La Consejería madrileña rechaza el acto de conciliación de la auxiliar de enfermería contagiada y curada de ébola.
La fiscalía remite otra denuncia al juzgado
La auxiliar Teresa Romero cuando fue dada de alta el pasado 5 de noviembre. / Luis Sevillano
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez,
ha rechazado el acto de conciliación de los abogados de la auxiliar de
enfermería Teresa Romero, que le demandó por vulneración del derecho al honor y le reclama 150.000 euros después de que el consejero le acusara de mentir tras su contagio de ébola.
La consejería madrileña ha declinado el paso previo, según ha confirmado una portavoz de Sanidad, porque considera que Rodríguez ya pidió disculpas en la Asamblea de Madrid y también en una carta remitida a Javier Limón, marido de la auxiliar.
Así, el asunto se dirimirá en los tribunales, donde ya se acumulan otras causas judiciales relacionadas con la crisis del ébola en España tras el contagio y la curación de Romero.
El juzgado de Instrucción 21 de Madrid investiga otras dos causas relacionadas con la gestión del ébola en el hospital Carlos III de Madrid, donde permaneció ingresada Teresa Romero
. La última denuncia, presentada por el sindicato CSIF ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo, fue remitida el pasado 6 de noviembre por la Fiscalía Provincial de Madrid a este juzgado.
La defensa de la auxiliar presentó la demanda contra el consejero por considerar que hizo declaraciones que atentaron contra el derecho al honor de Romero.
El consejero la acusó de ocultar información al personal médico que la atendió antes de ingresar en el Carlos III, donde permaneció 30 días, desde el 6 de octubre. La demanda incluye las declaraciones del consejero en la Asamblea de Madrid y en sus intervenciones en los medios de comunicación. Rodríguez afirmó, por ejemplo, que el contagio de Romero pudo deberse a un error al no cumplir de forma estricta los protocolos sanitarios.
El despacho que lleva el caso de teresa Romero, Garzón Abogados, también ha cursado una demanda patrimonial ante un juzgado de lo contencioso administrativo por el sacrificio del perro de la pareja, Excálibur.
Un juez de lo contencioso dio permiso para entrar en su casa de Alcorcón cuando Romero y su marido, Javier Limón, fueron ingresados
. La muerte del animal fue una decisión administrativa de la Consejería de Sanidad
. La demanda se dirige contra la dirección general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad madrileña y contra el director general, que "había dictado una resolución por la que se ordena el sacrificio de Exkálibur".
Le reclaman otros 150.000 euros.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido al juzgado de instrucción 21 una denuncia presentada por CSIF para que se estudien “las presuntas responsabilidades laborales y penales” del gerente del hospital Carlos III y el director del SUMMA 112
.Este juzgado ya abrió diligencias a finales de octubre después de que 15 médicos presentaran una denuncia por las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del personal y la formación de los trabajadores sanitarios en la lucha contra el ébola
. El despacho que lleva el caso de Teresa Romero se ha adherido a esta denuncia.
La juez ha pedido al hospital documentación acreditativa de los cursos de formación, la relación de los asistentes y quiénes los impartieron, además de la lista de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que estuvieran en contacto con el virus
. Y ha reclamado a la Inspección de Trabajo que remita las actas o informes instruidos en relación con los hechos objeto de la denuncia.
Los médicos plantearon como posibles “un delito contra la Salud Pública y otro contra la seguridad de los trabajadores”, según la nota remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La consejería madrileña ha declinado el paso previo, según ha confirmado una portavoz de Sanidad, porque considera que Rodríguez ya pidió disculpas en la Asamblea de Madrid y también en una carta remitida a Javier Limón, marido de la auxiliar.
Así, el asunto se dirimirá en los tribunales, donde ya se acumulan otras causas judiciales relacionadas con la crisis del ébola en España tras el contagio y la curación de Romero.
El juzgado de Instrucción 21 de Madrid investiga otras dos causas relacionadas con la gestión del ébola en el hospital Carlos III de Madrid, donde permaneció ingresada Teresa Romero
. La última denuncia, presentada por el sindicato CSIF ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo, fue remitida el pasado 6 de noviembre por la Fiscalía Provincial de Madrid a este juzgado.
La defensa de la auxiliar presentó la demanda contra el consejero por considerar que hizo declaraciones que atentaron contra el derecho al honor de Romero.
El consejero la acusó de ocultar información al personal médico que la atendió antes de ingresar en el Carlos III, donde permaneció 30 días, desde el 6 de octubre. La demanda incluye las declaraciones del consejero en la Asamblea de Madrid y en sus intervenciones en los medios de comunicación. Rodríguez afirmó, por ejemplo, que el contagio de Romero pudo deberse a un error al no cumplir de forma estricta los protocolos sanitarios.
El despacho que lleva el caso de teresa Romero, Garzón Abogados, también ha cursado una demanda patrimonial ante un juzgado de lo contencioso administrativo por el sacrificio del perro de la pareja, Excálibur.
Un juez de lo contencioso dio permiso para entrar en su casa de Alcorcón cuando Romero y su marido, Javier Limón, fueron ingresados
. La muerte del animal fue una decisión administrativa de la Consejería de Sanidad
. La demanda se dirige contra la dirección general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad madrileña y contra el director general, que "había dictado una resolución por la que se ordena el sacrificio de Exkálibur".
Le reclaman otros 150.000 euros.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido al juzgado de instrucción 21 una denuncia presentada por CSIF para que se estudien “las presuntas responsabilidades laborales y penales” del gerente del hospital Carlos III y el director del SUMMA 112
.Este juzgado ya abrió diligencias a finales de octubre después de que 15 médicos presentaran una denuncia por las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del personal y la formación de los trabajadores sanitarios en la lucha contra el ébola
. El despacho que lleva el caso de Teresa Romero se ha adherido a esta denuncia.
La juez ha pedido al hospital documentación acreditativa de los cursos de formación, la relación de los asistentes y quiénes los impartieron, además de la lista de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que estuvieran en contacto con el virus
. Y ha reclamado a la Inspección de Trabajo que remita las actas o informes instruidos en relación con los hechos objeto de la denuncia.
Los médicos plantearon como posibles “un delito contra la Salud Pública y otro contra la seguridad de los trabajadores”, según la nota remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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