Ruz ha acreditado tras dos años de investigación la existencia de una caja B dentro del PP.
Luis Bárcenas, el viernes pasado. / Javier Lizón (EFE)
El mayor escándalo de corrupción que sufre el partido que gobierna
ahora en España estalló por el cabreo del hombre que durante 20 años
controló las finanzas del PP.
Luis Bárcenas, gerente y tesorero de la formación entre 1990 y 2009, manejó durante este tiempo las entradas y salidas de dinero desde su despacho en la sede de Génova,13
. En un cuaderno de contabilidad apuntó, de su puño y letra, la financiación que llegaba al partido por cauces ilegales: donaciones de empresarios que por ser contratistas del Estado tenían prohibida la entrega de fondos a formaciones y, además, aportaban cantidades superiores a 60.000 euros al año, algo que la Ley de Financiación de Partidos Políticos no permitía.
EL PAÍS hizo públicos esos documentos el 31 de enero de 2013
. Aunque durante varios meses tanto el partido como su ex tesorero negaron la autenticidad de los papeles, el propio Bárcenas confirmó en el verano de 2009 que era el autor de aquellos manuscritos y detalló, en una extensa confesión ante el juez Pablo Ruz, todas las ilegalidades registradas en los documentos.
Desde aquel momento, el magistrado instructor intentó delimitar los aspectos delictivos que contenían los papeles del ex tesorero.
El resultado de dos años de investigación es el que sigue:
La caja b.
Tras tomar declaración a decenas de personas, entre empresarios y dirigentes del PP, el juez Ruz llegó a la conclusión de que al menos una parte del contenido de los papeles de Bárcenas era cierto y, por tanto, la formación conservadora se había financiado ilegalmente durante 20 años.
"Ha existido en el Partido Popular una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por esta formación política al Tribunal de Cuentas", ha escrito el magistrado en alguna de sus resoluciones judiciales.
Entre 1990 y 2009, el PP recibió más de ocho millones de euros en concepto de donaciones ilegales, según los papeles de Bárcenas.
Ese dinero sirvió, según el registro de pagos, para abonar sobresueldos a la cúpula del PP (Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal).
El extesorero llegó a relatar ante el juez Ruz cómo hacían esos pagos a los principales dirigentes del partido, pero éstos lo negaron. Cospedal, Acebes, Arenas y Álvarez Cascos han declarado ante el juez que no recibieron esos sobresueldos que Bárcenas apuntaba en la contabilidad paralela.
El juez no ha podido acreditar esos hechos por otros medios.
Sin embargo, muchos otros pagos registrados en los papeles de Bárcenas han sido confirmados por las personas que recibieron el dinero. Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre, Jaume Matas, Cristóbal Páez o la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA, entre otros, han señalado que ingresaron las cantidades que el extesorero apuntó en sus papeles. En la contabilidad oficial del PP, la que este partido declaró cada año al Tribunal de Cuentas, no hay constancia de esos pagos.
Donaciones ilegales.
Los empresarios imputados —el fiscal ha pedido el archivo de la causa contra ellos aunque el juez todavía no ha tomado una decisión— negaron en sus declaraciones en la Audiencia que hubieran hecho las donaciones ilegales registradas en los papeles de Bárcenas.
El extesorero blanqueó estas aportaciones de fondos mediante un método que la investigación judicial ha destapado
. El dinero de esa caja b que Bárcenas no gastaba lo ingresaba en la cuenta específica que el PP abrió en el Banco de Vitoria (Banesto después) para las donaciones legales.
El sistema para que nadie descubriera el fraude era trocear las cantidades para que no superasen los 60.000 euros y, como eran anónimas, algo permitido por la ley, no había peligro de que el Tribunal de Cuentas pudiera sospechar nada.
La investigación judicial ha descubierto que en los mismos días que
Bárcenas apuntaba un donativo ilegal, se producían en la cuenta del
Banco de Vitoria ingresos de esa misma cantidad dividida en varias
partes por debajo de los 60.000 euros.
En el análisis de los 19 años que recogen los papeles de Bárcenas, esa circunstancia se produce siempre con cantidades exactas.
Al magistrado instructor no le queda ninguna duda de que la financiación ilegal existió y que parte de ella fue blanqueada por Bárcenas mediante su ingreso en la cuenta de donativos que el PP tenía abierta en el Banco de Vitoria.
Obras de la sede.
El juez Pablo Ruz investigó con especial detenimiento los apuntes referidos a los pagos efectuados por las obras de reforma de la sede central del PP en la calle de Génova.
