Y luego que hagan una colecta para no entrar en la cárcel como La Pantoja, que verg{uenza!!!
El culebrón de las tarjetas negras de Caja Madrid/Bankia desmocha tres mitos.
Uno, el del Gobierno plutocrático, según el cual es mejor que gobiernen los ricos porque no necesitan corromperse, por el principio de la autolimitación de la aspiración al lucro.
Algo rebatido por el principio de la “acumulación infinita” —en vulgata: dinero llama siempre a más dinero— que registra “la tendencia inevitable del capital a acumularse y concentrarse en proporciones infinitas, sin un límite natural”, como lo enuncia Thomas Piketty (“Le capital au XXIème siècle”, Seuil, 2013).
Segundo mito caído: la presunción de que la derecha siempre gestiona la economía mejor que la izquierda.
No fue así en Caja Madrid, levantada como gran corporación por el progresista Jaime Terceiro y arruinada por el conservador Miguel Blesa.
En el popurrí de consejeros “black card” figuraban populares, socialistas, izquierdistas y sindicalistas —son estos, los políticos, quienes dimiten por goteo—. Pero también, dirigentes de primera fila de la patronal: el reo Gerardo Díaz-Ferrán; el multi-sospechoso jefe de la CEIM, Arturo Fernández —sus cotizaciones sociales, sus desmayos fiscales, sus compañías de los fraudes en la formación profesional...—; Alejandro Couceiro, Miguel Corsini, Javier López... La desvergüenza de algunos es autodemoledora
. Veamos: Arturo devuelve parte del dinero de la tarjeta negra alegando que todo era legal.
O lo uno o lo otro. Si era legal y conforme, ¿a qué devolverlo? Si no lo era, ¿a qué aceptarlo?
Tercer mito derrumbado: un alto nivel de renta y de educación vacuna
contra la irregularidad, el fraude fiscal y la corrupción.
Va a ser que no, que tener información no equivale automáticamente a conocimientos, conocimientos no significan conocimiento, este no implica saber y el saber no es sinónimo de sabiduría.
Ni de ética.
La prueba está en dos ejemplos de la lista negra: los notables economistas neoliberales Alberto Recarte y Juan Iranzo, personajes públicos e implacables polemistas, que hasta ahora han sabido esquivar protagonismo y difuminarse entre las sombras
. Recarte es economista de cabecera de José María Aznar, patrono de su fundación FAES, presidió Libertad Digital (en favor de cuyos socios advocó como consejero de la caja) y consejero del Instituto de Empresa (IE). Ni se explica ni dimite; será que cree que a los cachorros de la burguesía madrileña del IE les conviene doctorarse en opacidad fiscal (vulgata: dinero negro).
Otro tanto ocurre con Juan Emilio Iranzo Martín, todavía decano-presidente del Colegio de Economistas madrileño, académico de la Real de Doctores y profesor de finanzas en el CUNEF. ¿Qué culpa tienen los economistas, los doctores, y sus alumnos, de su ágil tarjeta negra (se ventiló 46.800 euros)?
¿Por qué sus casos parecen figurar entre los más graves?
Porque un profesor de Economía no puede alegar ignorancia.
Debe saber, por oficio, que los pagos con una tarjeta empresarial presentada como de “gastos de representación” o son rentas exentas (por razones reales de trabajo: locomoción, hotel, invitación a un almuerzo profesional) que deben justificarse mensualmente a la empresa (y si esta no lo exige, huele), o son rentas que hay que declarar a Hacienda como no exentas.
Y debe saber que es muy raro que consejeros no ejecutivos dispongan de tarjeta de crédito, instrumento más bien propio de directivos.
El caso del telepredicador Iranzo Martín es más grave.
Era miembro de la Comisión de Control de la caja, de los que “tiene cada uno una tarjeta visa black a efectos fiscales”, según correo interno de la alta dirección de la entidad reenviado a Blesa.
Su presidente Pablo Abejas llegó al éxtasis de la desfachatez al alegar que en efecto “se la daban a todo el mundo” y que él no tuvo “funciones ejecutivas” (EL PAÍS, 3 de octubre).
Pues claro, era solo (¿?), ni más ni menos, que el controlador-jefe, a quien ayudaba Iranzo. El que debía “cuidar de que la gestión del consejo de administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión” dentro de la ley (art. 21, LORCA, 1985). ¡Los controladores no se controlaban a sí mismos!
Iranzo entraña más enjundia. ¿Practica lo mismo en los consejos de los que forma parte, en la auditora Capgemini-Ernst&Young —la desapercibida del caso Gowex—, Sinaer —aeronaves—, la constructora San José?
¿Fue el odio a la transparencia fiscal lo que inculcó a los jóvenes empresarios de la CEOE durante sus quince años (1996-2011) al frente del Instituto de Estudios Económicos, del que le apeó Juan Rosell?
Aquel semillero neoliberal a lo Hayek del que surgieron ministros (adivinen) y otros patriarcas del falso orden.
