Alfonso Rus, expresidente de la diputación, entre los implicados. La Guardia Civil ha registrado el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Valencia
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Madrid
. Entre los detenidos —24, según fuentes de la investigación— se encuentra Alfonso Rus, el expresidente de la diputación y exalcalde de Xàtiva y Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus en la diputación valenciana.
También ha sido arrestada María José Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Alcón está casada con Alfonso Grau, el exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgando en Palma en el caso Nóos.
La llamada Operación Taula, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, tiene como objetivo la detención de 24 personas en Valencia, Castellón y Alicante, así como la ejecución de 33 registros en domicilios, sedes de empresas (entre ellos los de la empresa pública de la Generalitat Ciegsa), sedes de fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II El Just), la sede de un club deportivo (Club Deportivo Olímpic de Xàtiva), la sede del Grupo Municipal del PP en Valencia, y la empresa de comunicación con sede en esta ciudad Engloba, según fuentes de la investigación. El número de imputados asciende a 29, ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Todos los implicados habrían participado, presuntamente, en una red que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
La investigación abarca también, según fuentes de la misma, la posible financiación irregular del PP valenciano.
Las fuentes explican que se está investigando "una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas" de la Comunidad Valenciana, que supuestamente ha perpetrado los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Una de estas fuentes ha calificado de "descomunal" la envergadura de las supuestas irregularidades, que se habrían cometido durante años.
La Guardia Civil ha entrado en el Ayuntamiento de Valencia y ha accedido al grupo municipal del PP en el Consistorio, donde están revisando documentación.
Los agentes han entrado a las 10 de la mañana y varios empleados del PP y concejales han permanecido retenidos y se les han reclamado las claves de sus ordenadores, informa Cristina Vázquez.
Más tarde se les ha dejado salir, si bien la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster, ha sido detenida.
La operación se está desarrollando fundamentalmente en la provincia de Valencia, ya que el caso afecta al Ayuntamiento de la capital, la diputación provincial y la propia Generalitat, tres entidades que han estado copadas por el PP.
Pero también se han producido actuaciones en las provincias de Alicante y Castellón.
El PP de la Comunidad Valenciana ha abierto expediente a todos los afiliados detenidos y les ha suspendido cautelarmente de militancia.
También ha acordado la destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñen y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con el Partido Popular.
Entre los objetivos de la operación se encuentra también el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Máximo Caturla. Este fue consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), una empresa pública de la Generalitat dedicada a levantar colegios que, según desveló hace poco el Gobierno valenciano, incurrió en sobrecostes que superaban los 1.000 millones de euros la década pasada.
El exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, otro de los arrestados, fue también alcalde de Genovés hasta el pasado mes de mayo. Llopis se querelló contra EL PAÍS por una información relacionada con estas presuntas irregularidades.
El juzgado archivó la denuncia hace unas semanas.
El presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, se vio forzado a dimitir el pasado abril, a apenas un mes de las elecciones locales y autonómicas, al hacerse públicas una conversación en la que se le escuchaba contando dinero.
Una trama de corrupción —que supuestamente anidó durante años en una empresa de la Diputación de Valencia— y varias horas de grabaciones comprometedoras entre el exgerente de la sociedad Marcos Benavent y decenas de cargos del PP de distintas administraciones pusieron a Rus en el disparadero.
El caso se inició a raíz de una denuncia presentada por Esquerra Unida (EU) en julio de 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción.
En el escrito se aportaron indicios de que Benavent había creado sociedades pantalla para cobrar comisiones a varias concesionarias y contratistas de la Diputación de Valencia. EU aportó, además de la denuncia, numerosas horas de grabación realizadas por Benavent, relacionadas aparentemente con el amaño de contratos y con la financiación de actos del PP provincial.
En una de las conversaciones se escucha presuntamente a Rus contar de quinientos en quinientos mientras habla con Benavent.
La investigación iniciada por la Fiscalía, dirigida por los delegados de Anticorrupción en Valencia Vicente Torres y Pablo Ponce, y más tarde por el juzgado llevó a descubrir "que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial", ha señalado el Tribunal Superior valenciano.
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