El magistrado llegó incluso a ordenar el registro de la sede ante la supuesta falta de colaboración del PP.
Ese trabajo de investigación llevó a concluir que, durante varios años, el arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de las obras, cobró al menos 1,7 millones de euros no declarados al fisco y procedentes en su mayor parte de la caja b que controlaba Bárcenas.
El extesorero lo confirmó con detalle en su declaración judicial, aunque tanto el arquitecto Urquijo, imputado en la causa, como el PP, han negado estos pagos irregulares.
Numerosa documentación requisada en la sede del partido y en el despacho del arquitecto acreditan el incumplimiento de la ley en las obras de Génova, 13.
Compra de acciones de Libertad Digital.
Los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta decidieron sacar dinero de la caja b para adquirir participaciones de Libertad Digital, un medio de comunicación afín al PP cuando se produjeron esas compras.
Tras vender las acciones, según la investigación judicial, Lapuerta y Bárcenas no devolvieron el dinero a la caja de la que lo habían sacado.
El juez Pablo Ruz llegó a imputar por estos hechos a Ángel Acebes, secretario general del PP cuando se produjeron las compras de participaciones de Libertad Digital. Tras interrogarle, Ruz retiró la imputación contra Acebes.
Compras de otras sedes del PP.
Bárcenas declaró al magistrado Ruz, y ahora lo ha vuelto a repetir ante el juez balear José Castro, que muchas sedes territoriales del PP se compraron con dinero de la caja b.
En la investigación abierta en la Audiencia Nacional hay numerosas pruebas de esta denuncia de Bárcenas.
La mordida de Toledo por una contrata de basuras.
El extesorero del PP aportó a la causa un recibí de 200.000 euros firmado por el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Angel Cañas.
El dinero, según Bárcenas, procedía de una donación ilegal del grupo Sacyr y sirvió para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en su primer intento por ser la presidenta de Castilla-La Mancha.
Cañas aseguró al juez que había firmado aquel recibo por miedo a Bárcenas.
Una versión de los hechos que el magistrado no se cree. Ruz abrió una investigación sobre el contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo adjudicado a Sacyr meses antes del supuesto pago al PP de 200.000 euros
. El juez pretendía saber si ese dinero era contraprestación a cambio de aquel contrato multimillonario adjudicado por un gobierno municipal del PP.
Pese a todas las irregularidades puestas de manifiesto durante la investigación sobre ese concurso de basuras, el juez no ha podido acreditar el cohecho en este caso.
Luis Bárcenas, gerente y tesorero de la formación entre 1990 y 2009, manejó durante este tiempo las entradas y salidas de dinero desde su despacho en la sede de Génova,13
. En un cuaderno de contabilidad apuntó, de su puño y letra, la financiación que llegaba al partido por cauces ilegales: donaciones de empresarios que por ser contratistas del Estado tenían prohibida la entrega de fondos a formaciones y, además, aportaban cantidades superiores a 60.000 euros al año, algo que la Ley de Financiación de Partidos Políticos no permitía.
EL PAÍS hizo públicos esos documentos el 31 de enero de 2013
. Aunque durante varios meses tanto el partido como su ex tesorero negaron la autenticidad de los papeles, el propio Bárcenas confirmó en el verano de 2009 que era el autor de aquellos manuscritos y detalló, en una extensa confesión ante el juez Pablo Ruz, todas las ilegalidades registradas en los documentos.
Desde aquel momento, el magistrado instructor intentó delimitar los aspectos delictivos que contenían los papeles del ex tesorero.
El resultado de dos años de investigación es el que sigue:
La caja b.
Tras tomar declaración a decenas de personas, entre empresarios y dirigentes del PP, el juez Ruz llegó a la conclusión de que al menos una parte del contenido de los papeles de Bárcenas era cierto y, por tanto, la formación conservadora se había financiado ilegalmente durante 20 años.
"Ha existido en el Partido Popular una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por esta formación política al Tribunal de Cuentas", ha escrito el magistrado en alguna de sus resoluciones judiciales.
Entre 1990 y 2009, el PP recibió más de ocho millones de euros en concepto de donaciones ilegales, según los papeles de Bárcenas.
Ese dinero sirvió, según el registro de pagos, para abonar sobresueldos a la cúpula del PP (Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal).
El extesorero llegó a relatar ante el juez Ruz cómo hacían esos pagos a los principales dirigentes del partido, pero éstos lo negaron. Cospedal, Acebes, Arenas y Álvarez Cascos han declarado ante el juez que no recibieron esos sobresueldos que Bárcenas apuntaba en la contabilidad paralela.
