quería seguir así.
A finales de febrero se fue a Suiza. Es el único país entre los seis en los que está legalizada la eutanasia o la ayuda al suicidio que admite extranjeros.
Él mismo, con un movimiento de sus labios, accionó el mecanismo que introdujo el cóctel de la muerte dulce en su boca.
El caso de Antoniani se parece mucho al de Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que en los años noventa acudió sin éxito a los tribunales para que le ayudaran a morir y abrió en España el debate de la eutanasia.
Sampedro pudo morir finalmente en 1998 porque una mano amiga le facilitó los fármacos que le permitieron irse, aunque de forma clandestina y no tan dulce como él hubiera querido.
Casi 20 años después, España encara de nuevo el debate de la eutanasia.
Siete Parlamentos autonómicos han pedido que se regule y el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha presentado una proposición de ley en el Congreso.
La oposición de PP y la abstención de PSOE y Ciudadanos por razones de oportunidad han impedido que la propuesta fuera tomada en consideración, pero el asunto ha entrado de lleno en la agenda política.
El PSOE ha promovido o apoyado las propuestas de regulación aprobadas en los Parlamentos autonómicos y debatirá la cuestión en su próximo congreso.
También resulta significativo que el PP retirara de la ponencia social de su último congreso una mención expresa de oposición a la eutanasia.
La regulación de la eutanasia para enfermos incurables tiene en España un amplio apoyo ciudadano.
Así lo indican todas las encuestas: CIS 2009, Isopublic 2013, Ipsos Mori 2015, CIS 2011 y Metroscopia 2017.
La del CIS, por ejemplo, muestra que el 77,5% de los españoles está total o bastante de acuerdo en que se regule la ayuda a morir. Según la realizada por IPsos Mori para The Economist en 15 países europeos, España figuraba en el cuarto lugar —después de Bélgica, Francia y Holanda— con mayor apoyo social a la eutanasia: un 78% de los encuestados está a favor de la regulación, frente a un 7% que está en contra.
La encuesta más reciente, realizada por Metroscopia en 2017, corrobora y amplía esos porcentajes: el 84% de los encuestados es partidario de permitir la eutanasia en caso de enfermedad incurable. El apoyo alcanza el 90% entre los menores de 35 años.
Y un dato que desmiente ciertos apriorismos: la regulación tiene el apoyo del 66% de los votantes del PP, del 56% de los católicos practicantes y del 88% de los no practicantes.
Morir bien es seguramente el deseo más universal. Pero el concepto de buena muerte no es igual para todos.
Los avances en el control del cáncer y de otras enfermedades hasta hace poco mortales han aumentado los casos de patologías crónicas de larga evolución sin esperanza de curación
. Cada vez se diagnostican más casos de demencia o enfermedades degenerativas que comportan la pérdida progresiva de las facultades físicas y a veces también mentales.
Disponemos de un amplio arsenal de mejoras terapéuticas que no curan, pero permiten alargar la supervivencia.
El problema es que muchas veces es a costa de un gran sufrimiento o la pérdida irreparable de la calidad de vida.
La perspectiva de un largo y penoso deterioro hace que
muchos ciudadanos quieran decidir por sí mismos cuándo y cómo morir. En
palabras de Sampedro, existe el derecho a la vida, pero no la obligación
de vivir a cualquier precio. Este es el principio del que parten
quienes proponen despenalizar la eutanasia. Tener acceso a una muerte
médicamente asistida supondría una extensión de los derechos civiles.
En la legislación comparada se plantean dos posibilidades: la eutanasia directa, que consiste en provocar la muerte del paciente, normalmente mediante inyección de fármacos que le aseguran una muerte dulce; y la ayuda al suicidio, en la que se le facilitan los medios para que él mismo ponga fin a su vida.
En este caso suele ser también mediante un cóctel de fármacos de acción rápida e indolora.
Ahora, la gente que quiere evitar ese deterioro tiene dos opciones: ir a Suiza o procurarse un facultativo amigo que le ayude.
También puede recurrir a Internet. La Asociación Derecho a Morir Dignamente, que tiene 5.500 socios, facilita a los miembros que lo solicitan una guía de la muerte voluntaria en la que se explica cómo poner fin a la vida de forma segura.
No es difícil. En Internet se pueden conseguir los fármacos necesarios.
Unos 200 socios solicitan la guía cada año, pero la asociación no sabe cuántos de ellos acaban poniendo fin a su vida.
En muchos casos, el hecho de tener la seguridad de que podrán morir cuando decidan les supone ya un alivio que les permite llegar al final natural de su vida.
Por eso no hablamos de ella. Pero cuando a alguien se le pregunta si la teme, suele contestar que a lo que en realidad teme es al sufrimiento.
