La cadena amenaza con reclamar una indemnización de 150 millones de euros en caso de que le obliguen a cerrar.
El Corte Inglés ha presentado una reclamación de más de 150 millones de euros al Ayuntamiento de Salamanca y a la Junta de Castilla y León por responsabilidad patrimonial, que se hará efectiva en caso de que le obliguen a cerrar su centro comercial u otras medidas traumáticas.
Así lo comunicó este viernes el Partido Popular local en un comunicado.
La cadena realizó esta acción preventiva a días de agotarse el plazo tras la moratoria del tribunal de Castilla y León, que revocó la licencia de construcción del centro por un error de forma del Ayuntamiento.
El proceso judicial contra el planeamiento urbanístico, que afecta a El Corte Inglés, lo impulsó Equo, integrado en la formación denominada Ganemos.
Ahora, entre la formación de izquierdas y el Grupo Popular se acrecienta la disputa política salmantina.
Los populares acusaron a Ganemos de “poner en peligro la continuidad de los grandes almacenes y sus más de 800 empleos directos e indirectos”.
El Partido Popular de Salamanca añadió en un comunicado difundido ayer, que esta guerra podría hacer que la ciudad pierda el campo de fútbol Nemesio Martín, el centro cívico Julián Sánchez El Charro y la plaza de La Concordia y el Polvorín de Tejares, entre otros espacios públicos.
Unas instalaciones que El Corte Inglés costeó como compromiso con el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa tras recibir unos terrenos ubicados en un antiguo cuartel militar.
Los responsables de la cadena comercial prefirieron no hacer declaraciones, aunque confian en que El Corte Inglés no se cerrará y que, por tanto, no tendrán que reclamar nada al Consistorio.
Las urbanizaciones e infraestructuras que se impulsaron tras el acuerdo entre las partes supusieron una inversión de 10,8 millones de euros, según explica el Partido Popular.
A esto habría que añadir los 93 millones que se invirtieron en la realización del centro comercial en el solar de un antiguo cuartel del ejército.
En el caso de realizarse la reclamación, si se obliga a El Corte Inglés a cerrar, los populares aseguraron que supondría también la devolución a la empresa de más de tres millones de euros de tasas y licencias municipales y autonómicas.
Los partidos políticos tienen hasta mediados de 2018 de plazo para realizar las peticiones que crean necesarias al centro.
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