El juez no ha podido acreditar esos hechos por otros medios.
Sin embargo, muchos otros pagos registrados en los papeles de Bárcenas han sido confirmados por las personas que recibieron el dinero. Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre, Jaume Matas, Cristóbal Páez o la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA, entre otros, han señalado que ingresaron las cantidades que el extesorero apuntó en sus papeles. En la contabilidad oficial del PP, la que este partido declaró cada año al Tribunal de Cuentas, no hay constancia de esos pagos.
Donaciones ilegales.
Los empresarios imputados —el fiscal ha pedido el archivo de la causa contra ellos aunque el juez todavía no ha tomado una decisión— negaron en sus declaraciones en la Audiencia que hubieran hecho las donaciones ilegales registradas en los papeles de Bárcenas.
El extesorero blanqueó estas aportaciones de fondos mediante un método que la investigación judicial ha destapado
. El dinero de esa caja b que Bárcenas no gastaba lo ingresaba en la cuenta específica que el PP abrió en el Banco de Vitoria (Banesto después) para las donaciones legales.
El sistema para que nadie descubriera el fraude era trocear las cantidades para que no superasen los 60.000 euros y, como eran anónimas, algo permitido por la ley, no había peligro de que el Tribunal de Cuentas pudiera sospechar nada.
El sistema para que nadie descubriera el fraude era trocear las cantidades para que no superasen los 60.000 euros
En el análisis de los 19 años que recogen los papeles de Bárcenas, esa circunstancia se produce siempre con cantidades exactas.
Al magistrado instructor no le queda ninguna duda de que la financiación ilegal existió y que parte de ella fue blanqueada por Bárcenas mediante su ingreso en la cuenta de donativos que el PP tenía abierta en el Banco de Vitoria.
Obras de la sede.
El juez Pablo Ruz investigó con especial detenimiento los apuntes referidos a los pagos efectuados por las obras de reforma de la sede central del PP en la calle de Génova.
El magistrado llegó incluso a ordenar el registro de la sede ante la supuesta falta de colaboración del PP.
Ese trabajo de investigación llevó a concluir que, durante varios años, el arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de las obras, cobró al menos 1,7 millones de euros no declarados al fisco y procedentes en su mayor parte de la caja b que controlaba Bárcenas.
El extesorero lo confirmó con detalle en su declaración judicial, aunque tanto el arquitecto Urquijo, imputado en la causa, como el PP, han negado estos pagos irregulares.
Numerosa documentación requisada en la sede del partido y en el despacho del arquitecto acreditan el incumplimiento de la ley en las obras de Génova, 13.
Compra de acciones de Libertad Digital.
Los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta decidieron sacar dinero de la caja b para adquirir participaciones de Libertad Digital, un medio de comunicación afín al PP cuando se produjeron esas compras.
Tras vender las acciones, según la investigación judicial, Lapuerta y Bárcenas no devolvieron el dinero a la caja de la que lo habían sacado.
El juez Pablo Ruz llegó a imputar por estos hechos a Ángel Acebes, secretario general del PP cuando se produjeron las compras de participaciones de Libertad Digital. Tras interrogarle, Ruz retiró la imputación contra Acebes.
Compras de otras sedes del PP.
Bárcenas declaró al magistrado Ruz, y ahora lo ha vuelto a repetir ante el juez balear José Castro, que muchas sedes territoriales del PP se compraron con dinero de la caja b.
En la investigación abierta en la Audiencia Nacional hay numerosas pruebas de esta denuncia de Bárcenas.
La mordida de Toledo por una contrata de basuras.
El extesorero del PP aportó a la causa un recibí de 200.000 euros firmado por el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Angel Cañas.
El dinero, según Bárcenas, procedía de una donación ilegal del grupo Sacyr y sirvió para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en su primer intento por ser la presidenta de Castilla-La Mancha.
Cañas aseguró al juez que había firmado aquel recibo por miedo a Bárcenas.
Una versión de los hechos que el magistrado no se cree. Ruz abrió una investigación sobre el contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo adjudicado a Sacyr meses antes del supuesto pago al PP de 200.000 euros
. El juez pretendía saber si ese dinero era contraprestación a cambio de aquel contrato multimillonario adjudicado por un gobierno municipal del PP.
Pese a todas las irregularidades puestas de manifiesto durante la investigación sobre ese concurso de basuras, el juez no ha podido acreditar el cohecho en este caso.
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