Al dolor físico, por supuesto, pero también al dolor psicológico de tener que seguir viviendo en condiciones insoportables.
“Me siento atrapado en una jaula”, decía Fabiano Antoniani, un tetrapléjico italiano que vivía postrado desde que en 2014 sufrió un grave accidente que le dejó sin visión y sin movilidad.
Sabía que podía vivir todavía mucho tiempo, porque el organismo de un hombre fuerte de 40 años puede aguantar mucho, pero no quería seguir así.
A finales de febrero se fue a Suiza. Es el único país entre los seis en los que está legalizada la eutanasia o la ayuda al suicidio que admite extranjeros.
Él mismo, con un movimiento de sus labios, accionó el mecanismo que introdujo el cóctel de la muerte dulce en su boca.
El caso de Antoniani se parece mucho al de Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que en los años noventa acudió sin éxito a los tribunales para que le ayudaran a morir y abrió en España el debate de la eutanasia.
Sampedro pudo morir finalmente en 1998 porque una mano amiga le facilitó los fármacos que le permitieron irse, aunque de forma clandestina y no tan dulce como él hubiera querido.
Casi 20 años después, España encara de nuevo el debate de la eutanasia.
Siete Parlamentos autonómicos han pedido que se regule y el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha presentado una proposición de ley en el Congreso.
La oposición de PP y la abstención de PSOE y Ciudadanos por razones de oportunidad han impedido que la propuesta fuera tomada en consideración, pero el asunto ha entrado de lleno en la agenda política.
El PSOE ha promovido o apoyado las propuestas de regulación aprobadas en los Parlamentos autonómicos y debatirá la cuestión en su próximo congreso.
También resulta significativo que el PP retirara de la ponencia social de su último congreso una mención expresa de oposición a la eutanasia.
La regulación de la eutanasia para enfermos incurables tiene en España un amplio apoyo ciudadano.
Así lo indican todas las encuestas: CIS 2009, Isopublic 2013, Ipsos Mori 2015, CIS 2011 y Metroscopia 2017.
La del CIS, por ejemplo, muestra que el 77,5% de los españoles está total o bastante de acuerdo en que se regule la ayuda a morir. Según la realizada por IPsos Mori para The Economist en 15 países europeos, España figuraba en el cuarto lugar —después de Bélgica, Francia y Holanda— con mayor apoyo social a la eutanasia: un 78% de los encuestados está a favor de la regulación, frente a un 7% que está en contra.
La encuesta más reciente, realizada por Metroscopia en 2017, corrobora y amplía esos porcentajes: el 84% de los encuestados es partidario de permitir la eutanasia en caso de enfermedad incurable. El apoyo alcanza el 90% entre los menores de 35 años.
Y un dato que desmiente ciertos apriorismos: la regulación tiene el apoyo del 66% de los votantes del PP, del 56% de los católicos practicantes y del 88% de los no practicantes.
Morir bien es seguramente el deseo más universal. Pero el concepto de buena muerte no es igual para todos.
Los avances en el control del cáncer y de otras enfermedades hasta hace poco mortales han aumentado los casos de patologías crónicas de larga evolución sin esperanza de curación
. Cada vez se diagnostican más casos de demencia o enfermedades degenerativas que comportan la pérdida progresiva de las facultades físicas y a veces también mentales.
Disponemos de un amplio arsenal de mejoras terapéuticas que no curan, pero permiten alargar la supervivencia.
El problema es que muchas veces es a costa de un gran sufrimiento o la pérdida irreparable de la calidad de vida.
En la legislación comparada se plantean dos posibilidades: la eutanasia directa, que consiste en provocar la muerte del paciente, normalmente mediante inyección de fármacos que le aseguran una muerte dulce; y la ayuda al suicidio, en la que se le facilitan los medios para que él mismo ponga fin a su vida.
En este caso suele ser también mediante un cóctel de fármacos de acción rápida e indolora.
Ahora, la gente que quiere evitar ese deterioro tiene dos opciones: ir a Suiza o procurarse un facultativo amigo que le ayude.
También puede recurrir a Internet. La Asociación Derecho a Morir Dignamente, que tiene 5.500 socios, facilita a los miembros que lo solicitan una guía de la muerte voluntaria en la que se explica cómo poner fin a la vida de forma segura.
No es difícil. En Internet se pueden conseguir los fármacos necesarios.
Unos 200 socios solicitan la guía cada año, pero la asociación no sabe cuántos de ellos acaban poniendo fin a su vida.
En muchos casos, el hecho de tener la seguridad de que podrán morir cuando decidan les supone ya un alivio que les permite llegar al final natural de su vida.
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