La invasión de ultraliberales en la empresa pública sería incluso graciosa si sus paladines no se hubieran refocilado tantas veces en los manteles con el ahorro de los pequeños inversores en preferentes
.
Nauseabundo.
Uno, el del Gobierno plutocrático, según el cual es mejor que gobiernen los ricos porque no necesitan corromperse, por el principio de la autolimitación de la aspiración al lucro.
Algo rebatido por el principio de la “acumulación infinita” —en vulgata: dinero llama siempre a más dinero— que registra “la tendencia inevitable del capital a acumularse y concentrarse en proporciones infinitas, sin un límite natural”, como lo enuncia Thomas Piketty (“Le capital au XXIème siècle”, Seuil, 2013).
Segundo mito caído: la presunción de que la derecha siempre gestiona la economía mejor que la izquierda.
No fue así en Caja Madrid, levantada como gran corporación por el progresista Jaime Terceiro y arruinada por el conservador Miguel Blesa.
En el popurrí de consejeros “black card” figuraban populares, socialistas, izquierdistas y sindicalistas —son estos, los políticos, quienes dimiten por goteo—. Pero también, dirigentes de primera fila de la patronal: el reo Gerardo Díaz-Ferrán; el multi-sospechoso jefe de la CEIM, Arturo Fernández —sus cotizaciones sociales, sus desmayos fiscales, sus compañías de los fraudes en la formación profesional...—; Alejandro Couceiro, Miguel Corsini, Javier López... La desvergüenza de algunos es autodemoledora
. Veamos: Arturo devuelve parte del dinero de la tarjeta negra alegando que todo era legal.
O lo uno o lo otro. Si era legal y conforme, ¿a qué devolverlo? Si no lo era, ¿a qué aceptarlo?
Eran algunos economistas neoliberales como Iranzo quienes debían controlar los desmanes. Se beneficiaron
Va a ser que no, que tener información no equivale automáticamente a conocimientos, conocimientos no significan conocimiento, este no implica saber y el saber no es sinónimo de sabiduría.
Ni de ética.
La prueba está en dos ejemplos de la lista negra: los notables economistas neoliberales Alberto Recarte y Juan Iranzo, personajes públicos e implacables polemistas, que hasta ahora han sabido esquivar protagonismo y difuminarse entre las sombras
. Recarte es economista de cabecera de José María Aznar, patrono de su fundación FAES, presidió Libertad Digital (en favor de cuyos socios advocó como consejero de la caja) y consejero del Instituto de Empresa (IE). Ni se explica ni dimite; será que cree que a los cachorros de la burguesía madrileña del IE les conviene doctorarse en opacidad fiscal (vulgata: dinero negro).
Otro tanto ocurre con Juan Emilio Iranzo Martín, todavía decano-presidente del Colegio de Economistas madrileño, académico de la Real de Doctores y profesor de finanzas en el CUNEF. ¿Qué culpa tienen los economistas, los doctores, y sus alumnos, de su ágil tarjeta negra (se ventiló 46.800 euros)?
¿Por qué sus casos parecen figurar entre los más graves?
Porque un profesor de Economía no puede alegar ignorancia.
Debe saber, por oficio, que los pagos con una tarjeta empresarial presentada como de “gastos de representación” o son rentas exentas (por razones reales de trabajo: locomoción, hotel, invitación a un almuerzo profesional) que deben justificarse mensualmente a la empresa (y si esta no lo exige, huele), o son rentas que hay que declarar a Hacienda como no exentas.
Y debe saber que es muy raro que consejeros no ejecutivos dispongan de tarjeta de crédito, instrumento más bien propio de directivos.
El caso del telepredicador Iranzo Martín es más grave.
Era miembro de la Comisión de Control de la caja, de los que “tiene cada uno una tarjeta visa black a efectos fiscales”, según correo interno de la alta dirección de la entidad reenviado a Blesa.
Su presidente Pablo Abejas llegó al éxtasis de la desfachatez al alegar que en efecto “se la daban a todo el mundo” y que él no tuvo “funciones ejecutivas” (EL PAÍS, 3 de octubre).
Pues claro, era solo (¿?), ni más ni menos, que el controlador-jefe, a quien ayudaba Iranzo. El que debía “cuidar de que la gestión del consejo de administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión” dentro de la ley (art. 21, LORCA, 1985). ¡Los controladores no se controlaban a sí mismos!
Iranzo entraña más enjundia. ¿Practica lo mismo en los consejos de los que forma parte, en la auditora Capgemini-Ernst&Young —la desapercibida del caso Gowex—, Sinaer —aeronaves—, la constructora San José?
¿Fue el odio a la transparencia fiscal lo que inculcó a los jóvenes empresarios de la CEOE durante sus quince años (1996-2011) al frente del Instituto de Estudios Económicos, del que le apeó Juan Rosell?
Aquel semillero neoliberal a lo Hayek del que surgieron ministros (adivinen) y otros patriarcas del falso orden.
La invasión de ultraliberales en la empresa pública sería incluso graciosa si sus paladines no se hubieran refocilado tantas veces en los manteles con el ahorro de los pequeños inversores en preferentes
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