Es la primera mujer que ejerce como defensora del pueblo para la UE.
Su
misión consiste en proteger a los ciudadanos contra el abuso de la
Administración comunitaria.
No le tiembla el pulso al dejar en evidencia
a políticos y altos funcionarios.
Esta es la historia de una periodista
que ahora persigue las injusticias desde primera línea.
EMILIY O’REILLY se levanta cada día con una misión: defender a los
ciudadanos de los abusos que pueda cometer la poderosa maquinaria
administrativa de la UE.
Esta irlandesa, de 59 años, es la primera mujer en desempeñar el cargo
de defensora del pueblo europeo y su poder reside en dejar en evidencia
a políticos y funcionarios cuando demuestra que han cometido mala
praxis o cuando no son todo lo transparentes que deberían.
Su
despertador puede sonar en su céntrico piso de Estrasburgo, donde vive
actualmente, o en la solitaria habitación de un hotel de Bruselas,
ciudad que alberga parte de sus funciones.
Lo que no cambia es su
difícil cometido.
Hoy se encuentra en la capital belga para afrontar
varias reuniones clave.
A primera hora se ha visto con un equipo de Frontex (la agencia europea
de vigilancia de costas y fronteras) –“estamos trabajando con ellos
para asegurarnos de que se cumplen los derechos humanos”–.
Y esta tarde
se quedará trabajando en la oficina que tiene en el barrio de Schuman.
“Me paso el día en edificios enormes y muchas veces necesito salir”,
dice a mediodía en la librería italiana Piola Libri, uno de los refugios
que esta antigua periodista ha descubierto cerca de la sede de la Comisión Europea.
O’Reilly es directa, cercana y habla con la legitimidad que le da ser
una figura independiente.
Esto no le salva de algunas críticas en el
seno de las instituciones europeas.
“Los ciudadanos no quieren escuchar
discursos abstractos sobre los niveles de democracia.
Lo que desean es
tener un empleo estable, que sus hijos tengan acceso a una buena
educación”, dice.
En una UE a la deriva, herida de gravedad por el golpe del Brexit,
sin un liderazgo fuerte capaz de hacer frente a los desafíos de la
globalización y con una Francia que se juega hoy en las urnas el ascenso
al poder de la ultraderechista Marine Le Pen,
voces como la de O’Reilly aportan algo de luz al proyecto comunitario.
“Tenemos que recuperar la confianza de la gente”, repite con
insistencia.
Ella es una europeísta convencida que quiere demostrar que
la figura que representa está ahí para “escuchar y proteger al
ciudadano”.
Pero es consciente de su limitada capacidad de actuación.
Como sus decisiones no son vinculantes, lo único que la defensora del
pueblo europeo puede hacer es dar voz a los miles de reclamaciones que
recibe de particulares, empresas u organizaciones (unas 2.000 al año) y
reprender a las instituciones europeas cuando demuestra que han cometido
un agravio.
La mayor parte de las quejas que llegan a este órgano independiente
– que maneja un presupuesto de más de 10 millones de euros– están
relacionadas con la falta de transparencia y el difícil acceso a los
documentos públicos.
“Por ejemplo, muchos ciudadanos españoles
recurrieron a nosotros porque querían tener más información sobre el TIPP, el tratado comercial entre la UE y Estados Unidos.
Se quejaban de que la Comisión no les facilitaba la lectura de informes
específicos sobre las negociaciones”, cuenta Gundi Gudesman, jefa del
gabinete de comunicación de O’Reilly.
Las reclamaciones también tienen
que ver con las políticas aprobadas en Bruselas y los procedimientos de
selección del personal comunitario.
España es el país que más veces
recurre a la defensora, seguido de Alemania, Polonia y Bélgica.
En aquellos años era conocida como la ambición rubia. “Sus artículos eran superiores a los del resto y eso le generó muchos recelos”, defiende Leahy desde The Irish Times.
A ella parecen no importarle esos comentarios.
Es una mujer con
carácter, que “siempre ha luchado por lo que cree”, dice Bernie McNally,
que coincidió con O’Reilly en la oficina del Defensor del Pueblo
irlandés.
Ahora su obsesión es Europa, y su propósito, sacar a relucir
las deficiencias del sistema.
Como hizo el año pasado con el caso de puertas giratorias abierto con el fichaje de José Manuel Durão Barroso (expresidente de la Comisión) por la financiera Goldman Sachs.
La propia institución investigó el asunto y resolvió que el portugués
no había incumplido la ley.
Pero la defensora sigue insistiendo en que
se tomen más medidas de transparencia sobre los puestos ocupados por los
ex altos funcionarios.
Porque el caso de Barroso no es una excepción.
Según Transparencia Internacional,
el 50% de quienes dejaron el Ejecutivo comunitario y el 30% de los
diputados que dejaron el Parlamento Europeo en 2014 trabajan ahora para
las organizaciones registradas como lobbies de la UE.
“Este tipo de situaciones transmite un mensaje muy negativo”, sentencia O’Reilly con el gesto fruncido.
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