Los expresidentes de caja Madrid, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, en 2008 / EFE
Ni un solo euro de los 12 millones que gastaron los directivos de Bankia con sus tarjetas black
entre 2003 y 2011 fueron declarados a Hacienda por la entidad.
Ni a sus propios auditores. De su existencia tampoco supieron nada de ellas los inversores que compraron sus acciones tras su salida a bolsa.
Los peritos del Banco de España denuncian en su informe "la clara voluntad de ocultación de la existencia de estas tarjetas y sus gastos asociados".
Además del presunto fraude fiscal, el documento apunta otros ocho incumplimientos por parte de los directivos de Bankia.
Su existencia no fue declarada a la auditoría interna, que no conoció la existencia de esos medios de pago opacos hasta junio de 2014. Tampoco a la auditoría externa.
El experto independiente de Garrigues que en 2011 realizó un informe sobre la adaptación de las remuneraciones de los directivos por encargo del Banco de España, tampoco conocía su existencia.
Tampoco había rastro de ellas en el folleto de salida a bolsa de Bankia ni en las sucesivas memorias anuales de Caja Madrid, BFA y Bankia, ni en los informes de gobierno corporativo.
Sobre su existencia tampoco se informó a la comisión de nombramientos y retribuciones.
Tampoco aparecían en la publicación de cada una de las retribuciones de sus consejeros y miembros del comité de dirección que se realizó en diciembre de 2011.
El informe confirma que los gastos realizados con esas tarjetas no encajan en asistencias a órganos de gobierno ni como compensaciones por gastos originados como consecuencia de la participación en dichos órganos y subraya que, en ningún caso, los gastos se justificaron a la empresa.
"No es preciso una especial cualificación para advertir el carácter indebido de un uso de la tarjeta ajeno a la actividad del cargo, siendo que los usuarios pertenecían a la dirección de la entidad o a sus órganos de gobierno y habían tenido responsabilidades y experiencia en puestos de diferente índole", subrayan los peritos.
El documento subraya que la inmensa mayoría de los 82.000 pagos realizados con esas tarjetas corresponden "claramente" a gastos personales, "incluyendo las 2.938 retiradas de fondos en cajero o ventanilla de sucursal por un total de 1.976.171 euros en Caja Madrid y 138 por 74.960 euros en Bankia.
Fue el FROB el que decidió poner el asunto en manos del fiscal para que valorara la relevancia penal de las tarjetas y su uso.
En una nota enviada por el director de su asesoría jurídica, Alfonso Cárcamo, el pasado 4 de julio, se advertía de que "no existía o no consta previsión contractual o estatutaria de la existencia de esas tarjetas y su posible destino a usos particulares o ajenos a la actividad empresarial".
El documento concluía advirtiendo de que "si los tenedores [de esas tarjetas] consideraron que se trataba de una tarjeta de empresa ello no legitimaba el uso particular". "Si consideraron que era un complemento retributivo, debieron declarar y tributar por tal concepto, sin que conste que lo hayan hecho", añadía.
Por último, el informe de los peritos asegura que los movimientos que les fueron remitidos "no recogen la integridad de los gastos incurridos". "No se recuperó información anterior a 2003 ni los movimientos de febrero de 2009", advierte.
"Se observa además que hay 18 tarjetas sin movimientos, emitidas a favor de usuarios que sí hicieron uso de otras, lo que plantea la duda de si no se activaron o no se pudo recuperar sus movimientos". Entre ellas se encuentran dos a nombre del expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y cuatro al del exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.
Ni a sus propios auditores. De su existencia tampoco supieron nada de ellas los inversores que compraron sus acciones tras su salida a bolsa.
Los peritos del Banco de España denuncian en su informe "la clara voluntad de ocultación de la existencia de estas tarjetas y sus gastos asociados".
Además del presunto fraude fiscal, el documento apunta otros ocho incumplimientos por parte de los directivos de Bankia.
Su existencia no fue declarada a la auditoría interna, que no conoció la existencia de esos medios de pago opacos hasta junio de 2014. Tampoco a la auditoría externa.
El experto independiente de Garrigues que en 2011 realizó un informe sobre la adaptación de las remuneraciones de los directivos por encargo del Banco de España, tampoco conocía su existencia.
Tampoco había rastro de ellas en el folleto de salida a bolsa de Bankia ni en las sucesivas memorias anuales de Caja Madrid, BFA y Bankia, ni en los informes de gobierno corporativo.
Sobre su existencia tampoco se informó a la comisión de nombramientos y retribuciones.
Tampoco aparecían en la publicación de cada una de las retribuciones de sus consejeros y miembros del comité de dirección que se realizó en diciembre de 2011.
El informe confirma que los gastos realizados con esas tarjetas no encajan en asistencias a órganos de gobierno ni como compensaciones por gastos originados como consecuencia de la participación en dichos órganos y subraya que, en ningún caso, los gastos se justificaron a la empresa.
"No es preciso una especial cualificación para advertir el carácter indebido de un uso de la tarjeta ajeno a la actividad del cargo, siendo que los usuarios pertenecían a la dirección de la entidad o a sus órganos de gobierno y habían tenido responsabilidades y experiencia en puestos de diferente índole", subrayan los peritos.
El documento subraya que la inmensa mayoría de los 82.000 pagos realizados con esas tarjetas corresponden "claramente" a gastos personales, "incluyendo las 2.938 retiradas de fondos en cajero o ventanilla de sucursal por un total de 1.976.171 euros en Caja Madrid y 138 por 74.960 euros en Bankia.
Fue el FROB el que decidió poner el asunto en manos del fiscal para que valorara la relevancia penal de las tarjetas y su uso.
En una nota enviada por el director de su asesoría jurídica, Alfonso Cárcamo, el pasado 4 de julio, se advertía de que "no existía o no consta previsión contractual o estatutaria de la existencia de esas tarjetas y su posible destino a usos particulares o ajenos a la actividad empresarial".
El documento concluía advirtiendo de que "si los tenedores [de esas tarjetas] consideraron que se trataba de una tarjeta de empresa ello no legitimaba el uso particular". "Si consideraron que era un complemento retributivo, debieron declarar y tributar por tal concepto, sin que conste que lo hayan hecho", añadía.
Por último, el informe de los peritos asegura que los movimientos que les fueron remitidos "no recogen la integridad de los gastos incurridos". "No se recuperó información anterior a 2003 ni los movimientos de febrero de 2009", advierte.
"Se observa además que hay 18 tarjetas sin movimientos, emitidas a favor de usuarios que sí hicieron uso de otras, lo que plantea la duda de si no se activaron o no se pudo recuperar sus movimientos". Entre ellas se encuentran dos a nombre del expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y cuatro al del exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.
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